Por qué Cataluña sí puede realizar una consulta y por qué no podrá independizarse de España

Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, en una de sus intervenciones en el Parlamento de Cataluña. / Facebook Carles Puigdemont
Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, en una de sus intervenciones en el Parlamento de Cataluña. / Facebook Carles Puigdemont

A día de hoy ninguna comunidad autónoma puede independizarse del resto de España porque la Constitución no lo permite, siendo ésta la norma suprema de su ordenamiento jurídico. Ninguna norma inferior puede contravenirla.

Por qué Cataluña sí puede realizar una consulta y por qué no podrá independizarse de España

El Gobierno de Cataluña, formado desde 2016 por la unión en Junts pel sí de los partidos políticos CDC –actualmente Partido Demócrata Catalán- y ERC (Esquerra Republicana) con el apoyo del grupo de extrema izquierda conocido como la CUP, sigue su periplo para independizarse de España.

Recordemos antes de llegar a la conclusión final de este artículo que, respecto a la celebración de un referéndum, la ley lo que viene a decir es que la celebración de un referéndum consultivo es legal y que para realizarlo requiere la previa autorización del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, a solicitud del Presidente del Gobierno. Viene así expresado en el artículo sexto de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum.

La celebración de un referéndum consultivo es legal y para realizarlo se requiere la previa autorización del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, a solicitud del Presidente del Gobierno.

Por otro lado, y dado que cada Comunidad Autónoma dispone de su propio Estatuto, el de Cataluña, en su artículo 122, le concede la competencia exclusiva a la Generalitat para regular "encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento de consulta popular, con excepción de lo previsto en el artículo 149.1.32 de la Constitución". Recordar por tanto que la competencia exclusiva para autorizar la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum es del Estado (lo dice, el mencionado también en el Estauto catalán, artículo 149.1.32 de la Constitución Española). Así es que queda claro que se precisa, en los casos de referéndum o consultas populares por vía de referéndum, de la autorización del Estado.

Siguiendo con las vías para realizar consultas populares, el Gobierno de Cataluña elaboró y aprobó la Ley 10/2014, de  26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana. Una Ley que sustituye a la de 2010 y que ya fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional (TC). De nuevo, el Gobierno de España recurrió ante el TC, como ya hizo en la de 2010, la última Ley de consultas (la del 2014) y el pasado mes de marzo el TC emitió el fallo que declaró inconstitucional y nulo lo indicado en el art. 3.3 y el art. 16.4 al 9, y la constitucionalidad de todo lo demás. Es decir, el TC, en la sentencia, anula los preceptos que regulan la convocatoria por la Generalitat de Cataluña de consultas de carácter general – no sectorial - por entender que, bajo esa denominación, lo que realmente se regula son los referendos, cuya competencia corresponde en exclusiva al Estado, como dice la Constitución y como ya hemos indicado en este artículos.

El TC incide además en su sentencia en que la Constitución prevé otras modalidades de participación ciudadana que no derivan del artículo 23 de la Constitución –es decir, hacer un referéndum - y que encarnan lo que se ha denominado "democracia participativa". Entre estas últimas figuran las llamadas consultas no referendarias que ya tienen cabida en la propia Ley de consultas de Cataluña de la que estamos hablando y que no ha sido declarada inconstitucional siempre que se refiera a su carácter sectorial, es decir, las dirigidas a un determinado colectivo de personas, sin especificar concretamente cuál es este colectivo.

Además, esta Ley dice que “las consultas populares no referendarias promovidas al amparo de esta ley tienen por finalidad conocer la opinión de la población sobre la cuestión sometida a consulta y su resultado no tiene carácter vinculante. Sin embargo, los poderes públicos que las han convocado deben pronunciarse sobre su incidencia en la actuación pública sometida a consulta, en el plazo de dos meses a partir de su celebración” (artículo 8), por tanto, se entiende que la Comunidad Autónoma de Cataluña puede realizar una consulta no referendaria cuyo resultado no es de obligado cumplimiento.

La Constitución prevé otras modalidades de participación ciudadana que no derivan del artículo 23 de la Constitución –es decir, hacer un referéndum - y que encarnan lo que se ha denominado "democracia participativa". Entre estas últimas figuran las llamadas consultas no referendarias que ya tienen cabida en la propia Ley de consultas de Cataluña.

No tendremos en este artículo la respuesta al futuro de Cataluña pero algo sí es claro: una consulta no vinculante pueden realizarla. Y otra cosa está clara: el resultado de esta consulta no implicará la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña del resto de España.  Para conseguir este objetivo se debe, obligatoriamente, y no hay otra opción, modificar la Constitución Española (CE) que, basándonos en el orden jerárquico que la propia CE menciona en su artículo 9.3: ella es la norma suprema del ordenamiento jurídico español y ninguna norma inferior puede contravenirla (y en normas inferiores entran cualquier ley y reglamento de las Comunidades Autónomas).

En definitiva, parece claro que a día de hoy ninguna comunidad autónoma puede independizarse del resto de España porque la CE no lo permite y esta es la norma suprema que rige a todos los ciudadanos españoles.

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