La Audiencia Provincial anula el registro de Barrabés en el caso de Begoña Gómez: ¿de qué se trata?
La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado el registro efectuado en agosto en el domicilio del empresario Carlos Barrabés y en la sede de sus empresas, donde se incautaron varios dispositivos electrónicos, incluidos móviles y discos duros. La resolución judicial, publicada este miércoles, cuestiona la legalidad de la actuación al señalar que “no se puede obtener la verdad real a cualquier precio” y que el proceso debe respetar los derechos fundamentales.
El registro fue ordenado por el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, en el marco de la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida. La imputación de Barrabés se produjo tras una denuncia presentada por el pseudosindicato Manos Limpias, que lo vinculaba con la concesión de contratos públicos supuestamente irregulares. Sin embargo, informes previos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no habían encontrado irregularidades en estas adjudicaciones.
Barrabés, que estaba hospitalizado en el momento del registro, presentó un recurso contra la orden judicial argumentando la “falta de motivación fáctica suficiente” y la “ausencia de indicios” delictivos. Su abogado denunció que la incautación de dispositivos electrónicos en el hospital, además de la confiscación de los móviles de su esposa y sus hijos menores de edad, constituía una “gravísima vulneración de derechos”. También criticó que la Guardia Civil tardara tres días en clonar los dispositivos electrónicos de personas no investigadas, ampliando el alcance de la incautación que considera sin justificación legal.
La Audiencia Provincial ha dado la razón al empresario, señalando que el auto que autorizó los registros carecía de los fundamentos suficientes para justificar la intervención. En su resolución, el tribunal recalca que “no todo es lícito en el descubrimiento de la verdad. Solo aquello que es compatible con la defensa del elemento nuclear de los derechos fundamentales, así la dignidad, la intimidad, etcétera dentro de los parámetros fijados en la ley”, algo que, en su criterio, no ocurrió en este caso. Con esta decisión, los dispositivos incautados deberán ser restituidos y su contenido no podrá ser utilizado como prueba en la investigación.
Un revés para la investigación del juez Peinado
El caso de Barrabés está vinculado con la investigación sobre Begoña Gómez debido a su participación en el máster de Transformación Social Competitiva que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Según su declaración ante el juez Peinado, el empresario mantuvo reuniones con Gómez en La Moncloa, convocado por ella para discutir temas relacionados con el máster. También confirmó que en al menos dos encuentros participó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a su asesor económico, Manuel de la Rocha.
Durante su testimonio, Barrabés evitó precisar fechas y detalles sobre las reuniones, alegando falta de memoria o la necesidad de consultar su agenda, algo que no pudo hacer debido a sus problemas de movilidad. Esta actitud ha sido criticada por las acusaciones populares, que estudian solicitar su cambio de testigo a investigado.
Un informe de la Guardia Civil detectó 99 adjudicaciones públicas al Grupo Barrabés desde 2015, con un valor cercano a los 25 millones de euros, ha puesto el foco. Si bien la Fiscalía Europea asumió la parte del caso relacionada con contratos financiados con fondos comunitarios, el juez Peinado amplió la investigación a otras seis adjudicaciones, incluyendo una de Red.es ajena a fondos europeos, una del Consejo Superior de Deportes y cuatro del Ayuntamiento de Madrid.
Antes de la declaración de Barrabés, también testificó Luis Martín Bernardos, exadministrador de Innova Next, una de las empresas del grupo. En su comparecencia, Bernardos explicó que trabajó con Begoña Gómez en dos proyectos, aunque su relación con la empresaria fue limitada. Su testimonio fue cuestionado por las acusaciones populares, que sospechan que mantiene vínculos empresariales con Barrabés.
La anulación del registro supone un revés para la investigación impulsada por el juez Peinado, quien ya ha sido objeto de críticas por su gestión del caso. La resolución de la Audiencia Provincial podría derivar en nuevos recursos y afectar el desarrollo de la causa contra Begoña Gómez, que sigue bajo la lupa judicial y política. @mundiario
