Ribera Salud despidió a directivos que alertaron de órdenes para manipular la atención sanitaria
El modelo de colaboración público-privada que sostiene la gestión del Hospital de Torrejón ha entrado en una fase de máxima tensión. Según documentación y comunicaciones internas a las que ha tenido acceso la prensa, al menos cuatro directivos del grupo Ribera Salud fueron despedidos después de haber denunciado por los cauces éticos corporativos una serie de instrucciones que consideraban incompatibles con la correcta atención sanitaria. Las órdenes procedían del entonces consejero delegado, Pablo Gallart, y se centraban en “elevar” las listas de espera y priorizar únicamente los procesos con mayor rentabilidad económica.
Las advertencias de estos responsables coincidían con el contenido de una reunión celebrada el 25 de octubre y grabada íntegramente. En ella, Gallart pedía a sus mandos “imaginación” para recuperar beneficios y sugería “desandar el camino” de reducción de listas de espera logrado en años anteriores. También expresaba la necesidad de realizar ajustes que permitieran alcanzar un ebitda de entre cuatro y cinco millones de euros.
La publicación de los audios desencadenó una cascada de consecuencias. Horas después de hacerse públicos, la compañía emitió un comunicado en el que anunciaba que el CEO se apartaba temporalmente de la gestión del hospital y que se abriría una auditoría “en profundidad” para verificar si se habían incumplido estándares éticos o legales. La investigación, sin embargo, llega tras la salida abrupta de quienes habían intentado activar los mecanismos internos de control.
Una cadena de denuncias ignoradas y despidos fulminantes
La primera alerta interna la registró la entonces gerente del hospital, Pilar Navarro, el 22 de octubre. Dos días después fue despedida. A esa denuncia le siguieron otras tres, firmadas por cargos de máxima responsabilidad asistencial dentro del grupo: Carlos Catalán (director médico), María Josefa Soriano (directora de enfermería) y José David Zafrilla (responsable de calidad y experiencia del paciente). Todos ellos fueron expulsados de la empresa al día siguiente de presentar sus escritos.
En sus comunicaciones, los denunciantes alertaban de “mala praxis asistencial” y de una “vulneración de derechos del paciente”, además de advertir de posibles incumplimientos del contrato de concesión con la Comunidad de Madrid. Entre las prácticas cuestionadas figuraban la priorización de pacientes “no cápita” con rentabilidad elevada, la paralización de cirugías para pacientes del área de referencia —a los que corresponde atención dentro del canon fijo financiado por la administración— y la supresión de tratamientos como la diálisis peritoneal en pacientes no adscritos por su elevado coste.
Pese a la gravedad de las acusaciones, la respuesta del departamento de Compliance del grupo llegó un mes más tarde, cuando los denunciantes ya estaban fuera de la empresa. Según ese informe interno, no se hallaron pruebas de vulneraciones legales o contractuales, y los expedientes fueron archivados.
Ola política en Madrid
La difusión de lo ocurrido ha provocado una convulsión política. La Consejería de Sanidad madrileña convocó de urgencia a la dirección de Ribera Salud, movilizó un equipo técnico para evaluar sobre el terreno la situación del hospital y exigió una reunión “inmediata” con el máximo responsable de la compañía. El Gobierno regional ha asegurado que no tolerará ningún comportamiento que perjudique el acceso a la atención sanitaria.
El episodio también ha reabierto el debate sobre la privatización de la gestión hospitalaria. El modelo de Torrejón, diseñado originalmente por la propia Ribera en la Comunidad Valenciana, combina financiación pública por canon fijo con incentivos económicos adicionales por atención a pacientes de fuera del área. Este sistema, según denuncian los directivos cesados, favorecería que determinadas decisiones clínicas se alinearan con objetivos económicos.
La Comunidad de Madrid ha realizado importantes aportaciones extraordinarias al hospital en los últimos años: 88 millones adicionales desde 2018 y un rescate de 32,7 millones el pasado julio para compensar gastos no previstos, especialmente en farmacia. En paralelo, las instrucciones del CEO apuntaban precisamente a “tocar teclas” para reducir la carga económica de determinados tratamientos.
Un modelo en cuestión
En un correo enviado tras su despido, el exdirector asistencial del grupo, Carlos Catalán, expresó su preocupación por la deriva de la compañía. Afirmaba que el proyecto que apoyó durante 26 años “ha desaparecido de la mano de los actuales gestores”, quienes —según su testimonio— priorizan los objetivos financieros “a cualquier precio, incluida la salud de los pacientes”.
El escándalo que rodea al Hospital de Torrejón no solo cuestiona las decisiones de un directivo, sino que reabre un debate estructural: si la búsqueda de rentabilidad es compatible con la gestión de un servicio público esencial. La auditoría anunciada por Ribera Salud y la respuesta que formule la Comunidad de Madrid en los próximos días marcarán el futuro inmediato del centro y del modelo concesional en la región. @mundiario
