La Secretaría de Organización del PSOE vuelve a situarse en el centro de la polémica. Esta vez no por un episodio judicial directo, sino por una investigación periodística que afecta a uno de los hombres de confianza del presidente del Gobierno. Según ha publicado El Confidencial en una información firmada por José María Olmo, Borja Cabezón, actual adjunto a la Secretaría de Organización y responsable de Transparencia y Acción Democrática en la Comisión Ejecutiva Federal, habría utilizado durante años una estructura societaria en el extranjero diseñada para reducir al mínimo su tributación en España.

El citado medio sostiene que Cabezón (Madrid, 1980), amigo personal de Pedro Sánchez y figura recurrente en distintos cargos durante los últimos años, controló una red mercantil con sociedades en Reino Unido y Costa Rica que le habría permitido desviar beneficios fuera de España y, de ese modo, rebajar su carga fiscal ante la Agencia Tributaria.

La información describe un entramado que arranca en 2008, cuando Cabezón lideraba el PSOE en Majadahonda. Ese año, según la investigación, comenzó a operar Vatnet Proyectos 2010, una sociedad formalmente dedicada al asesoramiento inmobiliario y empresarial. El 80% de esta empresa pertenecía a Glengrove Limited, una mercantil británica domiciliada en una vivienda al norte de Londres y administrada, siempre según El Confidencial, por ciudadanos costarricenses que habrían actuado como testaferros profesionales en otros casos de evasión fiscal.

La dirección socialista queda de nuevo bajo el foco por cuestiones fiscales. Los precedentes de Huerta y Soria planean sobre el debate político

La clave del esquema, tal como lo expone el diario, residía en que los beneficios generados en España eran transferidos en su mayor parte a la sociedad británica, que, debido a su configuración jurídica, no tributaba por ellos. De este modo, solo una fracción de los ingresos quedaba sujeta al impuesto de sociedades en España. Glengrove Limited permaneció activa hasta 2017, mientras que la empresa española vinculada a la estructura continúa operativa.

Cabezón no es un recién llegado a la política. Su trayectoria ha sido tan versátil como discutida. Fue designado en 2020 como embajador en misión especial para la covid-19, pese a no contar con experiencia sanitaria; ejerció como consejero delegado de Enisa, empresa pública dependiente del Ministerio de Industria, y su nombre sonó para otros destinos institucionales. Desde julio de 2025 ocupa el puesto de adjunto a Organización en Ferraz, una responsabilidad que le sitúa en el núcleo de dirección del partido tras la salida de Santos Cerdán y el procesamiento previo de José Luis Ábalos. Actualmente, la Secretaría de Organización está encabezada por Rebeca Torró.

La investigación llega en un momento especialmente delicado para la dirección socialista. No solo por la acumulación de controversias en el área de Organización, sino por los precedentes que inevitablemente se evocan. El propio El Confidencial destapó en 2018 las irregularidades fiscales que precipitaron la dimisión de Máximo Huerta como ministro de Cultura apenas seis días después de su nombramiento. También el exministro popular José Manuel Soria abandonó la política tras aparecer vinculado a los Papeles de Panamá.

Las situaciones no son idénticas, pero el recuerdo de aquellos episodios introduce un elemento de presión política evidente. En el caso de Cabezón, no consta por el momento una imputación judicial, sino una investigación periodística que detalla un presunto diseño societario opaco. Será la evolución de los acontecimientos –y, en su caso, la respuesta de Hacienda o de los tribunales– la que determine la dimensión final del asunto.

Desde el punto de vista político, la cuestión va más allá de la legalidad estricta. El hecho de que el responsable de Transparencia y Acción Democrática del partido esté vinculado a un esquema orientado, presuntamente, a minimizar impuestos resulta problemático en términos de coherencia discursiva. Más aún cuando el Gobierno ha defendido reiteradamente la necesidad de reforzar la justicia fiscal y combatir la elusión.

El nombramiento de Cabezón fue impulsado por Sánchez tras la crisis interna en Organización. El presidente buscaba recomponer la credibilidad de un departamento golpeado por dimisiones y procedimientos judiciales. La revelación de esta estructura mercantil reabre el debate sobre los criterios de selección y la supervisión interna.

La política y planificación fiscal agresiva

En el trasfondo late una cuestión más amplia: la relación entre política y planificación fiscal agresiva. La ley permite determinados instrumentos societarios, especialmente en un contexto europeo de libertad de establecimiento. Pero la frontera entre optimización fiscal y elusión controvertida es cada vez más estrecha en términos reputacionales. La opinión pública tiende a exigir a los cargos públicos un estándar superior al mero cumplimiento formal.

Ferraz no ha emitido hasta ahora una respuesta detallada sobre el fondo de las acusaciones. El silencio o la ambigüedad, en estos casos, suelen amplificar la controversia. Si el PSOE aspira a cerrar esta crisis sin mayores daños, necesitará algo más que apelaciones a la presunción de inocencia: deberá ofrecer explicaciones claras y verificables.

El caso Cabezón, tal como lo plantea El Confidencial, no es solo una historia sobre sociedades en Londres o Costa Rica. Es también un test sobre la capacidad del partido en el Gobierno para sostener su discurso de regeneración en un contexto de escrutinio permanente. Y, sobre todo, una prueba sobre hasta qué punto la transparencia es una consigna o una práctica efectiva cuando las sombras afectan al círculo más próximo del poder. @mundiario

El PP le pide a Sánchez que aparte a Cabezón de la ejecutiva del PSOE

El Partido Popular ya ha pedido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que expulse de su ejecutiva socialista a Borja Cabezón, secretario adjunto de Organización y Acción Electoral del PSOE, tras la noticia que le vincula con una supuesta evasión de impuestos.

Por su parte, el PSOE defiende que Borja Cabezón no tiene "acción, ni participación alguna directa o indirecta" en ninguna sociedad mercantil extranjera y que "sus activos son públicos, notorios, reconocidos y declarados", tras la noticia que le vincula con una supuesta evasión de impuestos. @mundiario