La encrucijada y el futuro de España

Los resultados electorales del 23J han tenido un significado muy importante no solamente para España, sino para el conjunto de Europa. Han supuesto una quiebra en el ascenso de la ultraderecha (que ha perdido un 36,5% de su voto en relación con las elecciones de 2019), y han marcado la insuficiencia de una política de la derecha en su intento de escorarse hacia la derecha extrema: cediendo a la demanda de sus partidarios más conservadores, e intentando ocupar el espacio de la ultraderecha, en un intento de cortar la sangría de votos hacia VOX.

A la vez, ha roto la estrategia del Partido Popular para hundir al Partido Socialista por su alianza con sectores a su izquierda en un Gobierno progresista, y por los acuerdos puntuales con partidos independentistas para sacar adelante un conjunto de leyes que han supuesto un importante avance socioeconómico y de derechos civiles. Avance que ha contado en varios casos con un destacable pacto social con sindicatos y patronal, y en todo momento con el apoyo de la Unión Europea. Y con unos resultados positivos para la Economía del país, para la creación de empleo y el aumento de su calidad; y para la disminución de los datos de deuda respecto al PIB, e incluso de reducción de la desigualdad, y para la mejoría y sostenibilidad de las pensiones.

Estos logros han venido a convalidar la fórmula elegida en 2019, tanto de la coalición de gobierno como de formación del llamado bloque de investidura, que además ha conseguido la pacificación de los conflictos territoriales, especialmente en Cataluña, donde se venía de una situación dramática y que había puesto a España al borde de la ruptura.

No obstante, ese efecto beneficioso de contener a la ultraderecha y de cerrar el paso a una política amenazantemente conservadora, no ha tenido los efectos contundentes que se necesitaban, en cierta medida porque una parte del millón de votos que ha subido el Partido Socialista procede de una disminución del voto de algunos partidos independentistas. Y ha dejado la situación en una correlación de fuerzas cuya mejor definición sería el de una encrucijada. Con un empate técnico en los resultados del Congreso de los Diputados, que sólo podría resolverse con el voto positivo del partido de Puigdemont a favor del bloque progresista; y con una mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado, que puede limitar algunas -escasas- iniciativas políticas, y sobre todo retrasar la acción legislativa.

Algunos consideran imposible salir de esa encrucijada, a la que llaman directamente bloqueo, y consideran que la única salida es la de repetir las elecciones (por no hablar de quienes pretenden la quimérica y absurda abstención del PSOE a favor de Feijóo). Sin tener miedo al resultado de una eventual celebración de nuevas elecciones, otros consideramos que no es lo que España necesita en estos momentos. En primer lugar, porque no conviene interrumpir el ritmo de los avances que se están alcanzando en la economía, en el empleo y en las políticas de transición ecológica y de optimización de los fondos europeos de reconstrucción. Y, en segundo lugar, porque no soplan vientos de bonanza futura a nivel económico en el panorama mundial, y esa ruptura del ritmo amenaza con acarrearnos perjuicios que pueden en buena medida evitarse o cuando menos paliarse manteniendo las políticas presentes. Y porque no es bueno para el país dar otra oportunidad a quienes, con sus promesas derogatorias y de retroceso, propugnan, precisamente, detener y trastocar el pulso de las conquistas alcanzadas.

La fórmula de la coalición progresista -que algunos vaticinaban como una catástrofe- se ha revelado como beneficiosa para España y, dada la buena sintonía que se ha logrado entre PSOE y Sumar, todo indica que sus efectos positivos pueden incluso multiplicarse. A su vez, el llamado bloque de investidura -a pesar de divergencias y contradicciones puntuales- ha permitido un camino positivo, y el importante incremento del voto socialista viene a revelar que la sociedad ha convalidado la fórmula, a pesar de la furibunda campaña de las derechas, cargada de bulos, calumnias, insultos y descalificaciones. Tampoco es que fuera un invento escandalosamente novedoso, ya que tanto Felipe González como Aznar recurrieron a los partidos independentistas, PNV y Congervencia i Unió, cuando los necesitaron.

Las actuales circunstancias introducen la necesidad de añadir nuevas consideraciones: por un lado, la presencia en comunidades autónomas y en ayuntamientos de una coalición reaccionaria con gran peso ideológico de la ultraderecha y, por otro, la obligada presencia en la ecuación de JxCAT-Junts, heredera de Convergencia, pero muy radicalizada por el liderazgo de Puigdemont. Ambos condicionantes obligan a buscar fórmulas que refuercen a futuro ese posible bloque de investidura.

Hay dos facetas ineludibles:

Se hace necesario afrontar -o comenzar a hacerlo- la cuestión territorial de España: abierta en la formulación de la propia Constitución, y jamás terminada de cerrar. No es que haya que zanjarla en un acuerdo inicial de investidura, pero éste debe incluir alguna cláusula que permita abrir el diálogo sobre el tema (incluyendo en él también a la derecha), y que marque unas etapas para su consideración. Todo ello con la habilidad de no contaminar el posible resultado con premisas que distorsionen los objetivos, que deben ser abiertos y únicamente limitados por los preceptos constitucionales, incluidos los de su propia reforma.

Y sería conveniente introducir algunos elementos que vayan más allá de la propia investidura, para establecer unas líneas muy genéricas de acuerdo de legislatura: ya que se aborda el tema más espinoso del que hablamos en el párrafo anterior, este acuerdo se hace menos complicado. Y ello, para garantizar un camino menos azaroso, teniendo en cuenta las resistencias cotidianas que pueden encontrarse, a causa de la presencia en numerosas instituciones de esa coalición reaccionaria, y la mayoría absoluta de la derecha en el Senado.

Todo este planteamiento no es más que una reflexión que pretende ser constructiva, y que intenta apuntar fórmulas para atar cabos. Y somos conscientes de que ni siquiera tienen un camino estrecho, sino un difícil desfiladero bordeando el abismo. De hecho, las condiciones de máximos que está planteando Junts imposibilitarían cualquier acuerdo. Y, por otra parte, las propias desavenencias en los sectores independentistas catalanes, y hasta sus caídas electorales -cuyos votos sumados quedan sobrepasados por los votos obtenidos por el PSC- constituyen un impedimento.

Pero también sabemos que en el momento presente las afirmaciones jactanciosas de los dirigentes de Junts de que a ellos les da lo mismo lo que pase en España no pasan de bravuconadas impostadas. Porque la marcha de la economía catalana, su Seguridad Social, sus pensiones, la marcha de sus empresas y el propio empleo, están inevitablemente vinculadas a la evolución económica y social de toda España. Por eso confiamos en el papel que pueden jugar los empresarios y los propios sindicatos en Cataluña, para ayudar a que Junts centre sus posiciones, para que siga un camino conjunto con los intereses progresistas del Estado, y para no aparecer como un aliado en segundo grado de la extrema derecha. @mundiario