La última palabra la tienen ahora el BBVA y los accionistas del Sabadell
El intento de adquisición hostil del Banco Sabadell por parte del BBVA ha entrado en una fase decisiva tras el pronunciamiento del Gobierno español. El Ejecutivo, apelando al interés general, ha autorizado la operación, aunque imponiendo condiciones que comprometen la obtención inmediata de las sinergias que el banco vasco esperaba: blindaje de la personalidad jurídica de ambas entidades, gestión independiente, mantenimiento de la red de oficinas y de las plantillas, así como protección del crédito a las pymes. Un marco que obligaría al BBVA, si persiste en su oferta, a gestionar los dos bancos de forma separada, al menos durante tres años –con opción a una prórroga de dos más–, limitando el ahorro de costes previsto (unos 850 millones de euros).
No es de extrañar que el BBVA, que no oculta su malestar por lo que considera un endurecimiento de las condiciones impuestas inicialmente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se reserve el derecho a acudir al Tribunal Supremo, a la vez que contempla retirar la opa al Sabadell por las condiciones del Gobierno. Sin embargo, la ley ampara al Ejecutivo siempre que su intervención se fundamente en razones de interés general, más allá de la mera defensa de la competencia. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha insistido en ello, subrayando la necesidad de proteger el empleo y los derechos de los clientes, elementos de indudable peso en un sector tan sensible como el financiero.
Es evidente que el nuevo escenario altera el equilibrio económico de la operación. La imposibilidad de fusionar las entidades en el corto plazo y de acometer ajustes de plantilla o red –el BBVA había previsto el cierre de unas 300 oficinas y la salida de unos 4.000 empleados– complica la generación de valor para los accionistas. Esto podría forzar a la entidad que preside Carlos Torres a replantear su oferta, bien mejorando los términos, bien incluyendo una parte en efectivo, algo que hasta ahora había descartado.
Con todo, el movimiento del BBVA tiene un trasfondo estratégico que trasciende el cortoplacismo. La consolidación bancaria en Europa sigue siendo una asignatura pendiente. Frente a los gigantes estadounidenses y asiáticos, los bancos europeos necesitan ganar tamaño para competir en un mercado cada vez más globalizado y tecnológicamente exigente. Y aunque el proceso de unión bancaria europea avanza con lentitud –las reticencias de Berlín a la posible fusión de UniCredit y Commerzbank son muestra de ello–, prepararse para ese escenario parece necesario. En ese sentido, fortalecer la posición doméstica puede ser un paso lógico, aunque lo sería más si hubiese más fusiones a escala europea.
Un equilibrio difícil
Por supuesto, este proceso no debe hacerse a costa de los derechos de los trabajadores ni de la calidad del servicio a los clientes. La vigilancia del Gobierno, aunque incómoda para el BBVA, actúa como contrapeso necesario en un contexto en el que el sistema financiero no puede desentenderse de su función social. Pero también es deseable que esa vigilancia no acabe desincentivando las operaciones que, a largo plazo, puedan contribuir a la solidez y competitividad del sector financiero.
La última palabra la tienen ahora el BBVA y los accionistas del Sabadell. Para el primero, aceptar las condiciones del Ejecutivo y perseverar en su intento supondría no solo una prueba de fortaleza, sino también una oportunidad de demostrar una visión estratégica de largo alcance. Para los segundos, valorar si la oferta compensa las limitaciones impuestas será clave para definir el desenlace de esta opa que, más allá de sus protagonistas, interpela al futuro del sistema bancario español. @mundiario
