Cerdán invoca la transparencia mientras el escándalo Ábalos sacude los cimientos del PSOE
El caso que ya ha puesto en jaque la imagen del PSOE desde que se conocieron las presuntas irregularidades en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos, suma ahora un nuevo capítulo protagonizado por Santos Cerdán. El que fuera una de las figuras clave en la maquinaria del partido, y mano derecha de Pedro Sánchez en la gestión interna del socialismo, se enfrenta al escrutinio judicial con una estrategia que mezcla cautela institucional y exhibicionismo calculado.
A través de su abogado, Benet Salellas, Cerdán ha comunicado al juez instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, su intención de entregar de forma voluntaria toda su información patrimonial, así como la de su esposa y su hija. La medida se presenta como un gesto de transparencia, pero también como una maniobra preventiva ante el daño reputacional que le ha infligido el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que le vincula con el presunto amaño de contratos públicos a cambio de comisiones.
La estrategia de defensa no parece improvisada. Desde que el escándalo estalló el pasado 12 de junio, Cerdán ha optado por un silencio casi absoluto. Ni declaraciones públicas ni entrevistas, salvo algún comentario puntual en los pasillos del Congreso. Esa actitud, según su abogado, no obedece al miedo ni a la debilidad, sino al respeto por el proceso penal y al rechazo a contribuir al llamado “juicio paralelo”. Paradójicamente, ahora se reclama lo contrario: que la declaración del exdirigente socialista sea pública y retransmitida en directo, como si de un pleno parlamentario se tratase.
La petición, jurídicamente inviable —ya que la ley establece el secreto de las declaraciones durante la fase de instrucción—, revela sin embargo el verdadero escenario en el que se juega esta partida: el de la opinión pública. Lo que busca la defensa de Cerdán no es tanto convencer al juez, como condicionar el relato que medios, adversarios políticos y ciudadanos están construyendo sobre el caso. En un momento en que la credibilidad del partido está en entredicho, y en el que el desgaste de la marca PSOE es evidente, cada gesto se mide en clave mediática más que jurídica.
El fondo del asunto sigue siendo extremadamente grave. La investigación no afecta únicamente a un alto exdirigente del partido, sino que salpica directamente a José Luis Ábalos, exministro y aún miembro de las Cortes Generales, así como a una presunta red de adjudicaciones irregulares dentro de un ministerio clave del Ejecutivo. La dimensión del caso es, por tanto, estructural: no se trata de una manzana podrida, sino de una posible trama sistémica.
El hecho de que Cerdán se anticipe al informe oficial de la UCO sobre su situación patrimonial con una entrega voluntaria de sus bienes y cuentas personales busca ofrecer una imagen de cooperación con la Justicia. Pero también revela cierto temor a que ese informe contenga elementos comprometedores. De ahí que su defensa reclame, además, que el Supremo recopile de oficio toda la información disponible en los registros públicos sobre él y su entorno familiar, para que pueda ser contrastada con la documentación que presentarán. La jugada, en términos políticos, no deja de ser una huida hacia adelante: una apuesta por aparentar limpieza cuando el entorno huele a pólvora.
En cualquier caso, el movimiento de Cerdán, por lo inédito y mediático, pone de relieve la fragilidad del PSOE en su gestión de la crisis. Pedro Sánchez ha mantenido hasta ahora una actitud de perfil bajo frente a este escándalo, centrando sus intervenciones públicas en temas de gobernabilidad y economía. Pero la proximidad política y orgánica de Cerdán al presidente, así como el pasado reciente de Ábalos como uno de sus ministros de mayor confianza, hace que el escándalo no pueda aislarse como un caso personal. Es un problema del partido y, más aún, del Gobierno.
Por si fuera poco, la insistencia en la retransmisión pública de la declaración de Cerdán pone en aprietos a la propia arquitectura judicial. No solo porque vulnera los principios del proceso penal, sino porque apunta a una peligrosa tendencia de convertir las salas de justicia en platós de televisión. Una deriva que amenaza con vaciar de contenido el juicio real en favor del espectáculo, sin más garantías que las de la narrativa mediática.
A pocos días de que el ex número tres del PSOE se siente ante el magistrado, la tensión sigue creciendo. En este tablero, cada movimiento cuenta: la defensa juega al desgaste informativo, los medios a la búsqueda de la exclusiva y el Gobierno a salvar los muebles. La sombra del caso Ábalos ya no es un problema aislado. Es una brecha en el discurso regenerador del sanchismo, una que ni los gestos de transparencia más bienintencionados podrán tapar si la instrucción judicial confirma las sospechas.
Mientras tanto, la política española vuelve a enredarse en un lodazal donde se confunden las estrategias jurídicas con las campañas de imagen, y donde la palabra “transparencia” se desgasta por el uso interesado de quienes claman por ella solo cuando les conviene. @mundiario
