EE UU e Israel no cumplen la legalidad internacional, pero Irán tampoco
La nueva escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán ha devuelto a primer plano una de las preguntas más incómodas de la política internacional: cuándo es legal iniciar una guerra. Los bombardeos lanzados por Washington y Tel Aviv contra territorio iraní y la posterior respuesta de Teherán han causado ya cientos de víctimas y han provocado la condena del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que ha pedido a todas las partes respetar el derecho internacional. Pero la cuestión de fondo va más allá de esta crisis concreta. Está en juego la solidez de las reglas que rigen el uso de la fuerza entre Estados.
Estados Unidos e Israel sostienen que actuaron para impedir una amenaza estratégica. El presidente Donald Trump ha defendido que Irán avanzaba en el desarrollo de armas nucleares capaces de amenazar a aliados estadounidenses e incluso al propio territorio norteamericano. Desde Israel, el presidente Isaac Herzog ha afirmado que la mera posibilidad de que Teherán llegue a construir una bomba constituye una razón suficiente para intervenir.
La tesis se apoya en una idea controvertida: la legítima defensa preventiva. Según este argumento, un Estado puede emplear la fuerza no solo tras ser atacado, sino también para impedir un ataque que considere inminente. Sin embargo, el derecho internacional establece criterios muy estrictos para aceptar esa interpretación.
Los ataques de EE UU e Israel contra Irán reabren el debate sobre los límites del derecho internacional y el riesgo de erosionar el orden global surgido tras la Segunda Guerra Mundial
La Carta de Naciones Unidas, redactada tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, prohíbe en su artículo 2 el uso de la fuerza contra otro Estado. La principal excepción se recoge en el artículo 51, que reconoce el derecho a la legítima defensa en caso de ataque armado. La discusión jurídica aparece cuando se intenta determinar qué significa exactamente que un ataque sea “inminente”.
Para numerosos juristas citados por la BBC, ese concepto implica que el peligro debe ser inmediato y verificable. Es decir, el momento final en el que no queda otra opción que actuar para impedir una agresión inevitable. En el caso iraní, muchos expertos sostienen que no se han presentado pruebas públicas que demuestren la existencia de una amenaza de ese tipo.
El propio director del Organismo Internacional de Energía Atómica ha señalado que Irán mantiene un programa nuclear amplio y ambicioso, pero que no ha encontrado indicios de un programa estructurado para fabricar armas nucleares. Otros informes de inteligencia estadounidenses también han sugerido que Teherán aún estaría lejos de disponer de misiles capaces de alcanzar territorio estadounidense.
La legalidad de la guerra preventiva sigue siendo uno de los debates más delicados del derecho internacional
Si esos datos se confirman, la justificación jurídica de los ataques iniciales quedaría seriamente debilitada. Pero el debate legal no termina ahí. La respuesta militar de Irán, basada en misiles y drones lanzados contra Israel y contra países del Golfo que albergan bases estadounidenses, también plantea interrogantes sobre su legalidad.
El derecho internacional permite a un Estado responder a un ataque armado, pero exige que esa reacción sea proporcional y dirigida contra objetivos militares. Los ataques indiscriminados o que causen daños previsibles a infraestructuras civiles pueden considerarse ilegales. Algunos de los impactos registrados en ciudades del Golfo, incluidos objetivos claramente civiles, alimentan esa preocupación.
En otras palabras, es posible que ambas partes hayan cruzado líneas que el sistema internacional intentó fijar hace casi ocho décadas. Y ahí aparece la dimensión más inquietante de esta crisis.
Si las potencias ignoran las normas que crearon, el orden internacional corre el riesgo de diluirse
Las normas que limitan el uso de la fuerza no solo pretenden resolver disputas concretas. También buscan evitar un mundo en el que cada Estado se arrogue el derecho de atacar preventivamente a cualquier rival potencial. Si esa lógica se generaliza, las reglas se convierten en papel mojado.
El problema es particularmente sensible cuando quienes desafían esas normas son las grandes potencias. Estados Unidos ha sido históricamente uno de los principales arquitectos del orden internacional basado en reglas. Si Washington justifica ataques preventivos sin pruebas claras de amenaza inmediata, otros actores podrían invocar la misma lógica.
Los expertos advierten de que ese precedente podría ser utilizado por potencias como Rusia o China para legitimar sus propias acciones militares. La erosión de la legalidad internacional no suele producirse de golpe; más bien se diluye gradualmente, a base de excepciones.
Por eso el debate actual no se limita a la crisis entre Irán, Israel y Estados Unidos. Lo que está en cuestión es si el sistema nacido tras 1945 sigue siendo capaz de contener la tentación de la fuerza. Si las potencias que lo construyeron dejan de respetarlo, el riesgo es regresar a un escenario mucho más antiguo: el de la ley del más fuerte. @mundiario
