La estafa de la AP-9: Bruselas certifica lo que Galicia llevaba décadas denunciando

El dictamen motivado de la Comisión Europea –el órgano ejecutivo de la UE– sobre la prórroga de la AP-9 no es solo un trámite burocrático ni un informe técnico más entre los muchos que produce Bruselas. Es una auténtica certificación de una ilegalidad perpetrada desde el poder, un escándalo jurídico que los gallegos llevan pagando con intereses durante más de cuarenta años.

La prolongación de la concesión a Audasa sin licitación ni publicidad en el Diario Oficial de la Unión Europea, como exige la normativa comunitaria, constituye no solo una infracción de las reglas de competencia y transparencia, sino una burla institucional a los principios más elementales de la democracia y la legalidad.

La Comisión Europea ha lanzado el último aviso antes de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El Gobierno español tiene ahora dos meses para evitar una sanción que, de llegar, no será solo económica: también política y moral.

Bruselas ha dejado claro que la prórroga decidida en el año 2000 por el Ejecutivo de José María Aznar es nula de pleno derecho, al haberse hecho sin concurso público y sin cumplir los requisitos que, incluso entonces, ya exigía la legislación europea.

Un clamor ignorado por demasiado tiempo

Este dictamen no surge de la nada. Es la respuesta a la denuncia presentada en 2019 por la asociación de consumidores En Colectivo, una organización ciudadana que ha librado una lucha constante contra lo que su presidente, Diego Maraña, califica con razón de "estafa jurídica". Ya en 2021 la Comisión advirtió a España del incumplimiento legal, pero el Estado optó por prolongar la inercia de silencio y desidia. Ahora, con el ultimátum sobre la mesa, ya no hay margen para mirar hacia otro lado. Lo que está en juego no es solo el futuro de la AP-9, sino el respeto a la legalidad europea y el trato justo hacia Galicia.

La autopista que vertebra el eje atlántico gallego –de Ferrol a Tui, pasando por A Coruña, Santiago, Pontevedra y Vigo– es, desde hace décadas, un símbolo de agravio. Mientras en otras comunidades se han levantado peajes o se han rescatado concesiones con fondos públicos, Galicia sigue atrapada en un contrato opaco, prolongado en la sombra y escandalosamente rentable para Audasa, cuya matriz pertenece a un fondo de pensiones holandés. El año pasado, la concesionaria ganó 90 millones de euros entre los peajes y las subvenciones estatales. Una rentabilidad del 9 % que se paga desde los bolsillos de conductores gallegos y contribuyentes españoles.

El precio del rescate y el coste de la inacción

El Ministerio de Transportes eleva el coste de rescatar la AP-9 a 6.000 millones de euros. Una cifra desorbitada, sin duda, pero que conviene analizar con rigor. La Xunta, por ejemplo, estima que con unos 2.400 millones podría acometerse el rescate sin que el coste neto fuera mucho mayor que el mantenimiento actual de las bonificaciones. El BNG, por su parte, considera que la concesión es ilegal y que, por tanto, no debería pagarse ningún lucro cesante. Según su estudio, el rescate costaría 904 millones, equivalente al valor de mercado de la infraestructura.

Es evidente que las cifras varían en función de los intereses políticos y económicos de quien las maneje, pero todas coinciden en un punto: continuar hasta 2048 con este modelo es insostenible. Las bonificaciones que el Gobierno vende como política de movilidad suponen ya un gasto público acumulado de 375 millones. No son un regalo, sino un parche caro, injusto y poco eficiente.

Además, las bonificaciones no eliminan la discriminación de fondo: ¿por qué en comunidades como Cataluña o Valencia se circula por autopistas sin peaje mientras Galicia sigue pagando cada día? ¿Qué justificación puede ofrecer un Gobierno que mantiene una infraestructura esencial gallega en manos privadas por decisión de un Consejo de Ministros de hace un cuarto de siglo?

Responsabilidades políticas: el legado de Aznar y el silencio posterior

El Ministerio de Transportes actual ha señalado con claridad a los responsables: fue el Gobierno del Partido Popular, presidido por José María Aznar, el que prorrogó ilegalmente la concesión hasta 2048. No solo eso: lo hizo para vender la autopista sin licitación, obteniendo así una privatización más lucrativa a costa del interés general. La prórroga, además, se hizo sin debate público ni consulta institucional. Se trató de una operación entre despachos, diseñada para engordar la caja del Estado a corto plazo, pero hipotecando a Galicia durante casi medio siglo.

Sin embargo, es injusto centrar toda la culpa en un Gobierno del año 2000. Desde entonces, diferentes ejecutivos han optado por la pasividad. Ni José Luis Rodríguez Zapatero, ni Mariano Rajoy, ni Pedro Sánchez han querido –o podido– resolver un problema que va más allá de los tecnicismos jurídicos. El Parlamento gallego ha pedido en varias ocasiones la transferencia de la AP-9, pero el Congreso ha pospuesto el debate hasta 38 veces en año y medio. La mesa sigue sin moverse.

Una oportunidad para hacer justicia

El dictamen de la Comisión Europea no solo da la razón a los gallegos: abre una vía legal para reparar una injusticia histórica. La prórroga de la AP-9 fue ilegal, y por tanto puede –y debe– ser anulada. Esto permitiría abrir una nueva licitación bajo las normas comunitarias, o incluso una reversión de la concesión con la consiguiente recuperación de la titularidad pública.

La Xunta, gobernada por el Partido Popular, ha calificado la situación como una "excelente oportunidade" para el rescate. Pero el Gobierno central no debería esperar a que Bruselas lo arrincone en el TJUE. Es hora de ser proactivos. Galicia no puede seguir pagando peajes mientras se eterniza una decisión arbitraria, opaca y contraria a derecho.

La portavoz del BNG, Ana Pontón, ha sido contundente al calificar la situación como "una estafa". El PSdeG también celebra el dictamen como un paso hacia la justicia. Incluso Sumar Galicia, la formación de la ministra Yolanda Díaz, pide "valentía" para recuperar la autopista para lo público. Todos los partidos gallegos, de diferente signo –entre ellos Espazo Común, de Pachi Vázquez, exsecretario general del PSdeG–, coinciden en lo esencial: hay que acabar con esta anomalía.

¿Y ahora qué?

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene dos meses para actuar. Puede presentar alegaciones, iniciar un procedimiento de rescate o abrir una nueva licitación. Pero lo que no puede hacer es mirar para otro lado. La inacción, esta vez, sería una decisión política con consecuencias graves.

La Comisión Europea ha hablado. Ha hecho lo que la ciudadanía gallega llevaba años esperando: certificar que la prórroga de la AP-9 fue una ilegalidad. Ahora le toca al Estado español decidir si está dispuesto a corregir ese error o si prefiere arriesgarse a ser juzgado en Luxemburgo por una injusticia histórica que afecta a una comunidad entera.

La autopista que une Galicia de norte a sur no puede seguir siendo un símbolo de agravio. La justicia europea ha puesto la pelota en el tejado del Gobierno. Es hora de actuar. Con responsabilidad, con visión de país y, sobre todo, con sentido de justicia. Porque Galicia no puede esperar más. @mundiario