El Gobierno impone que el BBVA mantenga el Sabadell como banco separado y sin despidos
El Gobierno de España ha endurecido las condiciones para la opa hostil lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell. Si quiere seguir adelante con la operación, el BBVA deberá comprometerse a mantener al Sabadell como entidad separada, sin fusiones y sin despidos derivados de la compra, al menos durante los próximos tres años, prorrogables por otros dos.
El Consejo de Ministros ha aprobado esta medida en virtud de la Ley de Defensa de la Competencia, que permite al Ejecutivo modificar las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en defensa del interés general.
“El BBVA deberá mantener la personalidad jurídica y el patrimonio separado de ambas entidades”, explicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien detalló que esta autonomía se traducirá en independencia operativa para el Sabadell en cinco áreas clave: gestión, financiación y crédito a pymes, recursos humanos, red de oficinas y obra social.
Esto implica que el BBVA no podrá solicitar la fusión entre ambas entidades durante al menos tres años ni ejecutar un expediente de regulación de empleo (ERE) en el Sabadell como consecuencia de la operación, tal como tenía previsto. El único cambio que se permitirá será la sustitución del consejo de administración del Sabadell –—actualmente presidido por Josep Oliu y con César González-Bueno como consejero delegado–, aunque el nuevo órgano deberá respetar las normas de buen gobierno y garantizar la independencia en la gestión.
Más de un año de tramitación
El expediente de la opa llegó al Gobierno tras más de un año de tramitación. La CNMC dio su visto bueno en mayo, tras la aprobación previa del Banco Central Europeo en septiembre. Posteriormente, el Ministerio de Economía abrió un periodo de consulta pública para recoger opiniones sobre la operación.
El Ejecutivo, que desde el inicio se ha mostrado contrario a la opa, ha tenido en cuenta la oposición de sus socios de Gobierno y del tejido social y empresarial catalán. Desde Sumar, ya se había reclamado una intervención del Consejo de Ministros para proteger los empleos, las oficinas y el crédito a pymes. Foment del Treball también alertó del posible impacto en el tejido empresarial catalán, cifrando en 75.000 millones de euros la pérdida potencial en financiación a pymes.
Bruselas tiene sus reservas
Frente a esta posición, la Comisión Europea ha expresado reservas por la posible interferencia del Ejecutivo en la operación, que podría entrar en conflicto con la normativa europea.
El gran interrogante ahora es la decisión que tomará el BBVA. Su presidente, Carlos Torres, ha recordado que la entidad tiene la opción de retirar la oferta si considera que estas nuevas condiciones afectan a la rentabilidad de la operación. Además, el banco estudia recurrir la decisión del Gobierno ante el Tribunal Supremo, ya que sostiene que el Ejecutivo solo puede suavizar, y no endurecer, las condiciones de la CNMC.
Si finalmente decide seguir adelante, el BBVA deberá actualizar el folleto de la opa y presentarlo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que podría autorizarlo en julio. A partir de ahí, se abriría un periodo de aceptación de entre 15 y 70 días, con un mínimo legal de 30. @mundiario
