Una España que se va volviendo imposible

A lo largo de múltiples momentos o etapas de la historia de España, nuestro país se abonó a aquello de ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Estamos en una fase en la que España está realmente imposible.

Fragmentación política, polarización ideológica, reformas estructurales por abordar, desafíos territoriales y crisis de confianza la convierten en un territorio de muy difícil o imposible gestión. En lo que tengo alguna duda es en qué es causa y cuál es efecto (huevo y gallina). 

Fragmentación política en el Congreso

La fragmentación política en el Congreso de los Diputados de España ha cobrado especial relevancia en los últimos años. Aunque pueda parecer que esta relevancia se debe a una mayor representatividad, en realidad se debe a la aritmética parlamentaria. Es cierto que hay múltiples partidos representados en la Cámara baja, aunque no tantos como se podría pensar, concretamente hay doce. En la XV Legislatura, ninguno de ellos procede de ámbitos reivindicativos de carácter local, a pesar de lo que se oye comentar al respecto. Ninguno, salvo (alguno de) los que están bajo el paraguas del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar. Ese es otro problema y hoy no toca. 

Lo que es cierto es que, en términos de la dialéctica izquierda-derecha, no hay ningún bloque con una mayoría clara y estable, por lo que la formación de coaliciones consistentes y la toma de decisiones consensuadas se han vuelto desafíos significativos. 

Es verdad que esta diversificación ha llevado a una mayor representación de diferentes ideologías, voces y formas de entender nuestra compleja realidad en el Congreso de los Diputados, pero también ha complicado la gobernabilidad de España. 

No obstante, el problema es la aritmética y, más aún, quién ocupa el lugar que puede hacer que las mayorías cambien: Junts per-Catalunya. Un partido político de la derecha nacionalista más conservadora, por no identificarlo con la estela ultraconservadora del nacionalismo catalán y dejarle ese espacio al Front Nacional de Catalunya de Silvia Orriols (alcaldesa de Ripoll).

Entonces, la aritmética parlamentaria y un partido de la derecha nacionalista apoyando a un gobierno de izquierda son los dos primeros problemas que identifico frente a todos los opinadores que hablan de una gran fragmentación política del Congreso. Del Senado, obviamente, ni hablamos. 

Dificultades en la formación de coaliciones

La ausencia de una mayoría absoluta obliga a los partidos a formar coaliciones para gobernar o a lograr acuerdos de legislatura para que el gobierno tenga un cierto respaldo en la Cámara. Sin embargo, la diversidad ideológica y los intereses divergentes dificultan la formación de alianzas estables. Esto es sustancialmente cierto. También lo es que las negociaciones suelen ser largas y complejas, y a menudo resultan en acuerdos frágiles que pueden desmoronarse ante la primera crisis política. 

En este punto, la cuestión es que, desde que se puso a andar la XV Legislatura, allá por septiembre de 2023, se habla de algo que jamás existió: un pacto de legislatura. Se trata de un falaz contra-argumento, fabricado en la sede del PP, para acabar señalando, desde el inicio que la legislatura, que ésta se ha agotado porque no hay acuerdo de legislatura. Es que no lo hubo nunca. Y ese sí es un problema. Bueno, la forma de razonar de algún líder del PP también viene siendo un grave problema. Y no solamente para el PP, sino también para el resto de los mortales. 

Impacto en la toma de decisiones

Leemos en innumerables crónicas políticas que la fragmentación política también afecta a la capacidad del Congreso para tomar decisiones (más o menos consensuadas). Se oye decir (y a veces lo dice algún político profesional), que la necesidad de negociar y llegar a acuerdos entre múltiples partidos ralentiza el proceso legislativo y puede llevar a bloqueos en la aprobación de leyes importantes. ¿No será que esa realidad es consustancial al ejercicio de la política? ¿No será que la política ha de ser siempre el “arte de lo posible”? ¿No será que el problema se circunscribe a quienes dirigen nuestros partidos políticos? 

Al final, está llegando a la ciudadanía una fuerte sensación de hartazgo con la política y se confunde con el empacho que provocan quienes desconocen el “arte de lo posible”, pero se adueñan y embarran todo cuanto les circunda. Una palmaria falta de formación política, desconocimiento de los problemas en los que la ciudadanía vive su día a día, oportunismo y tacticismo es lo que los lleva a lo que ellos denominan “debates intensos y acalorados”, que no son más que bochornosos espectáculos de insultos, falta de respeto y manifestación de un espíritu absolutamente antidemocrático. 

Esta situación tiene varias y graves consecuencias para la gobernabilidad en España. Genera inestabilidad política, afecta a la implementación de políticas a largo plazo y conduce a un clima de crispación social que en nada nos beneficia como sociedad. Generar un ambiente de polarización ideológica (en el Congreso de los Diputados y en la calle), generar un ambiente de confrontación constante, forzar el posicionamiento partidario sobre la base de visiones diametralmente opuestas sobre muchos temas en lugar de esforzarse por encontrar puntos en común en políticas económicas, sociales o culturales, en lugar de dialogar para lograr la aprobación de leyes importantes para mejorar nuestro bienestar y nuestra convivencia, conduce inexorablemente a una falta de disposición para el compromiso, ya que los partidos prefieren mantener sus posiciones ideológicas en lugar de ceder en ciertos aspectos. Prefieren anteponer principios partidarios al principio constitucional de ser un instrumento útil para la sociedad. 

Situaría aquí el cuarto y el quinto de los problemas de la acción política de nuestro país: hace años que a la política española no se acercan los mejores, lo que ha conformado en el seno de los partidos políticos “aparatos” que únicamente se preocupan por la gestión del poder. Una confluencia de mediocres arribistas ha colocado a los partidos políticos en el incumplimiento más flagrante del artículo 6 de la Constitución Española de 1978, que señalaba que “los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”. Muy alejada de la realidad se encuentra la voluntad del constituyente. 

Tras la lamentable pandemia de la covid-19, la Unión Europea ha implementado un mecanismo de recuperación y resiliencia que, en España, ha dado lugar al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Lo traigo a colación únicamente para señalar que varias importantes reformas en materia social o económica estaban escritas a fuego en el PRTR: las reformas del mercado laboral, destacando la compatibilidad entre pensión y empleo, la jubilación parcial, la jubilación activa o la reducción de la jornada; las reformas en el sistema de pensiones, destacando la jubilación demorada, la revalorización de pensiones, etc. Pues bien, temas cruciales como estos han estado en el centro del debate, pero también es cierto que la falta de consenso y las diferencias partidarias han ralentizado o bloqueado algunas de estas reformas necesarias. A veces reformar quiere decir consolidar. Consolidar el sistema público de pensiones, consolidar el sistema nacional de salud o el sistema educativo público. Otras veces, quiere decir reformar sistemas como el tratamiento que damos a los inmigrantes que llegan a nuestras costas (los que llegan en avión, son otra cosa). 

Nada, estas son cosas menores para nuestros políticos. Más importante es lo que diga, aquí o allá, el tal Victor de Aldama, ese personaje que según la investigación dirigida por el juez Santiago Pedraz, se estima que defraudó a la Hacienda pública española más de 367 millones de euros entre 2021 y 2024. Lo importante es escuchar al ex ministro, José Luis Ábalos, cómo justifica una corrupción incalificable. Que no, que de estos y de muchos otros y otras, ha de ocuparse la Guardia Civil, la Policía Nacional y el sistema judicial.  

Que lo entiendan nuestros políticos, nuestro problema es la vivienda, especialmente en el proceso emancipador de nuestros jóvenes, nuestro problema es la sostenibilidad del sistema de pensiones, nuestro problema es atender y debatir propuestas para aumentar la edad de jubilación, modificar el cálculo de las pensiones y fomentar los planes de pensiones privados, o todo lo contrario. Nuestro problema es mantener la revitalización de la economía y la generación de empleo de calidad. 

La falta de consenso, las diferencias ideológicas y, sobre todo, la confrontación partidaria en el Congreso y en la calle, el sexto de nuestros grandes problemas, han sido un obstáculo significativo para la aprobación o la consolidación de reformas estructurales. La fragmentación política y la polarización ideológica han llevado a un ambiente de confrontación constante, lo que dificulta la colaboración y el compromiso. 

El séptimo gran reto de nuestra sociedad apunta hacia la cuestión de la autonomía y la independencia de nacionalidades históricas como Catalunya y Euskadi, que sigue siendo un tema candente en la política española. Y mientras esa independencia o un nuevo arreglo en el marco constitucional no llega, pues hemos de debatir sobre el sistema de financiación autonómica. 

La presencia de partidos independentistas en el Congreso, como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per-Catalunya, Euskal Herria Bildu o el Partido Nacionalista Vasco (PNV), añade complejidad a la política nacional. Estos partidos no solo representan los intereses de sus respectivas autonomías, sino que también influyen en la política nacional al ser necesarios para formar mayorías parlamentarias. Esta situación obliga a los partidos de ámbito estatal a negociar y llegar a acuerdos con los independentistas, lo que, sin duda, puede generar tensiones y concesiones difíciles. Es la democracia. 

La representación de partidos independentistas en el Congreso, plenamente legítima, plantea varios desafíos para la gobernabilidad en España. La necesidad de negociar con estos partidos para formar coaliciones puede llevar a acuerdos frágiles y a una mayor inestabilidad política. Además, las demandas de mayor financiación, autonomía o independencia pueden generar tensiones con el gobierno central y con otras comunidades autónomas, afectando a la cohesión territorial. La polarización ideológica entre los partidos independentistas y los partidos “nacionales” también puede dificultar la colaboración y el compromiso en temas cruciales. Es lo que tienen los nacionalismos, que ejercen un impacto significativo en la cohesión territorial de cualquier Estado y España no iba a ser menos. Las demandas de mayor autonomía pueden llevar a una descentralización excesiva, afectando la capacidad del gobierno central para implementar políticas nacionales coherentes. Además, la percepción de trato desigual entre las diferentes comunidades puede generar resentimiento y tensiones interregionales. La falta de una solución consensuada y duradera al conflicto territorial puede afectar a la estabilidad política y social del país.

Demos paso, al último, el octavo, de los más graves problemas que veo en nuestra “España imposible”: la creciente desconfianza hacia las instituciones. Esta crisis de confianza se refleja en la dificultad para movilizar a la ciudadanía y en el incremento del voto a opciones de ultraderecha, un fenómeno que también se observa en otros países como Francia, Hungría, Estados Unidos, Argentina, Alemania y los Países Bajos. Estos partidos suelen prometer soluciones rápidas y radicales a los problemas percibidos, lo que atrae a votantes desencantados con el sistema político actual. En mi opinión, soluciones rápidas y simples para problemas complejos: una contradicción irresoluble. 

La crisis de confianza en la política no es un fenómeno nuevo, pero ha cobrado mayor relevancia en los últimos años. La corrupción, la falta de transparencia y la percepción de que los políticos no representan los intereses de la ciudadanía han contribuido a esta desconfianza. Además, la falta de transparencia en la toma de decisiones y la percepción de que las instituciones no son responsables ante la ciudadanía han exacerbado esta desconfianza.

Ocho graves problemas enzarzados en la fragmentación política, la polarización ideológica, las reformas estructurales pendientes de abordar, los desafíos territoriales y una gravísima crisis de confianza. La única solución que veo es la conformación de un diálogo ético o de una ética del diálogo entre las personas que representan a nuestro sistema de partidos para abordar los problemas reales de la ciudadanía, asumiendo, además, que el propio sistema de partidos es uno de los problemas a resolver.