El contenido de la sentencia del Supremo

En pocos días se publicará el contenido integro de la sentencia por la que la Sala Penal del Tribunal Supremo ha condenado a la pena de inhabilitación por dos años al ex Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Como es obvio, no conozco dicha sentencia, pero sí podemos adelantar la estructura necesaria que va a contener este relevante fallo judicial. En párrafo separado de los antecedentes fácticos y encabezado por la mención explícita de resultar hechos probados, se relatarán en la sentencia  aquellos que el Tribunal haya considerado como acreditados a partir de las pruebas  practicadas en la vista oral  y que resulten determinantes de la calificación jurídica que haya de seguirse, del grado de participación que sea atribuido a la persona contra la que se dirigió la acusación y de las responsabilidades de todo orden que hayan de resultar declaradas.

Estos hechos probados tienen que  contener unas constancias en el mayor grado de determinación que se haya podido alcanzar sobre el lugar y tiempo en que se hayan producido los hechos acreditados y también la intervención concreta que en ellos haya tenido la persona contra las que  dirigieron las acciones ejercitadas; siempre dentro del marco fáctico incluido por las acusaciones en sus conclusiones definitivas, del que el relato no podrá exceder, a riesgo de incidir negativamente en el derecho fundamental  de defensa de las parte encausada.

Aun cuando el Tribunal no haya alcanzado una convicción plena sobre la ocurrencia de los hechos objeto de acusación, no podrá limitar su relato a declarar que no han quedado probados los hechos sometidos a enjuiciamiento, y deberá describir siempre aquellos extremos que sí le consten al Tribunal como acreditados, referidos al momento y lugar en que haya sido ubicada la acción delictiva, y a la actividad que en tales escenarios haya realizado la persona contra la que ha sido dirigida la acusación, pues solo desde esas constancias podrá proyectar la sentencia todos los efectos de la cosa juzgada.

Dentro de la estructura de la  sentencia, los fundamentos de derecho desempeñan un papel esencial, ya que constituyen el razonamiento jurídico que sustenta la decisión adoptada por el tribunal. Los fundamentos jurídicos  son la parte de la  sentencia  donde el tribunal expone las normas jurídicas aplicables al caso y las razones por las cuales estas normas conducen a la decisión final. En esta sección, el magistrado ponente  explicará  cómo se han interpretado y aplicado las leyes, la jurisprudencia y la doctrina al conflicto planteado. Los fundamentos de derecho deben estar debidamente motivados, lo que significa que se  debe justificar el razonamiento de manera clara, ordenada y comprensible. Esto permitirá  garantizar la transparencia, la seguridad jurídica y el derecho fundamental  de las partes a una tutela judicial efectiva.

Una estructura lógica y secuencial

Aunque no existe un formato único para los fundamentos de derecho, estos suelen seguir una estructura lógica y secuencial que incluye los siguientes elementos: 1. Identificación de la norma aplicable: Aquí se  mencionan  las disposiciones legales, jurisprudencia o principios generales del derecho que considera relevantes para el caso. 2. Interpretación de la norma: Se explica cómo el Tribunal  ha interpretado las disposiciones legales y cómo estas deben aplicarse a los hechos del caso. 3. Resolución de controversias jurídicas: Se abordan y resuelven las cuestiones jurídicas planteadas por el caso. 

Una sentencia bien fundamentada asegura que la decisión judicial no es arbitraria y está basada en el derecho; permite a las partes entender cómo y por qué se llegó a un determinado fallo; proporciona las bases para que las partes puedan impugnar la sentencia si consideran que existe un error en la interpretación o aplicación del derecho y, en definitiva, contribuye a construir un cuerpo de jurisprudencia que sirve como referencia para casos futuros.

Por último, la sentencia contendrá el voto particular de dos magistradas que, frente a quienes sostienen que la voz disidente disminuye la fuerza y autoridad de los pronunciamientos judiciales, compromete la certeza jurídica y debilita el grado de convencimiento y la aceptación establecida de las sentencias, que se convierten así en expresión no tanto de un ius dicere cuanto de opiniones de mayorías y minorías. El voto particular puede y debe estimular el sentido de la responsabilidad del juez, exponiéndose fundadamente que la eficacia y mayor aceptación de las sentencias no está tanto en función del número de magistrados que suscriben la fundamentación y el fallo, cuanto en el rigor y solidez de la argumentación y en su capacidad suscitando convicciones firmes y seguras, ejerciendo, en fin, una función de autocrítica. @mundiario