España frente a la arbitrariedad: cuando las instituciones olvidan su obligación de control
Vivimos en un país donde la palabra “arbitrariedad”, que la Constitución prohíbe de forma expresa en su artículo 9, parece haberse convertido en una práctica recurrente en distintos ámbitos del poder público. No se trata solo de decisiones controvertidas o de discrepancias ideológicas propias de una democracia plural. Se trata de episodios que, acumulados, proyectan la impresión de que los contrapesos institucionales funcionan con dificultad o, peor aún, de manera selectiva.
El Gobierno central gobierna sin Presupuestos Generales, una anomalía constitucionalmente posible pero políticamente impropia de un Ejecutivo que busca estabilidad y previsibilidad.
El Congreso, por su parte, altera ritmos, plazos y formatos en el control al Ejecutivo, lo que transmite la sensación de que la primera cámara del Estado prioriza la táctica sobre la vigilancia. En ambos casos, la flexibilidad se ha ido deslizando hacia el terreno de lo arbitrario.
El Tribunal Constitucional decide arbitrariamente qué recursos de amparo va a conocer y cuáles rechaza ad limine: la inmensa mayoría de los que se presentan en su sede de la madrileña calle de Domenico Scarlatti.
Por no hablar de la arbitraria iniciativa del pasado 20 de noviembre de la Sala Penal del Tribunal Supremo, al anunciar el fallo condenatoria al ex Fiscal General del Estado sobre la base de una inexistente sentencia.
La Comunidad de Madrid tampoco ha salido indemne. Una reciente condena judicial por convenios millonarios suscritos sin un procedimiento abierto y en beneficio de entidades afines vuelve a recordar que, cuando la política se aproxima demasiado a los intereses particulares, es imprescindible que existan mecanismos de control capaces de reconducir el rumbo.
La Constitución cumple hoy 47 años. En su texto no solo se prohíbe la arbitrariedad: también se establece el modo de corregirla mediante la acción de los tribunales y el imperio de la ley. Pero ¿qué ocurre cuando la propia justicia incurre en los mismos defectos que está llamada a vigilar? El problema deja de ser coyuntural para convertirse en sistémico.
Durante siglos, la justicia se ha representado con los ojos vendados no para renunciar a ver, sino para no dejarse influir por aquello que podría desviarla: el poder, la conveniencia, el prejuicio. Sin embargo, hay momentos en los que parece que la venda permanece puesta no para proteger su imparcialidad, sino para evitar mirar la evidencia o la falta de ella. Y cuando un tribunal elige no ver, cuando prefiere la oscuridad a la transparencia, la justicia deja de ser ciega para convertirse en un acto voluntario de sombra.
La democracia necesita instituciones que no solo funcionen, sino que parezcan funcionar con imparcialidad y rigor. Cuando la arbitrariedad se convierte en hábito, lo que se erosiona no es un gobierno ni un tribunal concreto, sino la confianza pública en el sistema en su conjunto. Y sin esa confianza, ningún orden constitucional —por sólido que parezca— puede sostenerse. @mundiario
