Ucrania y EE UU sellan una alianza minera histórica: ¿una doble victoria o dependencia renovada?

En un gesto sin precedentes y cargado de simbolismo político, el Parlamento de Ucrania ha ratificado por unanimidad un acuerdo de cooperación minera con Estados Unidos. Con 338 votos a favor y ninguno en contra ni abstenciones, la decisión marca un punto de inflexión en la relación entre Kiev y Washington, no solo por lo que representa en términos económicos, sino también por sus implicaciones geopolíticas y diplomáticas en el contexto de la guerra con Rusia.

La ratificación se produce tras meses de complejas negociaciones y un tenso intercambio entre los presidentes Volodímir Zelenski y Donald Trump en la Casa Blanca, que llegó incluso a un enfrentamiento verbal. Finalmente, el acuerdo quedó definido como un pacto "mutuamente beneficioso", según lo describió la ministra ucraniana de Economía, Yulia Svyrydenko. La clave del compromiso: crear un fondo de inversión compartido al 50 %, nutrido por ganancias de la explotación de minerales estratégicos como titanio, litio, uranio y tierras raras, recursos esenciales para las tecnologías modernas.

Más allá de su contenido económico, el acuerdo es una declaración política. El secretario del Tesoro de EE UU, Scott Bessent, fue claro al afirmar que este pacto “señala claramente a Rusia que la Administración Trump está comprometida con una Ucrania libre y soberana”. En una intervención en la conferencia del Instituto Milken, Bessent añadió que el objetivo era mostrar al público estadounidense que aún es posible lograr prosperidad compartida con Ucrania, sin comprometerse a nuevas ayudas financieras directas.

Esto resulta particularmente importante tras el vaivén de la ayuda militar estadounidense, que fue suspendida temporalmente por Trump al inicio de su segundo mandato. El nuevo acuerdo se presenta, entonces, como una excusa para mantener a EE UU atento a la situación en Ucrania, a pesar de que rechazó las garantías de seguridad que este país solicitaba y que Washington evitó conceder explícitamente.

Transparencia limitada y dudas internas

A pesar del respaldo unánime, algunos diputados ucranianos expresaron inquietud sobre la falta de claridad en los acuerdos técnicos que acompañarán al pacto principal. Estos documentos, aún no publicados, definirán quién administrará el fondo de inversión y cómo se distribuirán los ingresos. La oposición ucraniana exigió que la ratificación del texto principal no implique automáticamente la aprobación de los anexos mencionados en el pacto, que serán de carácter comercial y negociados por agencias de desarrollo de ambos países.

Una cláusula añadida por los legisladores ucranianos especifica que el acuerdo cubre todo el territorio nacional, incluidas las zonas actualmente ocupadas por Rusia. Esto subraya el deseo de Kiev de no ceder ningún control estratégico a potencias extranjeras, a pesar de la urgencia por asegurar inversiones.

Además, el fondo de inversión no generará beneficios durante los primeros diez años, y no implicará deuda para Kiev. EE UU aportará capital y equipamiento —incluidos sistemas de defensa—, mientras que Ucrania pondrá sobre la mesa el 50 % de los beneficios futuros de sus recursos estatales. Según Bessent, se trata de un acuerdo de "equidad, no de deuda". Esto representa un cambio importante respecto a las versiones iniciales del pacto, en las que la Casa Blanca exigía 500.000 millones de dólares en beneficios como retribución por su apoyo durante la guerra.

A diferencia de esos borradores, la versión final no convierte a Ucrania en un socio subordinado. Pero tampoco le ofrece garantías de seguridad concretas, como inicialmente pretendía Zelenski. El acuerdo, según Bessent, es más simbólico que jurídico en ese sentido: una muestra de compromiso que “le dará a Trump mayor capacidad de presión en una futura negociación con Rusia”.

Un dilema geoestratégico

El nuevo acuerdo se inscribe en un momento de tensión creciente entre Washington y Moscú, y de cierta ambigüedad en la política estadounidense hacia Ucrania. El entorno de Trump ha promovido ocasionalmente narrativas próximas al Kremlin, mientras sectores republicanos en el Congreso han mostrado reticencias a seguir financiando el conflicto.

En este contexto, Ucrania busca anclar la relación con Estados Unidos a través de intereses económicos tangibles, que puedan resistir los vaivenes políticos. No obstante, la dependencia de una sola potencia extranjera también entraña riesgos, especialmente si se reduce el margen de autonomía en la gestión de los propios recursos naturales.

La ratificación del acuerdo es, sin duda, una victoria política para Zelenski, que logra asegurar el compromiso económico de su principal aliado en plena guerra. También lo es para Trump, que puede presentar el pacto como una apuesta por una relación más “sostenible” y “rentable” con Ucrania.

Pero la pregunta clave permanece: ¿puede un acuerdo económico sustituir las garantías de seguridad que Ucrania necesita? ¿Y hasta qué punto este modelo de cooperación evita una relación de dependencia asimétrica disfrazada de sociedad entre iguales?