Independencia judicial y corporativismo discrecional
La reciente inauguración oficial del año judicial situó, de nuevo, en el primer plano de la atención pública el viejo contencioso respecto a las relaciones entre los poderes políticos y el poder judicial. Las declaraciones de Pedro Sánchez en una entrevista televisiva señalando la existencia de una minoría de la judicatura que actúa con criterios políticos provocaron una dura reacción de la derecha política, judicial y mediática: Alberto Núñez Feijoo decidió boicotear el acto institucional presidido por el Jefe del Estado, las asociaciones conservadoras de magistrados y fiscales solicitaron que el Fiscal General del Estado no hiciera uso de la palabra en el acto (algo que transgrediría el protocolo legal vigente) y los editoriales de los medios mas representativos del pensamiento de la derecha reiteraron su conocida y visceral oposición al gobierno de Sánchez.
A pesar de las beligerantes reacciones registradas, las palabras pronunciadas en TVE por el presidente del gobierno del Estado no reflejan exactamente la dimensión del problema sobre el que pretendía alertar. Si repasamos el catálogo de actuaciones y de posicionamientos conocidos en el último año, hay base suficiente para pensar que el activismo político practicado en los ámbitos judiciales no puede ser considerado como algo estrictamente "minoritario". Desde la instrucción practicada por el juez Peinado en la imputación de Begoña Gómez hasta la poco fundamentada actuación del magistrado A. Hurtado -del Tribunal Supremo- para sentar en el banco de los acusados al fiscal general por la supuesta filtración periodística -no acreditada- de una noticia que desmentía la información falsa difundida por Miguel A. Rodríguez -jefe del gabinete de Diaz Ayuso- respecto a las diligencias por fraude tributario contra la pareja de la presidenta madrileña; pasando por la inédita imagen de miembros de la judicatura protestando en la puerta de las Audiencias contra la ley de amnistía que se estaba debatiendo en el Congreso. O añadiendo, también, las recientes palabras pronunciadas por un ex-magistrado del Supremo en el acto organizado por Vox -pocas horas después de la entrevista televisiva con Sánchez- contra las leyes y las políticas de igualdad aprobadas por la mayoría de los representantes integrantes del poder legislativo.
Cualquier persona medianamente informada conoce las características diferenciales de los tres poderes que integran la arquitectura de un Estado democrático. Las Cámaras legislativas están conformadas a partir de la voluntad de la ciudadanía expresada en los comicios oportunamente convocados. Los gobiernos son consecuencia directa de las mayorías parlamentarias que se derivan de los resultados originados en las urnas. En cambio, la composición del poder judicial no es fruto de una consulta electoral sino consecuencia de un sistema de acceso a ese cuerpo funcionarial especializado. En el caso español conviven dos realidades que han sido destacadas en muchas ocasiones: una adscripción mayoritaria de la judicatura a ideas y posiciones conservadoras y la persistencia de la perversión antidemocrática que supone la combinación de una marcada politización de la justicia con una habitual judicialización de la actividad política. En vez de actuar como un poder independiente pero insertado en una lógica de colaboración y lealtad con los otros dos poderes del Estado, una buena parte de la judicatura pretende mantener un blindaje corporativo que le permita afirmar un estatus práctico de superioridad sobre las demás instancias del ordenamiento constitucional. La pública y activa oposición a la ley de amnistía cuando aún se estaba debatiendo en la Cámara parlamentaria hay que entenderla como una demostración paradigmática de que se consideran los únicos interpretes genuinos de la legalidad vigente.
El PP, como principal fuerza opositora del actual gobierno, tiene una gran responsabilidad en el funcionamiento adecuado de la división de poderes. Este partido, que tiene la legitimidad derivada del apoyo recibido en las urnas, debería haber hecho un ejercicio de pedagogía democrática y reprobar a esos jueces que se manifestaron contra el trámite de la ley de amnistía en el Congreso. Su deliberada inhibición en la crítica a ese comportamiento anómalo de una parte de la judicatura, certifica una sumisión y seguidismo que no encontraríamos en las formaciones política análogas existentes en otros países de la contorna europea.
En las próximas semanas va a ser juzgado en el Tribunal Supremo el actual fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz, acusado de un delito de revelación de secretos. Asistiremos a un test decisivo para medir la calidad democrática del sistema político español: si el Tribunal Supremo dicta una sentencia condenatoria en base a los indicios poco consistentes que figuran en el auto de procesamiento, estaríamos ante la confirmación de una discrecionalidad judicial que exigiría futuras acciones del poder legislativo para corregir semejante anomalía antidemocrática. @mundiario
