EDITORIAL

La amnistía debe ser constitucional

Una pancarta con la imagen de Carles Puigdemont en una manifestación independentista. / Pixabay
Una pancarta con la imagen de Carles Puigdemont en una manifestación independentista. / Pixabay
La ley de amnistía no solo requiere apoyo político en las Cortes, sino también ajustarse a las exigencias técnicas para superar la revisión del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la UE.
La amnistía debe ser constitucional

La polémica en torno a la ley de amnistía en España, especialmente vinculada a las secuelas del procés, se ha convertido en un campo de batalla con dos frentes claramente diferenciados: el político y el judicial. No obstante, en ocasiones, estas esferas interactúan y se solapan, generando debates intensos y, en algunos casos, incluso estrategias de internacionalización por parte del PP.

Desde el inicio, el PP ha buscado implicar a la Unión Europea, comparando a España con situaciones políticas controvertidas en Hungría o Polonia. Esta estrategia, aunque singular y estéril, intenta proyectar la imagen de una democracia de segunda categoría, argumentando absurdamente que España podría dirigirse hacia un régimen bolivariano o autocrático. Sin embargo, esta narrativa no solo carece de fundamento, sino que también desvía la atención de la verdadera esencia del debate.

Es comprensible que el PP oponga una resistencia firme a la amnistía, especialmente dados los desaciertos y las incoherencias del PSOE en relación con el procés. Sin embargo, jugar con la pérdida de la calidad democrática del país va más allá de una oposición política saludable y se aleja de la responsabilidad de un partido de Estado. La imagen de España como una democracia sólida no se ve afectada por estas estrategias, como demuestran estudios internacionales que validan la salud democrática del país.

A pesar de no lograr equiparar a Pedro Sánchez con un líder autoritario mediterráneo, el PP ha tenido éxito en internacionalizar la controversia mediante la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el respaldo del Parlamento Europeo para investigar la supuesta injerencia rusa en el procés, y la visita de expertos de la Comisión de Venecia. Sin embargo, hasta ahora, estas acciones han generado más ruido que resultados concretos.

El margen de negociación

La reciente devolución a la Comisión de Justicia de la proposición de ley de amnistía, tras el voto en contra de Junts, PP y Vox, abre un debate sobre el margen de negociación en la redacción final de la ley. Junts, ahora abogando por una amnistía sin excepciones en casos de terrorismo, destaca la complejidad y sensibilidad del tema. Es fundamental reconocer que la amnistía no puede convertirse en una garantía absoluta de impunidad, ya que su aplicación final recae en los jueces.

La ley de amnistía no solo requiere apoyo político en las Cortes, sino también ajustarse a las exigencias técnicas para superar la revisión del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La defensa del Gobierno de Pedro Sánchez se basa en la promoción de la convivencia, aunque la iniciativa haya sido condicionada por Junts para garantizar su investidura. Sin embargo, es crucial establecer límites claros en las negociaciones para preservar la viabilidad constitucional y su compatibilidad con el derecho de la Unión Europea.

Las dudas generadas por acciones judiciales, como la del juez Manuel García-Castellón contra Puigdemont, deben canalizarse a través de los mecanismos de control del Estado de derecho. La aplicación de la ley de amnistía no puede comprometerse por compromisos políticos o presiones partidistas. Es hora de mantener una firme determinación y rechazar cambios que pongan en peligro la vigencia futura de una norma tan crucial para el sistema judicial como la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El país necesita una solución que garantice la convivencia sin sacrificar la integridad de sus instituciones democráticas. @mundiario

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