El revés judicial al macroproyecto del Atlético y la lección que deja a la política municipal

La anulación parcial del plan especial que permitía al Atlético de Madrid explotar durante 75 años más de 200.000 metros cuadrados de suelo municipal supone un revés para uno de los proyectos emblemáticos del alcalde José Luis Martínez-Almeida. Pero, más allá del impacto político inmediato, la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid revela algo más profundo: la necesidad de que la planificación urbana se someta, sin excepciones, al marco legal, y la importancia de que quienes revisan esas decisiones actúen con una independencia irreprochable.

El tribunal considera que el Ayuntamiento no cumplió los requisitos que establece la ley para aprobar una operación de esta envergadura. La resolución, redactada por el magistrado Alfonso Villagómez Cebrián, recuerda que las instituciones no pueden improvisar ni precipitar procesos que afectan al patrimonio común. En un contexto donde los grandes clubes deportivos ejercen una influencia social indudable, es especialmente relevante que la Administración evite cualquier apariencia de concesión excesiva o mal calibrada.

La anécdota que acompaña al fallo —la conocida afición del magistrado por el Atlético— aporta un ángulo que merece ser subrayado. La imparcialidad no se presume solo por la distancia emocional, sino por la capacidad de anteponer el rigor profesional a cualquier simpatía personal. Que un juez identificado públicamente con los colores rojiblancos haya dictado una resolución adversa a los intereses del club no debería sorprender; al contrario, es una prueba de que el sistema funciona cuando se respetan sus contrapesos.

El episodio debería invitar al Ayuntamiento de Madrid a revisar sus procedimientos y reforzar la solidez jurídica de los proyectos estratégicos. El urbanismo es demasiado importante para convertirse en un terreno de atajos administrativos o gestos simbólicos. Requiere planificación, transparencia y, sobre todo, respeto por las normas que protegen el uso del suelo de todos los ciudadanos.

En un tiempo en el que la política municipal oscila entre la presión por mostrar resultados rápidos y la tentación de vincular su acción a grandes siglas —también deportivas—, la sentencia del TSJM actúa como un recordatorio de que administrar una ciudad es un ejercicio de responsabilidad, no de entusiasmo. Y que incluso las ilusiones futbolísticas, tan presentes en la vida madrileña, deben quedarse fuera cuando lo que está en juego es el interés general. @mundiario