Un objetivo que corre prisa dado el incontable número de expedientes judiciales por corrupción que afectan a miembros muy destacados del Partido Popular (PP) que los distintos tribunales tienen acumulados y que, a pesar de los magistrados amigos, en algún momento tienen que abrirse. De forma resumida recordemos algunos de los más sonados: Gürtel, Punica, Kitchen, Hacienda/Montoro…, con nombres como Rajoy, Cospedal, Montoro… (para citar todos los casos y a todos los afectados precisaríamos de mucho más espacio y de varios días).

            Como capitanes de esta ofensiva dirigida a matar al soldado Sánchez qué mejor que los magistrados amigos, muy bien situados en todas las instancias del Poder Judicial, especialmente en las mayores: Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional. Unos magistrados que se pusieron a la obra, que no es, ni más ni menos, que una ofensiva judicial dirigida a derribar al Gobierno de coalición, pero focalizada en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Como muy bien explica el ilustre ex magistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, se trata de “una ofensiva judicial, impregnada de ideología reaccionaria que, sin complejos, pone su papel institucional al servicio de los partidos políticos de la oposición parlamentaria” -PP y Vox- ”que no pretenden derribar al Gobierno por la vía de una moción de censura, sino por la descalificación de su legitimidad democrática” : (JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN: “Visto para sentencia”). Por si hubiera algunas dudas tenemos los casos del exfiscal general Alvaro García Ortiz, de Begoña Gómez o de David Sánchez. Antes tuvimos los casos Atutxa, Marivent, y todos los que se dirigieron contra Podemos y sus influencias (Pablo Iglesias,  Irene Montero, Ada Colau, Mónica Oltra, Juan Carlos Monedero). Casos en los que se puso en evidencia que el objetivo era tanto derribar las defensas exteriores del gobierno de progreso como atacar al entorno de Pedro Sánchez. 

            Pero para que estos capitanes puedan realizar bien su trabajo necesitan que la artillería dispare primero las salvas que pongan en marcha la ofensiva judicial, para lo que en estos casos cuentan con los “impulsos de organizaciones ultraderechistas (Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos y otras) que se tienen especializado como defensores de la legalidad, en la utilización abusiva de la acción popular, dirigiéndola exclusivamente contra el espectro ideológico de izquierdas“ (JOSE ANTONIO MARTÍN PALLIN...).

            Dado que en un Estado de Derecho debe primar la presunción de inocencia, y puesto que en muchos de estos casos las pruebas de culpabilidad no existen o son muy débiles, hay que montar mucho ruido para que los acusados ya sean sentenciados incluso antes de entrar en los juzgados. ¿Y quien hará este trabajo sucio? Pues quién mejor que la prensa amiga, a la que se tiene generosamente subvencionada? Unos medios que. como sabemos bien en Galicia, se encargarán de ir preparando a la opinión pública para que ésta acepte la culpabilidad de los acusados, aunque falten pruebas, y no se respete la presunción de inocencia como, por ejemplo, pasó con el ex fiscal general del Estado, Alvaro García Ortiz, cuyo caso pasará a la negra historia de la judicatura española,  pues será “difícil encontrar una sentencia que vulnere, de una sola tacada, tal  cantidad de derechos y de garantías fundamentales” (JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN...) Un ejercicio para el que será necesario que los sumarios dejen de ser secretos y pasen a ser de dominio público: las portadas de la prensa amiga, siempre muy bien informada, sustituyen a los tribunales. Algo que, por cierto, solo pasa con los casos que afectan a políticos de izquierdas, pues los que afectan a políticos de derechas se guardan bajo llave y durante mucho, mucho tiempo, como estamos viendo con el caso Kitchen que se está juzgando ahora, luego de que los hechos tuvieran lugar hace más de diez años, y también después de que un magistrado amigo, del Tribunal Supremo, haya dejado limpio y reluciente el expediente antes de jubilarse.

            Pero dado que estas derechas cuentan con más recursos ¿por qué no utilizarlos? Más aún si estos se encuentran entre los aparatos del Estado, ¿verdad señores Rajoy y Fernández Diaz? Hay que comprender que se trata de gente muy experta en la busca de señuelos y en la persecución de rivales políticos, pues son auténticos profesionales en su oficio. Expertos en allanar despachos, secuestrar documentos y hackear teléfonos móviles, aunque sean los del fiscal general del Estado y contengan información muy sensible, aunque su conocimiento pueda poner en peligro la seguridad del Estado. Todo está justificado (“el fin justifica los medios”) si se trata de buscar la verdad y de hacer justicia.

            Como está justificado que, para conservar el orden establecido que no es otro que el “orden natural de las cosas”, haya que acabar por matar al soldado Sánchez. Porque en España debe mandar quién siempre lo ha hecho, para que las cosas sigan como siempre estuvieron, y porque así nos lo enseña la santa iglesia católica: por supuesto, la española.

Una gran recesión, que dispara las desigualdades sociales y territoriales, castiga los estados de bienestar, incrementa el descontento social y pone en peligro la paz y la convivencia. Una gran recesión frente a la que, como sucede ahora en Gran Bretaña, la socialdemocracia europea -en este caso representada por el Partido Laborista- no es capaz de ofrecer una alternativa convincente, y se encuentra sumida en una crisis sistémica que amenaza seriamente su supervivencia. Ni la socialdemocracia ni la autodenominada “tercera vía” -una vía muerta como la calificó Eric Hobswam- lo que facilita el ascenso da las fuerzas totalitarias y antisistema, ya que tampoco la derecha liberal encuentra su norte.

Desempleo, pobreza y desigualdad

Según la Office for National Statistics -ONS- la tasa de desempleo juvenil en Gran Bretaña alcanzó el 16,1% a finales del 2025, la más alta desde hace más de una década, y que se sitúa por encima tanto de la media en la UE -14,7%- como de la eurozona -14,3%-. Una situación que, según Resolution Foundation, lleva a que no pocos jóvenes británicos se planteen seriamente la posibilidad de emigrar.

En relación con la pobreza, señalar que el número de niños británicos en esa situación es el más alto desde que se tienen registros (2002), con un 31% formando parte de un hogar con ingresos relativamente bajos -hogares pobres-. A nivel global las autoridades británicas estiman que 14,2 millones de personas están bajo el nivel de la pobreza. Una dinámica que se viene arrastrando desde hace más de una década, y que está convirtiendo a Gran Bretaña en uno de los países europeos con mayor nivel de desigualdad y pobreza con los/as niños/as y los/as jubilados/as como los/as mayores damnificados/as. Una situación de deterioro social tal, que lleva a que el número de personas que duermen en la calle haya aumentado un 60% en los dos últimos años y que, según la Foundation Resolution se debe básicamente a una falta de crecimiento económico que se arrastra desde el Brexit: estancamiento de los salarios,  políticas de austeridad con recortes en los subsidios públicos, inflación descontrolada, alzas en los costes de la vivienda -Gran Bretaña vive una auténtica crisis habitacional-, precariedad laboral... En relación con los recortes en los servicios públicos, debemos destacar lo que está sucediendo con el SNS que fuera un orgullo nacional y que ahora está hecho jirones.

En relación con los salarios, señalar su importante caída -la tendencia más negativa entre los países de la OCDE- que lleva a que, como señalaba antes, Gran Bretaña sea, hoy por hoy, uno de los países más desiguales de Europa -0,351 en el Índice de Gini-. Un país donde el quintal superior recibe el 36% de los ingresos del país y tiene el 63% de la riqueza, mientras que el quintal inferior solo recibe en 8% de los ingresos y tiene el 0,5% de la riqueza. Una desigualdad que se traslada a nivel territorial y, en parte, explica estos últimos resultados electorales autonómicos.

Crisis económica: vulnerabilidad del capitalismo británico

La economía británica arrastra un largo declive que, como señalamos, afecta muy negativamente al nivel de vida de la mayoría de los británicos que al mismo tiempo tienen que ver cómo los servicios públicos y el bienestar se deterioran.

Una economía lastrada por la caída de la productividad, el auge de las finanzas y la entrada de capital extranjero -mayoritariamente estadounidense- que cada vez controla más sectores y mayor porcentaje de la economía británica (25%PIB). La pérdida de peso del sector manufacturero en favor del financiero (City de Londres) supone además un desplazamiento de las rentas de capital hacia manos extranjeras (jeques árabes, oligarcas rusos, empresarios indios, tecnológicas estadounidenses), que conducen a una creciente descapitalización y dependencia exterior de la economía británica. En esa caída de la productividad -que dispara la brecha con las grandes economías occidentales- influye decisivamente la tendencia a la baja de la inversión privada productiva, con el peor comportamiento entre los países del G7 y el puesto 28 en la OCDE. Una caída en la inversión privada derivada de una creciente preferencia por la inversión financiera y especulativa.

Crisis política permanente

En lo que va de siglo XXI Gran Bretaña vive en una crisis política permanente como pone en evidencia el dato de que si en 30 años (1979-2007) tuvo solo tres primeros ministros (Margaret. Thatcher, John Major, Tony Blair) en los últimos 20 (2007-2026) tuvo 7, cuatro de ellos (por ahora) en los últimos cuatro años. Si a esta realidad interna le sumamos la crisis financiera (2008), el referéndum del Brexit (2016), la pandemia de la COVID-19 (2019), la guerra en Ucrania (2022) y la guerra en Irán (2026) tendremos un retrato de las causas políticas de esa crisis permanente. Retrato al que, para ser completo, habría que sumarle la honda crisis de identidad que atraviesan los dos grandes partidos sistémicos que articularon durante décadas, desde la II guerra mundial, el sistema político británico (Conservador y Laborista), y que ahora aparecen cada vez más alejados de sus bases sociales naturales. En relación con el Partido Laborista, señalar la creciente pérdida de peso entre las clases trabajadoras y los jóvenes que se ven fuertemente castigados por una inflación que golpea a los alimentos, los combustibles y, como señalaba antes, la vivienda.

La naturaleza del sistema político británico -de mayoría simple- también alimenta esta crisis política, pues no refleja la realidad de las votaciones, ya que mientras estas dibujan un escenario con cinco partidos, el sistema (el sistema Westminster) los deja reducidos prácticamente a dos: Laborista y Conservador. Por si esto no fuera suficiente, estas últimas elecciones han puesto encima de la mesa una crisis política de dimensiones territoriales -Escocia, Gales- a la que colabora el férreo centralismo actual y que augura fuertes tensiones políticas.

Auge de la extrema derecha

Una realidad social, política y económica que sirve de alimento a los movimientos ultra-nacionalistas y fascistas que presentan una visión de una sociedad británica supuestamente amenazada por una inmigración incontrolada a la que se le acusa de agresiones sexuales a menores y de amenazar con “violar a nuestras hijas” y que, según los portavoces de estos movimientos, conduce a la extinción de la civilización occidental y a la islamización de la sociedad británica. 

Una situación que nos tendría que haber preocupado a todos y por lo que ahora deberíamos estar contentos, pues implica que muchos miles de familias en España han mejorado su nivel de vida y su puesto en la sociedad, al tener un trabajo que antes no tenían. Una sustancial mejora en el empleo que está contribuyendo directamente a que la economía española sea, hoy por hoy, uno de los motores de la Unión Europea, como reconocen todos los organismos internacionales de prestigio (FMI, BM, OMC, OCDE, BCE). Un comportamiento del empleo que está evitando que España caiga en la recesión en que han caído otros países europeos de nuestro entorno como es el caso de Alemania, antaño motor de la Unión Europea. 

Los mejores datos de empleo en décadas

La EPA del último trimestre de 2015 nos suministró los siguientes datos relevantes. España alcanzó una cifra récord en empleos: 22.463.300 lo que permitió que el desempleo quedara en 2.477.100 desempleados (9,93%) la cifra más baja en décadas. Un empleo que, a nivel de género, benefició a las mujeres -a las que cuesta más encontrar un empleo-, incrementó el número de trabajadores/as con contrato indefinido, disminuyó el número de ocupados con un contrato temporal y también el número de hogares con todos sus miembros activos en paro. En relación a la baja en el número de desempleados, cabe señalar que benefició tanto a las mujeres como a los hombres.

Datos que indiscutiblemente no pueden considerarse más que como muy positivos, especialmente si se analiza la historia en las últimas décadas del mercado de trabajo en España, marcada por el elevado desempleo y la precariedad, así como por las dificultades para la creación de empleo. También resulta indiscutible que las cifras de paro siguen siendo elevadas, así como la precariedad, por lo que bien haría el gobierno español en no bajar la guardia. 

Dicho todo esto resulta de justicia el señalar que, en esta marcha positiva del mercado de trabajo, las políticas aplicadas por el gobierno español de turno (PSOE/Sumar) están siendo decisivas, algo que se puede comprobar fácilmente si echamos un vistazo, sin orejeras, a lo que está pasando en los gobiernos europeos de nuestro entorno, que no presentan una dinámica laboral tan positiva y que, por ello, sus economías atraviesan grandes dificultades que afectan especialmente a las clases trabajadoras.

Nadie puede con argumentos negar la evidencia de que este gobierno (PSOE/Sumar) ha mejorado, y mucho, las condiciones para crear empleo y que este sea decente.  Una preocupación que ha dejado clara repetidamente y que podemos comprobar en varias actuaciones.

Políticas públicas expansivas y de diálogo social

En primer lugar, en que, a pesar de las dificultades para aprobar los presupuestos anuales, las políticas públicas puestas en marcha han dejado atrás las fórmulas neoliberales para poner en marcha políticas fiscales expansivas, con una fuerte intervención pública, que han mejorado la situación macroeconómica y repercutido positivamente en el empleo. En segundo lugar, este gobierno ha apostado fuerte por el diálogo con los agentes sociales y la protección a los trabajadores, lo cual ha influido muy favorablemente en las relaciones laborales y, de rebote, en el empleo. Igualmente, su apuesta por favorecer el incremento de los salarios, en contra de las tesis liberales, ha demostrado que esas ideas sobre el impacto negativo de, por ejemplo, la suba del salario mínimo sobre el empleo no deja de ser un dogma sin fundamento. Que la idea neoliberal de que la creación de empleo depende del coste de trabajo es una falacia sin consistencia. 

Está también fuera de toda duda que, como señalaba antes, las políticas públicas del gobierno español de turno (PSOE/Sumar) están dejando enseñanzas sobre cuál es la realidad de los mercados laborales. Enseñanzas como que no es verdad que para crear empleo haya que liberalizar al máximo los mercados y las relaciones laborales, o que, disminuyendo el coste de trabajo, precarizando el empleo y reduciendo la protección de los trabajadores, se crea empleo. Y, finalmente, que es creando unas adecuadas condiciones macroeconómicas como se dan mejores perspectivas para el empleo. Unas condiciones macroeconómicas en las que una fuerte intervención de lo público es imprescindible. Y basta para ello con observar la realidad de aquellos países europeos con elevados niveles de empleo y bajo desempleo.

Por todo ello es por lo que pienso que los resultados que España está consiguiendo en materia de empleo justifican por si solos un gobierno, este gobierno de progreso (PSOE/Sumar). Una justificación que no esconde las críticas pero que tiene muy claro que la alternativa (PP/Vox) es atroz. @mundiario

Un escenario en el que aparecen como actores principales políticos, policías, magistrados y periodistas, en torno a un partido político (PP) que actúa como muñidor, motor y beneficiario de los casos citados. Un partido político (PP) que ha demostrado que si tiene como alimento la corrupción también utiliza la mentira, el insulto, el acoso y el maniobrerismo más abyecto como armas de actuación política, como estrategia. Repasemos someramente los casos citados y comprobaremos la veracidad de lo apuntado.

     > Caso Gürtel: investigación iniciada en 2007 por la Fiscalía Anticorrupción sobre una red de corrupción política vinculada al Partido Popular (PP), en la que aparece implicado un número sin fin de cargos políticos ubicados en distintas áreas de la Administración Pública, y que van desde un presidente de Gobierno, a varios presidentes de Comunidades Autónomas y de Diputaciones Provinciales, además de numerosos alcaldes y concejales. Una red tan extendida y profunda que puso en evidencia que se trataba de una corrupción sistémica, cuyo coste para las arcas públicas resulta imposible de calcular, pero que tuvo para la democracia española un enorme coste político. Un caso de corrupción al que no le faltaron muertos (14), suicidios y accidentes y en el que se dio el caso, según informes policiales, de que más del 52% de los gastos derivados del PP de Galicia en las cuentas de las empresas relacionadas con el caso Gürtel fue pactado en dinero negro entre los años 1996 y 1999, siendo por entonces Pablo Crespo el Secretario de organización del partido, José María Aznar presidente del Gobierno español y Manuel Fraga Presidente de la Xunta de Galicia.

       > Operacióin Kitchen: operación orquestada (2013) desde el Ministerio de Interior, cuyo titular era Jorge Fernández Diaz, quien formaba parte de un gobierno del Partido Popular (PP) que tenía como presidente a Mariano Rajoy. Una operación en la que, como luego se comprobó, participó activamente el aparato de ese partido que estaba dirigido por María Dolores de Cospedal en su condición de secretaria general del mismo. Operación que tenía como objetivo eliminar las pruebas (actas, documentos, contabilidades) de la corrupción en poder del entonces tesorero del partido (PP) Luis Bárcenas. Operación de guerra sucia en la que actuaron como soldados de la tropa directores y altos cargos de la policía, que no dudaron en emplear los métodos más mafiosos como un intento de secuestro e incluso de eliminación física de personas.

         > Caso Montoro: un caso de corrupción que afectó al Ministerio de Hacienda (2011-2018), cuyo titular era Cristóbal Montoro (PP) y que consistió en la aprobación de normas y de reformas fiscales a cambio de pagos directos a un despacho (Equipo Económico) fundado por aquel en el año 2006. Una trama corrupta montada para beneficiar a empresas a cambio de dinero. Empresas que pagaban al citado bufete a cambio de verse beneficiadas tanto de reformas fiscales impulsadas desde el Ministerio de Hacienda como de información privilegiada sobre los Presupuestos Generales.

Tres casos paradigmáticos de corrupción política, a los que se podrían sumar más de un centenar, alguno también muy relevante (como la trama Púnica que afectó a varios Comunidades Autónomas, entre ellas la de Madrid), que tienen como epicentro a un mismo partido (PP), en los que participan incontables dirigentes políticos que utilizan el poder de que disponen para su lucro económico. Tres casos que, por si solos, justifican el que se afirme que se trata de un partido (PP) que tiene un sentido patrimonial de la política, que se alimenta de la corrupción (piénsese que tienen lugar a lo largo de varios décadas sucesivas y que el propio partido aparece encharcado en la corrupción por sentencia judicial que lo condena como corrupto: su propia sede -desde donde predican sus “máximas morales”- pagó sus reformas con dinero negro), y que, por todo ello, es un peligro para la democracia. Un partido que en Galicia incluso mantuvo relaciones con narcotraficantes en las que apareció involucrado (hay pruebas gráficas) su actual presidente, Alberto Núñez Feijoó.

Un partido político (PP) que en sus prácticas corruptas cuenta con el apoyo de magistrados muy bien situados en las distintas esferas del poder judicial (Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional…), que lo protegen y amparan; así como de numerosos medios de información y opinión a los que subvenciona para que hagan lo mismo. Un partido político (PP) que, con este historial, se atreve a acusar a otros partidos, como hace con el PSOE, de corruptos. El mundo al revés. @mundiario

            Los hechos fueron los siguientes: los días 17 y 18 de abril, en Barcelona, Pedro Sánchez y su partido (PSOE) organizaron una cumbre de  lideres progresistas (IV Reunión en Defensa de la Democracia) a la que asistieron relevantes  responsables políticos y dirigentes progresistas como Lula da Silva (Presidente del Brasil), Claudia Sheimbaum (Presidenta de México), Gustavo Petro (Presidente de Colombia) Gabriel Boric (exPresidente de Chile). Yamandu Orsi (Presidente de Uruguay), Antonio Costa (Presidente del Consejo Europeo), Lars Klingbell (Vicecancillar de Alemania y Ministro federal de finanzas) Cyril Ramaphosa (Presidente de Sudráfica), Tim Walz (Gobernador de Minnesota), Zohran Mamdami (Alcalde de Nueva York) y Bernie Sanders (Senador por el Estado de Vermont) estos dos participaron por video conferencia, Maria Ressa (Premio Nobel de la Paz)..., hasta un total de 3.000 participantes (entre los que habia 20 jefes de Estado) representando a 40 paises y entre los que era mayoritaria la presencia iberoamericana. Una asistencia que, a pesar de las ausencias, solo cabe calificar como relevante, dadas las personalidades que acudieron y su importancia política, sindical y social: tanto a nivel nacional como internacional. Prueba de la transcedencia del acto fué la resonancia internacional del mismo que, por otra parte, dejó en evidencia, por no hablar de en ridiculo, a sus críticos políticos y mediáticos, como fué el caso de las derechas políticas y mediáticas españolas.

            Si importante fueron estas presencias, no menos lo fueron los temas que se pusieron encima de la mesa, tales como la urgente necesidad de reconfigurar el actual sistema multilateral, dada la actual ineficacia de la ONU, la exigencia por el respeto a las normas del derecho internacional, la apuesta por fortalecer los canales de dialogo entre los diversos actores, la renovación y consolidación del multilateralismo, que para ser eficaz deberá ser “efectivo, representativo, pertinente, transparente y eficaz, basado en resultados y en una diplomacia más inclusiva, mediante la renovación de la confianza entre las múltiples partes interesadas en pos de velar por el sostenimiento de un orden internacional basado en reglas”.

            Que en una coyuntura internacional como la actual, en la que las presencias de Donald Trump en la Casa Blanca y de Vladimir Putin en el Kremlin, sumadas al ascenso de las fuerzas totalitarias en la Unión Europea, tal que la mitad de sus países miembros están gobernados por partidos de las derechas extremas, se hayan reunido un número relevante de dirigentes y lideres progresistas de todo el mundo para debatir sobre el orden mundial actual y los peligros que corre la democracia, no se puede calificar más que como un éxito político. Un resultado que confirma su capacidad para llegar a acuerdos sobre la necesidades actuales de la humanidad entre las que destaca la defensa de la democracia en todo el mundo. Un éxito que, a nivel personal, hay que adjudicar a Pedro Sánchez (presidente del Gobierno español), algo que solo desde una visión miope y sectaria de la política y la información se puede discutir.

            Como aseguraba recientemente Joseh Stiglitz, que algo sabe de economia, seguramente en la historia del capitalismo nunca se dieron los niveles de desigualdad que existen en la actualidad: lo que demuestra el fracaso del neoliberalismo. Una creciente desigualdad que se da en unos estados democráticos (como estamos viendo en Estados Unidos) en los que la democracia se ha debilitado y el autoritarismo está en alza. Unas democracias débiles, en las que un número cada vez más reducido de oligarcas (como, por ejemplo Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Peter Thiel entre los más conocidos) tienen un enorme poder de influencia en la política, la economía y las comunicaciones, tal que amenazan seriamente con derribar los avances democráticos y sociales que tantos esfuerzos y sacrificios costó conseguir.

            También se puede afirmar que vivimos unos tiempos en los que la paz está en peligro en muchos países como seguramente nunca antes estuvo desde la II guerra mundial: Ucrania, Afganistán, Iraq, Libia, Siria, Palestina, Irán, Libano,  Somalia, Yemen, Sudán, Tailandia, Camboya, Azerbaiyán, Armenia, Cachemira, R.D. del Congo: son algunas regiones en las que suenan con fuerza los tambores de guerra con millones de víctimas inocentes entre los que son mayoría los/as niños/as: “más de 460 millones de niños/as viven en países afectados por conflictos violentos; muchos son desplazados forzosos, a veces huérfanos o niños no acompañados en busca de seguridad” (UNICEF). Unos tambores de guerra que países como Estados Unidos, Israel, Rusia, no paran de tocar y que, por el bien de la humanidad, hay que hacer callar para lo que es preciso que una mayoría de países que, como está haciendo España, se pongan a ello y consigan, por ejemplo, poner freno a un comercio de armas, un negocio criminal, que mueve más de 2,5 billones de dólares cada año.

            Igualmente resulta muy preocupante la situación, hoy en día, del medio ambiente (la deforestación; la sequía, la escasez y el consumo abusivo del agua, la contaminación del aire, el cambio climático, la contaminación del mar, la extinción de especies) cuyo deterioro tiene una dimensión internacional y que exige, por ejemplo, un cambio mundial de paradigma en materia de crecimiento, si queremos dejar a nuestros descendientes un planeta sano. Un cambio de paradigma que, por ejemplo, frene el consumo desaforado de hidrocarburos.

            Un medio ambiente que está contribuyendo a que el hambre se dispare al tiempo que crece el volumen de alimentos que se desperdicia. Se estima que en la actualidad el hambre en el mundo afecta a 675 millones de personas (8,2% de la población) y la malnutrición infantil a unos 150 millones de niños/as menores de 5 años. Un hambre cuyas causas son fundamentalmente políticas, pues esto sucede cuando se desperdician cada año en el mundo unos 1.000 millones de toneladas de alimentos, que equivalen a 1.000 millones de platos al día, según la FAO. Un hambre que se puede combatir con políticas públicas como, por ejemplo, está demostrando Lula en Brasil (“hambre cero”).

Lo que realmente sucede es que tanto Donald Trump como la oligarquía que antes financió su campaña, y ahora lo apoya políticamente, intentan detener algo que es inevitable: la decadencia del Imperio -Estados Unidos- que durante casi ocho décadas ejerció su hegemonía e impuso sus intereses en medio mundo. Un viejo Imperio que ahora tiene que ver cómo los mismos factores que contribuyeron a su hegemonía están provocando su decadencia. Y reacciona de una forma no tan diferente a como lo hizo con motivo de crisis anteriores, que igualmente cuestionaban su hegemonía, aunque ahora los comportamientos del presidente de los Estados Unidos sean los propios de un megalómano neofascista que sobrevalora su poderío.

Política de aranceles

Con el objetivo de recuperar el liderazgo económico la actual administración estadounidense puso en marcha una política de aranceles que es como querer poner puertas al campo. Una política que, como era previsible, provocó un cierto desbarajuste en el comercio internacional, pero que está fracasando estrepitosamente, pues el resto de países, como era de esperar, no se quedó parado. Lo que resulta oportuno señalar es que esa decisión forma parte de un objetivo de largo alcance y que no es la primera vez que los Estados Unidos buscando frenar la crisis que los amenaza, como es el caso, reaccionan con medidas excepcionales.

En relación con esto último hay que recordar que, en 1971 Richard Nixon, para hacer frente a la crisis económica de su país decidió unilateralmente liquidar el sistema de Bretton Woods -que llevaba funcionando 27 años- y suspender la convertibilidad del dólar, que así quedaba desligado del patrón oro. Una medida de política monetaria de carácter extraordinario que impactaría en todo Occidente, y que abriría la puerta a la financiarización de la economía mundial, y provocaría que la deuda pública estadounidense se disparara. Una medida de mucho mayor impacto nacional e internacional que los actuales aranceles de Donald Trump.

 Unos aranceles que, por otra parte, forman parte de una estrategia dirigida a modificar la actual situación del dólar en el mercado de divisas que Donald Trump considera que perjudica a la competitividad de su país -en parte tiene razón- y favorece a sus rivales comerciales, en especial a China. Estrategia que se ve acompañada de otra dirigida a cambiar las actuales reglas de funcionamiento del comercio internacional.

Guerra al multilateralismo

Como explicaré más adelante, ambas estrategias explican las intenciones de Donald Trump de sustituir, a todos los niveles, el multilateralismo por las relaciones unilaterales. En relación al primer objetivo, señalar que, de forma necesariamente resumida por razones de espacio, algunos economistas como, por ejemplo, Yanis Varoufakis, piensan que Donald Trump y sus asesores consideran que los déficits comerciales y la deslocalización industrial que padecen los Estados Unidos se deben básicamente al papel del dólar en el comercio internacional -más de las tres cuartas partes de las transacciones comerciales mundiales se realizan en dólares- algo que perjudica a las exportaciones y beneficia las importaciones estadounidenses contribuyendo de esta forma a incrementar los déficits comerciales y a favorecer la desindustrialización. 

Para cambiar esta tendencia es necesario, según Donald Trump, modificar el tipo de cambio: algo que este espera conseguir con los aranceles que obligarán a los países que tienen superávits con los Estados Unidos a bajar los tipos de interés y de rebote los de cambio. Lo que hará que las importaciones sean más baratas para los consumidores estadounidenses y las exportaciones más caras para los demás países.

Una situación que, de nuevo siguiendo a Donald Trump, reduciría los actuales déficits comerciales y favorecería el retorno del capital industrial que se había deslocalizado. Personalmente pienso que Donald Trump desprecia la reacción de los demás países e ignora el interés último del capital internacional, algo que estamos viendo. De cualquier forma, no se debiera despreciar esta estrategia que no es la de un loco ni mucho menos.

            En relación a su apuesta por el unilateralismo, lo que supone el desprecio hacia las instituciones internacionales que se crearon luego de la II guerra mundial y que gobernaron el mundo (ONU, FMI, OMC...) en todas estas décadas, señalar que esta estrategia responde a la creencia de Donald Trump de que los Estados Unidos que siguen siendo el país más poderoso del mundo gracias a su enorme fortaleza militar lo que le debiera permitir, por ejemplo, imponer las negociaciones unilaterales sobre el multilateralismo, terreno de juego más favorable a los Estados Unidos. Si un país no acepta sus reglas comerciales le amenaza con sus aranceles y, en último caso, con su poderío militar. De alguna forma, el acuerdo comercial con la Unión Europea responde en parte a esta estrategia que inicialmente tuvo éxito, aunque ahora esté paralizado.

            Estas son dos de las estrategias más relevantes, especialmente en el campo de la economía, de la administración estadounidense que recogen la visión política de los actuales dirigentes. Dos estrategias que ponen en evidencia que Donald Trump en absoluto está loco, sino que estamos ante un dirigente político megalómano, sobrado de soberbia, con mentalidad de un gran empresario especulativo y depredador y con una ideología neofascista. Pero que no está loco y es muy listo.

El imperio ya no es la única potencia

            ¿Qué va a pasar? Personalmente pienso que sus estrategias fracasarán entre otras razones por que el mundo de hoy es muy diferente al que se imaginan los gobernantes estadounidenses, que también se equivocan a la hora de valorar la actual fortaleza de los Estados Unidos. Un mundo en el que emerge con una enorme fuerza económica, comercial y tecnológica un país como es China, que puede substituir a los Estados Unidos como centro de una nueva economía-mundo capitalista. Unos Estados Unidos que, una opinión bastante compartida, está en un declive imparable y si no lo creen miren, por ejemplo, lo que está pasando con la guerra en Irán y/o con las negociaciones comerciales con China, Brasil, India...

            Una gran recesión que comenzó con una crisis financiera provocada por la inmensa avaricia de unos grandes bancos que habían asumido enormes riesgos -elevado apalancamiento, crecimiento suicida de “la banca en la sombra”, multitud de activos tóxicos y de productos financieros sofisticados- que llevaron a la implosión de una enorme burbuja que estalló provocando una gran crisis bancaria que, por caso, se llevó por delante al gigantesco Lehman Brothers. Una crisis que llevó a la mayoría de los gobiernos europeos y a las propias autoridades comunitarias a salir al “rescate de la banca” con el argumento de que salvarla era salvar a la economía y a la Unión Europea.

Una decisión que puso de manifiesto el enorme poder que la banca tiene en Europa pues este rescate consistió en destinar una enorme cantidad de recursos públicos al saneamiento de unos balances que se habían desequilibrado por la abundancia de activos tóxicos en los mismos. Aunque las cifras exactas de este coste nunca se sabrán la Comisión Europea señalaría que a la altura de 2015 se habían inyectado casi 750.000 millones de euros en diferentes formas de paquetes de rescate, a mayores de 1,2 billones de euros en garantías sobre pasivos. Cantidades que en una gran parte no serían recuperadas y que a nivel de los estados de la Unión supusieron unas pérdidas de recursos públicos estimadas en 213.000 millones de euros.  

Hegemonía del aparato financiero especulativo

            Unos rescates que, además de disparar las deudas públicas de la mayoría de los estados miembros de la eurozona -fueron aquellos los que las dispararon y no el que “estuviéramos viviendo por encima de nuestras posibilidades”-, se vieron acompañados por la imposición -pues de eso se trató, de una imposición: recordemos lo sucedido con Grecia (2015)- de una serie de políticas de ajuste fiscal y de rebajas salariales -”austericidio”- que lejos de favorecer la recuperación de las economías europeas las llevó a entrar en una senda de recesión y bajo crecimiento económico en la que todavía transitan (2026). No podía ser de otra forma, ya que en todo este tiempo, y a pesar de algunas medidas excepcionales        -como la expansión cuantitativa del BCE (2015) o las medidas tomadas para compensar los efectos de la pandemia (2020)- las autoridades europeas mantuvieron -con honrosas excepciones como el caso del gobierno español actual- los dogmas de la austeridad compulsiva reflejadas, por ejemplo, en la perseverancia en unas reglas fiscales austeras a pesar de los continuos fracasos de las mismas.

            Para entender mejor esta serie de desatinos, que llevaron a la Unión Europea a la situación en que actualmente se encuentra, hay que saber que las decisiones tomadas responden a una evidencia: que en la UE la economía se impuso a la política. Que en este nuevo marco de liderazgo de la economía son los mercados financieros, ahora apoyados por las grandes tecnológicas que les permiten una mayor aceleración y un más corto plazo de las operaciones, quienes llevan el timón de la política como resulta fácil de comprobar por hechos como los siguientes. 

            Seguramente que el primer indicio vino marcado por el destino que los grandes bancos europeos dieron a los dineros procedentes primero de los rescates y posteriormente de la “liquidez expansiva” seguida por el BCE. En ninguno de los casos esos dineros se destinaron a facilitar créditos para mejorar la financiación de, por ejemplo, las familias y las pequeñas y medianas empresas, para así recuperar la demanda y volver a la senda del crecimiento económico y la creación de empleo. Los grandes bancos, y también las grandes empresas, aprovecharon la abundancia de liquidez a muy bajo precio para ajustar balances e incrementar el valor de las acciones mediante la compra y venta de las mismas, lo que permitió jugosas ganancias a directivos y accionistas. Esta abundancia de liquidez también fue aprovechada para emprender nuevas aventuras financieras especulativas utilizando, como decía antes, las mayores posibilidades que abrieron las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.

            Se produjo así una aún mayor “financiarización” de la economía europea mientras la producción seguía en caída libre. Una “financiarización” de la economía que se trasladó a las políticas públicas de la UE, que giran en función de lo que le mandan unos mercados financieros que, como se sabe, son altamente sensibles y están siempre al borde del colapso. Al mismo tiempo esta financiarización de la economía, a la que están colaborando las grandes tecnológicas, está provocando una fuerte desindustrialización -ahí tenemos el caso de Alemania-: un desmantelamiento progresivo de las funciones públicas de bienestar, una caída de los salarios medios reales, un alza paralela de la desigualdad, un acentuamiento de la crisis energética y una crisis ambiental galopante.

Las guerras que agravan la situación  

          Por si todo esto no fuera suficiente, llega la invasión rusa de Ucrania (2022) y el estallido de una nueva guerra en Europa. Una guerra imperialista frente a la que los dirigentes europeos se muestran divididos e incapaces de presentar una estrategia europea de paz -que necesariamente será a cambio de territorio-, pareciendo olvidar que la Unión Europea nació precisamente para eso: para evitar las guerras en su territorio. Olvidando además que Rusia, a pesar de Vladimir Putín, también forma parte de Europa. Una guerra que a la Unión Europea le está provocando graves problemas políticos internos que ponen en riesgo su estabilidad, una mayor dependencia energética de los Estados Unidos, un acentuamiento de la recesión económica en la mayoría de sus miembros -muy destacada en su viejo motor: Alemania-, y un agravamiento de la crisis ambiental. Se añade a nivel externo una creciente irrelevancia en el escenario internacional y una mayor dependencia de unos Estados Unidos que, por si no fuera suficiente, cuentan con una Presidencia que la desprecia y la ignora.

            Si analizamos la presente situación vemos a una Unión Europea que en asuntos claves para la economía de hoy en día -energía, industria, tecnología, seguridad-, aparece en una situación de total dependencia bien de los Estados Unidos, bien de China e incluso de Rusia. Por si no fueran suficientes los problemas, esta situación de decadencia viene acompañada de un paralelo auge de las fuerzas políticas de extrema derecha en la mayoría de los estados miembros. Un auge que ataca al corazón de la propia Unión Europea, a su razón de ser.

La destrucción del orden mundial de Trump daña fuertemente a Europa

            Y en estas aparece Donald Trump (2024) al frente de una oligarquía que quiere romper el orden mundial creado a lo largo de las décadas transcurridas desde la II guerra mundial. Un Donald Trump que si, por una parte, se encuentra con una China que lo estaba esperando y que se muestra capaz de hacerle frente obligándolo a retroceder, por otra mira con desprecio a una Unión Europea que no parece capaz de hacerse respetar: ahí tenemos como ejemplo el infame tratado comercial firmado por ambas partes, ahora temporalmente congelado.  

            Hasta aquí, y de una forma obligadamente resumida, por razones obvias, las bases que explican esta larga crisis que castiga a Europa y a la que, en el corto plazo no se le ve salida a pesar de las buenas intenciones del gobierno español y su líder Pedro Sánchez, al que el tiempo y los hechos le están dando la razón. Algo que cada vez más correligionarios -Von der Leyen, Costa, Meloni, Macrón, Starmer, Merz- empiezan a reconocer al tiempo que declaran sumarse a su causa. Ahí tenemos el amplio consenso en relación a que la guerra con a Irán no es una guerra de Europa, y/o el no permitir el uso de las bases militares estadounidenses en territorio europeo. Podría ser un indicio de que las cosas empiezan a cambiar, para bien, en la Unión Europea. 

No es creíble porque otras son las razones de este nuevo crimen de guerra tanto estadounidense como israelí, que ya acumulan unos cuantos (ahí están los casos de Gaza, Líbano, Iraq...). Razones ligadas a los combustibles (el petróleo y el gas iraní), a la batalla de Estados Unidos con China (Irán forma parte de los BRICS: la alianza que lidera China) y a las ansías imperialistas del sionismo en Oriente Medio.

La única estrategia es la del “gran Israel”

Empecemos por este último objetivo. Esta guerra tiene como primer y casi único promotor al Israel de Netanyahu, pues los Estados Unidos lo que han hecho es “acompañar” a su principal socio y aliado en Oriente Medio. La prueba es que mientras el gobierno sionista tiene una estrategia, Estados Unidos carece de ella como podemos comprobar en los continuos vaivenes de Donald Trump. Y la estrategia sionista es construir el “gran Israel” con el que soñara David Ben Gurion -ideólogo y promotor de la Nakba (1948)- y que ahora quiere continuar Netanyahu. Y que tendría como horizonte las fronteras del Nilo al occidente y del Éufrates al este. Pensemos, por ejemplo, que Israel al tiempo que bombardea Irán también lo está haciendo con el Líbano.

Una ofensiva militar que a Netanyahu le está dando réditos personales a nivel interno -recordemos que en Israel tiene pendientes varios juicios y condenas por soborno, fraude y abuso de confianza de los que se salva de ir a la cárcel por mor de gozar de la inmunidad que le da su actual cargo- ya que, según los sondeos más fiables, una gran mayoría de israelís apoyan la ofensiva militar del actual gobierno.

Contrarrestar a China

En segundo lugar, está la estrategia de Estados Unidos para con China. En la lucha por el liderato mundial del nuevo orden, ocupa un lugar importante el objetivo de restarle a esta última aliados estratégicos: por ejemplo, aquellos que le suministran carburantes y materias primas, con el petróleo en primer lugar. Ahí es donde hay que colocar uno de los objetivos estratégicos de los ataques estadounidenses a Venezuela y a Irán, dos estados con unas enormes reservas petrolíferas -297.000 y 136.000 millones de barriles respectivamente- y con fuertes lazos comerciales y financieros con China. El objetivo de restarle aliados comerciales estratégicos a los chinos y, de paso, debilitar a los BRICS que aparecen en el horizonte como serios aspirantes a reemplazar a Occidente en la hegemonía económica mundial.

Finalmente, no debemos perder de vista que las grandes petroleras estadounidenses -ExxonMobil, Chevron, BP, Shell e Total Energies entre otras- estuvieron entre las corporaciones que financiaron la campaña de Donald Trump y que ahora pasan la factura por este apoyo. Pues bien, según el Financial Times las grandes petroleras estadounidenses con la guerra en Irán podrían obtener un beneficio adicional de 63 millones de euros en este año 2026. Donald Trump, con su cinismo habitual, declararía que “Estados Unidos es, con diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, así que cuando suben los precios ganamos mucho dinero”. En sentido contrario otro de los grupos financiadores de la campaña de Donald Trump, en este caso Wall Street, puede que pague por las grandes turbulencias que en los mercados financieros está provocando esta guerra injusta e ilegal.

Tampoco es creíble que el régimen cubano sea un peligro para la región, y menos para la seguridad de los Estados Unidos: ¿de verdad alguien se cree que, hoy por hoy, Cuba es un peligro para la democracia y la libertad en América? Porque, si analizamos la historia vemos que las mayores amenazas y peligros para la democracia en América procedieron siempre y siguen procediendo de Washington. Ahí están las hemerotecas para recordarnos los casos de Brasil (1964), Bolivia (1971), Chile y Uruguay (1973), Perú (1975), Argentina (1976), Honduras (2009): víctimas de crueles y sanguinarias dictaduras preparadas y alimentadas por el “vigía de Occidente”. Una triste historia que ahora parece que Donald Trump quiere recuperar.

            Si el bloqueo de cualquier país resulta un ataque contra el derecho internacional, en este caso tiene el carácter de criminal porque afecta al suministro de alimentos, medicamentos y combustible, con lo que se está castigando duramente a las familias cubanas, especialmente a las que tienen menos recursos, y a las infraestructuras básicas como escuelas, hospitales, empresas... Una realidad que desmiente rotundamente la tesis estadounidense de que el bloqueo favorece la lucha por la libertad y la democracia en Cuba. Porque lo que nos demuestra la historia es que éstas, la libertad y la democracia, solo llegarán a la isla si, respetando la soberanía del país caribeño, se ayuda a los/as cubanos/as y no se les castiga como está pasando.

            En este escenario y con estos precedentes, si real y sinceramente se quiere ayudar al pueblo cubano para que avance en democracia y en libertad, hay que exigir que se levante este criminal embargo y que se respete el derecho internacional al tiempo que se muestra autentica solidaridad con el pueblo cubano.

            Pero desde el otro lado del Atlántico llegan vientos que parecen anunciar que la administración Trump está intentando para Cuba una operación similar a la realizada en Venezuela. Mientras Europa, la Unión Europea, duerme el sueño de los incompetentes y serviles, a pesar de los intentos de Pedro Sánchez por que se respete el derecho internacional y para que Europa encuentre de nuevo su lugar en el mundo

            ¿Cuáles son los hechos que demuestran esta persecución judicial? El ilustre magistrado emérito de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallin, los detalla espléndidamente en su último libro (Visto para sentencia. Jueces e ideología en la justicia española Edit. Siglo XXI), y se centran en tres casos paradigmáticos: el caso del Fiscal General del Estado, el caso Begoña Gómez (esposa del Presidente del Gobierno) y el caso David Sánchez Pérez-Castejón (hermano del presidente). Tres casos que ponen en evidencia, como señalaba antes, que en España hay en marcha una ofensiva judicial impregnada de ideología reaccionaria al servicio de unas derechas extremas (PP/Vox), que intentan así derribar al gobierno de progreso al no poder hacerlo, por caso, con una moción de censura. Una ofensiva judicial que cuenta con el apoyo de organizaciones “fantasma” pero de ideología también franquista y con vínculos conocidos con el partido político Vox:  Hazte Oír, Manos Limpias, Abogados Cristianos. Y por si esta tropa no fuera suficiente, también cuentan con la cobertura de medios de información y opinión de la misma ideología.

            El caso del anterior Fiscal General del Estado pasará a la historia como uno de los mayores escándalos de la justicia española. En su obsesión por derribar a un gobierno legítimo -fue elegido por el Parlamento- magistrados bien situados en el poder judicial  -Tribunal Supremo- no tuvieron reparos en condenar a un inocente (no aparecieron pruebas de su culpabilidad, pues el Fiscal General no cometió ningún delito), saltándose así uno de los principios básicos de la justicia democrática: la presunción de inocencia. En ningún momento quedó probado, porque era mentira, que el Fiscal General del Estado hubiera filtrado a la prensa el correo electrónico del abogado del “ciudadano particular” González Amador, dirigido a la Fiscalía Provincial de Madrid -en el que aquél reconocía el fraude fiscal y solicitaba llegar a una conformidad con la Fiscalía y la Abogacía del Estado-, entre otras razones por que no lo conocía.

Pero estos magistrados, tergiversando los hechos -para lo que contaron con el apoyo de medios conservadores, como fue el caso de El Mundo, del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, del propio ciudadano particular, de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid- lo que sí consiguieron fue la condena y el cese de Alberto García Ortiz como Fiscal General, que es lo que realmente buscaban para así debilitar la imagen política del gobierno y de rebote la de Pedro Sánchez. No por casualidad en el auto de apertura judicial se empieza diciendo que “el Fiscal General del Estado, siguiendo las indicaciones de la Presidencia de Gobierno”... Con este escándalo judicial se ha creado un precedente peligrosísimo, porque como nos dice José Antonio Martín Pallín “construir una sentencia condenatoria sobre esta base probatoria es incompatible con el respecto a las reglas y garantías procesales propias de un Estado de derecho”.

            Pero donde se roza el esperpento judicial es en el caso de Begoña Gómez cuando, luego de casi dos años (2024) de iniciado el proceso judicial, el magistrado Peinado todavía no ha encontrado pruebas de la culpabilidad de la acusada a pesar de una obsesión persecutoria que le llevo incluso a poner en cuestión su condición de esposa del Presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

Ni en la concesión por la Universidad Complutense de la dirección de la Cátedra de Transformación Social Competitiva a Begoña Gómez Fernández, ni en el funcionamiento normal de la misma (2020-2024), hay indicio alguno de “corrupción y tráfico de influencias” que justificara una querella. Hasta ahora las únicas pruebas son unos recortes de prensa presentados por la citada asociación ultra Manos Limpias. De hecho, y de nuevo siguiendo a José Antonio Martín Pallin, “la querella incurría en un clamoroso fraude de ley” por lo que no debía haber sido admitida a trámite. Pero, por si eso no fuera suficiente, el desarrollo del caso presenta “una cascada de irregularidades que es difícil de superar”: la duración del caso -dos años ya- y sus “excentricidades y anomalías procesales” solo son comprensibles en un afán de prolongarlo hasta que se celebren elecciones generales, con una clara intención de dañar la imagen de la persona investigada y de rebote a su marido, Pedro Sánchez, que “casualmente” es el Jefe de Gobierno. Una intención apoyada, y aplaudida, por “numerosos sectores judiciales y del mundo político jurídico de la derecha” (J.A.M.P.). Sectores que, como señalaba antes, aparecen empeñados en un golpe de estado judicial contra el gobierno de turno.

La pregunta que cabe hacerse, por parte de un ciudadano como el que esto escribe, es si este magistrado por su desatinado comportamiento, por su inculcación de las normas procesales, por haber causado indefensión en la acusada, por la vulneración de derechos fundamentales..., no debiera tener que responder frente a las autoridades judiciales correspondientes como, por caso, el Consejo General del Poder Judicial. Desgraciadamente no parece ser el caso: lo que conduce a que se resienta la confianza popular en la judicatura y se levanten sospechas sobre la imparcialidad de la misma.

            No menos intencionalidad política tiene el caso David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del Presidente de Gobierno, del que hay que empezar destacando su “oportunidad” pues si los hechos objeto de la acusación tuvieron lugar en los años 2016 y 2017 (hace una década) cuando Pedro Sánchez aún no era Secretario general del PSOE (2017) y mucho menos presidente de Gobierno (2018) las diligencias se abrieron en 2024 (siete años después). Que la contratación de David Sánchez por la Diputación Provincial de Badajoz (se presentaron 11 aspirantes) siguió los procedimientos debidos (currículum, entrevista, propuesta...) y que finalmente la decisión de contratarle no fue recurrida por ninguna de las personas aspirantes, por lo que no caben otras interpretaciones de las acusaciones (tráfico de influencias, prevaricación...) que las de que estamos delante de otra operación política destinada a lesionar la imagen de Pedro Sánchez. Como muy bien señala José Antonio Martín Pallín “a la vista de lo acontecido, se puede llegar a la conclusión de que si Pedro Sánchez hubiera tenido siete hermanos nos encontraríamos con un numero semejante de causas judiciales”.

Creo que esa distancia me ha permitido analizar su trayectoria política con una cierta objetividad, algo que, como estamos viendo, no abunda a la hora de juzgar y valorar a este veterano político. Un análisis en el que se da el reconocimiento tanto de su papel en la consolidación de la democracia en España como de su protagonismo en la construcción de la UEM (que abrió la puerta de Europa al neoliberalismo) junto a otros ilustres representantes del socioliberalismo europeo como François Mitterrand, Jacques Delors (autor del informe europeo del mismo nombre) y Mario Soares. Un análisis que también me permite ver como los mismos que lo atacaron con una saña y un odio inusitados cuando estaba al frente del PSOE y del gobierno, ahora lo utilizan para atacar a su partido cuando este, que vuelve a estar al frente del gobierno, parece querer ignorar a su antiguo secretario general (1979-1997). Una ignorancia que pone en evidencia el estado de suma fragilidad ideológica en que actualmente se encuentra el PSOE, partido político que no parece ser capaz de escapar a las clásicas y recurrentes batallas internas de las izquierdas. Una situación a la que el propio Felipe González contribuye con un comportamiento en el que se evidencian el resentimiento y el despecho disfrazados de argumentos políticos.

En este último asunto llama la atención que quién dio pruebas sobradas de inteligencia y perspicacia políticas ahora se deje utilizar por las derechas, de una manera ciertamente patética, tanto contra el que según sus propias palabras sigue siendo su partido (PSOE), como contra el gobierno que este lidera (PSOE/Sumar). Más sorprendente cuando resulta indiscutible que es el gobierno más progresista de la democracia, el que más ha hecho y sigue haciendo por las clases de rentas medias y bajas. No cabe el argumento de que “son cosas de la edad” pues González no da señales de demencia u olvido, sino que parece muy consciente de lo que dice y declara. También del impacto político de sus juicios, así como de que estes están siendo utilizados por unas derechas políticas que, con un muy fuerte apoyo judicial y mediático, se embarcaron en una feroz campaña de acoso y derribo del actual gobierno (PSOE/Sumar). Incluso diría que está satisfecho de ocupar portadas en los medios de derechas y de así crear zozobra en su partido. Por tales razones, me pregunto: ¿quiere Felipe González que caiga el actual gobierno de progreso?

Sobre su utilización por las derechas políticas y mediáticas contra la actual dirección del PSOE y muy especialmente contra Pedro Sánchez, no está nada claro que ello vaya a beneficiar especialmente al Partido Popular (PP), dada la enorme mediocridad de su actual dirección (Núñez Feijoó, Tellado Filgueira). Más bien pareciera, por los últimos resultados electorales, que la principal beneficiaria esté siendo la extrema derecha (VOX).

En cuanto a la reacción del propio PSOE un apunte. A Felipe González esta no le debiera sorprender si hace memoria de cómo él mismo y su amigo Alfonso Guerra, en sus tiempos de “jefes” incontestables del PSOE, trataron a socialdemócratas históricos como Luis Gómez Llorente o Joan Reventós, Incluso a  dirigentes de la UGT sindicalmente tan solventes y respetados como Nicolás Redondo o José María Zufiaur, solo por el simple hecho de que “osaron” contestar las políticas neoliberales del gobierno porque eran claramente contrarias a una política socialdemócrata.

  Nada de eso sucede con las derechas españolas como estamos viendo porque, aunque sus formas no democráticas de hacer política vienen de muy atrás, en los últimos tiempos éstas se manifiestan de manera más virulenta por mor de la creciente rivalidad entre ellas: entre la que se presenta como derecha liberal (PP) y la extrema derecha (Vox) que, ésta sí, no oculta su ideología franquista. Una rivalidad que, a pesar de eso, no les impide pactar entre si e incluso gobernar juntas. Unos pactos y unos gobiernos que suponen que las primeras (PP) adoptan de las segundas sus formas y los modos de hacer política, así como no pocas de sus propuestas programáticas, para desgracia de la democracia en España.

  Asi no puede por más que producir vergüenza ajena el ver y escuchar a estos lideres de las derechas españolas -Nuñez Feijoo, Diaz Ayuso, Tellado Filgueira, Mazón Guixot, Fernandez Mañueco, Rueda Valenzuela, Santiago Abascal…- cómo llegan a confundir Cáceres con Teruel, o Lugo con Tarragona, cómo presumen de no leer un libro y de que, en la era de la mundialización, no hablan otro idioma que el patrio  -¿se imaginan a Núñez Feijoo y/o Abascal en una reunión de la Unión Europea, de la ONU o de la OTAN?-. Unos lideres que, desde ya antes de que apareciera Donald Trump tuvieron siempre como manual la antipolítica de mentir, demonizar y atacar a los rivales políticos. Un manual que sus altavoces mediáticos y sus redes cultivan y propagan con verdadero entusiasmo.

Unos lideres políticos que, por el bien de la democracia, no debieran ser los que representen a unas derechas españolas entre las que hay gente culta, inteligente, liberal y respetuosa. No las debieran representar porque ¿acaso estas derechas socioeconómicas no están felices con la marcha de la economía española y, por tanto, de sus ganancias? Acabamos de conocer que los seis grandes bancos españoles -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell. Bankinter y Unicaja- vienen de declarar como ganancias de 2025 la cifra de 34.000 millones de euros, récord absoluto. Las grandes eléctricas -Iberdrola, Naturgy, Endesa, Redeia- 11.000 millones de euros, también récord absoluto. Las grandes constructoras -ACS. Ferrovial, Acciona, Sacyr- duplicaron resultados superando los 7.000 millones de euros como ganancias. Todas ellas, con este gobierno, tendrán que pagar un tipo efectivo del 5/7% sobre sus beneficios. Con tales argumentos ¿estarán muy enfadados con el gobierno actual (PSOE/Sumar) los propietarios, directivos y accionistas de estas empresas? ¿Acaso las evidencias no demuestran que con la democracia y el diálogo social también ganan las rentas de capital? Una democracia y un diálogo social que sus representantes políticos (PP/Vox) quieren destruir.

Antonio Gramsci puso en evidencia la autonomía de las élites políticas con relación a las clases sociales a las que aseguran representar. Una autonomía que, en no pocos casos, lleva a crisis de hegemonía y representación que pueden rematar en la instauración de regímenes autoritarios, tal y como estamos viendo actualmente en muchos estados de Occidente, y que puede suceder con España. En este contexto no resulta arriesgado el afirmar que un triunfo de las derechas españolas (PP/Vox) no solo supondría un brutal retroceso en democracia, derechos sociales y bienestar, sino que la economía española caería en una profunda recesión que castigaría a muchas de las rentas de capital. 

         Escribo estas líneas cuando en Aragón están en plena campaña electoral. Utilizo de entrada esta Comunidad para visualizar el desnorte que señalo. En esta comunidad, que cuenta con un censo electoral ligeramente superior al millón de personas (alrededor de 1.080.000), con una participación electoral media que ronda el 67%, las autodenominadas “nuevas izquierdas” se presentan bajo tres siglas: Chunta Aragonesista (CHA), Podemos-Alianza Verde e Izquierda Unida-Sumar. Resulta difícil entender tanta ceguera política sino es en clave de que los intereses personales predominan sobre la inteligencia y la lógica. 

         En las elecciones autonómicas anteriores, celebradas en agosto de 2023, estas izquierdas, ya igualmente divididas en esas tres mismas organizaciones, sacaron 5 diputados para un total de 67: un resultado muy pobreque, junto a otras circunstancias, facilitaron que las derechas (PP/Vox) consiguieran la mayoría absoluta (35). No parece que hayan sacado las lecturas oportunas (en 2014 sacaron 17), pues vuelven a repetir la experiencia del fracaso y las razones son fáciles de entender: las autodenominadas “nuevas izquierdas” no tienen nada de nuevas pues repiten las prácticas de las viejas, anteponiendo los intereses partidarios, incluso individuales, al interés general. Un error al que contribuye el muy pobre bagaje político e intelectual de las mismas que, con sus prácticas, aparecen carentes de principios y de ideología. 

         Porque esta lucha cainita se repite en muchas otras comunidades. De hecho 

en Castilla y León, cuando está a punto de expirar el plazo para registrar coaliciones, todo camina a que se reproduzca el fenómeno aragonés, y Podemos e Izquierda Unida concurran por separado a las elecciones autonómicas en esa región. En Andalucía, más de lo mismo

         No se puede calificar de otra forma que de irresponsable este comportamiento de las nuevas izquierdas, que parecen incapaces de encontrar un proyecto común, aunque sea mínimo. Incapaces de mostrarle a los ciudadanos de esas comunidades que son capaces de gobernar juntas en base a una estrategia común y apoyándose en la colaboración y el respeto mutuo en lugar de la división y el enfrentamiento que muestran ahora. Irresponsables porque no parecen ser conscientes de los vientos que corren por Occidente y de los que, de momento, España se está salvando. Unos vientos que traen en volandas a unas fuerzas totalitarias que quieren desmontar las democracias, disparar las desigualdades, eliminar derechos que costó mucho conseguir, destruir el planeta, sembrar guerras, meternos en “unha longa noite de pedra”.

         No se puede calificar de otro modo que irresponsable, porque ya estamos viendo a donde conduce esta división: a la derrota. Una derrota que, lamentablemente, a muchos de estes dirigentes no parece preocuparles, pues lo que realmente les interesa, por lo menos eso es lo que parece, es conservar sus privilegios y prebendas.

         Estos dirigentes/as debieran pensar que la historia los va a juzgar con mucha dureza por no saber estar a la altura de las circunstancias, por no pensar en lo que realmente interesa y preocupa a la mayoría de los ciudadanos de los pueblos de España. Por pensar más en sí mismos, por primar las posibles divergencias, en muchos casos personales, sobre los intereses generales.

         Aún están a tiempo de recobrar la cordura, pero no cabe esperar mucho porque los prazos se agotan y no está fácil el cambio de rumbo. No está fácil porque los/as líderes de estas organizaciones no parecen querer, pueda que tampoco sepan, cambiar el relato vacuo y las relaciones partidarias cainitas.

            Si hacemos memoria recordaremos que las autoridades de la Unión Europea, y también de Estados Unidos, defendían que el conflicto sería corto y acabaría con la derrota inapelable de Rusia. La realidad es que va para cuatro años, que Ucrania soporta una guerra contra el invasor de la que -si siguen así las cosas- no se ve un final próximo, y en la que la derrota de Rusia tampoco parece lo más probable, sino que el asedio final a Kiev es el escenario que aparece como más posible. 

            ¿Qué ha pasado para que se llegara a esta situación? Que las autoridades de la Unión Europea y de los Estados Unidos no acaban de entender que estamos entrando en un nuevo orden mundial, con protagonistas nuevos en ascenso y protagonistas viejos en declive. Entre los primeros incluiría a los BRIC, liderados por China, entre los segundos a Occidente bajo el liderazgo de los Estados Unidos. Un nuevo orden mundial que está marcando la marcha de la guerra en Ucrania, donde el viejo orden pierde ante el nuevo.

            Las pruebas son concluyentes. Empezaría señalando que la estrategia de Occidente   -ayuda militar a Ucrania, sanciones y aislamiento a Rusia- está resultando ser un rotundo fracaso, y basta para confirmarlo con ver sobre el terreno cómo va la guerra. Si atendemos a las informaciones que suministra el ISW (Instituto para el Estudio de la Guerra), a finales de diciembre de 2025 Rusia tenía bajo control cerca de un 20% del antiguo territorio ucraniano y la progresión sobre el terreno, aunque lenta y muy costosa, sigue. Un territorio ocupado que incluye el 100% de las regiones de Crimea y Sevastopol, un 70% de Donetsk, Zaporiya y Jersón, un 5% de Járkov y un 1% de Sumy. Aunque la situación es volátil con estos datos hablar de derrota rusa no deja de ser un cruel sarcasmo.

            Se podría hablar también de las bajas humanas que las fuentes más fiables cifran en 1.500.000 soldados -según el New York Times, 1 millón serían rusos y 500.000 ucranianos-: un dato que deberíamos comparar con la población respectiva para tener una idea exacta del enorme desastre humano en cada país: Rusia (146,3 millones de habitantes), Ucrania (39,6 millones). La pregunta sería: ¿cuánto tiempo más puede soportar Ucrania esta sangría humana?

            En relación con el efecto económico del aislamiento y las sanciones que, según las élites europeas y estadounidenses iban a provocar la quiebra de la economía rusa, basta simplemente con analizar las evidencias para entender que no provocaron los efectos que se esperaban y que se puede hablar de un rotundo fracaso o, si se quiere utilizar un lenguaje más amable con Occidente, decir que hubo una evaluación incorrecta.

            En relación con las sanciones, señalar que, si acudimos a la Historia, comprobaremos que prácticamente todas fueron un fracaso y así está sucediendo ahora con Rusia. Podemos, por ejemplo, fijarnos en el caso de Cuba que lleva décadas sometida a un bloqueo y unas sanciones criminales sin que estas obtengan el resultado esperado, pues ahí está el régimen castrista luego de 67 años: lo están pasando mal, o muy mal, pero ahí están. Lo mismo sucede actualmente con Rusia: las sanciones no están dando el resultado esperado, pues Vladimir Putin parece estar hoy más fuerte que nunca.

            En relación al aislamiento que buscaba quebrar la economía rusa al frenarle las exportaciones de petróleo y gas, señalar que Europa y Estados Unidos ignoraron una realidad que se llama los BRICS, que acudieron en ayuda de Rusia (que fue uno de sus fundadores) y así ésta pudo cambiar el destino de sus exportaciones que ahora se dirigen a países más al este: China, India, Indonesia, y otros países del Sur global que cubren con holgura la oferta rusa y que, al dejar al dólar al margen de las transacciones que ahora se hacen en las respectivas monedas nacionales, provocan grandes superávits en la balanza de pagos rusa -con una tasa de cobertura en constante aumento-. Nada más lejos de una quiebra: según reconoce el propio FMI -al que no se le puede acusar de pro ruso- la economía rusa está creciendo a niveles superiores a la media mundial con cifras de récord – 4,1% en el año 2024 (200 billones de rublos, récord histórico)-; y por otra parte la guerra ha puesto a la industria armamentística rusa a trabajar a tope -las 24 horas del día y muy centrada en la fabricación de misiles-, con un efecto enormemente positivo en el empleo -el desempleo cayó al 2,25% a diciembre de 2025- y en los salarios -donde también se alcanzaron valores históricos en 2025: el salario medio con una cifra muy cercana a los 100.000 rublos/mes, con un crecimiento medio anual que se mueve entre el 4,5% y el 6,1%. Datos que indican que la economía rusa está muy lejos de la quiebra que vaticinaban los expertos occidentales. Por cierto, el rublo tampoco se desplomó como auguraban desde Occidente.

            No se puede decir lo mismo de la situación económica, incluso política, en la Unión Europea. Presa de sus dogmas (ordo liberalismo en lo económico, guerra fría en política exterior) no parece capaz de superar una onda larga de bajo crecimiento. Con unos niveles desconocidos de desigualdad (el 10% más rico de la eurozona posee el 57,3% de la riqueza neta total) y de pobreza (el 21% de la población sigue viviendo en la pobreza), un desempleo juvenil -que parece crónico- muy elevado (15%), unas deudas públicas incontroladas (87,4% del PIB en la eurozona, 81% en el total de la UE), y un gran atraso a nivel tecnológico (Europa está perdiendo la batalla tecnológica mundial. “Superar la brecha tecnológica de la eurozona se ha vuelto más urgente que nunca” (BCE), la Unión Europea no solo pierde peso en la economía mundial (si en 2011 era la primera potencia económica mundial en la actualidad es la tercera -14,8% del PIB- claramente superada por China y los Estados Unidos), sino que camina a nivel externo por una senda de dependencia creciente de los Estados Unidos (véase, por ejemplo, el acuerdo comercial firmado entre ambos) y de irrelevancia a nivel mundial.

Una de las razones utilizadas para justificar lo que es un crimen de guerra y un ataque al derecho internacional fue la de que mientras la Administración de Donald Trump está en “conflicto armado” con los carteles de la droga y tiene como objetivo detener el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos este objetivo se veía dificultado por Nicolás Maduro y su apoyo al comercio internacional de drogas. Una acusación que viene de muy atrás -Donald Trump ya la hiciera en su primer mandato, en 2020- cuando el Departamento de Justicia realizó varias acusaciones a Nicolás Maduro de haber convertido a Venezuela en una empresa criminal al servicio de los narcotraficantes y grupos terroristas robándole así miles de millones a Venezuela. Una acusación que sería recientemente confirmada, luego del secuestro de Nicolás Maduro, por la fiscal general de los Estados Unidos, la señora Pan Bomdi, quién aseguraría que tanto Nicolás Maduro como su esposa, Cilia Flores, se enfrentarán a cargos relacionados con el tráfico de drogas.

El cinismo de estas declaraciones viene confirmado por los hechos y, en concreto, por la distinta conducta de la Administración Trump hacia dos mandatarios latinoamericanos que estaban bajo la misma acusación de utilizar sus poderes estatales para exportar millones de toneladas de drogas -mayormente cocaína- a los Estados Unidos. Además de Nicolás Maduro está el caso del expresidente de Honduras, (Juan) Orlando Hernández, que recientemente fue indultado por Donald Trump. Orlando Hernández fue acusado en 2022 por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de liderar “una de las mayores y más violentas conspiraciones de narcotráfico del mundo”.  Por tales acusaciones fue condenado a 45 años de prisión por “tener conexiones con traficantes violentos y ser responsable de la insondable destrucción que la cocaína había causado en los Estados Unidos”. Bajo estas acusaciones y mediante la presión de la DEA estadounidense, en febrero de 2022, semanas después de dejar de ser presidente de Honduras, Orlando Hernández seria detenido a petición de la justicia estadounidense para dos meses después ser extraditado a los mismos Estados Unidos donde ahora guardaba prisión. Cabe señalar que dicha extradición fue muy celebrada por el pueblo hondureño donde su capital Tegucigalpa estalló en celebraciones y festejos que también tuvieron lugar a las puertas del Tribunal en Manhattan. 

Pero como sabemos Orlando Hernández fue recientemente indultado por Donald Trump y está, por tanto, ahora en libertad, por considerar aquel, que a pesar de las incontestables evidencias, “había sido objeto de una injusticia: el hombre al que indulté fue un hombre perseguido de manera injusta. Era el jefe del país”. ¿Cabe mayor cinismo en un dirigente político? Aclaremos que la esposa de Orlando Hernández acaba de declarar que su marido no piensa abandonar los Estados Unidos para regresar a Honduras, donde las autoridades han emitido una orden de captura en su contra.

Ya el gran Noam Chomsky nos avisó en su día sobre el peligro del trumpismo, al definir a Donald Trump como un "megalómano sociópata" con perversas intenciones. De que, con su acceso a la presidencia de las Estados Unidos, está en marcha un "golpe blando", una deriva hacia una forma de fascismo. “Hay pruebas de que la actitud general de los votantes de Trump, en una serie de cuestiones, es similar a la de los votantes europeos de partidos de extrema derecha con orígenes fascistas. Y estos sectores son ahora una fuerza motriz en el Partido Republicano” (Noam Chomsky). 

Peligros que ahora, con su segunda elección como presidente, con el control mayoritario del Senado y el Congreso y el respaldo del Tribunal Supremo, se hacen cada día más evidentes. Al tiempo que avalan la tesis de que estamos delante de un auténtico megalómano. Algo que podemos fácilmente comprobar si, por ejemplo, analizamos la política exterior. 

Donald Trump, impulsado por sus delirios de grandeza y omnipotencia busca de forma unilateral, y muchas veces consigue, ningunear a las instituciones internacionales más poderosas -como, por caso, la ONU, la OMC o el BM- a las que intenta sustituir por su autoridad y caprichos, con los peligros y riesgos que esto supone para la estabilidad y el funcionamiento del sistema mundial, para la paz y la convivencia pacífica.  

La ONU, para conseguir la paz en Oriente Medio, considera imprescindible el reconocimiento del derecho de los palestinos a tener su propio Estado, tal como establece el texto aprobado mayoritariamente (142 votos a favor frente a 10 en contra) por su Asamblea General el pasado 12 de septiembre, Donald Trump decide de forma unilateral que ese acuerdo no le compite y da su apoyo al genocidio planificado y llevado a cabo por el sionista y criminal de guerra Benjamin Netanyahu, que convierte a Gaza en un cementerio con más de 70.300 gazatíes asesinados y 170.000 heridos. El resultado de esta decisión es que Oriente Medio es hoy por hoy una región más inestable, la amenaza de que aumente el terrorismo en la zona es mayor, y la paz en el mundo está más en peligro.

Si Rusia invade Ucranía cometiendo así un crimen de guerra, Donald Trump decide de nuevo actuar unilateralmente, despreciando el derecho internacional, así como la opinión de la Unión Europea y, por supuesto, la de los legítimos dirigentes ucranianos, para negociar con el dictador ruso, Vladimir Putin, un reparto de Ucrania que satisfaga los intereses imperialistas del antiguo miembro de la KGB. Una acción internacional que supone un nuevo fracaso y que deja la guerra en Ucrania en peor situación de la que estaba, con unas perspectivas de futuro más negras para la paz en la zona y en Europa.

Un desprecio hacia la Unión Europea del que presume orgulloso (“me besan el culo”) y que traslada tanto al terreno de los intercambios comerciales como el de la defensa y las relaciones internacionales. Si el comercio internacional se venía rigiendo por las normas neoliberales impuestas por la OMC (Organización Mundial del Comercio) y apoyadas en su día por los Estados Unidos, Donald Trump, con el respaldo de sus oligarcas, decide que ahora no le sirven a su país y, argumentando que Estados Unidos está siendo maltratado por sus rivales comerciales, decide unilateralmente implantar aranceles a la mayoría de los países para así proteger sus empresas y sus mercados. Una decisión que supone romper el orden comercial internacional y que va contra toda lógica económica capitalista. En el caso de Europa, esta estrategia se materializa en un acuerdo comercial que es un auténtico “trágala” para la Unión Europea que no lo debiera haber firmado.

Pero los ataques del trumpismo a Europa no se quedan ahí pues van más allá y cruzan la frontera de lo que sería admisible para convertirse en auténticas injerencias en las políticas internas de los Estados europeos. ¿Como si no calificar la presión, en la que entran amenazas directas, de la administración Trump a los Estados europeos de la OTAN, y a todos los miembros de esta organización, para que incrementen el gasto militar hasta un 5% do PIB, y así beneficiar a la poderosa industria militar estadounidense? O, más recientemente, cuando en la presentación de su Estrategia Nacional de Seguridad amenaza de nuevo a Europa afirmando que se enfrenta a la desaparición de su civilización si no garantiza la supremacia estadounidense.

Ataques que Donald Trump amplía a los países latinoamericanos que defienden su soberanía (Venezuela, Brasil, Colombia…) y no aceptan el vasallaje que sí aceptan otros (Chile, El Salvador, Honduras…). Ataques, entre los que se incluyen bombardeos indiscriminados a embarcaciones de pescadores, y que demuestran que el mandatario estadounidense quiere volver a la época de “la guerra fría”, cuando Latinoamérica era considerada como el patio trasero del Imperio. El cual, si era necesario para sus intereses, fomentaba la instauración de feroces y terriblemente crueles dictaduras militares (Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Guatemala, Honduras…)

Un desprecio a la legalidad internacional que realmente comenzó con la negativa da la Administración estadounidense a aceptar el cambio climático y sus consecuencias. Si la comunidad internacional, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21) celebrada en Paris (12 de diciembre de 2015), y luego de superar enormes dificultades había llegado a un acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y así limitar el aumento de la temperatura global que amenaza la vida en el planeta, una de las primeras medidas adoptadas por Donald Trump recién llegado a la Casa Blanca fue la de retirar a los Estados Unidos de dicho acuerdo, y afirmar su apuesta por los combustibles fósiles.

Éstas no son más que algunas muestras de cómo el trumpismo pone en peligro un orden mundial ya de por si injusto, inseguro y en crisis. Pone en peligro porque las soluciones que intenta imponer por la fuerza agudizarán al máximo los riesgos actuales, que son muchos y poderosos. Pero no deberíamos dejar que los árboles nos oculten el bosque, porque este comportamiento megalómano, con delirios de grandeza, y que desprecia todo lo que no tiene que ver con él mismo, esconde una estrategia que no tiene nada de loca o suicida y sí de inteligente. Me explicaré.

La Administración Trump tiene claro, y en su interior lo admite, que Estados Unidos ha perdido, en favor de China, el liderato mundial industrial y comercial       -puede que incluso el tecnológico- y, como buen estratega, busca potenciar sus propias fortalezas manteniendo el dólar como la divisa internacional de referencia, y asegurando las ganancias de la industria militar. Al tiempo también buscará romper el marco y las actuales reglas del comercio internacional,  que favorecen el liderazgo de China para lo que, en este caso, busca fortalecer las relaciones unilaterales. Tres pilares sobre los que se apoya una estrategia dirigida a conservar la hegemonía que Estados Unidos está perdiendo.

Porque el juicio celebrado al magnífico jurista y gran persona Álvaro García Ortiz, hasta hace unos días fiscal general del Estado, nos trajo a la memoria aquellos juicios que durante la dictadura franquista se celebraban en el irregular T.O.P. -Tribunal de Orden Público- cuando prácticamente todos los que entraban como posibles culpables salían como acusados porque la sentencia ya estaba dictada antes de la celebración del juicio, que no era más que una farsa legal

 Los que, por edad, conocimos esos tiempos oscuros estaremos de acuerdo en que estos días atrás éramos conscientes de que acudíamos a un juicio con una sentencia dictada previamente. Un juicio que pasará a la historia por haber culpado a un inocente de un delito que no cometió, por ignorar el principio judicial de la presunción de inocencia, por sentenciar a un ciudadano sin haber demostrado su culpabilidad, y por defender a un imputado por cinco delitos, el señor González Amador, frente a un jurista que defendía la legalidad y el respeto a las instituciones democráticas -en este caso, la Fiscalía General del Estado-.

Un juicio éste que hubiera quedado más auténtico si al final del mismo tanto los magistrados que apoyaron la culpabilidad del fiscal general, como sus acusadores -abogados, periodistas, entidades asociativas, funcionarios políticos...- se hubieron levantado y, brazo en alto, hubiesen cantado el “Cara al sol”. Se lo habían ganado. De la misma forma hubiera sido coherente que el comunicado del Tribunal Supremo anunciando, sin que hubiera sentencia, la condena del acusado rematara con un “Viva Franco, arriba España”, para así contribuir a celebrar la efeméride del 20N.

Pueden parecer exageradas estas valoraciones, pero el tiempo demostrará el enorme daño que a la credibilidad del poder judicial español le ha hecho este juicio y este fallo sin sentencia. La injusticia que se acaba de cometer con un ciudadano honrado y decente. Como, por si aún hubiera dudas, este juicio forma parte de la ya conocida estrategia subversiva de las derechas extremas (PP/Vox) dirigida a derribar a un gobierno legítimo (PSOE/Sumar) y cargarse las bases de una democracia -ya que en una democracia los gobiernos son elegidos por los Parlamentos-.

Sólo cabe esperar que el recurso ante el Tribunal Constitucional, que con seguridad presentarán los abogados defensores del señor Álvaro García Ortiz, sea atendido por aquél con rapidez y resuelva como no puede ser de otra manera: declarando nula la sentencia y devolviendo al “acusado” la honorabilidad que le han querido quitar. La democracia española no se merece estas infamias y estos ataques.

         No por casualidad aquellos Estados que sufrieron largas y crueles dictaduras, que además no fueron derrumbadas por las clases populares, como sucedió con España, están entre los más corruptos. Estados en los que se mantienen, o conservan una gran influencia, poderes herederos de las dictaduras (la jefatura del estado, el poder judicial, los cuerpos de seguridad, los medios de comunicación…) y en los que el sistema de partidos gira en torno a un formato bipartito (dos grandes partidos que se acompañan de un grupo menor) que facilita la alternancia y el mantenimiento largo tiempo en el gobierno. Estados en los que la economía y la riqueza están muy concentradas en un reducido grupo social que mantiene un enorme poder de influencia política capaz, no solo de elegir los gobiernos y su composición, sino también de marcar sus políticas.

         España es un caso paradigmático, que no único, de lo que acabo de señalar. En la cúpula del Estado tenemos a una monarquía a la que la Constitución le concede poderes casi absolutos (Art. 56.3. C.E.: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”), lo que abre la puerta a que sus actuaciones puedan escapar al control tanto del poder legislativo como de los poderes judiciales. Hecho que ha sucedido con el monarca emérito (Juan Carlos) quien aprovechando estos poderes mantuvo una trayectoria marcada por la corrupción (cobro de comisiones, fraude fiscal, cuentas en paraísos fiscales...) y la indecencia (múltiples amantes, regalos y safaris pagados con dinero público), como ahora todos conocemos, pero sin que tuviera que responder delante de la justicia como sería menester en una democracia. Una conducta que se resolvió con su dimisión y su dorada jubilación en un paraíso fiscal árabe.

         España cuenta con un poder judicial al que la Constitución también le reconoce un enorme poder, ya que según ésta sus integrantes están “sometidos únicamente al imperio de la ley” (Art. 117.1). Una situación que tanto permite que no pocos de sus miembros disfruten de las ventajas de las “puertas giratorias”, como que en sus actuaciones judiciales protejan a políticos y partidos corruptos  -véase, por caso, el comportamiento de conocidos magistrados en los casos de la GÜRTEL, KITCHEN...- al tiempo que buscan castigar a quien persigue y combate la corrupción: como estamos viendo ahora con el juicio al Fiscal General del Estado, y antes con los expedientes judiciales a los partidos de izquierdas.

         No resulta irrelevante en la extensión de la corrupción la realidad de algunas fuerzas de seguridad del estado -policía nacional y guardia civil- que aprovechan su excesivo poder en beneficio propio. Una corrupción que suele adoptar formas como el soborno, el tráfico de influencias, la extorsión, el espionaje, el abuso de la autoridad, el narcotráfico y un largo etcétera. Y que podemos confirmar acudiendo a las hemerotecas o recordando sucesos famosos (Nani, Mérida, UDEF, Alcalá de Guadaíra, Baleares…).

         Los casos anteriores que afectan a los aparatos del Estado no son los únicos, pues los partidos políticos -en su gran mayoría- no escapan a este fenómeno. Ahí están los innumerables casos de corrupción en que el partido mayoritario de las derechas (PP) -líder muy destacado en esta materia: prácticamente el 50% del total de los casos en España: 1 de cada 2-, aparece implicado como son Gürtel, Bárcenas, Púnica, Lezo, Nóos, Kitchen…, y que, según algunos cálculos, elevan su coste a más de 122.000 millones de euros. Una corrupción que en su día también golpeó al soberanismo catalán -Palau, 3%, Pujol, Pretoria…- y al PSOE    -ERES de Andalucía, Roldan, Guerra, Melilla, EDU, Aquamed...- aunque, justo es reconocerlo, en menor cuantía. No obstante, en estos días la corrupción vuelve a golpear a los dos grandes partidos: PSOE -caso Koldo- y PP -caso Diputación de Almería-.

         Pero, como decíamos al principio, no hay corruptos sin corruptores, y no caben dudas de que la naturaleza del capitalismo español y de sus grupos dominantes favorece y estimula la corrupción. Unas clases dominantes en las que los banqueros, los constructores y los oligopolistas son hegemónicos: lo que les permite imponer sus criterios y su modus operandi.

Un modus operandi que va desde el fraude fiscal –que en España equivale al 23,5% del PIB, el tercero más elevado en Europa, y de ese total el 71% es cometido por las grandes fortunas-; a las malas prácticas empresariales, que provocan grandes crisis que, finalmente, rematan con el gobierno de turno acudiendo a su rescate a cuenta del dinero público -recordemos lo sucedido con la crisis bancaria e inmobiliaria de finales de la década pasada (2007-2009) que supuso para el erario público un coste aproximado de 200.000 millones de euros-, y/o al soborno directo, bien a cargos públicos, bien a los grandes partidos que gobiernan en las distintas instituciones del Estado. Modos corruptos que permiten grandes abusos como sucede, por caso, con los oligopolios. -energía, telecomunicaciones, o distribución de alimentación-.

         Unas prácticas que se ven facilitadas por cuatro realidades: las llamadas “puertas giratorias”, el elevado partidismo de la política española, el sistema de financiación de los partidos políticos y el carácter burocrático y centralizado de estos últimos. Todo un entramado, que muchos de los medios de información y comunicación ocultan -cuando no favorecen-, pues forman parte del mismo -están subvencionados por los grandes poderes económicos-, que ha penetrado el tejido social de forma que una parte no menor de la ciudadanía lo acepta y perdona          -¿como si no explicar, por caso, muchas de las mayorías parlamentarias del partido líder en corrupción (PP): Galicia, Valencia, Madrid, Andalucía…-, y que sitúa a España, según el Indice de corrupción de Transparency International, en una posición intermedia en la Unión Europea.

Claro que lo que vino a continuación me creó confusión. Porque, además de utilizar el peinar canas como argumento de sostén de esa afirmación de que vino de arriba la orden de retirar la propuesta de conformidad, el señor (Miguel Angel) Rodriguez reconoció que no tiene ninguna otra prueba ni información a mayores sino que era una opinión exclusivamente apoyada en la seguridad que da “el peinar canas”. Un hecho, el peinar canas, que por lo que se ve te permite apoyar en mentiras y sucias maniobras una trama político-jurídica-mediática orientada a dar un golpe judicial, una especie de 23F desde la Plaza de la Villa de París.

En base a esa declaración de principios tan convincente yo, que “tambien peino canas”, afirmo con la misma o mayor rotundidad, que en este juicio contra el Fiscal General, que considero escandaloso, se está lesionando la presunción de inocencia del acusado (“todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario”), que al día de hoy todavía no han aparecido pruebas de los delitos de que se le acusa, que hay testigos que mienten descaradamente (Miguel Angel Rodriguez, Alberto González Amador) uno de los cuales (el segundo) está acusado de cuatro delitos fiscales (fraude fiscal, facturas falsas, corrupción en los negocios y administración desleal) que le costaron al erario público un mínimo de 350.000 euros (por mor de un pelotazo de 2,3 millones de euros en comisiones) y que, en su día, intentó ocultar, pero que finalmente tuvo que admitir ante los contundentes argumentos de la Agencia Tributaria. Que no me creo, peino canas, que la señora (Isabel) Ayuso, cuyos honorarios proceden de fondos públicos que alimentamos los ciudadanos con nuestros impuestos, no estuviera al tanto de las maniobras de su pareja para no pagar impuestos y para engañar al fisco, que entre los periodistas los hay que no tienen reparos en mentir pero también los hay, son mayoría, que cuentan la verdad.

Por esta razón de que “peino canas” afirmo que no hay mayores pruebas que la inocencia de (Álvaro) Garcia Ortiz, quién esta siendo objeto de una cacería infame, que si hay pruebas, tanto de que el ciudadano (Alberto) Gonzalez Amador ha cometido los delitos fiscales anteriormente citados, como de que el señor (Miguel Angel) Rodriguez con sus mentiras y sucias maniobras ha sido el mullidor, apoyado por periodistas, magistrados y políticos de extrema derecha, de una trama política que no hay por dónde cogerla, porque no se sostiene. Por todas estas razones, y como peino canas, afirmo finalmente que no hay una campaña del Gobierno español (PSOE/Sumar), y de su Presidente el señor (Pedro) Sánchez, contra la señora (Isabel) Ayuso, sino que lo que hay es una trama política-jurídica-mediática contra un gobierno legítimo por democrático y progresista. Una trama potenciada por unas derechas (PP/Vox) que solo aceptan la democracia (una democracia vigilada) cuando ésta les favorece, cuando gobiernan y pueden llevar adelante sus prácticas corruptas y filibusteras (GURTEL, KITCHEN, PUNICA,). Una trama que, en este caso, no tendría fundamento si el señor (Alberto) González Amador no hubiera cometido un cuádruple fraude fiscal y no fuera familiar de la señora (Isabel) Ayuso.

         Cuando su partido (PSOE), y por lo tanto el mismo en su condición de secretario general, está atravesando uno de sus peores momentos en la presente legislatura por los graves casos de corrupción destapados (Ábalos, Cerdán) pues resulta que el principal partido de la oposición (PP) no solo pone en evidencia que es mucho más corrupto (Gürtel, Kitchen…: una corrupción sistémica) sino que políticamente es también mucho más vulnerable. Una vulnerabilidad que le afecta tanto al liderazgo del señor (Alberto) Núñez Feijoo como a sus principales activos políticos como sucede con Madrid, Valencia y Andalucía.

         Empezando por estos últimos estamos viendo como la señora (Isabel) Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid, no solo se ha visto salpicada por los delitos de su pareja, el señor (Alberto) González Amador, confeso de fraude fiscal, facturas falsas, corrupción en los negocios y administración desleal sino que ha visto como su jefe de gabinete, el señor (Miguel Ángel) Rodríguez, tuvo que reconocer delante de los jueces que mintió en el caso contra el Fiscal General del Estado -que no fue este quién filtró a los medios la oferta del abogado del presunto delincuente- apareciendo así como uno dos principales muñidores de la trama político-judicial que busca imputar falsamente, por delito de revelación de secretos, al Fiscal General y por elevación al Presidente de Gobierno. 

         En relación al País Valenciano y con motivo de la DANA estamos asistiendo  por parte de su presidente autonómico, el señor (Carlos) Mazón, a un comportamiento deleznable e indigno de una autoridad política en el que se se juntan la incapacidad a nivel de gestión política con la mayor de las insensibilidades humanas hacia un pueblo que ha sufrido un brutal golpe por parte de una catástrofe natural provocada por el cambio climático que se llevó por delante la vida de 229 valencianos/as. Un comportamiento que está recibiendo un creciente rechazo social en esa comunidad.

         Finalmente Andalucía. Lo que parecía era un paseo triunfal del señor (José Manuel) Moreno Bonilla está convirtiéndose en un inesperado calvario en razón de que están saliendo a la luz algunas de las trágicas consecuencias que se derivan de los recortes en la sanidad pública andaluza. Unos ajustes que provocan graves déficits en la atención sanitaria y que en este caso afectan a la salud y la vida de muchas mujeres andaluzas con consecuencias funestas para algunas de ellas. 

         Por si estos tres casos, que afectan a tres comunidades en las que las derechas gobiernan, no fueran suficientemente ilustrativos sobre su creciente vulnerabilidad, las direcciones de estos partidos (PP/Vox) se empeñan en colaborar a que aquella se agrande. La última prueba, por lo de ahora, la tuvimos recientemente en el Senado, concretamente en la Comisión de Investigación donde, gracias a la televisión pública, pudimos ser testigos de un espectáculo bochornoso por parte de los senadores del PP y Vox que le hicieron un daño enorme a la imagen de la Cámara Alta. Un bochornoso espectáculo en el que además quedó en evidencia la incompetencia política de estas derechas capaces de convertir lo que pensaban sería un golpe político definitivo al señor (Pedro) Sánchez, y de rebote al gobierno de coalición, en un nuevo fracaso en su estrategia de acoso y derribo. Un nuevo fracaso que se suma a otros anteriores y que ponen en cuestión la solidez y la altura políticas de los señores Feijoo y Abascal.

         Estos son los hechos que me llevan a afirmar que el señor (Pedro) Sánchez es un político con suerte. A sus indiscutibles méritos hay que sumarle la enorme incompetencia de sus rivales (Feijoo, Abascal) que en su obsesión por derribar al gobierno actual, absolutamente legítimo, no paran de cometer sucesivos errores políticos. Errores fruto de una mala lectura tanto del resultado de las elecciones generales del año 2023 como del mensaje que la ciudadanía de los pueblos de España dejó con sus votos. Errores que alimenta la prensa amiga subvencionada.

         En relación con esto último todo parece indicar que Latinoamérica puede certificar las perversas intenciones de Donald Trump que caminan en dirección a unos turbios antecedentes de la Historia. Los precedentes de los años de “la guerra fría” (1945-1991), que en Latinoamérica se caracterizaron por un continuo de golpes militares y un dispararse de las deudas externas que instalaron la miseria y la pobreza en la mayoría de los estados latinoamericanos haciendo de ese continente el más desigual del mundo.

         El período de la llamada guerra fría daría comienzo con Truman en la Casablanca y Stalin en el Kremlin (1945). Sería un largo período durante el que los Estados Unidos, tras su victoria en la II Guerra Mundial, se consideraron como soberanos y gestores del mundo entero, de Occidente y Oriente. Una estrategia que exigirá romper todos los acuerdos con la Unión Soviética (“la única política que entienden los rusos es la de la fuerza”) utilizando el argumento de las provocaciones de Stalin y el peligro que éstas encerraban. Nada más lejos de la realidad: Rusia no estaba en condiciones de amenazar a nadie, pero en Occidente, no solo en los Estados Unidos (Truman) sino también en Gran Bretaña (Churchill) había interés en crear un clima de guerra fría. “No se puede negociar con los soviéticos, solo una actitud de firmeza unida a la voluntad de usar la fuerza si es necesario puede contener a la Unión Soviética”.

         La formulación de estas tesis políticas llevó aparejado un endurecimiento de la política exterior estadounidense y el consiguiente inicio de un período marcado por la “doctrina Truman” y “la teoría del dominó” cuyos objetivos, no declarados, eran “poner los fundamentos morales e intelectuales de un nuevo sistema mundial norteamericano” basado en la confrontación del bien y el mal, del llamado “mundo libre” y del comunismo. Fundamentos que exigirían el apoyo militar de los Estados Unidos a todos aquellos países del mundo donde el bien, el “mundo libre” estuviera en peligro por las amenazas del mal y del comunismo. Fundamentos que le dieron a los Estados Unidos “cobertura moral y política para acciones abiertas y encubiertas, sensatas e insensatas, afortunadas o fracasadas en casi cualquier lugar del mundo”. Es irónico que desde 1953, para los EE.UU. el dictador Franco fue incluido en ese bloque del “mundo libre”.

         Centrándonos en el continente de referencia, Latinoamérica donde, según el Consejo de Seguridad Nacional, en esos años (finales de los cuarenta) se estaba produciendo una deriva hacia regímenes radicales y nacionalistas, lo que podría dar lugar a la penetración comunista (“América Latina es el área más peligrosa del mundo”) que pondría en riesgo los negocios y la inversión privada. La estrategia estadounidense sería la de prestar asistencia militar (“operaciones encubiertas” dirigidas por el Pentágono y la CIA) que tendrían como primera experiencia-laboratorio Guatemala donde el combate contra el comunismo fue resuelto con facilidad, pero a costa de una terrible masacre. En América Central y el Caribe, entre los años 1961 y 1963 seis gobiernos elegidos democráticamente serían derribados por golpes militares apoyados por los Estados Unidos, para quien “la ley y el orden de los militares eran mejores que la confusión que engendraba la lucha por la democracia”. En los países andinos, Ecuador conocería una suerte de sucesivos golpes militares (1961, 1963, 1972) y Perú le acompañaría (1968). En el Cono Sur también tuvieron lugar una serie de dictaduras que comenzarían en Paraguay (1954) y seguirían Brasil (1964), Bolivia (1971), Uruguay (1973), Chile (1973) y Argentina (1976). La diferencia entre las actuaciones intervencionistas de los Estados Unidos fueron que, mientras en América Central y el Caribe se optó por la intervención directa, en el resto de los países la intervención se delegó en los ejércitos nacionales que habían sido educados para el golpismo por la CIA y el Pentágono en la Escuela de las Américas (Panamá).

         Como se puede ver la guerra fría (1945-1991) trajo para Latinoamérica una serie sucesiva de golpes militares que dieron paso a dictaduras que dejaron tras de sí miles de muertos, desaparecidos y/o torturados y sin que prácticamente ningún país latinoamericano se quedara a salvo. En Colombia, por ejemplo, el apoyo a las jerarquías dominantes, y ávidas de dominio, se saldó con los “años de sangre” (1946-1958), donde se arrebataron sus tierras a los campesinos, y se cuenta por millones el número de éstos tuvieron que desplazarse en masa (varios millones al exilio). Situación que provocó la reacción del nacimiento de las guerrillas.

         Si en el terreno político la guerra fría trajo dictaduras militares para Latinoamérica, en el terreno económico aquellas sirvieron de instrumento para el expolio financiero de este continente especialmente a través de la deuda externa. Expolio en que las instituciones financieras internacionales (FMI, BM) actuaron como “gestores” que usaron como herramienta los “Planes de Ajuste Estructural”, para cuya aplicación fueron muy útiles las dictaduras militares. Como dato que sirva para medir la relevancia de este autentico expolio, digamos que, según los informes de CEPAL (Comisión Económica para América Latina) la transferencia neta de capitales de América Latina hacia el Norte alcanzó entre 1983 y 1991 a más de 200 mil millones de dólares, y que entre 1982 y 2000 aquella devolvió como servicio de la deuda 1,5 billones de dólares.

         Esta extensa referencia a la “guerra fría” y sus principales impactos en Latinoamérica viene a cuento porque todo indica que Donald Trump y la oligarquía que primero financió su campaña y ahora lo apoya -realmente le dicta la política-, parece querer recuperar algunos de los modos y formas de la guerra fría. Por una parte, ha puesto el foco en los gobiernos no afines a los que amenaza bien con represalias económicas, sus queridos aranceles (México, Honduras, Brasil, Colombia, Chile…), bien con acciones encubiertas de la CIA y el ejercito que parecen preludios de intervenciones directas (Venezuela). Paralelamente a los gobiernos que considera amigos (Argentina, El Salvador) les ofrece ayudas financieras, que son auténticas estafas, al tiempo que los ensalza y pone como ejemplos regionales.

         Según la señora Pamela Starr, profesora de relaciones internacionales en la Universidad del Sur de California, con Donald Trump “hay un cambio significativo en la política estadounidense hacia América Latina. Un giro que consiste, por un lado, en volver a la lógica de la Doctrina Monroe y la idea de que los Estados Unidos deben ser el líder hegemónico al que siga América Latina. Hay también una vuelta a la actitud de la Guerra Fría, donde no importa la política interna de los países latinoamericanos mientras sean aliados de Estados Unidos: pueden ser regímenes autoritarios o democráticos” (BBC Mundo). @mundiario

         La crisis del neoliberalismo se está llevando por delante a las fuerzas políticas que la engendraron y alimentaron (liberal/conservadores y socialdemócratas). Si estos últimos prácticamente desaparecieron de occidente (con algunas excepciones como la socialdemocracia light española), los otros se ven incapaces de superar en su terreno a las fuerzas de extrema derecha, lo que les lleva a asumir muchos de sus postulados con el consiguiente riesgo de ser superados por éstas.

         A nivel económico estamos viendo cómo las fuerzas dominantes buscan romper los fundamentos y las instituciones que favorecieron el auge del neoliberalismo para imponer un capitalismo sin reglas en el que sus intereses se impongan, si es preciso por vía militar, al resto de la sociedad. El claro ostracismo a que instituciones neoliberales antaño tan fundamentales y poderosas como el FMI, el BM y la OCM están siendo sometidas por Donald Trump y sus oligarcas es una muestra inequívoca de lo que señalo.

         ¿Qué decir de la crisis ambiental? La apuesta por un crecimiento que no solo no cuestiona las bases ecológicas anteriores, como por ejemplo el consumo intensivo de residuos fósiles sino que apuesta por incrementarlas, así como por una mayor y más intensa explotación de los recursos naturales, deja en evidencia cómo se desprecia la realidad de un mundo finito para encaminarnos a un final de la humanidad.

         Una crisis que, como señalaba, alcanza a lo ético y lo moral. Si en lo ético se refleja en la citada crisis política e ideológica de los partidos (liberal-conservadores y socialdemócratas) que durante décadas gobernaron occidente, y en el paralelo auge de los totalitarismos, en lo moral está en la ausencia, a medio y largo plazo, de proyectos de convivencia en paz y armonía. Una ausencia que provoca no pocas desorientaciones, tanto a nivel colectivo como individual.

         Pero se puede afirmar con argumentos que esta desorientación no es generalizable porque, como estamos viendo hoy en día, desde la sociedad civil están surgiendo voces y movimientos cada vez más fuertes y amplios que muestran su rechazo hacia el mundo que estos oligarcas del mal nos quieren imponer. Tenemos ejemplos de ello como es el creciente rechazo que entre miembros de la sociedad civil a nivel mundial (de Australia a Gran Bretaña, de Chile a España) está provocando el genocidio en Gaza y la falta de respuestas de la mayoría de los gobiernos frente a esta limpieza étnica. Un rechazo que se extiende a otras barbaries como, por ejemplo, la invasión de Ucrania, la crisis ambiental y/o la violencia de género. 

         Una sociedad que por lo que estamos viendo parece dar muestras de su hartazgo. Algo que pudimos comprobar en la diada aunque ya quedara en evidencia en las últimas elecciones catalanas. Sobre la diada de este año 2025 la información que nos llega es que, sumando la asistencia al conjunto de manifestaciones que se celebraron con esa fecha, no llegan a 42.000 los asistentes, que suponen el 57,1% de los que asistieron a la celebrada el año pasado -73.500- y que quedan a enorme distancia de la asistencia habida en algunos años de la pasada década -entre 1 y 1,4 millones-. Una caída en la asistencia que no se puede afirmar que sea fruto de la represión: no sería creíble de ninguna de las maneras, porque otros son los factores.

         Son otros los factores como puso en evidencia el resultado de las elecciones autonómicas celebradas en noviembre de 2024, que dejaron en Catalunya un escenario de alguna forma inédito. Recordemos los aspectos políticamente más relevantes de los resultados teniendo en cuenta además la situación de partida (de clara confrontación de los partidos independentistas con prácticamente todo el resto). Confrontación que no retrajo la participación pues la abstención (42,05%) fue claramente menor que en las anteriores (48,71%). Que de perjudicar a algunos fue claramente a los partidos del PROCÈS (JxCat, ERC, CUP) que perdieron 15 diputados y 150.000 votos. Pero seguramente lo más relevante sería que el PSC volvió a ser claramente la fuerza más votada (200.000 votos y 7 diputados más que la segunda) lo que le facilitó “recuperar” la Presidencia de la Generalitat.

         Datos que, teniendo en cuenta la situación de partida (bloqueo político) dejaron algunas lecturas claras. La primera que Catalunya abría un nuevo ciclo que debe ser diferente al anterior. Que el procès, no así el independentismo (59 diputados), está muerto y que se hace necesario un consenso más amplio sobre el futuro de Catalunya y su inserción en el Estado español. Que la derecha extrema dobla su presencia tanto en diputados (de 14 a 28) como en votos y con indicios de que está en ascenso: un aviso a navegantes. Que la opción transversal como la que, en su día, apoyó a Pasqual Maragall (PSC+ERC+Comúns) es mayoritaria en el parlamento (68 diputados de 135) y en la sociedad (50% de los votos).

         Parece difícil negar el que estas elecciones no abrieron un nuevo ciclo en Catalunya, quién ahora está en una onda distinta, con un nuevo escenario político en el que el diálogo y la negociación, interna y externa, debe sustituir a la confrontación. Algo que demanda de nuevos interlocutores en Catalunya y en el Estado con los independentistas y las derechas españolas en un lugar mucho más secundario pues su fracaso (la apuesta por la confrontación) no se puede ocultar. Cuanto antes lo asuman, especialmente en el campo de los independentistas, mejor para Catalunya y para España. Como deben asumir las fuerzas democráticas no independentistas que el pueblo catalán quiere que se le reconozca su singularidad y se le respete.

Difícil de entender por dos razones básicas. La primera que autorizar la presencia de este equipo ciclista iba a suponer, se quisiera o no, la legitimación de la actuación que su gobierno, presidido por un criminal de guerra como Benjamín Netanyahu, está llevando a cabo en Gaza: un genocidio. Intentar superar esta evidencia era ignorar, consciente o inconscientemente, que los derechos humanos, el derecho a la vida tienen que estar por encima de cualquier deporte y espectáculo. Lo contrario sería defender un argumento que nos recuerda mucho a los que utilizaba el franquismo.

La segunda por ignorar que entre la ciudadanía de los pueblos de España el conocimiento de la crueldad y el sadismo que el gobierno israelí y la población sionista emplean en Gaza, está despertando la conciencia solidaria y cívica de todos nosotros. Una conciencia que está haciendo crecer la indignación frente a aquellas autoridades deportivas y políticas que anteponen el negocio deportivo y mediático frente a los derechos humanos, frente al derecho a la vida especialmente de los/as niños/as y recién nacidos, frente al derecho de un pueblo a tener un territorio en el que vivir y no tener que soportar una continua diáspora.

Que en este marco el Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, haya mostrado su solidaridad y su simpatía por la reacción ciudadana no se puede entender más que como la reacción de un político demócrata y sensible ala indignación y la rabia de unos pueblos solidarios con un pueblo que sufre una nueva Nakba. Un político a la altura de las circunstancias históricas, de las terribles circunstancias en que se está produciendo un nuevo genocidio del pueblo palestino.

En sentido contrario que la oposición política de las derechas extremas (PP/Vox) y sus altavoces mediáticos aprovechen estos hechos para continuar con sus ataques de acoso y derribo del gobierno de turno (PSOE/Sumar) no deja de ser una prueba más tanto de sus miserias políticas como de su pobreza moral y ética.

En relación con sus miserias políticas ¿como entender que se defienda el legítimo boicot deportivo a Rusia, por su invasión de Ucrania, y no se defienda el de Israel autor del genocidio de Gaza? ¿Que se prohíba la participación de equipos y deportistas rusos en las competiciones internacionales pero no se use el mismo criterio para los israelíes?.

En cuanto a la pobreza moral ¿como justificar que para el objetivo estratégico de atacar al legítimo Presidente del gobierno -Pedro Sánchez- se compare lo sucedido en la Vuelta España con episodios como la kale barroca o el tsunami democrátic?: se les olvidó la guerra de Cuba. Comparaciones que solo pueden derivar de concepciones delirantes del debate político y la legítima lucha partidaria en una democracia. Concepciones muy cercanas a aquellas que dominaban en España hace décadas y de las que todavía tenemos una triste memoria los que ya contamos con una edad.

Que nivel!. @mundiario

            En relación con los primeros Ryanair se caracteriza por una elevada precarización de las relaciones laborales (salarios, contratos, jornadas, descansos…) y un comportamiento con sus empleados que los sindicatos no dudan en calificar como mafioso. Un comportamiento que, a pesar de ello, no le priva de recibir cuantiosas ayudas públicas, así como importantes ventajas fiscales, tales como la reducción de impuestos. Privilegios que, como señalaba, nunca parecen ser suficientes para una dirección empresarial cuya avaricia y falta de escrúpulos no parece tener límites.

            Junto a esas prácticas laborales Ryanair practica una política de constantes abusos con sus usuarios tales como recargos por el equipaje de mano, por reservas del asiento contiguo para acompañar a personas dependientes o menores, y otras infracciones que han llevado a que, tanto el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 como la propia Junta de Andalucía le hayan sancionado por infracciones que consideran especialmente graves. Unas sanciones que, en el caso del Ministerio, han recibido el apoyo de las Organizaciones de Consumidores y que, además de a Ryanair han afectado a otras aerolíneas de bajo coste como Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea, siendo la sanción más alta la impuesta a Ryanair, ya que resulta ser la compañía con mayor volumen de ingresos.

            En relación a esta última hay que destacar que estamos ante una compañía reincidente en sus prácticas irregulares, por las que solo en España ha recibido una docena de sanciones en los últimos siete años, tanto por no cumplir con la legislación laboral como por la cancelación indebida de vuelos, el mal comportamiento con sus usuarios y la lesión de sus derechos, así como por la fijación arbitraria de los gastos extras anteriormente señalados, e incluso por prácticas oscurantistas en la propia gestión.

            Hay que señalar que este tipo de prácticas, este modus operandi, ha sido posible por varias razones. En primer lugar, por la posición de dominio y hegemonía que Ryanair tiene en el sector aéreo europeo. En segundo lugar, por los privilegios y ayudas (como, por caso, en las tasas aeroportuarias) que ha venido recibiendo de continuo por parte de las distintas administraciones públicas por sus políticas de vuelos baratos y de apertura de rutas con aeropuertos que otras compañías se niegan a cubrir: ayudas en forma de subvenciones encubiertas (como por caso de patrocinio) que, por ejemplo, solo en España ascienden a una media anual de unos 80 millones de euros. En tercero lugar están las ventajas fiscales que le supone tener la residencia en Irlanda (“double Irish”), pues ello le permite trasladar sus beneficios a paraísos fiscales y así reducir muy notablemente el pago de impuestos (“elusión fiscal”). Finalmente están unas relaciones laborales abusivas, que reducen los costes, pero que, a pesar de ello, son admitidas en el marco de la Unión Europea. Factores todos ellos que le permiten obtener grandes ventajas en costes con relación a sus competidores.

            En definitiva, y como acertadamente señala el Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (Pablo Bustinduy), “Ryanair ha funcionado siempre con un modus operandi de amenazas, chantajes y un estilo comunicativo de bastante mal gusto y educación. Es una compañía muy conocida por tratar muy mal a los consumidores españoles, con prácticas abusivas e ilegales. Y por eso se les ha sancionado con 107 millones. Y no están acostumbrados a este trato, están acostumbrados a que ese juego les salga bien y a ganar cada vez más dinero: la amenaza y la extorsión es el modus operandi de Ryanair”.

2. Yo te acuso Israel de querer seguir ocupando territorios palestinos, de construir nuevos asentamientos israelís en zonas ocupadas por palestinos. Yo te acuso de seguir una política que, consciente y deliberadamente, busca impedir la solución de los dos Estados que conduzca a una paz duradera.

3. Yo te acuso Israel de estar violando continuamente el derecho internacional -las resoluciones de las Naciones Unidas, la IV Convención de Ginebra...-, que considera ilegal tu política de ocupación de territorios palestinos y califica como un acto de genocidio tu actuación militar en Gaza.

4. Yo te acuso Israel por tu política de hechos consumados. Una estrategia deliberada y consciente que busca impedir el establecimiento y la consolidación de un estado palestino viable dentro de una solución para la zona de dos Estados.

5. Yo te acuso Israel de llevar décadas sometiendo al pueblo palestino no solo a limitaciones en sus desplazamientos, a un difícil y limitado acceso a sus tierras y recursos -como la pesca-, a una total libertad, sino además, y como estamos viendo ahora en Gaza y antes vimos en Palestina, a obligarlos por vía militar a abandonar sus tierras

6. Yo te acuso Israel de no respetar los derechos de los prisioneros palestinos que se hacinan en tus cárceles. Prisioneros entre los que hay niñas y niños que son sometidos a torturas y a malos tratos. Actos que suponen nuevas violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional.

7. Yo acuso a la Comunidad internacional, con Estados Unidos a su cabeza, por no usar su influencia para presionar a Israel y que este detenga el actual genocidio en Gaza, la política de construcción de nuevos asentamientos en Cisjordania y cerca de Jerusalén Este, y a que acepte entablar negociaciones con los palestinos.

8. Yo acuso a la Comunidad Internacional por no preocuparse como debiera y no prestar más atención a lo que está pasando en Gaza, donde tiene lugar un genocidio cuyas víctimas principales son niñas y niños palestinos, y en el que el ejército israelí está usando armamento comprado a Estados Unidos y a la Unión Europea.

9. Yo acuso a los Estados Unidos de apoyar militar y económicamente a Israel, sosteniendo así su política de exterminio del pueblo palestino. Un apoyo con el que Estados Unidos busca proteger mejor sus intereses en Oriente Medio, y que tienen mucho que ver con las reservas petroleras en la zona.

10. Yo acuso a los Estados Unidos de que con su apoyo a Israel está pensando más en los intereses comerciales y financieros de su industria armamentística y de sus bancos que en la vida de los palestinos.

11. Yo acuso a los Estados Unidos de pensar más en los votos de la comunidad judía estadounidense, fuertemente vinculada a Israel por lazos culturales e históricos, que en los derechos históricos del pueblo palestino y en la paz en Oriente Medio.

12. Yo acuso a la Comunidad Internacional de que no querer comprender las razones sociales y políticas que favorecieron la aparición de Hamás y de que esta organización política se haya convertido en la fuerza mayoritaria en los territorios palestinos.

13. Yo acuso a la Comunidad Internacional de tener su cuota de responsabilidad en la creciente imposibilidad de dos estados, Israel y Palestina, conviviendo en paz y seguridad para así darle una resolución justa y duradera al conflicto palestino-israelí.

14. Yo acuso a Israel, a Estados Unidos y a la Comunidad Internacional de ser, por activa y por pasiva, culpables del mayor infanticidio de la historia de la humanidad.

NOAM CHOMSKY: “Guerra o paz en Oriente Medio”. @mundiario

            Según nos cuenta la BBC, cuyo bien ganado prestigio está fuera de toda duda, hay fundadas y solidas sospechas de que el ejército israelí practica un patrón de ataque militar que pone a los/as niños/as gazatíes en la diana. Los hechos que conducen a estas terribles conclusiones se apoyan no solo en el elevado número de niños/as gazatíes asesinados (unos 18.000 contabilizados al día de hoy aunque es posible que el número real sea superior) sino también a la forma en que muchos de ellos son abatidos. Están muriendo por heridas de bala que por su efectividad -muchas en las espaldas, en la cabeza, en el corazón y hasta en los genitales- apuntan a que son disparadas por francotiradores con un patrón de intencionalidad.

            Por su parte miembros de Médicos Sin Fronteras (MSF) que todavía permanecen en Gaza denuncian que “la distribución de comida en Gaza es un asesinato orquestado: pareciera que hay quien está jugando al tiro al pato” lo que viene a confirmar la denuncia de que muchos de estos asesinatos son premeditados. Así, y según los mismos testimonios, el ejército israelí está aplicando otro sistema atroz de genocidio: la muerte por hambre. Utilizando el bloqueo a que tiene sometida a Gaza, Israel corta a su antojo los suministros de agua, comida y también de energía. Incluso llega a crear sistemas de distribución que le permiten aumentar la eficacia de su exterminio de palestinos que, desesperados, acuden a las áreas de reparto de comida, lo que les hace un blanco más fácil. No pocos de los gazatíes asesinados lo son cuando acuden a recoger comida y agua en los lugares de distribución de ayuda. Según estas ONGs son casi 1.500 los/as gazaties asesinados en estas condiciones en los últimos meses.

            Paralelamente sigue creciendo el número de niñas y niños gazatíes que mueren por hambre y sed. “Más de 320.000 niños/as -la población total de menores de cinco años de la franja de Gaza- están en riesgo de sufrir desnutrición aguda, y miles sufren desnutrición aguda grave -la forma más letal de desnutrición. La situación es desesperada” (UNICEF, 30 de julio de 2025).

El último por ahora es el acuerdo comercial que firmaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que bien se puede calificar de una “auténtica y desvergonzada obra de teatro” (Juan Torres). Por dos razones fundamentales, la primera que no es un buen acuerdo comercial ni para los intereses de los Estados Unidos ni para los de la Unión Europea. La segunda que las cesiones de la Unión Europea en materia arancelaria no evitarán males mayores para el comercio europeo.

No es un buen acuerdo comercial para los Estados Unidos porque los aranceles del 15% a todas las exportaciones europeas los pagarán los consumidores estadounidenses        -terminarán pagando más por muchos de los productos importados- y es muy dudoso que consigan que las empresas estadounidenses instaladas en Europa desmonten sus fábricas y regresen a los Estados Unidos, aunque, eso sí, aquellas se verán perjudicadas por los aranceles. Por todas estas razones el acuerdo de ninguna de las maneras se puede decir que sea favorable para los Estados Unidos.

Que no sea un buen acuerdo para los Estados Unidos no significa que lo sea para la Unión Europea, porque no lo es. En primer lugar, porque en una guerra comercial nadie gana y en este caso hay productos europeos que saldrán perdiendo -vino, aceite…-. En segundo lugar, está el compromiso europeo de compra de material militar -una cantidad sin especificar- y de productos energéticos -750.000 millones en tres años-. Finalmente está la obligación de inversiones europeas en Estados Unidos por un valor de 600.000 millones. Tres elementos que, a pesar de sus inconcreciones, suponen por parte de la Unión Europea que ésta “se pone de rodillas” ante el imperio estadounidense. 

La Unión Europea se pone de rodillas porque acepta el dominio y la dependencia del imperio estadounidense en asuntos económicos estratégicos (defensa, energía, innovación…) y en algo tan trascendental como el medio ambiente, pues el acuerdo supone, de hecho, el abandono del Pacto Verde Europeo y el desmantelamiento de las políticas climáticas europeas que tanto esfuerzo costaron levantar. Porque, además, la Unión Europea acepta las nuevas reglas comerciales que intenta imponer la administración de Donald Trump al resto del mundo que no solo rompen las reglas actualmente vigentes, sino que además atacan la soberanía de los estados, en este caso la soberanía de la Unión Europea. Unas reglas que dictan las grandes corporaciones que financiaron la campaña electoral de Donald Trump.

El otro acontecimiento tuvo lugar anteriormente, en la última reunión de la OTAN cuando los gobiernos europeos -con la loable excepción de España- aceptaron la “propuesta” de Donald Trump de incrementar el gasto público en Defensa hasta el 5% del PIB. Una concesión al imperio estadounidense vergonzosa y vergonzante que, por otra parte, no tiene otra justificación militar y económica que alimentar la industria armamentística estadounidense. Por otra parte, su materialización -si llega a producirse- supondrá una mayor desestabilización económica de la Unión Europea, no contribuirá a una mayor seguridad en el mundo, mucho menos a la paz, sino todo lo contrario, y repercutirá negativamente en el ya decreciente gasto público europeo en bienestar social.

Algo de esto ya lo pudimos ver en los últimos debates parlamentarios antes de las vacaciones y muy especialmente en aquel que tuvo como uno de sus temas centrales a la corrupción. Un debate (?) en el que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, lejos de presentar sus propuestas para combatir la corrupción sistémica que corrompe el sistema político español desde hace ya muchas décadas, centró su intervención en dirigir ataques directos y personales al jefe de gobierno, a Pedro Sánchez, con un tono y un talante en línea con lo que señalábamos antes de considerar al rival político como un enemigo al que hay que destruir.

Una senda que todo parece indicar, a pesar de la contundente derrota recibida en ese debate, los dirigentes del Partido Popular no parecen vayan a abandonar, sino que piensan profundizar en la misma. En este contexto resulta oportuno recordar que este tipo de estrategias, como nos muestran las evidencias, es más propio de políticos (Donald Trump, Jair Bolsonaro, Javier Milei, Viktor Orban, José María Aznar, Alberto Núñez Feijoo…) con un bagaje cultural muy escaso, una débil oratoria, que se muestran groseros con sus rivales a los que incluso llegan a insultar, muy sumisos con los poderes económicos pero muy tiranos e insensibles con las más débiles y pobres a los que desprecian. Unos dirigentes políticos que confirman la aseveración de Manuel Castells de que “los políticos cada vez son peores”.

Esta estrategia política de “destruir al adversario político” ya fue empleada por el señor Núñez Feijoo cuando aterrizó en la política gallega. En su condición de líder de la oposición al gobierno bipartito (2005-2009) este político, con el apoyo inestimable de La Voz de Galicia (a la que luego compensaría espléndidamente con fondos públicos) centró su estrategia en ataques personales tanto al presidente, el socialista Pérez Touriño, como al vicepresidente, el nacionalista Quintana González, poniendo a sus familias y amigos en la diana y utilizando como armas la mentira y los insultos. El objetivo era, como señalaba, “aniquilar al adversario”, una estrategia que, como sabemos, dio sus frutos pues el PPdeG recuperaría el control de la Xunta de Galicia en la convocatoria electoral siguiente. ¿Qué importa que estas estrategias causen un importante deterioro de la democracia y la convivencia pacífica (“las democracias se rompen cuando la adversarios pasan a ser enemigos” Manuel Castells) y que rematen trasladando a la sociedad “el discurso del odio” como ahora estamos viendo en Torre Pacheco? Para este tipo de dirigentes políticos lo que cuenta es la victoria.

  Ahora, todo parece indicar, que Núñez Feijoo y su equipo repetirán la estrategia. Y así ahora el foco está puesto en Pedro Sánchez, quién está siendo objeto de los más viles y mezquinos ataques que se tienen producido en la democracia española y que ponen a su familia y a sus amigos en la diana buscando así “destruirlo”. Ataques para los que estas derechas extremas (PP, Vox) cuentan con la in-disimulada ayuda de magistrados ultras bien situados en el poder judicial (como, por ejemplo, en el Tribunal Supremo), de miembros de los aparatos represivos del estado (tal que la llamada policía patriótica) y los ya conocidos medios de información y opinión (ABC, La Razón, El Español, El Confidencial, OK diario, La Voz de Galicia..) sin que tampoco falte el apoyo del reaccionarismo digital (“las plataformas disidentes”).

La respuesta hay que buscarla en varias evidencias. La primera, y puede que la más importante, está en que este gobierno de progreso (PSOE/Sumar) que él preside ha hecho muchas cosas buenas para las mayorías sociales (empleos, salarios, pensiones, bienestar social…) obteniendo paralelamente excelentes resultados macro económicos (PIB, rentas, déficit y deuda…), tales que sitúan a España como referente en la Unión Europea y que, por tanto, no se pueden ocultar por mucho que estas derechas (políticas, mediáticas, judiciales….) los intenten tapar con su ruido, sus mentiras y sus acosos.

La segunda, que entre los apoyos externos del gobierno va ganando peso la conciencia de que tanto éste como su presidente (Pedro Sánchez) están siendo objeto de un brutal ataque por las fuerzas oscuras que no tiene justificación, y que no debiera caber en un sistema democrático. Un ataque que, en realidad, es un ataque a la democracia a la que busca debilitar, al tiempo que pretende tirar por tierra los avances conseguidos en éstas dos últimas legislaturas. Un ataque que, de tener éxito, supondría un retroceso de décadas.

Estas dos evidencias, sumadas a la que dejo para el final, explican también que, a pesar de las importantes diferencias entre ellos, los partidos que apoyaron la moción de censura (PNV, JxCat, BNG, Podemos…) sigan apoyando al gobierno actual (PSOE/Sumar) por ser conscientes de que, hoy por hoy, la alternativa es mucho peor para Catalunya, País Vasco, Galicia y para el conjunto de los pueblos y los ciudadanos de España. También para ellos mismos como partidos. 

Finalmente, resulta cada día que pasa, más evidente que los actuales dirigentes de las derechas españolas (PP, Vox) no son capaces de aglutinar a su alrededor una mayoría parlamentaria que mediante una moción de censura abra la puerta a un gobierno alternativo. Su apuesta política por posturas de extrema derecha en multitud de asuntos (género, inmigración, pensiones, igualdad, paz y convivencia pacífica…) y su trato chulesco y despectivo al resto de los partidos, alejan la posibilidad de que las fuerzas democráticas de centro (PNV) y de centroderecha (JxCat) le puedan prestar el apoyo parlamentario que en otras legislaturas le prestaron.

Empecemos por esto último. En el tiempo que llevan liderando la oposición en España, Núñez Feijoo y su equipo han puesto en evidencia, además de un perfil político muy bajo, su querencia por el ataque personal y el insulto a los rivales políticos, algo que en Galicia ya conocíamos. Una táctica que se complementa con alianzas con la extrema derecha (Vox) que, si les sirve para gobernar en varias comunidades autónomas, les impide alcanzar una mayoría parlamentaria suficiente para, por ejemplo, la victoria de una moción de censura.

Éste es actualmente uno de los puntos débiles de la derecha mayoritaria (PP): necesita a la extrema derecha (Vox) para gobernar en las comunidades autónomas pero este peaje le impide gobernar en España. El otro es, sin género de dudas, la citada debilidad política e intelectual de sus liderazgos, lo que les lleva e “meter la pata” con demasiada frecuencia, como acaba de suceder a propósito de su cuestionamiento del resultado de las pasadas elecciones generales del 23-J: “si uno es capaz de adulterar unas elecciones internas en su partido, por qué no va a alterar unas generales?” (Núñez Feijóo). ¡Qué nivel! Pues, como dijo el Gran Wyoming a propósito de estas declaraciones, el líder de la oposición que aspira gobernar "está poniendo en duda un sistema democrático al más puro estilo de Trump".  

 Hace unos días el Pleno del Tribunal Constitucional avalaba la legitimidad constitucional de la ley Orgánica 1/2024 de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Según el emérito abogado José Antonio Martín Pallín (que fuera fiscal y magistrado del Tribunal Supremo) “la amnistía viene a satisfacer uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, la justicia, en cuanto repara una sentencia, que, más allá de los Pirineos, ha sido rechazada por la mayoría de los organismos internaciones de derechos humanos y no ha recibido, que yo sepa, la aprobación de los círculos académicos y judiciales de otros países”.

Si en términos políticos y sociales esta decisión viene a normalizar la vida en Catalunya a nivel partidario, supone un varapalo político enorme a las derechas extremas (PP,Vox) que presentaron recursos de inconstitucionalidad y que utilizaron la amnistía como torpedo contra el gobierno, quien -por su parte- sale muy reforzado de este envite, pues resulta indiscutible que esta resolución aleja todavía más las posibilidades de una moción de censura en esta legislatura, ya que, de presentarse, saldría con toda seguridad, derrotada.

Días atrás la OTAN celebraba una nueva cumbre, esta vez con un carácter muy especial pues se iba a discutir la propuesta de Donald Trump de que los miembros de esta organización incrementaran el gasto público en armamento hasta el 5% del PIB para el 2035; lo que supone, una vez aceptada, más que duplicar el gasto actual que está en el 2%. Como es sabido el presidente del Gobierno español se desmarcó, en solitario, del acuerdo y forzó a la OTAN a aceptar la excepcionalidad de España, cuyo compromiso de gasto se reduce al 2,1%. En un artículo anterior en este mismo medio (https://www.mundiario.com/articulo/opiniones/gracias-pedro-sanchez/20250627101431348666.html) afirmaba que “la valiente postura defendida por Pedro Sánchez en la reciente cumbre de la OTAN emplaza a todos los partidos democráticos de España y a la propia ciudadanía de sus pueblos".

 Porque, hoy por hoy, defender la paz y la convivencia pacífica es un gran reto para todos, pero que merece la pena, pues está en juego la supervivencia de la humanidad. Merece la pena todavía más cuando la Unión Europea, que en tiempos no muy lejanos fuera un faro mundial de paz y bienestar, hoy aparece como un gallo sin cabeza que olvida aquella parte de su historia en la que las guerras ocuparon varios capítulos”.  

Hechos políticos como estos tres ponen en evidencia que a pesar de las dificultades de la actual gobernanza, tanto por la necesidad de conseguir amplios acuerdos con partidos muy diferentes como por la actitud golpista y subversiva de los partidos de la oposición (PP, Vox) para lo que cuentan con el apoyo de sectores del poder judicial, de cuerpos de seguridad del Estado y de medios de información y opinión, este gobierno (PSOE/Sumar) sigue adelante con resultados económicos y sociales sin precedentes en la democracia española: empleo/desempleo, salarios, igualdad, bienestar social, derechos individuales y colectivos… Con toda seguridad que son estos resultados los que “desquician” a las derechas extremas y sus aliados, que no aceptan ceder rancios pero sustanciosos privilegios.

Gracias en nombre de los que también queremos que nuestros/as niños/as, y todos/as los/as niños/as del mundo, nazcan y crezcan felices y que no sean asesinados/as o mutilados/as (Gaza) por las armas de la guerra. 

Gracias en nombre de los pueblos que defienden su soberanía, aunque sus regímenes (Irán) no nos gusten nada, frente a las amenazas y agresiones exteriores.

Gracias en nombre de todos/as aquellos/as ciudadanos/as del mundo que repudiamos a los criminales de guerra (Milosevic, Putin, Netanyahu, Trump…) y apoyamos a los que siempre defendieron la paz (Palme, Mandela, Lutther King, Gandhi, Yousafzai, Menchu, Addams…).

Gracias también por tu valentía y porque estoy seguro de que no fue fácil, en un ambiente tan hostil y tan belicista, defender tu postura de que la paz no se gana aumentando el gasto militar sino todo lo contrario. Porque es mentira lo que afirma el criminal de guerra Benhamin Netanyahu que la paz se gana con la guerra y la historia de Israel así lo pone en evidencia. Recordemos las guerras en que intervino Israel desde que se constituyó en estado: 1948 (Primera guerra árabe-israelí), 1956 (la guerra del Sinaí), 1967 (la guerra de Los seis días), 1973 (la guerra del Yom Kipur), 1982 (la guerra del Líbano), 1987 (La intifada), 2023 (el genocidio de Gaza y Cisjordania). Estas guerras han traído la paz a esa región?

Gracias por poner en evidencia que un aumento del gasto público en defensa (armas y logística) irá en claro prejuicio de las funciones del bienestar, el medio ambiente y la cultura. Quienes si se beneficiarán de ese incremento del gasto público será la industria militar estadounidense y los fondos de inversión. Al día siguiente de la firma del acuerdo las ganancias en la bolsa de la industria armamentística estadounidense se dispararon.

Gracias, finalmente, por poner en evidencia que ni la OTAN es un instrumento para la paz, ni Donald Trump es un líder político que garantice de que no haya guerras.

En relación con la OTAN basta con repasar la historia de esta organización desde que fue creada (4 de abril de 1949) para saber que “es una alianza global para reforzar las ambiciones imperiales de los Estados Unidos y los privilegios de la élite europea”. Y para confirmarlo aconsejo la lectura de un gran trabajo del profesor Josep Fontana (Por el bien del imperio. Una historia del mundo desde 1945) en el que se relatan prácticamente todas las aventuras militares de la OTAN, sus razones y sus consecuencias algunas todavía frescas en nuestra memoria como, por ejemplo, la guerra del Golfo (1990/1991), la guerra en Bosnia (1995), la intervención en Kosovo (1999), las operaciones en Macedonia (2001), las invasiones de Afganistán e Irak (2003), los ataques aéreos en Somalia (2008-2016) y en Libia (2011): intervenciones que, entre otros efectos colaterales, dejaron tras de sí lo que Noam Chomsky denomina como estados fallidos (Estados fallidos. El abuso del poder y el ataque a la democracia) en los que la paz, la convivencia y el bienestar de sus ciudadanos no están ni se les espera. 

De Donald Trump poco hay que añadir a lo que ya se conocía de su anterior presidencia de los Estados Unidos. Volviendo al citado Noam Chomsky, decir que comparto su opinión de que seguramente estemos delante de un megalómano sociópata, (“the worst criminal in human History”), y que con él al frente de la Casa Blanca la democracia no solo está en peligro en los Estados Unidos sino en todo el mundo (Cooperación o extinción).

La valiente postura defendida por Pedro Sánchez en la reciente cumbre de la OTAN emplaza a todos los partidos democráticos de España y a la propia ciudadanía de sus pueblos. Porque, hoy por hoy, defender la paz y la convivencia pacífica es un gran reto para todos, pero que merece la pena pues está en juego la supervivencia de la humanidad. Merece la pena todavía más cuando la Unión Europea, que en tiempos no muy lejanos era un faro mundial de paz y bienestar, hoy aparece como un gallo sin cabeza que parece olvidar aquella parte de su historia en la que las guerras ocuparon varios capítulos. 

No exagero si digo que los pueblos de España estamos delante de una coyuntura que puede ser histórica. No la estropeemos.

  Porque este ataque a Irán, independientemente de la naturaleza de su régimen, es un nuevo ataque a la soberanía de un país. Un ataque que ni el Congreso de los Estados Unidos ni, mucho menos, la ONU habían autorizado por lo que podemos afirmar con seguridad que se trata de un ataque al derecho internacional, de un crimen de guerra cometido por Donald Trump y Benjamín Netanyahu.

Un crimen de guerra que no traerá la paz, ni mucho menos el progreso, a una región ya de sí muy castigada por los conflictos (Libia, Siria, Afganistán, Irak…) y que con este nuevo ataque se volverá aún más inestable. ¿Cabe dudar de que hoy el sentimiento anti-occidental en esa región no sea aún mayor que era ayer pero menor que mañana? ¿Que el cisma entre Occidente y Oriente, entre el Norte y el Sur, se amplíe y agrande aún más?

En relación con la paz en el mundo ¿no es cierto que Donald Trump en su campaña electoral a la presidencia de los Estados Unidos prometió acabar con las guerras y traer la paz? Pues ya estamos viendo en dónde quedan sus promesas. También podemos tener más claro, por si había dudas, de cuáles son las auténticas razones que explican la defensa por parte de Estados Unidos, y por tanto de la OTAN, de un incremento del gasto militar de los países miembros de hasta el 5% del PIB:  alimentar las guerras y, por tanto, el negocio del complejo industrial-militar estadounidense.

  Por otra parte, si algunos piensan que este nuevo ataque a Irán debilitará al régimen iraní se equivoca. Como demuestran la historia y las evidencias este tipo de ataques salvajes lo que realmente consiguen es incrementar el apoyo popular a las dictaduras, y al tiempo debilitar a la oposición democrática. Con toda seguridad que los gobernantes iraníes utilizarán el ataque para perseguir aún más a la oposición y para ganar apoyos entre la población. En base a estos considerandos podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿después de los bombardeos el régimen iraní está más débil o, por el contrario, más fuerte?

Incluso en el supuesto de que Estados Unidos e Israel consiguieran derrotar y deponer al régimen iraní ¿cuál es la alternativa? La respuesta es fácil: un nuevo estado fallido -como en Libia, Siria, Afganistán, Irak, Yemen…-, una mayor inseguridad en Oriente Medio, un mayor peligro de ataques terroristas y un mayor riesgo de una nueva guerra mundial en la que perderíamos todos.

Porque, hoy en día, la corrupción, que se extiende prácticamente por todo occidente, evidencia tener unas raíces y unas causas muy profundas que no se circunscriben exclusivamente a la clase política, sino que atañe a toda la sociedad. Porque, como decía al principio no hay corruptos sin corruptores. Un fenómeno de degradación de la democracia que tiene diferente intensidad según el país de que se trate y también la época histórica en que se viva. Empezando por esto último es evidente que en Europa el auge de la corrupción camina paralelo al del neoliberalismo, acentuándose con la crisis del mismo. En relación con lo primero, parece también cierto que en aquellos países que sufrieron durante mucho tiempo algún tipo de dictadura los riesgos de que haya corrupción son mayores.

En su último informe (febrero 2025) la prestigiosa organización Transparency International avisa de que la corrupción en Europa empeora: algo que viene haciendo desde hace más de una década. Una corrupción que crece incluso en aquellos países europeos que cuentan con una larga tradición democrática (Suecia, Países Bajos, Gran Bretaña, Islandia…) y que durante décadas fueron un modelo de democracias no corruptas. Una realidad que nos lleva a afirmar que en Europa con el neollberalismo la corrupción se convirtió en un fenómeno sistémico de amplio recorrido como iremos viendo a continuación.

Si durante décadas la corrupción fue mayor, y todavía sigue siéndolo, en los países europeos con menor tradición democrática como sucede con los de Europa del Este (Hungría, Rumanía, Bulgaria, Polonia, Chequia, Eslovaquia, Repúblicas Bálticas…) en los últimos tiempos se dio un notable descenso en la puntuación (IPC) en aquellos más castigados por las políticas de austeridad (con el caso paradigmático de Grecia). En relación con esto último, y en contra de lo que señalan voces interesadas, este informe apunta a que el nivel de corrupción de los países no está relacionado directamente con un mayor peso del sector público sino todo lo contrario, pues los países menos corruptos del mundo (Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Suecia…) son también países con un peso muy elevado del sector público, especialmente en las funciones de bienestar.

Lo que sí parece indiscutible es el papel que en la corrupción juegan las injerencias de los poderosos grupos de presión tanto “en la política como en el sistema judicial”. Dentro de estos grupos de presión destacan unos bancos cada vez más grandes, y no supervisados adecuadamente por los gobiernos, que juegan un papel decisivo en el blanqueo de los grandes capitales. Unas prácticas que se ven favorecidas por la existencia de paraísos fiscales, como es el caso de Suiza, que “son centros de blanqueo de capitales donde las élites extranjeras corruptas pueden encontrar fácilmente intermediarios que drenan y gestionan empresas y fideicomisos para ellos”. Los países del mediterráneo (Grecia, España, Italia, Portugal……) también señalan la importancia que en el auge de la corrupción ocupa un sector inmobiliario con fuertes y profundas vinculaciones con el poder político, lo que facilita las prácticas corruptas (por caso, las subcontratas) que durante el período del boom inmobiliario se dispararon, poniendo en evidencia la relación constructoras-bancos-poderes públicos. No debemos dejar de lado el papel que en el auge de la corrupción tuvo y sigue teniendo la entrada de los fondos de inversión tanto en las empresas como en los servicios. Una entrada que, por el oscurantismo de aquellos, hace mucho más difícil conocer tanto a los auténticos propietarios como todas sus actividades, las entradas y salidas de capitales. 

Todas estas evidencias nos confirman que además de políticos corruptos se necesita el concurso de empresas que practican la corrupción y de sectores de las administraciones públicas que colaboran en estas prácticas mafiosas e indignas. Pero a mayores de estos agentes también es necesario que se den unas bases y unas condiciones que permitan, incluso favorezcan, las prácticas corruptas como sucede actualmente con la naturaleza y el funcionamiento de los grandes partidos políticos. La conversión de estos en organizaciones cesaristas, con una fuerte concentración del poder en pocas manos, grandes déficits en la democracia interna y la transparencia, escasos de debates ideológicos, favorece la corrupción. Son partidos pensados solo para conquistar el poder que, cuando lo consiguen se confunden con el mismo y acaban siendo una imagen de la propia sociedad, de aquella a la que dicen querer transformar. No por casualidad en las mayores prácticas corruptas de los grandes partidos son sus aparatistas (responsables de organización y/o administración), que actúan como si fueran grandes empresarios o banqueros, los que aparecen con mayor frecuencia vinculados a la corrupción.

Una corrupción que en occidente es, hoy por hoy, sistémica pues está en la naturaleza del propio sistema capitalista, que en la fase última fue neoliberal. Un neoliberalismo que reniega de lo público, pero que en la práctica se alimenta del mismo aunque de forma mayoritariamente corrupta. Por tal razón hacer partidos a semejanza de esta sociedad, y no de la que afirman perseguir, es favorecer que se vuelvan corruptos. Pero no debiéramos quedarnos exclusivamente en culpar a los partidos políticos y a los que los corrompen, pues si nos mantenemos pasivos no acabaremos con la corrupción que, repito, es sistémica. Es necesario además que los ciudadanos seamos más dinámicos y participativos, más críticos y menos conformistas y/o tolerantes, que denunciemos a los políticos corruptos, pero también a los corruptores y a todos aquellos que silencian e incluso intentan ocultar esas prácticas porque indirectamente les benefician. @mundiario

Acabamos de saber que el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado viene de dictar un auto de procedimiento abreviado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal provincial, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos cometidos al filtrar el correo electrónico con la confesión de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, señora Isabel Díaz Ayuso. Un procedimiento que, por todo lo que ya sabemos gracias a la prensa independiente y a juristas de prestigio, no tiene ni base jurídica ni argumentos sólidos. Que es todo un montaje judicial, basado en elucubraciones e indicios, para continuar con la campaña de acoso y derribo del gobierno español y que ahora se centra en la Presidencia de Gobierno. Algo que se puede comprobar al leer el auto judicial en el que se acusa a Pedro Sánchez, que tendría recibido de la Fiscalía el correo citado, de dar unas supuestas indicaciones para filtrar a la prensa ese correo en el que el señor González Amador se declara responsable de dos delitos fiscales. ¿Queda claro hacia donde realmente van dirigidos los tiros?

Pero ¿qué está pasando realmente? Muy sencillo y también muy siniestro. Que las derechas extremas, visto que por vías políticas y democráticas como sería, por caso, una moción de censura parlamentaria, no son quién de derribar al Gobierno de progreso, entre otras razones porque las continuas torpezas del señor Núñez Feijoo y su tropa (PP) alejan la posibilidad de un acuerdo con los partidos nacionalistas (JxCat, PNV) que sería necesario para esa mayoría.

Que visto que la vía de la rúa tampoco funciona pues la manifestación convocada este pasado domingo, día 8 de junio, contra el gobierno español fue un absoluto fracaso (50.000 asistentes, una cifra ridícula para la convocatoria que era).

Que la Ley de Amnistía viene de ser informada favorablemente por el Tribunal Constitucional dándole así la razón al Gobierno y al Congreso de los Diputados, y tirando por tierra el objetivo de las derechas extremas (PP/Vox) de declararla inconstitucional, lo que sería un golpe casi mortal para aquél.

Que la economía española presenta los mejores resultados macroeconómicos de la Unión Europea, con números en empleo y desempleo históricos lo que no deja de ser un éxito de este Gobierno.

Hechos todos objetivos que apuntan tanto a que este Gobierno, a pesar de las continuas zancadillas, va a rematar la legislatura (2027) como a que la alternativa Núñez Feijoo, a pesar de las encuestas y la propaganda afín, no resulta fiable sino de muy dudoso éxito y como prueba sirva su muy baja consideración entre una ciudadanía que sitúa a Pedro Sánchez e incluso a Santiago Abascal claramente por encima en valoración política.

Que visto además que a la señora Isabel Ayuso, alternativa a Nuñez Feijoo para un sector de las derechas extremas, se le multiplican los frentes judiciales y políticos desde el hecho indiscutible, a pesar del magistrado Hurtado, de que su novio cometió los delitos de fraude fiscal, falsedad en documento mercantil, corrupción en los negocios y administración desleal, por lo que debería entrar en la cárcel con lo que eso supone para su imagen política   -¿alguien se cree que la señora Ayuso no estaba al tanto de las trafulcadas fiscales de su mozo?, que, por ejemplo, no sabía de donde procedía el dinero con que se pagó el ático?-, hasta el asunto de las residencias y los protocolos de la vergüenza -7.291 mayores fallecidos en circunstancias lamentables- que pone en blanco sobre negro las responsabilidades tanto del gobierno de la Comunidad de Madrid como de su presidenta.

Vistas todas estas evidencias el frente judicial y mediático conservador, por lo que estamos viendo, decide jugar a fondo sus bazas, aunque sea en modo golpista, para conseguir derribar a este gobierno español “ilegítimo”. Para mayor seguridad sobre las reales intenciones de este frente, echemos un vistazo al historial del magistrado Ángel Hurtado, un dechado de imparcialidad como afirma un periodista madrileño. Un magistrado del Tribunal Supremo que en su día “archivó la causa de asesinato de José Couso, cámara de televisión asesinado, que trató de impedir que Mariano Rajoy declarase en el caso de corrupción de la Gürtel, que se opuso a las condenas por este mismo, que defiende públicamente que los magistrados arropen jurídicamente a los partidos con los que tienen afinidades: ¿en qué partido estaría pensando el señor Hurtado? Podríamos también repasar el historial del pesudo-periodista Miguel Ángel Rodríguez, pero sería agotador.

Pero, hablemos de los aranceles que, inicialmente, Donald Trump intentó implantar urbi et orbi. Una estrategia comercial que tiene dos objetivos muy claros: por una parte, “convencer” a las empresas estadounidense que se trasladaron al Sur global -muchas de ellas a China-, para aprovechar las ventajas comparativas derivadas de salarios mucho más bajos, de que vuelvan a los Estados Unidos; y, por otra, aprovechar los recursos públicos derivados de los aranceles para bajar impuestos. Frente a aquellos que se echan las manos a la cabeza por estas medidas arancelarias resulta oportuno señalar lo sucedido hace unas décadas. Si volvemos la vista atrás vemos cómo no es la primera vez que los Estados Unidos intentan traspasar una crisis propia al resto del mundo: y así en 1971, con Richard Nixon en la Presidencia, decidieron unilateralmente liquidar definitivamente Bretton Woods descolgando el dólar del patrón oro y dejándolo flotar en el sistema mundial para así imponerlo como divisa internacional de referencia. Las consecuencias para la economía mundial fueron enormes: Estados Unidos a caballo de su dominio del mercado mundial de divisas empieza a disparar sus déficits y sus deudas, sabiendo que éstas serían financiadas por el resto del mundo al verse estos precisados de disponer de dólares, cuya fábrica es la Reserva Federal, para realizar sus transacciones comerciales. Empezaría una nueva era mundial marcada por grandes alteraciones en los tipos de cambio, inflaciones elevadas, alzas en los déficits y las deudas disparadas: los treinta años gloriosos pasaban a ser historia.

Volviendo a los aranceles. Era evidente que el resultado iba a depender, y mucho, de la respuesta de los demás países, muy especialmente de China. ¿Qué está pasando? Pues que los aranceles estadounidenses no pareciera que cogieran de sorpresa a los dirigentes chinos, muy al contrario: dan la impresión, por su rápida y tremendamente eficaz respuesta, de que ya estaban preparados. Poniendo el foco en la enorme deuda estadounidense (32,5 billones de euros, equivalentes al 121% del PIB) y lanzando al mercado bonos de los que tienen en abundancia (según el Tesoro Americano 761.000 millones de dólares), provocan que frente a la abundante oferta bajen de precio haciendo que tiemblen las finanzas estadounidenses lo que obliga a Donald Trump a recoger velas y negociar, pero en unas condiciones muy distintas de las que proclamara en plan tahúr: “me van a besar el culo”.

Empecemos por la guerra en Ucrania. No caben dudas sobre que el cambio de rumbo llevado a cabo por la nueva administración estadounidense que ahora se dirige a conseguir un acuerdo de alto el fuego con Rusia ha descolocado a una Unión Europea empeñada en una estrategia belicista a pesar de las evidencias de que la derrota de Rusia es una utopía. Mientras, crece el número de víctimas tanto de soldados como de civiles, y aumenta el destrozo de infraestructuras, equipamientos y todo tipo de bienes y activos ucranianos. Mas aún: esta estrategia belicista ha colocado a Volodymyr Zelenski en una posición de extrema debilidad negociadora presente y futura. El fracaso de la Unión Europea en este asunto va a ser histórico y tendrá consecuencias tanto e nivel interno, se agudizarán las actuales tensiones, como externos: especialmente a su posición en el tablero político mundial que será mucho más marginal y secundaria. Algo que de alguna forma ya se está viendo con su pérdida de prestigio y presencia en el Sur global. 

Sigamos ahora con el genocidio en Gaza. Ya no quedan palabras para calificar el magnicidio que el gobierno israelí, que preside el criminal de guerra Benjamín Netanyahu, está provocando en Gaza a la que ha convertido en un cementerio de gazatíes, especialmente de mujeres y niños, mostrando al tiempo una crueldad infinita. Una masacre frente a la que Europa mantiene una actitud cínica y miserable, pues aparte de no hacer nada realmente importante por detenerla, suministra armas que se emplean en la masacre y compra armamento que contribuye a enriquecer las arcas del estado israelí, uno de los más militarizados del mundo. Europa no podrá borrar fácilmente tanta ignominia.

Como respuesta al primer problema, la Unión Europea presionada por la OTAN y los Estados Unidos, apuesta por el rearme, por incrementar el gasto público en defensa. La justificación: el peligro que supuestamente implica la Rusia actual para Europa. ¿De verdad alguien se cree este argumento falaz?, ¿alguien piensa con seriedad que entre los planes de Vladimir Putin está el de invadir Europa? ¿Cómo lo haría si ni siquiera es capaz de ocupar toda Ucrania? Está claro que todo vale con tal de convencer a los ciudadanos europeos de que la guerra con Rusia es inminente y que la solución que nos queda es el rearme. ¿Pero aumentar el gasto militar supone una mayor seguridad? ¿O lo que realmente va a suponer es que aumenten las compras de armamento a los Estados Unidos? Yo aquí traería a colación lo que la Comisión Olof Palme señaló, en su día de que “la seguridad es algo que creamos juntos y las armas no son la respuesta”, planteando en base a esta idea básica tres principios para la seguridad común: “todas las naciones tienen derecho a la seguridad, la fuerza militar no es un medio legítimo para resolver conflictos, hay que reducir y limitar las armas para que haya seguridad mutua” (Comisión Independiente sobre Desarme y Seguridad. 1982)

El año 2024 remató con la locomotora europea (Alemania) en recesión económica. Una señal de alarma que puso en evidencia cómo la Unión Europea, y muy especialmente la eurozona, no abandona la onda larga de bajo crecimiento en que está encerrada desde la crisis bancaria (2009). Una situación que viene provocada por los dirigentes de la Unión Europea, quienes con sus políticas equivocadas (ordoliberales) de que “los mercados son perfectos” están llevando a Europa de crisis en crisis y alejándola de los que son sus principios fundacionales (Art. 2 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea. Amsterdam 2 de octubre de 1997). Un dogma que se resisten a abandonar y, si cuando estalló la crisis bancaria impusieron recortes en el gasto público social y rebajas en los salarios, entre otras medidas de austeridad, porque decían que eran la solución a la crisis (“vivíamos por encima de nuestras posibilidades”) cuando en realidad lo que buscaban, y consiguieron, fue rescatar con dinero público a los bancos auténticos responsables de la crisis por sus aventuras y egoísmo infinito. Ahora intentan lo mismo, volver a la austeridad, pero para financiar el gasto en armamento que solo servirá para incrementar las ganancias de la industria armamentística que, además, es mayormente de Estados Unidos, lo que supondrá, por otra parte, que la Unión Europea siga en la onda larga de bajo crecimiento con un desempleo elevado, un bienestar reducido y unas deudas disparadas.

El año 2024 también puso en evidencia que la Unión Europea puede dejar la lucha contra el cambio climático para mejor ocasión. Las últimas decisiones de las autoridades europeas suponen en la práctica que la Unión Europea puede acabar abandonando el llamado Pacto Verde Europeo que pusiera en marcha en 2019 y que tenía entre sus objetivos iniciar la transición hacia una economía de cero emisiones netas. Es vox populi que los estados de la Unión Europea están negociando, entre bastidores y en un total secreto que no impide que lleguen noticias de las negociaciones, sobre la proposición de la Comisión Europea de reducir en un 90% las emisiones de gases con efecto invernadero para el año 2040 en relación a los niveles de 1990. Se sabe que países como Italia y Chequia quieren que se fijen objetivos menos ambiciosos y que Francia mantiene silencio al respecto. Una incógnita que se viene a sumar a la decisión de Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París lo que deja a este muy tocado y a la lucha contra el cambio climático con grandes interrogantes. 

Pensando en el inmediato futuro y teniendo en cuenta la fortísima competencia que presentan tanto Estados Unidos como muy especialmente China resulta muy preocupante el retraso que arrastra Europa en innovación tecnológica, que está afectando muy negativamente tanto a su productividad y competitividad como a su soberanía. Así, y como ejemplo, Eurostack, proyecto europeo integral que busca favorecer la soberanía digital de la Unión Europea mediante grandes inversiones -públicas y privadas- en infraestructuras tropieza, una vez más, con la toma de decisiones y la falta de una política industrial común e integral lo que lleva a que se diluyan aquellas en multitud de organismos impidiendo la redacción de una hoja de ruta común, única y clara. Un problema político que es crónico en la Unión Europea y que no acaba de resolverse. Lo mismo podemos decir de la Ley Europea de Chips, que teóricamente busca fabricar en Europa procesadores -circuitos integrados electrónicos-, y que parece condenada a fracasar en sus objetivos por las mismas razones anteriores.

Una Unión Europea en la que los cuatro grandes retos que tuvo que enfrentar en las últimas dos décadas (la crisis bancaria, la crisis del euro, la pandemia de la COVID.19 y la guerra en Ucrania) han dejado en evidencia tanto las debilidades de su construcción como lo erróneo de sus políticas que, como señalaba, la alejaron de sus misiones fundacionales, la llevaron de crisis en crisis con un crecimiento de las desigualdades internas tanto a nivel social como territorial y una perdida creciente de influencia a nivel internacional.

Una situación fruto de errores políticos que en base a dogmas como “la perfección de los mercados” han llevado a esta unión a olvidar que la acción política es fundamental, decisiva no solo para el progreso y el bienestar social de los ciudadanos sino también para el crecimiento económico duradero y sostenible. Que una unión económica y monetaria (UEM) no puede funcionar de forma razonable ni evitar las crisis recurrentes si no está protegida por una unión política que dirija y controle las primeras.

Lo estamos viendo ahora con la guerra en Ucrania. A pesar de que, sumando las partes, la Unión Europea tiene un poderío económico, comercial y militar superior a Rusia carece de la dirección política imprescindible para hacer frente a la ofensiva militar rusa y parar una guerra que está destrozando Ucrania y sometiendo a su población a un castigo y un sufrimiento que no se merece. Una carencia que explica el desbarajuste actual creado en Europa con París y Londres (que no está en la Unión) hablando de enviar “una fuerza de paz” a Ucrania (para lo que cuentan con el apoyo de Bruselas) lo que supondría confrontar directamente con Moscú, mientras Berlin, Madrid, Lisboa y otras capitales europeas se oponen porque lo ven prematuro.

Un déficit político que se traslada a todas las esferas de actuación y muy especialmente a las políticas económicas (monetaria, fiscal, comercial, medioambiental…) y que, como señalaba antes, es fruto de la adopción por parte de la Unión Europea de una serie de dogmas, sin fundamento científico, propios de una ideología (ordoliberalismo o neoliberalismo a la alemana) que ha demostrado sobradamente su fracaso. Por si no hubiera suficientes pruebas ahí está la evidencia de que, al día de hoy, la economía de la Unión Europea en su conjunto todavía no ha salido de la gran recesión que tomó cuerpo con la crisis bancaria (2009). No ha salido por las dos razones citadas anteriormente: la falta de una dirección política a nivel europeo y la adopción de unas políticas claramente erróneas e inválidas para una unión de países con grandes diferencias entre sí. Es fácil de entender que la segunda razón está totalmente condicionada por la primera. En el fondo trasluce la evidencia de que los estados que forman la unión, sus dirigentes, mientras no han puesto reparos a la cesión de soberanía en asuntos económicos y monetarios (una cesión suicida) sí han ofrecido una fuerte resistencia a una paralela cesión de soberanía en materia política, lo que ha dejado absolutamente huérfanos a los primeros y a la deriva a la unión.

Así podemos empezar señalando que con esta decisión los jerarcas y burócratas de la Unión Europea vuelven a poner de manifiesto cuales son para ellos los intereses prioritarios. Si acudimos a las hemerotecas comprobaremos que cuando se trata del gasto público en empleo, bienestar social y medio ambiente que benefician a las mayorías sociales las autoridades comunitarias vigilan con celo franciscano el cumplimiento de las reglas fiscales de control del déficit y la deuda (Tratado de Maastrich, Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza). Cosa que no sucede cuando se trata de financiar con fondos públicos a los bancos castigados por sus excesos e inmensa avaricia, a las farmacéuticas que hacen negocio con las pandemias o, como sucede ahora, a las grandes empresas armamentísticas que se forran vendiendo armamento. En estos últimos casos, como se trata de “emergencias” los Estados de la unión están exentos de la obligación de cumplir los tratados y las reglas fiscales pudiendo incrementar sus déficits y sus deudas. Que cada uno saque sus propias conclusiones.  

Lo que sí sabemos ahora es cuáles fueron los resultados de las dos primeras decisiones por lo que podemos adelantar cuáles serán los de esta última. En el caso de los “rescates bancarios” la ingente cantidad de recursos públicos empleados, cifrada por fuentes comunitarias en 465.000 millones de euros (3,3% del PIB de la UE) de un presupuesto global de 820.900 millones se utilizó tanto para sanear los balances de los “bancos rescatados” (62 bancos de 15 países) como para que estos pudieran seguir especulando con las deudas y otros productos derivados y/o comprando sus propias acciones para así incrementar el valor de sus patrimonios y el de sus accionistas. Unas prácticas que implican elevados niveles de apalancamiento y que, por ello, anuncian nuevas crisis bancarias.

No cabe duda de que la pandemia de la COVID 19 dejó en Europa varia enseñanzas. La primera fue que las políticas de austeridad, como las que impusieron las autoridades comunitarias, debilitan enormemente los servicios públicos de bienestar, lo que reduce la capacidad para responder a las pandemias, y así sucedió con la COVID 19 cuando la sanidad privada puso en evidencia sus limitaciones. La segunda fue el gran fracaso cosechado en la provisión de vacunas por dejarla en manos de las grandes farmacéuticas que, manteniendo el criterio del máximo beneficio y no de la mayor necesidad, provocaron que la respuesta de la Unión Europea a la pandemia fuera un enorme fiasco y todo hace temer que con las próximas pandemias sucederá lo mismo. Dejar que las empresas farmacéuticas decidan el tipo de vacuna y los precios es un auténtico suicidio; pero esta es la política que domina, hoy por hoy, en la Unión Europea que, en este caso, permitió que las grandes farmacéuticas obtuvieran enormes ganancias con la COVID 19 (las cuatro grandes farmacéuticas obtuvieron una ganancia global estimada en 90.000 millones de dólares) al tiempo que hubo más de 200 millones de contagios y casi 2.300.000 fallecidos.

Si con la crisis bancaria los grandes beneficiarios fueron los bancos y con la pandemia las grandes industrias farmacéuticas ¿qué va a pasar con el rearme? Fácil deducir quien se va a beneficiar del plan europeo de un rearme militar cifrado en 800.000 millones de euros y del paralelo incremento del gasto militar hasta un 3,4% del PIB. Si tenemos en cuenta la gran dependencia que actualmente tiene la Unión Europea de la industria militar estadounidense y que, a corto y medio plazo no hay posibilidades reales de conseguir una autonomía militar, la respuesta está muy clara: será el complejo militar industrial estadounidense quien se beneficie lo que hará a la Unión Europea aún más dependiente del mando militar de la OTAN, que es lo mismo que decir de los Estados Unidos. El argumento de que facilitará una mayor autonomía estratégica de la Unión Europea no tiene ninguna base sólida.

Pero ¿por qué no nos preguntamos si actualmente es necesario este rearme? La respuesta es NO. ¿Por qué?: por varias razones y la primera sería que en la actualidad la Unión Europea que en conjunto suma el segundo gasto militar del mundo, solo inferior al de los Estados Unidos, es militar y económicamente superior a Rusia además de contar en su territorio con elementos disuasorios como las bases militares estadounidenses con ojivas nucleares. La segunda, que esa idea de que “Rusia, o sea Putin, quiere invadir Europa” es una gran falacia porque, aunque así fuese, que no es el caso, si no es capaz de vencer a Ucrania ¿cómo va a serlo de invadir Europa? La tercera y última es que si tenemos en cuenta las dos primeras podemos entender cuál es el real objetivo de esta estrategia militarista: apoyar la hegemonía mundial militar de la OTAN. Un objetivo que no encaja con la proclamada defensa de los derechos humanos, la democracia y la paz a nivel europeo y mundial, pero que sí coincide con el auge de los totalitarismos y la inseguridad. Un auge que aleja a la paz en el horizonte.

No es casualidad que sean Francia y Gran Bretaña, a los que se ha unido Alemania, los gobiernos más beligerantes, pues también son los que cuentan con una industria militar más potente en Europa. Evidencias que de nuevo confirman la respuesta a la pregunta que encabeza este artículo: el rearme militar propuesto por las autoridades comunitarias beneficia en primer lugar a la gran industria militar estadounidense y en muy segundo lugar, las migajas, a las industrias militares francesa, británica y alemana. Evidencias que sirven para poner en cuestión las razones que justifican el rearme y su sinceridad, que ya quedara en entredicho con la actitud militarista y agresiva con Rusia, haciendo con ello seguidismo de la OTAN, mucho antes de que ésta invadiera Ucrania: ¿hay que hacer memoria de las promesas hechas a Gorbachov que luego se incumplieron?

Un objetivo para el que el actual gobierno israelí cuenta con la complicidad y el apoyo militar y económico de la nueva administración estadounidense. Donald Trump y sus oligarcas miran al mundo como un nicho en el que hacer grandes negocios para lo que, eso piensan, puede resultar necesario eliminar todas las barreras que pongan freno a sus infinitas ambiciones, aunque se trate del derecho internacional (ONU) o de los derechos humanos. 

Así el rematar con la guerra en Ucrania no es para la nueva administración estadounidense un objetivo de paz sino de negocio. Donald Trump ya dejó muy claro que la paz en Ucrania tiene un precio: la explotación por empresas estadounidenses (que financiaron su campaña) de los recursos naturales ucranianos (tierras raras, petróleo, gas, cereales…). De la misma forma expulsar a los palestinos de Gaza permitirá tanto explotar los recursos energéticos recién descubiertos en la franja (petróleo y gas) como el convertirla en una suerte de enclave turístico en el que potenciar el negocio hotelero del neo-fascista estadounidense. Es de sobra conocido que uno de los grandes pilares de la fortuna de Donald Trump está en el negocio hostelero (The Trump Organization).

Pero tanto Donald Trump como Benjamin Netanyahu tienen puestas sus miras en objetivos más ambiciosos que abarcan más territorios. No nos debiéramos sorprender si después de conseguir el control absoluto de Gaza y Cisjordania el gobierno israelí (“esto es solo el comienzo” Benjamin Netanyahu) a continuación pusiera sus ojos en el Líbano y la milicia chií de Hezbolá. A continuación, y una vez una vez “pacificado” el Líbano, con Siria anulada como rival, el régimen judío mirará hacia el gran objetivo de Israel, en lo que coincide con Estados Unidos, que no es otro que Irán su auténtico rival en la región.

            La primera es que la invasión de Ucrania por Rusia fue un crimen de guerra, un atentado contra el derecho internacional que debe ser restituido. Un crimen de guerra que está provocando un enorme sufrimiento al pueblo ucraniano con miles de muertos, millones de desplazados, viviendas e infraestructuras básicas destruidas (fábricas, escuelas, hospitales…). Unos destrozos que exigirán a medio y largo plazo un enorme esfuerzo financiero (gasto) que Ucrania, evidentemente, no podrá atender por si sola pero tampoco debería suponer un endeudamiento por vida (remembremos lo sucedido con el Tratado de Versalles).

            No menor es la evidencia de que no hay otra salida que una paz por territorios. Una negociación que será difícil pero tan inevitable como que tendrá que incluir a la mayor parte del territorio ucraniano que en la actualidad está bajo control del ejército ruso. Cuanto antes se acepte esta realidad mejor para todos.

            Si los intereses de Ucrania como país y como estado soberano deben estar encima de la mesa igual debe suceder con Rusia. No se puede negar que antes de la invasión de Ucrania, Rusia venía siendo provocada ya desde la presidencia de Bill Clinton quien pareció olvidar los compromisos adquiridos por George Bush (padre) con Mijail Gorbachov, a principios de los años 90, de no ampliar la OTAN y no desplegar misiles en las fronteras rusas a cambio de que Rusia aceptara la unificación de Alemania. Compromisos que la OTAN, como sabemos, no cumplió. Ahora Rusia tiene derecho a exigir seguridad, unas fronteras seguras y unos vecinos pacíficos. Por tal razón Ucrania no debe entrar en la OTAN y debe mantener un estatus de país neutral a cambio de que Rusia garantice que respetará las fronteras que queden fijadas sin intentar seguir ganando territorio. Una cierta garantía puede ser el despliegue de tropas europeas en Ucrania.

            Sería también deseable un cambio radical en las relaciones entre la Unión Europea y Rusia, tal que ayudara a ir superando las desconfianzas mutuas y que ambas partes asuman que Europa va del Atlántico a los Urales. Con relación a este punto hay que señalar que Vladimir Putin no es menos fiable que Donald Trump.

            Dicho todo lo anterior, e intentando ser lo más objetivos y realistas posible, no podemos perder de vista la complejidad de un escenario internacional que cuenta con líderes políticos mundiales a personajes tan poco fiables y tan peligrosos como Valdimir Putin y Donald Trump. Por si esto no fuera suficiente, la Unión Europea, que se acaba de embarcar en una carrera armamentística irresponsable, en la actualidad ni es una unión de intereses, ni ofrece un perfil europeo sólido, ni tiene la suficiente credibilidad democrática, además de estar sumida en una larga recesión económica, o una racha larga de bajo crecimiento. Una realidad que debilita enormemente su posición negociadora, tanto frente a Rusia como a los Estados Unidos, igual que ofrece poca confianza al pueblo ucraniano que parece tener depositadas más esperanzas en los Estados Unidos de Trump que en los lideres de la Unión Europea.

En aquellos tristes momentos para Europa causó sorpresa la actitud insolidaria y torpe de la socialdemocracia europea con relación a Syriza. Insolidaria dado que se sabía con certeza que obligándola a adoptar unos sumarísimos planes de ajuste se estaba condenando a Grecia a un retroceso de décadas, y al pueblo griego a un sufrimiento y un dolor que no se merecían pues no eran los culpables sino las víctimas de la crisis griega. Torpe, porque la onde recesiva que se estaba alimentando alcanzaría a toda la eurozona y provocaría un fuerte malestar entre las clases populares europeas, que eran el principal apoyo electoral de la viejo socialdemocracia.

Algo que pudimos comprobar todos estos años y que tiene ahora su colofón en Alemania donde la socialdemocracia (SPD) con el 16,4% de los votos alcanza uno de los peores resultados de siempre, mientras la extrema derecha (AfD) con el 20,8% de los votos se sitúa como la segunda fuerza.

No se puede decir que los alemanes “no estuvieran avisados” (en aquellas tristes jornadas para Europa en las que se estaba gestando la crisis griega, Yanis Varoufakis, portavoz económico de Syriza y personaje clave en la negociación, ya les anunciaba a Angela Merkel y a Wolfgand Schäuble que el castigo que querían aplicar a Grecia, tarde o temprano, alcanzaría a Alemania).

En este escenario europeo y occidental de auge de los totalitarismos es de justicia destacar “la excepcionalidad española”, como ponen en evidencia tanto los excelentes datos macroeconómicos como los indiscutibles avances sociales. Una excepcionalidad fruto de que el gobierno español (PSOE/Sumar) que preside el señor Pedro Sánchez fue capaz de dejar atrás los dogmas ordoliberales y apostar por políticas moderadamente expansivas que le están sirviendo a la economía española para recuperar la demanda, favorecer el crecimiento económico, la creación de empleo y la reducción de las desigualdades.

Centrándonos en esto último hay que dejar bien claro que el futuro de la Unión Europea dependerá fundamentalmente de sí misma, de su capacidad y voluntad para corregir sus muchos déficits. Para hacernos una idea sepamos que el año 2024 cerró en la Unión Europea con un desempleo juvenil del 15% mientras que los Estados Unidos lo hizo con un 9%. Por su parte, el PIB 2024 en la UE permaneció prácticamente estancado (+0,8) mientras en Estados Unidos crecía un +2,8%. Como fondo señalar, como recogen los propios documentos de la Unión Europea, que en estos últimos años se ha dado una “clara tendencia hacia la divergencia macroeconómica entre los estados de la UE y hacia la desigualdad social al interior de cada estado” lo que entra en evidente contradicción con sus principios fundacionales.

En estos días tuvimos un nuevo ejemplo de este retraso europeo con motivo de algo que marcará el futuro industrial y económico como es la inteligencia artificial (IA). Mientras China viene de dar un muy fuerte aviso de que va en serio en este campo con la aparición del modelo de lenguaje R1 de la Compañía Chia DeepSeel que hizo temblar las bolsas mundiales provocando un desplome en las cotizaciones de las principales empresas tecnológicas de los Estados Unidos. Por su parte este país anuncia que solo en 2025 invertirá 120.000 millones de dólares, lo que supondrá una tasa de crecimiento del 25% en el período 2021-2025, cantidad inicial para un presupuesto de 500.000 millones de dólares (480.000 millones de euros) en el período 2015-2019. En este marco la Unión Europea anuncia un plan plurianual de 200.000 millones de euros; cifra que, sin negar su importancia, solo hará que el retraso que en este campo lleva con respecto a Estados Unidos y China se amplíe todavía más y con ella su dependencia y su pérdida de soberanía.

Podríamos utilizar muchos otros indicadores macroeconómicos, como por ejemplo el de la productividad, que nos llevaría a confirmar que los problemas macroeconómicos de la Unión Europea a nivel internacional están en su interior y que se derivan de que todos estos años ha funcionado más como un mercado que como una unión económica y social. Baste como muestra que mientras el presupuesto global comunitario está fijado en el 1,27% del PIB (1,8 billones de euros para el período 2021-2027) en los Estados Unidos el porcentaje es de casi 10 billones de dólares que equivalen al 36% del PIB.

Sabemos que no son comparables, pues al presupuesto comunitario habría que sumarle los respectivos presupuestos nacionales pero si nos sirve de referencia para señalar que si la Unión Europea quiere avanzar tiene que incrementar considerablemente su propio presupuesto pues aquella no avanzará si no enfrenta de una forma conjunta muchos de los problemas derivados de la mundialización y muy especialmente en materias estratégicas y de futuro como la investigación, las infraestructuras, la educación y la formación, el medio ambiente, el empleo y la protección social… Unas actuaciones en la que la iniciativa pública resultará decisiva si se quiere avanzar de forma equilibrada y efectiva.

Lo anterior nos lleva a temas claves relacionados con la gobernanza en la Unión Europea que tienen como centro a dos instituciones que ocupan un papel relevante como son el Banco Central Europeo y la Comisión Europea instituciones que ya analicé en otros artículos en este mismo medio. En relación con el primero, señalar que para entender debidamente el mejor desempeño macroeconómico de Estados Unidos que la Unión Europea, hay que mirar a los respectivos bancos centrales, a sus políticas monetarias y su relación con los poderes públicos: la Reserva Federal y el BCE. Mientras este último es totalmente independiente de los poderes públicos y centra su estrategia en la lucha contra la inflación, la Reserva además de la lucha contra la inflación tiene al crecimiento económico y la creación de empleo como estrategias para las que se coordina con el Departamento del Tesoro. Una diferencia fundamental que se puso de manifiesto en el tratamiento tanto de la crisis financiera (2009), como en la crisis de las deudas soberanas (2009) y en la lucha contra la inflación (2021). Al fijar como objetivo central y prácticamente exclusivo la inflación, el BCE asumió su cuota nada despreciable de responsabilidad en estas crisis y en el recorrido anémico de la economía en la zona euro. En sentido contrario, la visión más amplia de la Reserva Federal ayudó a que la economía estadounidense se recuperara más pronto y más rápido de las sucesivas crisis. De seguir este camino, en política monetaria la Unión Europea en crecimiento económico y en empleo seguirá muy por detrás de los Estados Unidos y con una fuerte amenaza de recesiones sucesivas, déficits y deudas permanentemente elevadas así como crecientes divergencias internas. No creo que se le pueda culpar a Donald Trump de ello, los males vienen de atrás y están en el interior de la UEM.

Están también en el comportamiento de la todopoderosa Comisión Europea, que prácticamente desde sus orígenes optó por asumir e imponer los dogmas neoliberales. En un sistema auténticamente democrático no debiera tener cabida un órgano ejecutivo que no responda delante del poder legislativo y tampoco represente la voluntad popular. Estamos delante de un enorme déficit democrático en la UE que facilita que los grandes lobbies europeos (bancos, empresas, fondos de inversión) marquen unas políticas públicas que tienen en la austeridad compulsiva y la ortodoxia monetaria sus principales palancas, que ciertamente les permiten a aquellos obtener grandes ganancias, pero a cuenta del bienestar de la mayoría de los ciudadanos europeos.

Estos son algunos de los asuntos más decisivos para el presente y el futuro de la Unión Europea, por lo que deberían preocupar de forma prioritaria a sus dirigentes políticos. Unos dirigentes que, sin dejar de prestar atención, y tomar decisiones, a lo que nos llega de la nueva administración estadounidense, deben atender a los problemas propios de una UE que es más un mercado que una auténtica unión entre estados que buscan la convergencia y el bienestar económico y social de sus ciudadanos. Solo de esa forma la UE podrá combatir con posibilidades de éxito la ofensiva ultra de la administración trumpista, y al tiempo ocupar en el escenario internacional el lugar que le corresponde por su historia.

Alemania desde hace muchas décadas viene presentando unos superávits comerciales entre los más altos del mundo, cuando no el más alto, con tasas de cobertura que se mueven por encima del 120% gracias muy especialmente a sus exportaciones, que superan claramente el billón de dólares, con un peso en el PIB que se mueve entre el 35 y el 40%. Pero, frente a lo que muchos puedan pensar esta dinámica comercial no es buena para la Unión Europea en su conjunto porque, dada la naturaleza y el nivel de intercambios al interior de la región, estos grandes superávits alemanes significan que otros estados europeos tienen déficits como sucede con España, Francia, Portugal, Grecia, o Italia. Déficits que por estas razones vienen afectando con regularidad a toda la zona euro desde hace décadas y que alcanzaron una cifra récord en 2022 (60.000 millones de euros: -0,5% del PIB).

Una situación comercial de esta naturaleza refleja que Alemania produce más de lo que compra, al tiempo que en muchos otros estados de la Unión Europea sucede lo contrario. Dado que todos ellos pertenecen a la eurozona y, por tanto, mantienen el mismo tipo de cambio, que fija el BCE, los estados con déficit no pueden revertir la situación, por ejemplo, devaluando el tipo de cambio, lo que les permitiría incrementar sus exportaciones, ingresar más y así reducir los déficits. Tampoco, por las mismas razones, los estados con superávit pueden gastar mucho más, lo que conduce a que en conjunto se resienta la demanda de la Unión y se produzcan las recesiones recurrentes.

  En la práctica lo que también sucedió fue que Alemania utilizó sus excedentes comerciales para prestarles a los estados con déficit, una dinámica que conduciría a que la eurozona se convirtiera, además de un área con grandes desequilibrios comerciales y de balanza de pagos, en una Unión con deudores y acreedores, lo que impidió que se diera la proclamada convergencia entre los estados miembros. Desequilibrios que condujeron a las ya citadas recesiones en las que Alemania tuvo una gran responsabilidad como trataré de explicar. 

Durante todos estos años, desde que se constituyó la eurozona, Alemania, cegada por la avaricia y la soberbia de un estado rico y poderoso, dirigió su política comercial a incrementar las exportaciones y disminuir las importaciones porque eso le permitía obtener superávits comerciales y de balanzas de pagos, al tiempo que se convertía en un estado acreedor. Una ceguera que a las autoridades políticas alemanas, animadas por la gran banca (Deutsche Bank, UniCredit, Commerzbank...) y las industrias exportadoras (BMW, Volkswagen, Daimler-Benz, BASF, Siemens…), no les permitió ver cómo estaban provocando que se dispararán los déficits de la mayoría de los estados europeos y sus consecuencias. Saldos diferentes con impactos diferentes: mientras Alemania creaba empleos vía exportaciones, otros estados de la Unión los destruían vía importaciones. Una dinámica que en el tiempo tenía que conducir a lo que realmente sucedió, a un estancamiento de la demanda global europea. Un estancamiento que si, en el caso de Alemania, pudo ser compensado durante un cierto tiempo por las demandas de China (automóviles, productos químicos y maquinaria industrial) y Estados Unidos (automóviles) la situación cambiaría radicalmente en los últimos años. Por una parte, que China se ha convertido ella misma en una potencia exportadora (por ejemplo, en coches eléctricos) que compite con ventaja por los menores costes de producción, con la propia Alemania, y por otra, que las medidas proteccionistas adoptadas por los Estados Unidos (que se acentuaron durante el primer mandato de Donald Trump) y su guerra comercial con China, están afectando fuertemente a la industria alemana que ve reducidas sus ventas en Estados Unidos al tiempo que se ve forzada a deslocalizar sus empresas de China. La realidad es que desde la pandemia de la COVID-19 el declive de la industria alemana ha sido impresionante y esta vez, a diferencia de otros momentos también difíciles, la recuperación se ve muy lejana

Pero centrándonos en la relación entre la Unión Europea y Alemania, en términos globales, cabe señalar que tenía que pasar lo que pasó porque, como la historia nos enseña, es imposible mantener seculares superávits comerciales y de balanza de pagos. No se pueden mantener porque la economía capitalista está sometida a ciclos (expansión, recesión) que en no pocos casos rematan en crisis. Al ignorar esta característica sistémica del capitalismo, y al apostar por una austeridad permanente que se sumaron a los errores propios de la construcción europea (el euro, las reglas fiscales…), las autoridades alemanas propiciaron que una larga recesión golpee a la Unión Europea sin que, a día de hoy, se pueda ver un horizonte claro. Para hacernos una idea del impacto de la austeridad en Alemania, señalar que la inversión pública neta acumulada ha sido prácticamente nula en los últimos 25 años lo que ha provocado un enorme deterioro de lo público, y muy especialmente en infraestructuras (ferrocarril, carreteras…) y servicios básicos como la telefonía o el suministro eléctrico. Lo que ha creado importantes cuellos de botella en la economía alemana.

La contrarrevolución conservadora

Suelen señalarse a Margaret Thatcher (primera ministra de Gran Bretaña entre los años 1979/1990) y a Ronald Reagan (presidente de los Estados Unidos entre 1981 y 1989), que ciertamente lideraron en Occidente la que se dio en llamar la “contrarrevolución conservadora (1982-1989)”, como los principales responsables del declive de las izquierdas algo que tiene su parte de razón pero que, de ninguna de las maneras, fueron la única causa. Entre otras razones por que cuando estos dirigentes llegaron al poder la crisis de las izquierdas y, en concreto, la de la socialdemocracia europea ya era más que evidente.

En realidad, estalló con la crisis económica de los años setenta, materializada en la recesión de 1973-75, que puso fin a la expansión económica de los citados treinta años gloriosos, se estancó la economía y se dispararon la inflación y el desempleo. Una crisis a la que contribuyó de forma muy importante la decisión tomada anteriormente por la administración estadounidense (liderada por Richard Nixon) de poner fin al sistema del “patrón oro” (15 de agosto de 1971) y con ello al formato que el comercio internacional había adoptado desde que se implantara el sistema de Bretton Woods. Una decisión, a la que bastante más tarde acompañarían otras, ahora durante la presidencia de Bill Clinton, como la derogación (en 1999) de la Ley Glass-Steagall (que impedía a la banca comercial actuar como una banca de inversión), que abrieron la puerta tanto a la mundialización capitalista como a la financiarización de la economía occidental, en definitiva a lo que acabó llamándose neoliberalismo que, entre otras consecuencia, supuso la aparición de crisis financieras recurrentes.

El capitalismo mundial y la socialdemocracia

  Un escenario de crisis que adquirió un formato internacional y financiero y que afectaría a las bases políticas e ideológicas (empleo y bienestar) de la socialdemocracia, pero que esta no fue capaz de afrontar, entre otras razones porque, a pesar de proclamarse internacionalista, en realidad sus políticas se ceñían al ámbito nacional. Una crisis que puso en evidencia cómo la socialdemocracia europea no estaba preparada para combatir un capitalismo que había adquirido una dimensión mundial lo que le permitía escapar al control de los Estados: ¿cómo, por ejemplo, impedir que las empresas europeas se trasladaran a países del Sur global disparando el desempleo en occidente?, como hacer frente a una inflación que tenía un carácter internacional?, ¿cómo garantizar los ingresos públicos necesarios para mantener el Estado de Bienestar con un desempleo disparado, una caída de los salarios y una fuga de capitales que, aparentemente, resultaban imposible de frenar?, ¿cómo mantener una presión fiscal alta sobre las grandes fortunas cuando éstas amenazan con buscar refugio en unos paraísos fiscales que favorece la mundialización neoliberal?.

La tercera vía, una vía muerta

La respuesta de la socialdemocracia a esta crisis fue lo que se conoció como “tercera vía” entre cuyos dirigentes más destacados, sin negar sus notorias diferencias, podemos incluir ordenados temporalmente a François Miterrand (Presidente de Francia:1982-1995), Felipe González (presidente del Gobierno español 1982-1996), Bettino Craxi (presidente del Consejo de Ministros italiano 1983-1987), Tony Blair (primer ministro de Gran Bretaña entre 1997-2007) y Gerard Schroder (canciller alemán 1998-2005). Dirigentes políticos que a caballo de la crisis capitalista de finales del siglo XX renunciaron a los principios socialdemócratas para adoptar, con diferentes matices, lo que se llegaría a conocer como social-liberalismo (potenciación del sector financiero a costa del sector industrial, desregulación do los mercados laborales, deterioro de lo público…). 

Un cambio ideológico que puso en evidencia cómo el electorado al que ahora se dirigían de forma preferente estos partidos ya no eran las clases trabajadoras sino las llamadas nuevas clases medias, lo que provocó un distanciamiento con aquellas (como le diría un veterano y ejemplar dirigente sindical español al ministro de economía socialdemócrata de la época: “tu problema, Carlos, son los trabajadores”). Un distanciamiento que entre otras consecuencias trajo el divorcio entre estos partidos y el movimiento sindical quien, fuera su compañero de viaje durante los treinta años gloriosos así como un descenso muy marcado de sus afiliados.

La socialdemocracia y Europa

Una muda ideología que llevó a la socialdemocracia a aceptar una Unión Europea de marcado carácter neoliberal u ordoliberal, si tenemos en cuenta que será Alemania quién impondrá sus criterios ortodoxos. De esta forma cuando las derechas alemanas (lideradas por Helmut Kohl) imponen sus condiciones para aceptar la UEM (Unión Económica y Monetaria) que contempla como elementos centrales la creación de una moneda fuerte (el euro), en línea con el marco alemán, y un Banco Central (BCE), que adopte las políticas monetarias del Bundesbank (ortodoxia monetaria) y que articulados en el Tratado de Maastrich (1993) formarán su columna central, la socialdemocracia europea aceptará, como propios, estos principios que, sumados a tratados posteriores como, muy especialmente, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la UEM (2013) dejarán escritos en piedra una serie de mandatos a los Estados Europeos que van a suponer una pérdida de soberanía suicida (los tipos de interés y de cambio quedan en manos de un BCE independiente pero que se guía por criterios ortodoxos), una prioridad de  las políticas monetarias sobre el resto de políticas (la lucha contra la inflación descansará exclusivamente en este tipo de políticas), la sacralización de los déficits y las deudas (serán prioritarios sobre otros objetivos macroeconómicos, como, por ejemplo, el crecimiento económico y la creación de empleo) y, como consecuencia, la imposición de las políticas de austeridad (mediante la fijación de rígidas reglas fiscales) y de rebaja salarial.

El tiempo pondría en evidencia, como ya anticipaban no pocos expertos de alto nivel, que este formato dispararía las desigualdades en el interior de la UEM y dentro de cada uno de los Estados miembros, se frenaría el crecimiento económico y la creación de empleo, provocando crisis recurrentes sin por ello poder evitar que se dispararan las deudas. Un escenario que, a nivel político, traería una pérdida creciente de apoyo a los partidos socialdemócratas entre sus bases tradicionales (las clases de rentas medias y bajas) y un ascenso de las fuerzas totalitarias. Una pérdida de apoyo derivada de que estas fuerzas aparecieron como corresponsables de unas crisis en la que las clases populares comprobaban que eran ellas las principales damnificadas, al tiempo que las grandes rentas (bancos, fondos de inversión, multinacionales…) acumulaban enormes ganancias.

Las razones de una crisis sistémica

Éstas son, según el que esto escribe, algunas de las principales razones que explican la gran crisis que atraviesa actualmente la socialdemocracia europea, que pasó de gobernar en la mayoría de los países de la Unión Europea a estar en una minoría muy pequeña. Una crisis derivada tanto de su incapacidad para superar las fronteras nacionales y dar una respuesta conjunta a un capitalismo que se hizo mundial y neoliberal, como de su alejamiento -con incluso enfrentamientos- de sus aliados tradicionales -el movimiento sindical-, su tardía comprensión de las nuevas contradicciones -ecologismo, feminismo, pacifismo, inmigración...-, su dependencia financiera de los bancos -que facilitó las prácticas corruptas-, su burocratización y consiguiente incapacidad para conectar con las mayorías sociales, y su abandono de la movilización social como instrumento de defensa y ataque políticos.

Fueron éstas unas elecciones caracterizadas por una muy baja participación (51% de promedio) con 15 países (de 27) con una participación por debajo del 50%. En los Estados del Este, que se integraron más tarde en la Unión Europea, la participación estuvo entre el 21,35% (Croacia), el 28,35% (Lituania), el 33,8% (Bulgaria), el 34% (Letonia), el 34,4% (Eslovaquia), el 36,45% (Chequia) y el 37,6% (Estonia). Estados en los que, según estos resultados, sus ciudadanos no pareciera que sientan una especial atracción y entusiasmo por la Unión. De forma parecida en los Estados del Sur, los denominados despectivamente PIGS, que sufrieron especialmente el impacto de la austeridad compulsiva impuesta por las autoridades comunitarias, sus ciudadanos tampoco parecen mostrar un especial entusiasmo por el proyecto europeo: Portugal (36,5%), Grecia (41,1%), Italia (48,3%) y España (49,2%).

Estas bajas participaciones hicieron aún más notable y notorio el auge de las fuerzas de extrema derecha (149 escaños) y la caída de las fuerzas de izquierda (175 escaños). De alguna forma sorprendió que, en plena crisis medioambiental, los partidos verdes sufrieran un fuerte retroceso (perdieron 17 diputados) aunque resulta más comprensible si se analizan tanto sus alianzas como sus apoyos a las políticas más conservadoras. Perdidas que, con la excepción de Portugal, no afectarían de igual forma a los partidos situados más a la izquierda en el arco parlamentario que, aunque siguen siendo el grupo más pequeño, salvaron los muebles -pasan de 37 a 39 escaños-.

Igual que está sucediendo en cada vez más países en estas elecciones europeas se produjo el fenómeno de la aparición de listas electorales difíciles de categorizar y situar en el escenario político pero que si nos advierten tanto del creciente descontento popular con los partidos tradicionales como del impacto de la redes sociales. Descontento popular que no impide que el Parlamento europeo lo siga dominando la alianza conservadora-liberal-socialdemócrata con una mayoría (406 escaños) que le permitirá  gobernar la UE con tranquilidad. No obstante si se produjeron unos ciertos movimientos en su interior marcados por un mayor dominio del Partido Popular Europeo con 188 escaños en detrimento del Grupo socialdemócrata con 136 escaños.

Son estos unos resultados electorales de los que se pueden avanzar algunas lecturas políticas. La primera que la confianza ciudadana en el Parlamento Europeo como un poder legislativo relevante es muy pequeña. La segunda que hay una amplia conciencia de que las decisiones más importantes y decisivas las toman instituciones como el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el BCE que escapan al control del Parlamento y por tanto de los ciudadanos europeos. 

¿Qué gobernanza anuncia estos resultados?

Instituciones que, no obstante, sí son muy receptivas a los intereses de los países económicamente más poderosos, Alemania y Francia, así como a los del capital que hoy por hoy domina occidente: los grandes bancos y los fondos de inversión. Por todo ello me atrevo a avanzar una serie de hipótesis sobre la gobernanza futura en la Unión Europea: que se producirá un avance de las políticas conservadoras con recortes en gastos sociales, una colocación de la deuda pública como argumento central para justificar el que se mantenga la austeridad a pesar de los fracasos cosechados, una negativa a subir la presión fiscal si esta supone mayores gravámenes para la banca y las grandes empresas, una oposición al control de los abusos en los precios por parte de los grandes oligopolios (farmacéuticas, informáticas, energía, alimentación, armamento…), junto a un retroceso en la lucha contra el cambio climático y la crisis ecológica, y una aceleración de las políticas armamentísticas (más gasto público para armamento).

¿Qué argumentos justifican las hipótesis anteriores? En primer lugar, la propia naturaleza de una Unión Europea que es fundamentalmente económica: un mercado que intenta competir en la economía mundial. Competir con China para lo que los gobernantes europeos consideran necesario bajar los salarios y el gasto en derechos sociales, así como derribar todas aquellas barreras que frenan, en opinión de las élites comunitarias, la libre competencia. En segundo lugar, el fundamentalismo dogmático de mantener bajo control el gasto público estableciendo normas rígidas con relación a los déficits y las deudas públicas, al tiempo que se privatiza el mayor número posible de servicios públicos. Y como se espera que las clases trabajadoras ofrezcan resistencia a estas medidas resulta necesario debilitar el movimiento sindical.

¿Qué resultados dan estas políticas?

La evidencia empírica puso de manifiesto de forma contundente que estas políticas, basadas en una austeridad compulsiva, fueron y seguirán siendo un fracaso, pues mantienen a la Unión Europea en una prolongada recesión con bajo crecimiento económico, sin que por otra parte se consigan los objetivos que las justifican como, por ejemplo, reducir los déficits y las deudas. Mientras que, por el camino, se laminan derechos sociales, se disparan la desigualdad y la pobreza, se siguen destruyendo empresas y tal como reflejaron las elecciones parlamentarias se favorece el ascenso de las fuerzas de extrema derecha y populistas. Realmente no cabía esperar otros resultados: debilitar aún más una demanda ya de por si insuficiente no podía conducir a otro destino que la depresión y el desastre. 

Una situación de la que la Unión Europea tardará décadas en salir pero que, si atendemos a los últimos resultados electorales registrados, las cosas aún pueden ir a peor. Así, que se intente revitalizar el fracasado Pacto de Estabilidad y Crecimiento es una muestra de que, en la Unión Europea, las fuerza neoliberales siguen siendo muy poderosas y pugnan por que se vuelva al dogma de la austeridad para beneficio de los grandes bancos y grandes multinacionales, aunque sea a cuenta del deterioro de las condiciones de vida de las mayorías sociales europeas. 

Una Europa de los pueblos y no de los mercados

En este marco político, al que habría que sumar otros elementos, como por ejemplo la crisis migratoria frente a lo que cabe esperar que se avance en la estrategia de una Europa fortaleza que cierra sus puertas a la inmigración, aparece como cada día más necesaria y urgente la defensa de otra Unión Europea más democrática e inclusiva. Una Unión Europea que emprenda un cambio de rumbo, enfrentando los auténticos problemas: el deterioro ecológico, la desigualdad de rentas, la especulación financiera, el deterioro del bienestar, la pobreza y la desigualdad, el desempleo y la precarización, los déficits democráticos, la debilidad de lo público. 

Una respuesta que ha de ser democrática por dos razones fundamentales. Dadas las características de la presente crisis (una policrisis) las decisiones han de ser colectivas, apoyadas en amplios acuerdos que deben ser puestos en práctica por instituciones con la necesaria legitimidad democracia. Con el neoliberalismo se han producido notables retrocesos en los derechos democráticos que es necesario recuperar.

En este marco es donde se pone en evidencia la urgente necesidad de democratizar tanto las instituciones de la Unión Europea (Comisión Europea, Parlamento Europeo, Banco Central Europeo) como los contenidos de algunos de los Tratados y de las Políticas neoliberales aprobadas. Igualmente, y desde una perspectiva de izquierdas, es necesaria la creación de organizaciones partidistas y sindicales de dimensión europea con capacidad de interlocución, negociación y presión a ese nivel. 

Democratización que debe empezar por la Comisión Europea, un órgano ejecutivo con un enorme poder pero que se escapa al control ciudadano lo que le resta legitimidad. La Comisión Europea debe ser elegida por el voto mayoritario del Parlamento Europeo (previa presentación de su programa por aquella) frente a quien debe responder solidariamente de su gestión política, como cualquier órgano ejecutivo en una democracia. 

También por un Parlamento Europeo que debe representar realmente  a los pueblos de Europa, que ejerza la potestad legislativa, con capacidad tanto para fiscalizar las actuaciones de la Comisión Europea como para censurarla y, en caso de perdida de confianza, esta deberá presentar su dimisión. No se puede hablar de una Unión Europea democrática sin reforzar los poderes del Parlamento Europeo. 

Y por un Banco Central Europeo mas transparente que debe rendir cuentas delante del Parlamento Europeo y tener como objetivos prioritarios el empleo y el bienestar. Una banca pública que proteja a los estados de la Unión de los ataques de los especuladores financieros y con poderes limitados en relación a aquellos.

A nivel institucional estas son unas reformas mínimas en el camino de la democratización de la Unión Europea. Reformas que, como señalaba antes, deben alcanzar también al euro y a los Tratados.

En relación al euro señalar de entrada que su existencia despojó a los estados de la eurozona de dos instrumentos de ajuste claves: el tipo de cambio y el tipo de interés. Una perdida que, para los estados europeos del sur, tendría consecuencias desastrosas como pudimos comprobar primero con la crisis de 2008 y luego con la crisis del euro en 2010. Una alternativa realista sería el euro flexible de que habla Joseph Stiglitz -”El euro, como la moneda común amenaza el futuro de Europa”-, consistente en diferentes euros segundo cada país o grupo de países y cuyo valor de cambio pueda moverse pero dentro de unos limites.

Una reformas importantes, pero mínimas, que buscarían corregir el equivocado rumbo que viene siguiendo la Unión Europea muy especialmente una Eurozona para que no esté condenada al estancamiento sin fin o al bajo crecimiento, a un desempleo elevado, a una creciente desigualdad… Una Eurozona con nuevas reglas que supongan más unión, más democracia y más Europa: una regulación del sistema financiero, una política fiscal más ambiciosa pero con reglas mucho más flexibles, una unión bancaria, un control de los mercados de capitales, una prohibición de los paraísos fiscales en su interior, una mayor solidaridad y coordinación, una auténtica democratización (exigencia de que todos los estados miembros respeten los derechos humanos y sociales) y una generalización del estado de bienestar entre sus miembros.  

Tampoco está carente de argumentos y ahí tenemos a intelectuales de la talla de Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Yanis Varoufakis, Eric Toussaint, James Galbraith, Juan Torres, Vicenc Navarro, Martin Wolf, Mariana Mazzucato, Armantya Sen, Francoise Chesnay…, que, desde presupuestos ideológicos y políticos diferentes, y en algunos casos distantes coinciden en criticar tanto los fundamentos más importantes de la Unión (la UEM, el euro) y el funcionamiento de sus instituciones más poderosas (Comisión Europea, Banco Central Europeo) como las políticas adoptadas (fiscal, monetaria, comercial…).

Críticas que parten de una serie de realidades como que la Unión Europea no es una auténtica unión de Estados (mucho menos unos Estados Unidos de Europa) entre otras razones por que tiene grandes déficits democráticos y desde su origen tomó un camino que va en una dirección contraria al que marcan sus principios. Intentaré explicarme, aunque algunas críticas ya se pusieron de manifiesto en el artículo citado anteriormente.

Es indiscutible que, hoy por hoy, la Unión Europea carece de unas instituciones auténticamente democráticas. La Comisión Europea no es un poder ejecutivo como el de cualquier Estado democrático, sino que es el fruto de un reparto de influencias entre los estados miembros, con Alemania como capitán general al mando: con cada legislatura, y una vez se aprueba la nueva presidencia (es el Consejo Europeo quien la elige), el/la presidente/a electo/a seleccionará a los posibles vicepresidentes y comisarios a partir de propuestas de los Estados miembros de la Unión Europea (uno/a por estado). Todos los jefes de Estado o de Gobierno reunidos en el Consejo Europeo deberán aprobar esta lista de candidatos. A continuación, cada uno de ellos tendrá que pasar por un proceso de investigación y aprobación por parte de la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (un formalismo). Aunque la Presidencia y los demás miembros de la Comisión deban pasar por la aprobación del Parlamento Europeo, a lo máximo que puede aspirar esta cámara es a vetar a un/a candidato/a: algo que sería insólito pero que se solucionaría nombrando un sustituto/a. Por tales razones no se puede afirmar que sea el Parlamento europeo quien nombra a la Comisión Europea. 

Un déficit democrático que facilitó que, a día de hoy, la Comisión Europea tenga un exorbitante poder tal que puede llegar a imponer-le a cualquier estado de la Unión la primacía de las normas comunitarias sobre las leyes nacionales. Normas que los Estados han de cumplir, aunque éstas sean radicalmente distintas a las leyes aprobadas por el Parlamento nacional correspondiente (¿se acuerdan de lo que sucedió con Grecia, Portugal, España e Irlanda por mor de las reglas fiscales?). Imposiciones que llegan a condicionar la vida de sus ciudadanos, como venimos comprobando en las últimas décadas y que son posibles por la suicida cesión de soberanía por parte de los estados miembros en favor de instituciones europeas no democráticas. Unas imposiciones, como la sufrida por Grecia en el año 2015, que justifican que en algún momento los europeos nos planteemos aquello de ¿para que votamos? 

La otra institución europea con un enorme poder de influencia y también con grandes déficits democráticos, es el Banco Central Europeo (BCE), que no rinde cuentas delante del Parlamento Europeo y que, de ninguna de las maneras, es una banca pública al servicio de los estados y los ciudadanos europeos. Por sus estatutos y su ideología (ordoliberal) es una banca al servicio de los grandes agentes financieros (la banca en primer lugar) como se pone en evidencia por sus decisiones en materia de política monetaria (ortodoxa) y cambiaria (neoliberal) así como en el tratamiento de las deudas soberanas (concebidas como un negocio para la gran banca privada).

No se quedan ahí los problemas de la Unión Europea Monetaria. Frente a lo que se suele pensar, el euro, la moneda única, es uno de los mayores handicaps para una auténtica unión. Era más que previsible que la imposición de una moneda única, que además tuviera un valor de cambio que busca rivalizar con el dólar, iba inexorablemente a provocar grandes desequilibrios internos en una unión compuesta por Estados con economías tan heterogéneas. Desequilibrios muy difíciles de superar al haber cedido soberanía en políticas claves como aquellas afectan a la moneda, el presupuesto, la deuda y la circulación de capitales Así los Estados con déficits comerciales estructurales (España, Portugal, Francia, Grecia) para superarlos precisan actuar sobre el tipo de cambio, devaluar su moneda, algo que ahora no pueden hacer al haber cedido esa soberanía. En este marco la única alternativa que les queda para mejorar sus balanzas, y evitar los déficits, es proceder a lo que se conoce como devaluación interna: rebaja de salarios y del gasto público social. Medidas que provocan una mayor debilidad de la demanda interna, que se disparen las desigualdades y se empobrezcan los Estados por un menor crecimiento, y que se disparen las deudas soberanas a pesar de la austeridad. Exactamente lo que pasó en la Unión Europea y que se conoció como “la crisis del euro” (2010)

Comisión Europea, Banco Central Europea y euro componen, hoy en día, un marco económico, financiero y monetario que, como un cinturón de hierro, le impide a la Unión Europea avanzar hacia la consecución de sus objetivos fundacionales. Por si esto no fuera suficiente, las políticas aprobadas e impuestas a los estados miembros (como, por ejemplo, el nefasto Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de marzo del 201), no hicieron más que empeorar las cosas (más desempleo y desigualdad, mayores déficits y deudas) aunque por el camino y ante la gravedad de la situación (covid-19) se tomaran algunas decisiones (una mayor flexibilidad en las reglas fiscales pero sin abandonar los dogmas, la emisión de bonos verdes europeos) que evitaron que los males fueran todavía mayores.

            Un rechazo que favorece que se amplíe el número de países que solicitan adherirse a esta nueva alianza internacional, como pone en evidencia el hecho de que en Tartaristán se juntaron una treintena de líderes de cuatro continentes (África, América, Asía y Europa) que a nivel declarativo parecen reclamar un nuevo orden mundial en que se tengan en cuenta sus opiniones para que el Sur global -que supone más de un tercio del PIB mundial y del 50% de la población- deje de ser considerado por el G7 como un agente de carácter secundario, subordinado.

            Como primera reflexión de carácter general resulta lógico preguntarse si con el auge de China, el declive de una Unión Europea cada vez más dependiente de los Estados Unidos, y el despertar de un número creciente de países del Sur global estamos asistiendo a los albores de un nuevo orden mundial con dos polos: el Norte nucleado en torno a los Estados Unidos, y el Sur global, con China como líder indiscutible que cuenta entre sus aliados con la India y el Brasil en una posición menos subordinada que la de la UE en relación a los USA. La verdad es que si bien es cierto que estos movimientos nos llevan a un escenario internacional distinto al de estas décadas pasadas, también lo que es que todavía se está configurando, por lo que no se deberían adelantar acontecimientos sobre este nuevo escenario pues hay muchas incógnitas a resolver y también muchas nubes negras.

            Pero qué mejor que analizar las conclusiones que se conocen de la cumbre de Kazán para así poder vislumbrar las intenciones reales de los miembros de esta alianza. La realidad es que si tenemos en cuenta las tesis que salen de esta cumbre los BRICS no suponen, en absoluto, una alternativa al neoliberalismo ya que repite discursos y declaraciones propias de los sistemas imperialistas. Algo que en puridad no debiera sorprender si tenemos en cuenta la auténtica naturaleza de la mayoría de los regímenes que componen los BRICS,

            La verdad es que, entrando en el análisis de las propuestas, resulta muy difícil negar que muchas de ellas pueden ser firmadas por los miembros del G7. Así, y con relación al medio ambiente, resulta evidente que en las conclusiones han triunfado las tesis defensoras de los combustibles fósiles como fuente de energía llegando a proponerse el impulso “de los mercados de permisos de emisiones de carbono”, acuerdo que se acompaña del rechazo a la adopción de medidas de protección del medio ambiente. En materia de financiación internacional las posiciones de los BRIC en nada se separan de los organismos financieros internacionales (FMI, BM), cuyas posiciones apoyan, lo que no deja de sorprender teniendo en cuenta la situación de la deuda externa de muchos de sus miembros. En este déficit en materia tan relevante como la financiación internacional, resulta clave la realidad actual del NBD (Nuevo Banco de Desarrollo) que en teoría venía a sustituir al BM pero que, en la práctica se coloca en la órbita de esas instituciones y asume sus reglas. Una prueba concluyente de este alineamiento es que, al día de hoy los BRIC carecen de una divisa de referencia distinta del dólar (se financian en base a esta divisa). Por las mismas razones carecen de un fondo de reserva que sirva de ayuda financiera a sus miembros en dificultades que, de esta forma, tendrán que seguir pidiendo ayuda al FMI y al BM y, como consecuencia, que aceptar reglas como sus famosas PAE (Políticas de Ajuste Estructural).

            Teniendo en cuenta que se trata del Sur global resulta muy decepcionante su posición en relación tanto a la soberanía alimentaria (una carencia total de propuestas) como a las mujeres que, si de esta cumbre esperaban algunas conclusiones en favor de sus derechos y de mejora de sus condiciones de vida, tendrán que seguir esperando.

            Finalmente, si se esperaba de los BRICS un posicionamiento claro en favor de la paz y en contra de las guerras la decepción puede ser grande. Así, y con relación al genocidio en Gaza la postura oficial de esta organización no es muy diferente a los de estados occidentales que combinan las declaraciones de condena de la ofensiva militar israelí con el mantenimiento de relaciones comerciales con Israel a quien suministran petróleo, carbón y gas. Igual de grave es su postura en relación con la guerra en Ucrania en la que no hay ni una condena explícita de la invasión por parte de Rusia ni de la acción beligerante y militarista de la OTAN.

En relación con el primero de los objetivos, garantizar la paz luego de dos guerras mundiales, resulta evidente que en las últimas décadas el balance no es muy positivo, aunque todavía puede ser peor. Si la división de Yugoslavia, luego de una terrible guerra fratricida, abrió una profunda herida en la credibilidad democrática de Europa, ¿qué decir de la guerra entre Ucrania y Rusia? Ambas guerras son dos muestras paradigmáticas de cómo el objetivo de garantizar la paz en el continente no es la mayor de las prioridades de los gobernantes europeos. Por si estos dos casos no fueran suficientes, la posición frente al genocidio en Gaza pone en evidencia que para la Unión Europea las ganancias de la banca y de la industria armamentística son lo primero. Las pruebas son contundentes y así vemos cómo al tiempo que se habla de paz se incrementa el negocio de la industria armamentista (el presupuesto militar europeo se ha triplicado con cifras récords en 2023: 289.300 millones de euros) y las ganancias de los bancos que financian sus operaciones. Véase al respecto uno de los últimos informes del SIPRI. 

No exageramos si decimos que la libertad en Europa está hoy en peligro. El gran ascenso de los partidos de extrema derecha en prácticamente toda Europa está abriendo la puerta a grandes coaliciones entre populares, liberales y socialdemócratas que suponen una mayor derechización política y un avance de las estrategias armamentísticas y militaristas donde la retórica de la guerra va imponiéndose a la de la paz y la libertad. Un retroceso que se ve favorecido por el enorme declive de las izquierdas. Marco que posibilita, por ejemplo, un endurecimiento de la política migratoria (Plan Meloni) que se centra en el blindaje de Europa, la deportación y la creación de centros de internamiento para inmigrantes: lo que no deja de ser una estrategia de la extrema derecha. Un ascenso de los totalitarismos que también se plasma en una ampliación de los discursos de odio y de ataque a la libertad de opinión e información en lo que las mal llamadas redes sociales juegan un papel fundamental.

En relación con los importantes déficits democráticos basta con analizar la toma de decisiones relevantes en las más importantes instituciones comunitarias como es el caso de la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Banco Central Europeo, que escapan al control del Parlamento Europeo y pasan por encima de los gobiernos y los parlamentos nacionales (tenemos el sangrante caso de Grecia en el año 2015). No se trata de decisiones sin importancia sino de aquellas que afectan a la vida y al bienestar de los europeos. Decisiones, por ejemplo, en materia de políticas fiscal, monetaria y comercial que condicionan los presupuestos nacionales y, por tanto, las políticas públicas de los estados miembros. Decisiones que, repito, se toman por encima de los gobiernos y los partidos nacionales: lo que supone un enorme déficit democrático. Ahí tenemos los casos de las reglas fiscales que llevaron a la Unión Europa a una recesión, o fase de bajo crecimiento, en la que todavía estamos y/o la subida de los tipos de interés para combatir una inflación que no era de demanda sino de oferta y que como consecuencia frenaron el consumo y la inversión. Una situación que ha favorecido enormemente a las grandes rentas europeas que se han forrado mientras se recortaban gastos públicos que beneficiaban a la mayoría. Se puede afirmar con toda garantía que, hoy por hoy, las grandes decisiones en materia de política económica y social se toman en la Unión Europa mirando a los intereses de la gran banca, los fondos de inversión y las grandes empresas. 

Unas decisiones políticas que van contra la igualdad poque disparan las desigualdades sociales y territoriales en el seno de la Unión Europea. Como viene anunciando el FMI (que parece haber cambiado algo su discurso neoliberal) “el crecimiento a medio plazo será mediocre e insuficiente para erradicar la pobreza mundial, crear los empleos necesarios y generar los ingresos fiscales que los gobiernos requieren. Será un futuro difícil y preocupante” en el que las desigualdades seguirán creciendo, siendo Europa una de las regiones donde más se van a notar. La razón principal está en lo señalado al principio: a diferencia, por ejemplo, de lo que hicieron y están haciendo Estados Unidos y otras regiones del mundo (China, India, Brasil, Rusia) la Unión Europea ha optado por políticas fiscales y monetarias recesivas que llevaron a que, por ejemplo, en el año 2023 la Eurozona haya sido a nivel mundial la región de menor crecimiento entre las grandes regiones.

Un menor crecimiento que afecta fundamentalmente a las rentas medias y bajas, y a unos países europeos más que a otros, como prueba la evidencia de que esta década ha marcado un freno en la lucha contra la pobreza extrema (FMI).  En relación con esto último los informes internos (EUROSTAT) señalan que 94,6 millones de europeos están en riesgo de pobreza o exclusión social. Más de una de cada cinco personas que viven en un hogar con hijos a cargo está en riesgo de pobreza o exclusión social.

En relación con la infancia, UNICEF nos informa de que 1 de cada 4 niños en los países de la UE están en riesgo de pobreza o exclusión social, y más de 11 millones tienen problemas de salud mental. (http://www.unicef.org/eu). A nivel territorial la desigualdad económica es muy elevada. La región (NUTS2) más rica de la UE (Inner London West) multiplica por un factor superior a 5 (5,8) la media de PIB per cápita de la UE-28. En el extremo opuesto, las regiones más pobres registran unos niveles de PIB per cápita muy por debajo de la mitad de la media UE (Severozapaden, Bulgaria, 29 sobre EU28=100). Y no son casos aislados, 78 de las 276 regiones NUTS2 que componen la UE-28 tienen un PIB per cápita por debajo del 75% de la media. Otras 45, por el contrario, superan esta media en más de un 25%.

Teniendo en cuenta todas estas evidencias resulta oportuno preguntarse: ¿qué es, hoy por hoy, la Unión Europea?, ¿en que se parece al proyecto originario de un espacio donde brillarían la paz, la libertad, la democracia, y la igualdad?, ¿es realmente una unión de Estados con objetivos comunes? En absoluto y por estas razones ¿quién se extraña de que piense que “algo huele a podrido en Europa”? @mundiario