La Justicia de Bolivia corrige el caso Áñez: anula la condena y dispone su libertad
La Justicia boliviana ha dado un giro inesperado a uno de los procesos más controvertidos de su historia reciente. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló la condena de diez años de prisión impuesta a la expresidenta interina Jeanine Áñez y ordenó su liberación inmediata. La decisión, comunicada por el presidente del TSJ, Rómer Saucedo, pone fin —al menos de manera provisional— a un proceso judicial que durante los últimos años simbolizó la polarización política del país tras la caída de Evo Morales en 2019.
Áñez, detenida desde marzo de 2021, fue condenada por haber asumido la presidencia de manera supuestamente inconstitucional luego de la renuncia de Morales, quien abandonó el poder en medio de denuncias de fraude electoral y presiones de las Fuerzas Armadas. El fallo ahora anulado la responsabilizaba de vulnerar el orden constitucional, en lo que el oficialismo denominó un “golpe de Estado”.
Según explicó el magistrado Saucedo, durante la revisión extraordinaria del caso se detectaron “vulneraciones al ordenamiento legal vigente” y al “debido proceso”. “Se ha corregido todo eso y por eso se ha determinado la nulidad de la sentencia. Hoy tiene que recuperar su libertad”, declaró. La defensa de Áñez había sostenido desde el inicio que la exmandataria debía ser juzgada mediante un juicio de responsabilidades, un procedimiento especial reservado a exjefes de Estado y altos funcionarios, y no en la vía penal ordinaria.
El fallo del Supremo reabre así el debate sobre la legalidad del proceso que mantuvo a Áñez privada de libertad durante cuatro años y ocho meses. Sus abogados celebraron la resolución como una “restitución del orden constitucional”, mientras que el Gobierno de Luis Arce no se ha pronunciado oficialmente. Pese a su liberación, el caso no queda cerrado: la causa deberá ser reencauzada hacia un juicio de responsabilidades, que requerirá la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El contexto político en el que se produce esta decisión es especialmente relevante. Faltan apenas tres días para que el centroderechista Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), asuma la presidencia de Bolivia, marcando el fin de más de dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS). La liberación de Áñez, junto con la reciente excarcelación de otros opositores como Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, podría anticipar un nuevo ciclo político en el país andino.
La exmandataria, de 58 años, no se ha pronunciado tras conocerse el fallo, aunque días antes había recordado en sus redes sociales que “nunca” se arrepentiría de haber asumido el poder “cuando la patria lo necesitó”. “Las decisiones difíciles tienen un precio”, escribió entonces.
La anulación de la condena supone también un golpe a la narrativa impulsada por el MAS sobre los sucesos de 2019. Mientras el oficialismo insistía en calificar los hechos como un golpe de Estado, amplios sectores de la oposición y de la comunidad internacional defendían que la sucesión de Áñez respondió al vacío institucional tras la dimisión en cadena de Morales y sus sucesores constitucionales.
El abogado de Jeanine Áñez, Luis Guillen, llegó a la cárcel de #Miraflores y señaló que están a la espera que el juzgado notifique a la gobernadora de la cárcel para que Áñez salga en libetad. Aseguró que se cierra 5 años de persecución judicial. Se analiza iniciar demandas. pic.twitter.com/7ygkZcqS0n
— Contacto Bolivia (@ContBolivia) November 5, 2025
Más allá de su dimensión política, el caso Áñez reabre un viejo debate en Bolivia: la independencia del poder judicial y la utilización de la justicia como herramienta de disputa política. Organismos internacionales y de derechos humanos como Human Rights Watch y la ONU habían manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación por las condiciones de detención de la expresidenta y por las garantías procesales durante su juicio.
La decisión del TSJ no solo libera a una figura que se convirtió en símbolo de la oposición encarcelada, sino que también marca un punto de inflexión en la relación entre justicia y política en Bolivia. A las puertas de un cambio de gobierno, la resolución del Supremo puede leerse como un intento de restablecer el equilibrio institucional y corregir los excesos judiciales de una etapa caracterizada por la confrontación.@mundiario
