Salario mínimo, salario medio y negociación
No es de recibo un espectáculo como el que se escenificó en la rueda de prensa del Consejo de ministros del pasado martes. Un Gobierno, cuando se presenta ante la sociedad tiene que venir con los temas discutidos, peleados y resueltos. Y no es de recibo que toda una vicepresidenta del Gobierno monte un debate frente al mismo Gobierno en una rueda de prensa, y que una portavoz no sea capaz de asumir plenamente el tema y explicar claramente la solución. Un Gobierno tiene que presentarse ante la sociedad no con una tesis ni con una antítesis, sino con una síntesis.
Ambas partes tienen razón. Y por eso, en lugar de presentar públicamente una contradicción, tienen elementos suficientes como para llegar a una negociación que resuelva las dos razones válidas de las dos. Y no digo nada nuevo si defiendo la tesis que ha expuesto el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo: la clave está en que el perceptor del salario mínimo -tribute o no tribute- perciba al menos el 60% neto del salario medio.
Hay un principio básico, que se sustenta no sólo en un mandato constitucional (el del artículo 31: “Todos contribuirán…”) sino también en una razón de ciudadanía y de compromiso con la sociedad. Aunque sólo sea con el gravamen de un 0,1% hasta un suelo básico de tributación, todos tendríamos que mantener una relación contributiva con un Estado que es de todos. Otra cosa es que, por razones de justicia distributiva, se establezca un suelo básico a partir del cual comience a computar la tributación de un modo más cualificado.
Es cierto que el arreglo de la fiscalidad hay que hacerlo por arriba; pero también es cierto que -basándonos en los argumentos del párrafo anterior, hay que hacerlo por abajo. Porque es una obligación constitucional y ciudadana que nos hace participar en el esfuerzo social de la economía y de los servicios de un país. Pero también es cierto que si la tributación es proporcional se realiza, a partir de un suelo básico, según una escala que va en ascenso, para que quien más gane más tribute, según el tramo en el que se encuentre.
En ese contexto, si se sube el suelo básico con el salario mínimo como referencia, al recorrer el resto de la escala hacia arriba, una medida adoptada para beneficiar a los que menos tienen puede terminar influyendo negativamente en la recaudación total del Estado, que es con lo que se sufragan los servicios públicos que después se reparten entre la población. En el caso de que se dictara la fórmula de que todos los perceptores del salario mínimo no tributen, los expertos calculan que se dejaba de percibir por las arcas públicas en torno a 1.500 millones de euros: no solo por lo que los perceptores del salario mínimo dejarían de tributar, sino por lo que se dejaría de tributar por el resto de ciudadanos, ya que cambiaría la estructura de la escala proporcional a la que nos referíamos: al poner el inicio del primer tramo en un punto más elevado, obligarías a subir los porcentajes de los diferentes peldaños de la escala para que no sufra la necesaria recaudación.
Pero toda regla tiene sus excepciones. Y en la norma se puede mantener lo acordado por el Consejo de ministros, pero incluyendo como excepción lo que propone de Unai Sordo: lo dispuesto es válido para todos, menos para quienes -de pagar los impuestos- quedarían con un salario neto inferior al 60% del salario medio. Y doctores tiene la Hacienda Pública para realizar cada año el cálculo del salario medio y del 60% correspondiente. Pudiendo aplicar la excepción a los del salario mínimo y a todos.
Como con tal planteamiento, aunque no dejen de ingresarse los 1.500 millones habría una recaudación (que beneficia al bien común) menor, podría, y debería, establecerse también que a partir del salario medio, los tramos siguientes se incrementaran una, o unas décimas, que no van a desequilibrar la economía familiar de nadie, pero que posibilitan la compensación para que la fiscalidad no genere un déficit público en lo que atañe al bien común.
Otra cosa es que se optimice la gestión de esos fondos públicos: algo que forma parte de la obligación cotidiana y anual de los gestores de los presupuestos, y que puede permitir una más eficiente dedicación del dinero de todos al bien público en general: sea en servicios públicos, en infraestructuras, en disminuir la deuda pública, o incluso, en un caso extremo, en reparto de renta.
Asunto distinto es el abordar la fiscalidad de las empresas, y de las múltiples formas de Sicavs, etc. Es lo que subyacía (en una mezcla poco rigurosa) en la intervención el martes de la vicepresidenta segunda. Y que esta fiscalidad incluso tenga una proporcionalidad que relacione los costes con los beneficios a la hora de situar los porcentajes de tributación. Pero eso requeriría ser abordado en una ley fiscal específica y amplia, y no en la normativa para señalar el salario mínimo.
Y, por cierto: aseveraciones como la de la intervención de Feijoo el miércoles en el Congreso, de que el Gobierno sube los impuestos a los más desfavorecidos, o que "se queda con la tercera parte" de la subida del SMI no son de recibo, porue son pura demagogia que lo pone prácticamente al margen del sistema. @mundiario
