El autor de los protocolos de residencias será investigado por prevaricación
La justicia vuelve a poner el foco sobre uno de los episodios más controvertidos de la pandemia en Madrid. Carlos Mur de Víu, el alto cargo que firmó los protocolos que limitaron el traslado de ancianos desde residencias a hospitales en marzo de 2020, será investigado también por un presunto delito de prevaricación. La decisión, a la que ha tenido acceso EL PAÍS y adoptada por un juzgado de Getafe, no solo amplía el alcance de las pesquisas, sino que reabre un debate político, moral y social que nunca terminó de cerrarse: ¿fueron aquellas decisiones inevitables o arbitrarias?
El movimiento judicial llega en un momento cargado de simbolismo. Seis años después del estallido de la crisis sanitaria, cuando el ruido político parecía haberse amortiguado, la causa revive con un nuevo impulso. La investigación ya apuntaba a Mur por discriminación en el acceso a un servicio público, pero ahora se añade una figura penal más grave, la prevaricación administrativa, que implica haber dictado resoluciones arbitrarias a sabiendas de su injusticia. Junto a él, también será investigado el médico Francisco Javier Martínez Peromingo, figura clave en el diseño técnico de los protocolos.
El origen del caso se encuentra en los documentos firmados por Mur entre el 18 y el 25 de marzo de 2020, en los peores días de la primera ola. Aquellas directrices instaban a los geriatras a descartar el traslado hospitalario de residentes con deterioro cognitivo o dependencia física severa. El objetivo declarado era evitar el colapso de los hospitales. El implícito, según denuncian familiares y asociaciones, fue dejar sin atención hospitalaria a miles de personas mayores.
El propio Mur llegó a advertir internamente del riesgo de aquellas decisiones. En un correo enviado a sus superiores, expresó su preocupación por la falta de refuerzo sanitario en las residencias, lo que dejaba a los pacientes en una situación de extrema vulnerabilidad. Esa contradicción —entre la teoría del plan y la realidad de su aplicación— es ahora uno de los elementos clave que examina la justicia.
La estrategia judicial que cambia el rumbo del caso
Durante años, las familias de las víctimas centraron sus denuncias en delitos como homicidio imprudente o denegación de auxilio, sin éxito en los tribunales. Sin embargo, el giro estratégico dado en 2024 ha resultado determinante. Al poner el foco en la discriminación en el acceso a un servicio público, las asociaciones lograron reactivar las investigaciones y dirigirlas hacia responsables técnicos concretos.
Ese cambio no solo ha permitido nuevas imputaciones, sino que ha abierto la puerta a reinterpretar los hechos desde una óptica distinta: no tanto como errores en un contexto de emergencia, sino como decisiones que podrían haber vulnerado derechos fundamentales.
Un caso fragmentado que busca unificación
Uno de los grandes obstáculos del proceso judicial ha sido su atomización. Los fallecimientos en residencias se investigan en distintos juzgados según su localización, lo que ha dificultado una visión global del caso. Sin embargo, la Audiencia Provincial deberá decidir en abril si unifica todas las causas en un único órgano judicial.
De producirse esa unificación, el caso daría un salto cualitativo. No solo facilitaría la instrucción, sino que permitiría analizar las decisiones como parte de una estrategia general, y no como hechos aislados. Para las familias, este paso es crucial: sostienen que los protocolos fueron comunes y que sus consecuencias deben juzgarse de manera conjunta.
Entre la gestión de crisis y la responsabilidad política
El debate de fondo trasciende lo jurídico. La pandemia obligó a tomar decisiones extremas en tiempo récord, con información limitada y bajo una presión sin precedentes. Pero eso no exime de responsabilidad si se demuestra que algunas de esas decisiones fueron arbitrarias o discriminatorias.
La posible imputación por prevaricación introduce un elemento especialmente delicado: la intencionalidad. No se trata solo de evaluar si las medidas fueron adecuadas, sino si quienes las firmaron eran conscientes de su injusticia. Es una línea roja que, de cruzarse, cambiaría profundamente la narrativa sobre la gestión de la pandemia en Madrid.
Memoria, justicia y desgaste político
Mientras los tribunales avanzan, el eco político de la tragedia parece haber perdido intensidad. Los homenajes a las víctimas continúan, pero con menor visibilidad mediática. Sin embargo, cada avance judicial reactiva una memoria incómoda que sigue dividiendo a la sociedad.
Para las familias, el proceso es una cuestión de justicia y reparación. Para los responsables políticos de entonces, un riesgo latente que puede reconfigurar su legado. Y para la opinión pública, una oportunidad —quizá tardía— de revisar críticamente uno de los capítulos más duros de la historia reciente. @mundiario
