El Supremo avala ampliar la causa Koldo a las obras públicas de la etapa de Ábalos: ¿qué implica?
El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos de José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García que intentaban frenar parte de la investigación por presunta corrupción en adjudicaciones de obras públicas durante la etapa del exministro al frente de Transportes (2018-2021). La Sala de Apelación respalda así la decisión del juez instructor Leopoldo Puente de encomendar a la Guardia Civil un informe sobre una serie de contratos señalados por el empresario Víctor de Aldama, considerado el presunto cabecilla de la trama.
Los contratos en cuestión fueron marcados en fluorescente en documentos entregados por Aldama al Supremo y, según su testimonio, habrían sido adjudicados a cambio de comisiones ilegales. El magistrado solicitó a la Unidad Central Operativa (UCO) identificar a las empresas beneficiarias y analizar los procedimientos de adjudicación. Un informe pericial caligráfico confirmó que las anotaciones de esos papeles fueron hechas por Koldo García.
La decisión judicial extiende el alcance de la investigación más allá de los contratos de mascarillas que inicialmente motivaron la apertura del caso Koldo. Aunque algunos contratos coinciden con el periodo en que se desempeñó como secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, los documentos marcados no guardan relación directa con él, según los investigadores.
La Sala —integrada por los magistrados Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Pablo Llarena— desestima los argumentos de Ábalos y García, que calificaban las pesquisas de “prospectivas”. Para los jueces, investigar la veracidad de las acusaciones formuladas por un coinvestigado es legítimo y necesario, incluso si aún no hay “poderosos indicios de criminalidad”. “La instrucción no es una causa general, sino un instrumento para valorar si los indicios ameritan ir a juicio”, señalan.
Además, el Supremo ha respaldado la negativa del juez a aceptar varias diligencias propuestas por la defensa, entre ellas, la citación como testigos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del ex secretario de Estado Rafael Pérez Ruiz. La defensa de Ábalos pretendía relacionar el caso con compras de mascarillas realizadas por Interior durante la pandemia. No obstante, el tribunal considera que ambos “no guardan relación” con los hechos imputados al exministro y su asesor.
“La instrucción no es un ensayo general del juicio oral”, recordaron los jueces, subrayando que la fase actual debe centrarse en recopilar pruebas esenciales para decidir si se continúa con el proceso.
La defensa de Cerdán accede a los audios originales
En paralelo, el juez Puente ha autorizado a la defensa de Santos Cerdán a retirar una copia de las grabaciones mencionadas en el auto de prisión. También ha aceptado la realización de un análisis pericial por parte del Departamento de Ingeniería Digital de la Guardia Civil para verificar si los audios fueron manipulados.
No obstante, el magistrado ha rechazado otras solicitudes del abogado de Cerdán: acceder a todos los audios intervenidos en el domicilio de Koldo García (aún en análisis por el volumen de datos, que supera los 10 terabytes), un informe sobre las colaboraciones de García con la Guardia Civil entre 2018 y 2024, y la remisión de todas las diligencias del Juzgado Central de Instrucción número 32 de la Audiencia Nacional.
Con este auto, el Alto Tribunal refuerza la línea de investigación del juez Puente y manda una señal clara: avanzar en la instrucción está dentro de la legalidad siempre que existan elementos que, como en este caso, provienen de un testimonio con apariencia de verosimilitud. El respaldo a la actuación de la UCO indica también que el Supremo mantiene el foco en esclarecer hasta qué punto se pudo articular una red de adjudicaciones amañadas bajo el paraguas de Transportes, más allá de la urgencia sanitaria del COVID.
Este nuevo capítulo mantiene a figuras clave del PSOE bajo el foco judicial, en un proceso que se complica por la dimensión política y mediática que ha alcanzado la trama Koldo. Mientras tanto, las defensas continúan su estrategia procesal intentando acotar los efectos del caso. El avance de la causa será clave para determinar si el asunto desemboca en juicio oral, con implicaciones que podrían reavivar el debate sobre ética pública y transparencia institucional en España. @mundiario
