La amnistía en Venezuela: ¿reconciliación real o moneda de cambio?

El anuncio de una ley de amnistía general para los presos políticos en Venezuela, formulado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, marca uno de los gestos más significativos —y más controvertidos— del periodo abierto tras la salida forzada de Nicolás Maduro del poder. Presentada como una apuesta por la paz, la reconciliación y el cierre de un largo ciclo de violencia política iniciado en 1999, la iniciativa llega envuelta en un contexto de desconfianza estructural, presión internacional y una memoria colectiva profundamente marcada por el uso sistemático de la represión como herramienta de control.

Delcy Rodríguez anunció la medida en un acto celebrado en el Tribunal Supremo de Justicia, vetado a la prensa, subrayando el carácter urgente de una ley que, según adelantó, será discutida y aprobada en la Asamblea Nacional en cuestión de días. La amnistía abarcaría todo el periodo de confrontación política desde la llegada de Hugo Chávez al poder, con la exclusión explícita de delitos comunes graves como homicidio o narcotráfico. En el discurso oficial, la norma se presenta como una oportunidad histórica para “vivir en paz y tranquilidad”, acompañada incluso por anuncios simbólicos como la reconversión de El Helicoide —la prisión más emblemática de la represión chavista— en un centro de servicios sociales.

Sin embargo, la reacción de la oposición y de la sociedad civil organizada revela hasta qué punto la credibilidad del anuncio está en cuestión. Para la líder opositora María Corina Machado, la amnistía no es fruto de una convicción democrática del chavismo, sino el resultado directo de la presión ejercida por Estados Unidos. Sus palabras conectan con un dato clave: el anuncio coincide con la confirmación, por parte de la Embajada estadounidense, de la liberación de todos los ciudadanos de ese país que permanecían detenidos en Venezuela, los únicos que han recuperado plenamente su libertad sin medidas cautelares.

Sin libertades plenas en Venezuela, no habrá transición posible. La amnistía pone a prueba la voluntad real del chavismo

El contexto refuerza la sospecha de que la amnistía es, una vez más, parte de una negociación asimétrica. Desde hace años, el chavismo ha convertido a los presos políticos en moneda de cambio: libera de forma selectiva, dosifica las excarcelaciones y mantiene abiertas las causas judiciales como mecanismo de disciplina. En el último mes, tras la caída de Maduro, las autoridades han hablado de más de 800 liberados, mientras que ONG y defensores de derechos humanos reducen la cifra a poco más de 300. En cualquier caso, entre 600 y 700 personas seguirían encarceladas por motivos políticos, y más de 9.000 estarían sometidas a medidas judiciales restrictivas.

La diferencia entre excarcelación y libertad es aquí fundamental. Muchos de los liberados siguen sin poder salir del país, declarar a la prensa o reincorporarse a su vida profesional, lo que los deja expuestos a nuevas detenciones arbitrarias y a formas encubiertas de extorsión. Una amnistía efectiva debería suponer el cierre de las causas, no una simple suspensión condicional del castigo.

El anuncio también choca frontalmente con el historial discursivo del propio oficialismo. Figuras centrales del chavismo como Diosdado Cabello, hoy ministro del Interior, o el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, se opusieron durante años a cualquier iniciativa de amnistía, descalificándola como una “ley de amnesia” y llegando a advertir de que no sería aplicada aunque se aprobara. Que ahora ambos participen en la arquitectura de la medida alimenta tanto las expectativas como el escepticismo.

No sería la primera vez que el chavismo recurre a indultos o perdones parciales para aliviar tensiones. En 2020, Maduro concedió indultos a más de un centenar de opositores, entre ellos colaboradores de Juan Guaidó, en un acto cuidadosamente escenificado. Aquella experiencia dejó un poso amargo: listas infladas, beneficiarios que ya estaban en libertad y ninguna garantía de no repetición. La represión, de hecho, continuó.

Hoy la presión es distinta. Las vigilias de familiares frente a las cárceles, las protestas reactivadas y escenas impensables hace meses —como estudiantes increpando públicamente a la presidenta encargada— reflejan un cambio en la correlación de fuerzas internas. A ello se suma el papel de Washington, que actúa de facto como tutor externo de un chavismo debilitado pero aún en el poder.

Desde hace más de una década, las ONG de derechos humanos reclaman una amnistía general como condición mínima para cualquier transición democrática. Iniciativas como la del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, que propone cerrar las causas desde 2014 y establecer mecanismos de reparación y verificación independientes, apuntan a una visión más integral: no solo liberar a los presos, sino reconocer a las víctimas, garantizar la no repetición y permitir el regreso de los exiliados.

Miles de detenciones fueron injustas

La pregunta de fondo es si el chavismo está dispuesto a asumir ese coste político y simbólico. Una amnistía auténtica implica reconocer que el sistema judicial fue utilizado como herramienta de persecución y que miles de detenciones fueron injustas. Supone, además, renunciar a un instrumento de control que ha sido central para la supervivencia del régimen.

La ley que se anuncie en los próximos días será, por tanto, una prueba decisiva. Si se queda en una operación cosmética, limitada y reversible, confirmará la lógica del intercambio y la presión externa. Si, por el contrario, se traduce en libertades plenas, cierre de causas y garantías efectivas, podría abrir por primera vez desde 1999 una grieta real hacia la reconciliación. En Venezuela, donde la palabra amnistía arrastra demasiadas promesas rotas, la diferencia entre ambas opciones no es retórica: es histórica. @mundiario