La falsa independencia judicial

Magistrados españoles. /RR SS.
Magistrados españoles. /RR SS.
Si son los jueces los que eligen directamente, no a 36 candidatos, como hasta ahora, sino quienes puedan elegir a los 12 vocales directamente, la lógica nos dice que, no sólo quiebra el principio de soberanía y la unción de la legitimidad soberana, sino que se deterioran las opciones de un mayor grado de independencia.
La falsa independencia judicial

Da mucha pereza tener que estar ocupándose de un tema casero que -si todos nos rigiéramos por la razón y por los principios constitucionales- no debería ni siquiera distraer nuestra atención de los graves sucesos que en el mundo, justo en el vértice que separa o comunica occidente de oriente, destrozan con indiscriminados bombardeos vidas humanas de una población civil cuyo delito es haber nacido en su tierra, Palestina, y haber sufrido el capricho y la mala conciencia de occidente de haberle colocado de vecino a un pueblo supremacista que quiere para sí todo el territorio, y tiene la ayuda incondicional de occidente, y que lleva masacrados en dos meses a más de 17.000 civiles, 6.000 de ellos niños, y 5.000 mujeres. Justo cuando se celebran 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Y, hablando de Derechos Humanos, en España tenemos que lamentar cómo, año tras año, y hasta contar cinco, el principal partido de la oposición incumple la Constitución, que es el marco legal establecido en nuestro país para abarcar y desarrollar esos derechos. Cinco años desde que venció el mandato del Consejo General del Poder Judicial sin que al PP le venga en gana cumplir con su obligación de contribuir a renovarlo. Por el camino, y alegando muy diversas excusas -todas ellas ajenas al cumplimiento de la obligación constitucional- en el momento actual nos encontramos con el enésimo pretexto: acceder a cumplir la obligación a cambio de que simultáneamente se modifique la ley, para que en el futuro los 12 jueces y magistrados propuestos por el sector judicial sean también designados por los propios miembros de la judicatura.

Una propuesta engañosamente democrática desde distintos puntos de consideración.

La ley orgánica del Poder Judicial de 1985 explica en su preámbulo con toda claridad la razón del procedimiento actual: que los propios miembros de la judicatura elijan unos candidatos, sobre los cuales las dos Cámaras de las Cortes Generales designen cada una seis miembros. La razón que aduce dicho preámbulo es la de no romper el principio constitucional de soberanía, y que la justicia que administran los jueces emane del pueblo. Siendo así que sólo hay un cauce para canalizar la Soberanía, y es el de la representatividad popular que exclusivamente ostentan las Cortes Generales. Representatividad y mecanismo de designación que no sólo no supone una injerencia de un poder en otro, sino que lo que hace es legitimar al propio poder judicial, al pasar por el tamiz de la soberanía.

Tan es así que, la propia ley del Poder Judicial establece que el presidente del Consejo General del poder Judicial y del Tribunal Supremo, presente anualmente ante las Cortes una memoria de las actividades del poder judicial, pudiendo ser llamado a comparecer para aclarar las preguntas que le sean solicitadas acerca de la Memoria (artículo 563, 1, 2 y 3). Y, para mayor abundamiento, el mismo artículo 563, 4 establece que: “Para contribuir a un mejor conocimiento del estado de la Justicia, con datos actualizados, anualmente el Presidente, además de lo previsto en los apartados anteriores en relación a la memoria, comparecerá en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para informar sobre los aspectos más relevantes del estado de la Justicia en España, en el marco de sus competencias”.

En 2001, gobernando el PP, se modifica la ley, precisamente en relación con la designación de los 12 representantes de la judicatura, manteniendo el principio de elección y modificando solamente los mecanismos de elección, para establecer que sean proporcionales a los afiliados a cada asociación judicial, y que los no afiliados tengan que contar con el apoyo del 2% de los miembros de la judicatura en activo. Pero en ningún momento se cuestiona la legitimación otorgada por la propuesta de las Cortes.

Ya en esa modificación se produce una cierta restricción para los jueces verdaderamente independientes, y se favorece a los que pertenecen a las asociaciones. Si tenemos en cuenta que nadie niega que la mayoría de los jueces organizados son conservadores. Pero aun así, el sistema deja la posibilidad de que las Cortes, cada Cámara eligiendo a 6 jueces o magistrados, puedan encontrar más méritos y cualidades en los jueces independientes.

Por el contrario, si son los jueces los que eligen directamente, no a 36 candidatos, como hasta ahora, para que sobre ellos las Cortes designen a los 12 vocales, sino quienes puedan elegir a los 12 vocales directamente, la lógica nos dice que, no sólo quiebra el principio de soberanía y la unción de la legitimidad soberana, sino que se deterioran las opciones de un mayor grado de independencia de los jueces elegidos, porque las asociaciones mayoritarias -conservadoras- no votarán precisamente a los jueces independientes no asociados. Con lo cual se estará falseando tanto la mayor legitimidad y vinculación con la soberanía, sino la pretendida independencia judicial.

Por tanto, sería bueno que el señor Feijóo se deje de fuegos de artificio y de propuestas engañosas, y sencillamente se limite a cumplir con el mandato de la Constitución y con la ley que en 2001 se modificó gracias a las mayorías de sus mayores. @mundiario

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