Concepción Campos, ante el reto de reforzar la transparencia en una etapa de desconfianza institucional
El Gobierno ha movido ficha en uno de esos nombramientos que rara vez ocupan titulares, pero que dicen mucho sobre la calidad democrática de un país. A propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el Ejecutivo ha planteado el nombre de Concepción Campos Acuña para presidir el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la autoridad administrativa independiente encargada de velar por el derecho de acceso a la información pública y por el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en el ámbito estatal.
No es un cargo menor ni meramente simbólico. En una etapa marcada por la polarización política, el escrutinio permanente y la erosión de la confianza ciudadana en las instituciones, la transparencia se ha convertido en una pieza central del contrato democrático. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no solo resuelve reclamaciones de ciudadanos y periodistas frente a negativas de información; también fija criterios, interpreta la ley y, en la práctica, contribuye a delimitar el alcance real del derecho a saber.
El perfil de la candidata combina técnica y docencia. Doctora en Derecho con calificación cum laude, máster en Derecho de las Instituciones y Administraciones Públicas y licenciada por la Universidad de Santiago de Compostela, Campos es secretaria de Administración Local de categoría superior y suma más de veinte años de experiencia, con último destino en el Ayuntamiento de Vigo. Actualmente se encuentra en excedencia, dedicada a la consultoría y a la docencia como profesora asociada de Derecho Administrativo en la Universidad Rovira i Virgili. También es colaboradora de varios medios, entre ellos MUNDIARIO.
Se trata de una técnica con más de dos décadas en la Administración local y perfil académico consolidado. El Congreso deberá refrendar por mayoría absoluta un mandato único de cinco años
Su trayectoria ha estado especialmente vinculada al ámbito local, que fue el primer laboratorio real de la transparencia tras la aprobación de la ley estatal. En la Federación Española de Municipios y Provincias ha ejercido como representante técnica en la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana, donde coordinó la revisión del Código de Buen Gobierno Local en 2015 y participó en la elaboración de la ordenanza tipo de transparencia y reutilización de la información pública. También ha liderado trabajos sobre integridad en la contratación pública, uno de los puntos más sensibles en materia de prevención de la corrupción.
Este bagaje técnico puede jugar a su favor. Frente a perfiles de naturaleza más política, Campos encarna una trayectoria de funcionaria especializada, con conocimiento práctico de la administración y de los límites —jurídicos y culturales— de la transparencia. Esa combinación de experiencia y enfoque académico puede resultar útil en un momento en el que la discusión ya no gira solo en torno a publicar datos, sino a garantizar su calidad, su comprensión y su utilidad real.
Sin embargo, el nombramiento no está exento de interrogantes. El Consejo de Transparencia es, por definición, un órgano independiente. Y la independencia no depende únicamente de la letra de la ley, sino de la percepción pública y del comportamiento efectivo de quien lo preside. El procedimiento establece que el Gobierno propone y el Congreso refrenda por mayoría absoluta tras la comparecencia del candidato o candidata en comisión. El mandato es de cinco años, no renovable, con dedicación exclusiva y sometimiento al régimen de incompatibilidades de los altos cargos. El diseño busca blindar la autonomía; la práctica será la verdadera prueba.
La clave estará en cómo se gestione la inevitable tensión entre el Ejecutivo —que impulsa el nombramiento— y el deber del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de fiscalizar a ese mismo Ejecutivo cuando sea necesario. La autoridad de quien preside este organismo se construye resolución a resolución, especialmente en los casos incómodos: contratos controvertidos, informes internos, comunicaciones oficiales. La transparencia es un principio abstracto hasta que se concreta en decisiones que pueden incomodar al poder.
También es relevante el contexto. España ha avanzado en cultura de transparencia en la última década, pero sigue arrastrando inercias de opacidad administrativa y una litigiosidad creciente en torno al acceso a la información. La digitalización de la Administración abre oportunidades, pero también nuevos desafíos en protección de datos, inteligencia artificial y reutilización masiva de información pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno deberá posicionarse ante estos debates emergentes con solvencia técnica y sensibilidad institucional.
En ese escenario, la eventual presidencia de Concepción Campos puede interpretarse como una apuesta por un perfil especializado y conocedor de la maquinaria administrativa. Su experiencia en el ámbito local y en la formación en integridad pública sugiere una concepción de la transparencia no solo como obligación legal, sino como cultura organizativa.
El Congreso tendrá ahora la última palabra. Más allá de la aritmética parlamentaria, la comparecencia será una oportunidad para medir el compromiso de la candidata con una idea exigente de independencia. En tiempos de sospecha, la transparencia no puede ser una consigna; debe ser una práctica. Y esa práctica necesita liderazgo técnico, criterio jurídico y, sobre todo, una firme voluntad de servir al interés general por encima de cualquier coyuntura política. @mundiario
