Afirmar que "Hacienda somos todos" es tan solo un anuncio, es un grave error
Porque cuando se persigue un objetivo de forma irrenunciable, se corre el riesgo de atropellar a alguien, quedar en evidencia o ser injusto, comenta este autor en su artículo.
Por respeto al sistema judicial, no entraré a opinar sobre el proceso abierto contra la Infanta Cristina; sí me permitiré opinar sobre el razonamiento utilizado por la Abogada del Estado para desbaratar uno de los argumentos utilizados por la acusación popular: “el eslogan Hacienda somos todos debe circunscribirse al ámbito para el que fue creado, exclusivamente como forma de concienciación al país”.
Por “país”, según la letrada, habrá que entender, tan solo, a los juan español, y considerar excluida a la imputada.
Afirman la fiscalía y la abogacía del Estado que no procede el ejercicio de la acción popular porque no hay daño para los ciudadanos, pues la única perjudicada es la Agencia Tributaria. Cualquier juan español percibe que si la Agencia Tributaria experimenta un perjuicio, ese daño afecta, en mayor o menor medida, a cada español.
La frase, se sigue diciendo, es un eslogan publicitario sin rango jurídico. Pues yo no estoy muy de acuerdo con esa supuesta falta de juridicidad, pues la publicidad queda sometida específicamente a la legislación sobre defensa de consumidores y usuarios y a la relativa a la publicidad y comunicación institucional, al menos.
Es decir, según la representante del Estado, el contenido de la publicidad de Hacienda – ¿por qué no aplicarlo también a cualquier otra publicidad del Estado?- , puede no coincidir con la realidad, y el mensaje puede ser equívoco, engañoso y hasta falso, pues sólo se pretende concienciar a los ciudadanos –a algunos ciudadanos- sobre determinadas materias.
Esta forma de plantear la improcedencia de la imputación se hace con olvido de que la veracidad es el núcleo central de la publicidad, lo que implica eludir planteamientos engañosos, equívocos, parciales y vejatorios.
Hacienda somos todos, faltaría más, dentro del marco de la legislación reguladora de las diferentes situaciones tributarias que pueden afectar a las personas.
Resulta inconsistente el argumento utilizado y yo diría, si se me permite, que hasta infantil. Y es que cuando se persigue ciegamente un objetivo, cuya consecución se plantea como irrenunciable, se corre el riesgo de atropellar a alguien, de quedar en evidencia y hasta de ser injusto, es decir, de no dar a cada uno lo que le corresponde.
