El juez cita a empresas tecnológicas y directivos de la Complutense en la causa de Begoña Gómez
El juez Juan Carlos Peinado, encargado de investigar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha citado a declarar como testigos el próximo 22 de enero a representantes de Google Spain, Indra, Telefónica, Arsys Internet y la Fundación Manpower.
La medida busca recabar información sobre las inversiones realizadas en el desarrollo del software que presuntamente habría sido apropiado por la investigada. En la misma providencia, Peinado también ha citado, por segunda vez, al vicerrector de Planificación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), José María Coello de Portugal, y a su predecesor, Juan Carlos Doadrio.
Gómez está siendo investigada por cuatro presuntos delitos: corrupción en los negocios, tráfico de influencias, intrusismo profesional y apropiación indebida. Este último se centra en el registro, a su nombre, del software desarrollado para la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía en la UCM. Según la acusación, la plataforma informática habría sido financiada con recursos externos provenientes de varias empresas, lo que ha motivado la citación a estas entidades.
Entre las inversiones destacadas, la multinacional tecnológica Indra informó al juez que destinó 128.442 euros al desarrollo del software del máster de Transformación Social Competitiva. La propia Gómez ya compareció ante el juez el pasado 18 de diciembre, negando cualquier intención de apropiarse del software o de las marcas vinculadas. Fuentes presentes en su declaración señalaron que Gómez explicó que registró la marca TSC Transformación Social Competitiva únicamente para evitar que se utilizara fuera de la Universidad, asegurando que actuó con pleno conocimiento de la UCM y sin ánimo de lucro.
La defensa alega que Gómez siguió las indicaciones de la Complutense
La investigación se amplió en octubre, tras una querella presentada por la organización Hazte Oír, que acusa a Gómez de apropiación indebida del software y de intrusismo profesional en la elaboración de pliegos técnicos relacionados con la contratación del servicio para desarrollar la plataforma.
Según la defensa de Gómez, liderada por el exministro socialista Antonio Camacho, las acciones de su representada se realizaron siguiendo indicaciones explícitas de la UCM. Entre las pruebas presentadas se incluyen correos electrónicos que demostrarían que miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense supuestamente orientaron a Gómez sobre cómo registrar el dominio de Internet por el que ahora se le investiga.
El caso también ha puesto bajo escrutinio las prácticas administrativas de la UCM, especialmente en lo relacionado con la contratación de servicios tecnológicos y la gestión de la propiedad intelectual. La defensa sostiene que Gómez actuó siempre conforme a las instrucciones de la universidad, tanto en el registro del software como en la elaboración de los pliegos técnicos. En este sentido, la declaración del vicerrector y su predecesor se consideran claves para aclarar el nivel de conocimiento de la Complutense en las acciones ahora cuestionadas.
La investigación sigue atrayendo la atención pública debido a la relevancia de los implicados y al impacto que podría tener en la esfera política y académica. El caso resalta la necesidad de establecer límites claros entre las iniciativas personales y los recursos institucionales, en un contexto donde las inversiones privadas en proyectos académicos pueden generar conflictos de interés. Se espera que las declaraciones del próximo 22 de enero arrojen luz sobre las responsabilidades en la gestión del software y las posibles irregularidades denunciadas. @mundiario
