La Corte Penal Internacional emite una orden de arresto contra Vladimir Putin

El tribunal con sede en La Haya acusa al presidente ruso y a una funcionaria por la comisión de crímenes de guerra en Ucrania, por la presunta deportación ilegal de niños a Rusia.
La Corte Penal Internacional (CPI), un tribunal de última instancia con competencia en crímenes graves como el genocidio y delitos de lesa humanidad, ha emitido una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por su presunta comisión de crímenes de guerra como la deportación forzada de niños ucranianos a su territorio durante en la guerra en Ucrania, según recoge un comunicado divulgado este viernes por el juzgado.
Para la corte internacional, el mandatario ruso es “presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”, una serie de delitos que formarían parte de otros supuestos crímenes de guerra que el Kremlin habría cometido en territorios ocupados de Ucrania, “al menos desde el 24 de febrero de 2023”, el día que estalló el conflicto bélico.
El tribunal con sede en La Haya, en los Países Bajos, también ha emitido una orden de arresto contra la política rusa Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Comisionada Presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, donde también se le acusa de estar detrás de un presunto plan para deportar masivamente a miles de niños refugiados por la guerra en Ucrania en las zonas ocupadas del país, para ser enviados a la Federación Rusa.
“Hay motivos razonables para creer que el señor Putin tiene responsabilidad penal individual por los crímenes antes mencionados, (i) por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros… y (ii) por no ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos”, agrega el documento del tribunal internacional.
Por otra parte, Lvova-Belova es acusada de ser “presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y del de traslado ilegal de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación de Rusia”.
La CPI acusa a Rusia de deportaciones forzadas de menores
Desde el estallido de la guerra, Occidente ha denunciado un supuesto plan de deportación masiva de civiles, especialmente niños ucranianos, a territorio ruso, donde son llevados a menudo en una red de campos de concentración donde supuestamente los menores son sometidos a una reeducación política. Además, EE UU y la Unión Europea (UE) han acusado a Moscú de presuntamente separar a los menores de sus familias y de enviarlos a lejanas o económicamente deprimidas de Rusia.
“Los esfuerzos de Lvova-Belova incluyen específicamente la adopción forzosa de niños ucranianos por familias rusas, la llamada 'educación patriótica' de niños ucranianos, cambios legislativos para agilizar la concesión de la ciudadanía de la Federación Rusa a niños ucranianos y la expulsión deliberada de niños ucranianos por las fuerzas de Rusia”, denunció el Departamento del Tesoro de EE UU en septiembre del año pasado, según recoge CNN.
Por su parte, Rusia ha tachado de “absurdas” todas las acusaciones en su contra, y han negado rotundamente que sus autoridades estén ordenando la deportación forzada y masiva de civiles, sino que han afirmado que los traslados son evacuaciones de ciudadanos refugiados que son llevados a Rusia desde las provincias del Donbás y otras zonas ocupadas.
Además, el anuncio se produce días después de que varios medios estadounidenses informaran de que la CPI tenía previsto abrir dos causas por crímenes de guerra cometidos en Ucrania, y dictar órdenes de captura contra “varias” personas implicadas.
#ICC President Judge Piotr Hofmański on recent arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova in the context of the situation in #Ukraine
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) March 17, 2023
More info: https://t.co/5OMC7Xuuy5 pic.twitter.com/45bT4mHqIs
Respuesta rusa
Por su parte, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, ha tachado la orden de captura como una decisión indiferente. "Las decisiones de la Corte Penal Internacional son carentes de sentido para nuestro país, incluso desde un punto de vista jurídico", ha escrito la funcionaria en un mensaje en su canal de Telegram,
En ese mismo sentido se ha expresado el portavoz del presidente, Dmitri Peskov. “Rusia, como otros Estados, no reconoce la jurisdicción de este tribunal y cualquier decisión de este tipo es nula desde el punto de vista legal para Rusia”, ha criticado el funcionario, que ha agregado que "la misma formulación de esta cuestión es indignante e inaceptable”, para después evitar responder si esta orden de captura podría resultar peligrosa para Putin cuando visite algún país que sí reconozca la jurisdicción de la corte.
El tribunal internacional fue creado en 2002 para juzgar los peores crímenes cometidos en el mundo, pero ni Rusia ni Ucrania son miembros de la corte, aunque Kiev aceptó el año pasado las competencias del juzgado sobre su territorio y ha comenzado a trabajar con la Fiscalía. La CPI investiga desde hace más de un año los posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto. @mundiario