¿Es verdad que no cabe alternativa a la aplicación del artículo 155 de la Constitución?

Carles Puigdemont, en su declaración en el Parlament. / Twitter.
Carles Puigdemont, en su declaración en el Parlament. / Twitter.

La sucesión de acontecimientos ha convertido en asumible una opción que parecía inaplicable hace apenas semanas.

¿Es verdad que no cabe alternativa a la aplicación del artículo 155 de la Constitución?

A lo largo de los artículos que he redactado en MUNDIARIO sobre la “cuestión catalana”, he defendido la culpabilidad primigenia del Partido Popular, desde la oposición boicoteando un Estatuto que pudo haber sido la solución de todos los problemas, y ya desde el gobierno mostrando una postura inflexible que provocó la exasperación de la Generalitat y de buena parte de la ciudadanía catalana.

Mi opinión es que tal estrategia popular obedece a los efectos positivos que el conflicto representa para el PP: por un lado, les ayuda a tapar sus inacabables miserias y, por otro, refuerza su cartel electoral en el resto de Comunidades Autónomas.

Razones

Han pasado los meses y la culpa se ha ido repartiendo. El Govern ha iniciado una escalada llena de improvisación y errores de cálculo que ha colocado a la sociedad catalana al borde de la fatalidad. Lo han hecho de manera irresponsable e incauta sin reconocer los múltiples riesgos que implicaba su estrategia de desafío al gobierno central. De todas las razones que esgrimían al inicio del proceso, ya solo les queda una: la razón moral.

La razón moral se sustenta en el afeitado que sufrió el Estatut de 2006 y en el decidido impulso que la sociedad civil catalana dio a su acción política. Se recargó tras la virulenta e injustificable operación de las Fuerzas de Seguridad del Estado para intentar evitar el referéndum del 1 de Octubre. Y ha recibido nueva tracción con la encarcelación de los representantes de Ómnium Cultural y ANC, una decisión judicial cuando menos sorprendente teniendo en cuenta la situación de muchos de los encausados por la corrupción política en España. Sí, la razón moral continúa con el Govern. Pero ya es la única que conservan.

La razón jurídica nunca la han tenido. Invocar a un difuso derecho internacional, que en cualquier caso tendría que haber sido reconocido explícitamente por la legislación española, no resulta más que un torpe intento de dotarse de legitimidad. Guste más o guste menos, el cuerpo jurídico vigente en el Estado español es el que es; guste más o guste menos, el Tribunal Constitucional dictamina lo que dictamina. Lo legítimo es luchar para cambiar las normas que disgustan pero no contravenirlas. Cualquier actitud fuera de estos parámetros supone entrar en el agitado terreno de las revoluciones, y eso ya es harina de otro costal.

La razón política estuvo en el alero durante algún tiempo; todo dependería de la respuesta de los gobiernos internacionales y los organismos multilaterales. Y éstos ya se han decantado de una manera clara y repetida. El Govern carece de apoyos. ¿Qué decir de la razón económica? Los líderes del proceso se cansaron de afirmar que con la independencia, Cataluña se convertiría en una economía floreciente, justa y poco menos que invencible. Pero la realidad se muestra muy diferente: de hecho, la avalancha inaudita de empresas que cambian de sede social así como la retracción de inversión y consumo durante estas semanas representan una amenaza para la economía catalana de incalculables efectos.

Por último, la razón práctica también se ha demostrado contraria a los planes de la Generalitat. Cataluña nunca podría ser un Estado independiente sin la aquiescencia del Estado y de la Unión Europea. Son cientos los asuntos operativos a construir o reformular, algunos de transcendencia capital, y ninguno de ellos se podría llevar a cabo sin la colaboración de los gobiernos español y europeo.  

Así pues, el 155

Llegados hasta aquí, parece extenderse a lo largo del Congreso, de los medios de comunicación y, también, de la opinión pública española, que la aplicación del artículo 155 de la Constitución es la única solución posible. Se insiste aquí y allá, incluso en la prensa catalana, que Rajoy no desea aplicar esa cláusula excepcional pero poco menos que no le queda otro remedio. Uno piensa y concluye: si es que esto no se puede alargar más, si hemos llegado a una situación insostenible a la cual hay que darle una respuesta sin más dilación. Suena hasta sensato. Y sin embargo…

Entonces es cuando podríamos acordarnos de José María Aznar, ese expresidente que parece levitar antes de emitir cada una de sus sentencias, el cual autorizó en su día negociaciones con un grupo terrorista. O de cualquiera de los imputados del Partido Popular que, a pesar de situarse grotescamente fuera de la legalidad, continuaron gozando del privilegio de la conversación con líderes de su partido. O de los patronos de la Fundación Francisco Franco que, a pesar de sus postulados a favor de una dictadura franquista, tienen hilo directo con miembros del gobierno español actual hasta el punto de recibir subvenciones del Presupuesto General del Estado.

¿Cómo puede negarse la posibilidad de diálogo ante el presidente de una Comunidad Autonóma? ¿Cómo es concebible que se ignoren las llamadas a dialogar que reiteradamente ha lanzado el Govern? ¿Cómo es posible que se prefiera apelar a una medida de tal alcance como el 155 antes siquiera de escuchar a las partes afectadas? ¿Por qué se rechaza la hipótesis de poder acercar posturas? Cuando todo esto pase, alguien tendrá que dar explicaciones. El partido en el gobierno, desde luego, pero también el de la oposición.

¿Es verdad que no cabe alternativa a la aplicación del artículo 155 de la Constitución?
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