El cambio político en Cataluña: ¿quién engaña a quién?
Resulta bochornoso escuchar al Partido Popular, por boca de su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, que ERC no debe fiarse de Pedro Sánchez porque este siempre miente y por eso les está engañando ahora con el concierto económico. Bochornoso porque al mismo tiempo que se hacían estas declaraciones el Partido Popular por medio de la dirección nacional anunciaba su intención de impugnar el acuerdo ante el Tribunal Constitucional. Nada que nos debiera sorprender dados los precedentes inmediatos como, por ejemplo, lo sucedido con la amnistía.
Unos precedentes que nos confirman que si de algún partido no se deben fiar las fuerzas políticas catalanas es del Partido Popular (PP), porque sus dirigentes son capaces de pasar de gritar “Pujol, enano, habla castellano” a afirmar sin despeinarse que son quién de “hablar catalán en la intimidad”, de apoyar la investidura de Jordi Pujol a aplicar el artículo 155 de la Constitución y/o la ya citada oposición a la amnistía. Para no pocos dirigentes políticos ya se sabe: la mentira cotiza en bolsa.
Pero hagamos memoria. La situación de bloqueo político en la que se encontraba Cataluña antes de las últimas elecciones autonómicas tuvo su origen en una doble actitud en relación al autogobierno: la inmovilista de las derechas españolas y la independentista de los partidos soberanistas. Doble actitud que tuvo su manifestación inicial en lo sucedido con el Estatuto de Miravent (2006) siendo Pasqual Maragall (PSC) presidente de la Generalitat. Un Estatuto que sería aprobado por los Parlamentos de Cataluña (2005) y de España (2006) a pesar de que en ambos casos contó con el voto en contra del PP (Partido Popular). Posteriormente sería refrendado por el pueblo de Cataluña (2006) en un referéndum que contó con el 73,06% de votos favorables. A pesar de esta legitimación democrática el Partido Popular (PP) presentaría un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (2006) que éste acepta y que, en una decisión que no pocos eméritos magistrados consideraron un “golpe de estado constitucional”, termina declarando 14 artículos inconstitucionales. Un auténtico vaciado del Estatuto que fuera refrendado por los parlamentos y el pueblo de Cataluña, y que provocaría un enorme enfado y una fuerte división en este país. Marcaría el inicio de una etapa de bloqueo político y enfrentamiento interno en los que el Partido Popular (PP) tuvo un papel de gran protagonismo.
Bloqueo y enfrentamiento que tendría su cenit con el procés. Una etapa, en la que de nuevo el Partido Popular (PP) volvería a ser protagonista y enormemente negativo, que se iniciaría en diciembre de 2012 cuando Artur Mas (CiU) y Oriol Junqueras (ERC) firman un acuerdo para la celebración de una consulta de autodeterminación en Cataluña y que remataría, de momento, en las elecciones celebradas recientemente. Una etapa de bloqueo y enfrentamiento en la que se celebraría la consulta citada (9 de diciembre del 2012), a pesar de que fuera suspendida por el Tribunal Constitucional, y unas elecciones autonómicas (2015) que serían ganadas por JxCat que nombraría a Carles Puigdemont como Presidente de la Generalitat. Un presidente que convocaría un referéndum de independencia (1 octubre del 2017) a pesar de ser declarado inconstitucional por el TC, en el que se produjo una brutal y desproporcionada actuación represiva por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil (que seguían las órdenes dadas desde el gobierno español de turno a cuyo frente estaban Mariano Rajoy y Soraya Saéz de Santamaria, del Partido Popular). A continuación, el Parlamento de Catalunya, con mayoría independentista, aprobaría la declaración unilateral de independencia (27 de octubre del 2017), un despropósito político frente al cual el gobierno español, presidido por Mariano Rajoy (PP), responde con otro despropósito: aprueba aplicar el artículo 155 de la Constitución Española lo que supuso intervenir la autonomía y destituir a su presidente.
Despropósitos que se verán seguidos por el llamado “juicio del procès” en el que en Tribunal Supremo (mayoría conservadora) condenará a los lideres catalanes del procès a penas entre 8 y 13 años bajo la acusación de cometer los delitos de rebelión, sedición, usurpación de funciones públicas, desobediencia y malversación de fondos públicos. Una acusación que prácticamente equiparaba a los dirigentes políticos catalanes con terroristas. En este marco de enfrentamiento y bloqueo, con el Partido Popular (PP) en un papel de gran protagonismo que decide convocar elecciones autonómicas (21 de diciembre del 2017), que dan una mayoría absoluta a los partidos independentistas (superan el 50% de los votos y los escaños), pero que no impide que siga la situación de bloqueo político y de enfrentamiento de aquellos con el gobierno español del Partido Popular (PP) y el Tribunal Constitucional (mayoría conservadora). Unas elecciones autonómicas que marcadas por el juicio del procès y que luego de una serie de despropósitos por ambas partes (Gobierno español, Generalitat de Catalunya) con Quim Torras (Generalitat) y Mariano Rajoy (Gobierno español) como primeros tenores, rematarán en unas nuevas elecciones (14 de febrero del 2021) que refuerzan la mayoría absoluta independentista pero sin que el gobierno español de turno mueva ficha. Luego de una serie interminable de negociaciones los partidos independentistas llegarían al acuerdo de investir presidente (21 de mayo de 2021) a Pere Aragonés (ERC).
Un marco político que no resuelve ninguno de los problemas (bloqueo, enfrentamiento) y que tendrá que esperar a que se celebren elecciones generales en España y autonómicas en Cataluña para que aparezca en el horizonte una salida favorecida por el cambio de actores principales. Una moción de censura (marzo del 2023) llevará a Pedro Sánchez a la Presidencia del gobierno español y se iniciará la andadura de gobiernos de progreso (primero PSOE/UP, luego PSOE/Sumar), que darán otro enfoque al conflicto pasando de una posición de enfrentamiento a una de diálogo, negociación y pacto entre instituciones y partidos. Posición que tendrá como fruto la amnistía a los lideres del procès (15 de noviembre del 2023), lo que supuso tanto poner final a un auténtico despropósito judicial como superar la situación anterior. Una amnistía contra la que tanto el Partido Popular (PP) y VOX, como las autonomías que gobiernan, anunciaron presentarían recursos de inconstitucionalidad. De nuevo las derechas españolas ponían en evidencia el nivel de confianza que los ciudadanos catalanes pueden tener en las mismas.
Un marco que se vio refrendado en las elecciones autonómicas de mayo del 2024 que darían la mayoría al PSC (42 diputados) mientras los partidos independentistas obtienen el peor resultado desde que se inició el procès (59 diputados muy lejos de la mayoría que está en 68) y las derechas se quedan en 28 diputados. Un resultado que solo permite una presidencia: la de Salvador Illa (PSC) y que supone una clara declaración de intenciones por parte de la mayoría de los catalanes: dejar atrás el procès, el bloqueo y el enfrentamiento para dar paso al diálogo, la negociación y el acuerdo. Algo que en este momento parece muy factible luego del acuerdo entre PSC, ERC y Comúns.
Luego de este, un poco largo, recorrido por la historia reciente de la autonomía catalana deberían quedar poca dudas de que si alguien engaña, no es fiable, al pueblo de Cataluña son las derechas españolas lideradas por el PP (y apoyadas por una fidelísima artillería mediático-judicial) a las que, a pesar de “hablar catalán en la intimidad”, el escenario que mejor les va es el del enfrentamiento, el bloqueo y la desnaturalización de las legítimas aspiraciones soberanistas del pueblo catalán. Un escenario propio de unas derechas extremas y no democráticas. @mundiario
