Los audios sobre la UCO desatan una nueva tormenta política y colocan al Gobierno en una encrucijada
La política española atraviesa una nueva sacudida institucional a raíz de una cadena de filtraciones y audios que afectan directamente a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, una de las unidades clave en la lucha contra la corrupción. En el epicentro de la tormenta se encuentra una militante del PSOE, quien, según audios revelados por El Confidencial, habría ofrecido a empresarios beneficios procesales a cambio de información comprometedora sobre miembros de esa unidad que investiga los casos de Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El Gobierno, por ahora, se mantiene firme en su negativa a abrir investigaciones internas o administrativas. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recalcado que cualquier actuación debe proceder exclusivamente de la justicia. Aunque ha defendido la profesionalidad de la UCO, sus declaraciones también han estado salpicadas de críticas indirectas hacia los medios de comunicación y la forma en que han publicado estas informaciones.
“Tengo la máxima consideración de la UCO, conozco su profesionalidad. Actúan bajo las directrices de las autoridades judiciales y del fiscal, aunque cuando gobernaba la derecha no ocurría eso de forma real”, ha respondido el ministro del Interior ante el aluvión de preguntas de los periodistas en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros de este martes.
El Ejecutivo se encuentra en una posición incómoda: por un lado, los indicios de que personas próximas al PSOE han podido maniobrar para perjudicar a una unidad clave en investigaciones de alto nivel; por otro, el temor a intervenir en procedimientos judiciales que podrían interpretarse como una interferencia política. La vicepresidenta primera María Jesús Montero llegó a apuntar hacia la UCO como posible fuente de una de las filtraciones más delicadas: los mensajes privados del presidente Sánchez. La ministra de Hacienda señaló a “quien tiene el deber de custodia” de estos mensajes, que “tendría, o bien que haberlos tenido a resguardo, o bien haberlos eliminado si es que ya no era necesario para la causa que se está instruyendo”. Aunque no lo mencionó expresamente, al aludir al custodio de esos datos, el mensaje resultó inequívoco.
En este contexto, el mensaje del Gobierno ha sido el de contener el daño: minimizar la crisis, evitar abrir frentes internos y derivar cualquier responsabilidad a las autoridades judiciales. Sin embargo, esta estrategia, lejos de calmar las aguas, ha encendido aún más los ánimos de la oposición.
Feijóo endurece su ofensiva: “esto es mafia pura”
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha elevado el tono hasta niveles sin precedentes. Acusa al PSOE de haber operado con “métodos mafiosos” desde su propia sede, valiéndose de intermediarios para atacar a las fuerzas de seguridad del Estado. Para Feijóo, el caso de la “fontanera” del PSOE representa un punto de inflexión en la política democrática: “estamos ante un escándalo que rompe con todos los principios institucionales”, declaró en una comparecencia en Génova, donde aprovechó también para lanzar su campaña interna hacia el congreso del partido.
La ofensiva del PP va más allá de la retórica. Su equipo jurídico ya estudia acciones legales, mientras que el relato político se centra en construir la idea de que el PSOE no solo encubre irregularidades, sino que forma parte activa de un sistema de presión e intimidación institucional.
El Ejecutivo mantiene su línea: respaldar públicamente a la UCO mientras evita cualquier investigación que pueda ser interpretada como una reacción interesada. Esta actitud refleja una estrategia de contención: cuanto menos se intervenga, menos margen habrá para que la oposición acuse al Gobierno de injerencia.
Por otro lado, el hecho de que las grabaciones impliquen a una persona vinculada con el PSOE, aunque no ostente cargo formal alguno, sitúa al partido en una posición incómoda: ni puede asumir la responsabilidad de sus actos ni puede desentenderse completamente sin asumir costes reputacionales. @mundiario
