Ayuso rompe el silencio por el hospital de Torrejón y cierra filas sobre su modelo sanitario
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido poner punto final a la polémica del hospital de Torrejón tras más de 48 horas de silencio. Lo ha hecho con un discurso medido, institucional y sin concesiones a la autocrítica política, en el que ha prometido que “cualquier mala práctica será erradicada con contundencia, con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, pero con responsabilidad”. Pero al mismo tiempo ha cerrado filas en defensa del modelo sanitario impulsado por su Ejecutivo.
El caso estalló tras la publicación de unos audios en El País en los que el consejero delegado de Ribera Salud, empresa concesionaria del hospital, instaba a reducir actividad asistencial y a seleccionar pacientes con criterios de rentabilidad económica. El contenido provocó una oleada de indignación entre profesionales, oposición y la ciudadanía, y obligó a reaccionar incluso al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, antes que a la propia presidenta madrileña.
Cuando finalmente habló, Ayuso optó por marcar distancias con las prácticas denunciadas sin cuestionar el sistema. “Tenemos unos grandes profesionales como en el hospital de Torrejón para quienes pido la máxima confianza y ni ellos ni ningún paciente será tratado por negocio ni por ningún otro interés. No dudaremos, llegado el caso, en actuar con esa contundencia desde la Comunidad de Madrid”, dijo la baronesa popular. Pese a esas declaraciones, Ayuso no abrió la puerta a la revisión del modelo de gestión sanitaria que su Gobierno considera un pilar de su política.
La estrategia es coherente con la posición que mantiene el Ejecutivo regional desde hace años. Madrid sostiene que la colaboración público-privada ha permitido mejorar indicadores como listas de espera y eficiencia, frente a las críticas de sindicatos y partidos de izquierdas como PSOE-M y Más Madrid, que denuncian un proceso de privatización encubierta y un uso cuestionable de fondos públicos. No es un debate nuevo, pero el caso de Torrejón lo reactiva con especial intensidad.
Los audios del CEO de Ribera Salud
La Comunidad de Madrid ha destinado más de 120 millones de euros en los últimos años a reequilibrar el contrato del hospital, entre aportaciones extraordinarias y rescates financieros. Parte de esos fondos están relacionados con gastos que, según la propia concesionaria, no se contemplaron inicialmente, como el incremento del coste farmacéutico. Precisamente ese gasto era uno de los señalados en los audios como susceptible de recorte, lo que ha alimentado las sospechas sobre una gestión orientada al beneficio.
“La actividad que lleva pareja temas de farmacia es posible que no nos interese. No sé, hay muchísimas teclas que podemos tocar”, decía el CEO Pablo Gallart en uno de los audios divulgados por El País.
Desde la oposición, la reacción ha sido frontal. Podemos ha anunciado acciones judiciales por presuntos delitos como prevaricación, denegación de asistencia sanitaria o utilización desleal de recursos públicos. Más allá del recorrido legal que puedan tener estas iniciativas, el movimiento subraya el desgaste político del caso y la dificultad de zanjarlo solo con declaraciones institucionales.
Un escándalo que golpea el modelo sanitario de Madrid
Ayuso, sin embargo, ha optado por dar carpetazo. En su intervención durante el acto institucional por el Día de la Constitución, enfatizó la fortaleza de la sanidad pública madrileña y pidió confianza en los profesionales, evitando referencias directas a responsabilidades políticas. El foco se desplazó hacia la defensa de las instituciones, el respeto a las normas y la estabilidad del sistema, en un tono más conciliador que combativo.
La pregunta que queda abierta es si ese cierre en falso será suficiente. El escándalo del hospital de Torrejón no solo interpela a una empresa concreta, sino al modelo de gestión sanitaria que la presidenta madrileña ha convertido en seña de identidad. Al romper su silencio, Ayuso ha tratado de acusar el daño y recuperar la iniciativa política. Pero el debate de fondo —sobre rentabilidad, transparencia y límites de la colaboración público-privada— difícilmente quedará zanjado con un discurso, por muy firme que haya sido.
En ese equilibrio entre contundencia retórica y continuidad política se juega buena parte del coste futuro de la crisis. De momento, la presidenta madrileña ha movido ficha: ha hablado, ha fijado posición y ha dado por cerrado el episodio. Ahora será la evolución judicial, política y social la que determine si el carpetazo es definitivo o solo provisional. @mundiario
