¿Todo vale en política? La deriva institucional que amenaza a España
En España estamos viviendo una preocupante deriva en la que el Gobierno, como reconoció el propio Pedro Sánchez, gobierna solo para los suyos. Lo más alarmante no es solo esta declaración, sino que muchos ciudadanos lo aceptan sin cuestionarlo, justificando lo injustificable en función de sus propios intereses. Esta normalización del sectarismo político es peligrosa porque mina los principios básicos de la democracia y erosiona la confianza en las instituciones.
Desde hace tiempo, venimos observando cómo el poder se ejerce de forma cada vez más opaca, sin respeto por los equilibrios institucionales ni por las reglas del juego que garantizan la estabilidad del país. La política ya no se rige por el bien común, sino por estrategias de supervivencia que anteponen los intereses personales y partidistas a los de la ciudadanía. Así, se han sucedido decisiones polémicas que han puesto en entredicho la separación de poderes, la independencia judicial y el respeto a la Constitución.
Una mayoría parlamentaria no es un cheque en blanco. El Gobierno de Sánchez ha logrado mantenerse en el poder gracias a una coalición de intereses con partidos que, lejos de representar el espíritu constitucional, han trabajado históricamente en contra de la unidad de España. La Constitución no es una ley más; es la norma suprema que garantiza la igualdad entre todos los españoles, la indivisibilidad de España y el español como lengua oficial del Estado. Y sin embargo, hoy vemos cómo estos principios son cuestionados e incluso modificados de manera opaca, sin consenso, a espaldas de la ciudadanía.
El peligro de una democracia hecha a medida
Uno de los aspectos más preocupantes del actual escenario político es la tendencia a moldear las instituciones según convenga a quien ostenta el poder. Hemos visto cómo se han promovido cambios en la ley electoral, en la elección de jueces y fiscales, y en la legislación que afecta directamente a la estructura territorial del país. Todo ello con un denominador común: consolidar el control del Ejecutivo sin límites efectivos ni contrapesos reales.
Las recientes reformas impulsadas por el Gobierno han generado un profundo malestar en sectores amplios de la sociedad, incluidos juristas, constitucionalistas y expertos en derecho, que advierten sobre el riesgo de desmantelar el Estado de derecho bajo la apariencia de una supuesta "modernización" del país. Si la Constitución es interpretada a conveniencia por quienes deberían garantizar su cumplimiento, ¿qué queda de la seguridad jurídica?
Pedro Sánchez ha perdido la legitimidad para seguir al frente del Gobierno y debería asumir su responsabilidad dimitiendo y convocando elecciones lo antes posible. Además, es fundamental que dichos comicios se celebren en un período adecuado, evitando épocas estivales que dificulten la participación de los ciudadanos y asegurando que todos puedan acudir presencialmente a las urnas, sin depender exclusivamente del voto por correo.
El voto por correo y la sombra de la desconfianza
Uno de los grandes retos de nuestra democracia en los últimos años ha sido garantizar la transparencia y fiabilidad del proceso electoral. Con la creciente digitalización de la sociedad, muchas personas se preguntan si el sistema de voto por correo es completamente seguro y libre de manipulaciones. Si bien no hay pruebas concluyentes de fraudes masivos, la desconfianza ciudadana ha ido en aumento.
La falta de controles efectivos en algunos procesos administrativos, sumada a la politización de organismos clave, ha llevado a que una parte importante de la población cuestione la fiabilidad del sistema. En este contexto, surge una pregunta inevitable: ¿quién garantiza que al depositar nuestro voto en Correos no se genera un "gemelo digital" con nuestros mismos datos, pero con una elección política diferente? ¿Quién supervisa que cada sufragio sea contabilizado correctamente y que no haya interferencias en el proceso?
España necesita urgentemente recuperar la confianza en sus instituciones, fortalecer el Estado de derecho y garantizar que la democracia no sea un mero trámite burocrático controlado por unos pocos. La alternancia política es fundamental en cualquier sistema democrático sano, y solo unas elecciones limpias y transparentes pueden devolver la legitimidad a un país que hoy se encuentra profundamente dividido.
Conclusión: no todo vale en democracia
La democracia no puede ser un juego de poder basado en estrategias de corto plazo. Cuando los ciudadanos pierden la perspectiva y aceptan que "todo vale" en política, se sientan las bases para la degradación institucional y el autoritarismo encubierto.
España no necesita políticos que gobiernen para los suyos, sino líderes que entiendan que la política es el arte de gestionar la convivencia, no una herramienta para consolidar su propio poder. Si permitimos que el sectarismo y la manipulación se impongan sobre la razón y el respeto a las normas, acabaremos perdiendo lo más valioso: nuestra propia libertad. @mundiario
