La polémica petición de Trump: un indulto para Netanyahu en pleno juicio por corrupción

Durante su discurso ante la Knéset en Jerusalén, el presidente estadounidense Donald Trump planteó una iniciativa que había impulsado desde que, en junio, instó al Gobierno de Israel a colaborar en la elaboración de un alto el fuego con Hamás que contemple la liberación inmediata de todos los rehenes secuestrados.

En un acto que celebraba el retorno de rehenes desde Gaza y la aparente conclusión de dos años de conflicto, el mandatario aprovechó la ocasión para pedir al presidente israelí, Isaac Herzog, que indulte al primer ministro Benjamín Netanyahu, acusado desde 2019 de fraude, soborno y abuso de confianza. “¿Quién se preocupa por cigarros y champán?”, ironizó Trump ante los legisladores, aludiendo a los regalos de lujo que forman parte de las causas judiciales contra Netanyahu.

El gesto fue recibido con aplausos y vítores por parte de los diputados del Likud y los aliados del primer ministro, que corearon “¡Bibi! ¡Bibi!” en el recinto. Sin embargo, la propuesta de Trump también generó estupor en amplios sectores de la sociedad israelí, donde se percibió como una intromisión directa en asuntos judiciales internos. La apelación pública a Herzog no solo desató un debate político, sino también jurídico sobre los límites de la autoridad presidencial y el alcance del perdón en Israel.

Netanyahu enfrenta tres procesos judiciales conocidos como los casos 1000, 2000 y 4000. En el primero, se le acusa de aceptar regalos valorados en cientos de miles de shekels, entre ellos joyas, cigarros y botellas de champán, a cambio de favores políticos. En el segundo, se le imputa haber intentado pactar una cobertura mediática favorable con el diario Yedioth Ahronoth a cambio de promover legislación que afectara a su competidor Israel Hayom.

El más grave, el caso 4000 en el que es acusado por soborno, sostiene que Netanyahu benefició con decisiones regulatorias a la empresa Bezeq a cambio de una cobertura positiva en el portal de noticias Walla, propiedad de su entonces accionista mayoritario, Shaul Elovitch.

El primer ministro ha negado todas las acusaciones, asegurando que son parte de una “caza de brujas” orquestada por la izquierda y los medios de comunicación, un discurso que recuerda al utilizado por Trump ante sus propios procesos judiciales. Desde el inicio del juicio en 2020, el caso ha avanzado con lentitud, entre interrupciones por la pandemia, maniobras legales de la defensa y, más recientemente, las operaciones militares en Gaza.

Las palabras de Trump no fueron improvisadas. Desde hace meses, el presidente estadounidense ha insistido en que los procesos contra Netanyahu son “políticos” y ha sugerido públicamente que su aliado “merece un indulto o la cancelación total del juicio”. La coincidencia entre ambos líderes —ambos enfrentados a causas judiciales mientras conservan un núcleo duro de apoyo popular— refuerza un discurso compartido: el de ser víctimas del establishment y de instituciones judiciales supuestamente parcializadas.

La petición de indulto llega además en un momento en que Trump intenta consolidar su papel como mediador internacional tras la primera fase del plan de paz para Gaza, un acuerdo que busca estabilizar la región tras años de conflicto. Con ese contexto, su intervención ante la Knéset puede interpretarse también como una jugada política: reforzar la imagen de su aliado como líder indispensable para la estabilidad regional y, al mismo tiempo, proyectarse a sí mismo como garante de la reconciliación en Oriente Próximo.

¿Es posible un perdón presidencial de este tipo en Israel?

El derecho israelí permite al presidente conceder indultos, aunque esta práctica está sujeta a matices. Según indicó la constitucionalista Suzie Navot, del Instituto de la Democracia de Israel, en declaraciones al New York Times, solo existe un precedente de perdón antes de una condena: el caso Barzilai vs. Gobierno de Israel (1986), en el que se indultó a miembros del Shin Bet (la agencia de inteligencia interior) por su participación en la ejecución extrajudicial de dos militantes palestinos que secuestraron un autobús con 300 personas.

Aquel indulto fue considerado excepcional y motivado por razones de seguridad nacional, por lo que su valor como precedente jurídico debería ser limitado.

Además, el expresidente del Gobierno Ehud Olmert —quien purgó prisión por corrupción— recordó en comentarios a POLITICO que un indulto suele requerir el reconocimiento de culpa, algo que Netanyahu ha descartado rotundamente. “Bibi nunca admitirá haber cometido delito alguno; si Herzog lo perdonara sin confesión, sería un escándalo monumental”, advirtió Olmert, señalando que el Tribunal Supremo podría anular la medida.

Cuando Trump pidió por primera vez que se le concediera el perdón a Netanyahu en junio, el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, pidió a Trump “respetar la soberanía israelí y no interferir en procesos legales internos”.En cambio, varios ministros del Likud respaldaron la idea y afirmaron que las acusaciones contra Netanyahu son una “persecución política” que busca derribar a un líder que “salvó al país en tiempos de guerra”.

Sin embargo, en esta ocasión, las formaciones de la oposición han evitado antagonizar con el presidente estadounidense para mantener su apoyo a un plan de paz que devolvió a los rehenes, ancla a Washington en la seguridad regional y busca desarmar a Hamás; por ello, su postura actual es, de momento, incierta.

Desde la oficina presidencial, Herzog evitó pronunciarse directamente sobre el pedido de Trump, aunque semanas atrás había admitido que el proceso judicial “pesa sobre la sociedad israelí” y que “todas las opciones constitucionales” debían considerarse. La ambigüedad de Herzog refleja la tensión entre el deseo de unidad nacional tras la guerra de Gaza y el riesgo de deslegitimar al sistema judicial si se concede un perdón anticipado.

Más allá del gesto simbólico, la propuesta de Trump introduce una variable política de alto voltaje. Un indulto a Netanyahu sin condena previa podría interpretarse como un cuestionamiento al Poder Judicial y alterar el equilibrio institucional israelí. Además, sentaría un precedente delicado en un país que históricamente ha reivindicado la igualdad ante la ley, incluso para sus máximos dirigentes. @mundiario