La Fiscalía boliviana pide 30 años de prisión para la expresidenta Jeanine Áñez
La fiscalía boliviana ha presentado cargos formales contra la expresidenta Jeanine Áñez, tres de sus ministros y varios jefes militares, incluyendo a los excomandantes de las tres Fuerzas Armadas, en relación con las masacres de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019. Se está solicitando la máxima pena de 30 años de prisión para Áñez y los demás acusados. Estas masacres, que resultaron en la muerte de 20 personas, tuvieron lugar en las regiones de Cochabamba y La Paz durante el Gobierno interino de Áñez, que asumió el poder después del derrocamiento de Evo Morales.
El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, declaró en una conferencia de prensa que Áñez ordenó la represión militar y policial de las protestas en contra de su Gobierno, incumpliendo los principios de necesidad, proporcionalidad y discriminación que deben guiar las acciones del Estado frente a una amenaza a la paz social.
La acusación sostiene que se utilizaron armas y municiones de guerra, vehículos blindados, helicópteros y aviones contra manifestantes civiles desarmados. Lanchipa explicó que la fiscalía cuenta con pruebas de que Áñez estuvo en contacto con el mando militar y policial durante las operaciones, lo que sugiere que estuvo a cargo de las mismas.
Además de Áñez, los ministros de Gobierno, Defensa e Hidrocarburos, así como los militares responsables de la represión, enfrentan los mismos cargos de “genocidio”, el cual se castiga con la máxima pena bajo la ley boliviana.
Áñez denuncia la ilegalidad de las acusaciones
Áñez, quien actualmente se encuentra en prisión por otro caso, respondió a las acusaciones en redes sociales, rechazando que se le compare con figuras como Adolf Hitler y el grupo terrorista Hamás, y acusando al partido oficialista, el Movimiento al Socialismo (MAS), de buscar venganza. La expresidenta ha decidido no declarar ante la comisión de fiscales que presentó los cargos y planea llevar su caso a instancias judiciales internacionales.
La defensa de Áñez argumenta que los procedimientos son ilegales y que el enjuiciamiento debería llevarse a cabo según un protocolo especial en el Tribunal Supremo de Justicia y con autorización del Parlamento, lo que el MAS no ha logrado debido a la falta de una mayoría de dos tercios. La acusación se ha tramitado a través de tribunales ordinarios, lo que ha generado controversia en el proceso.
El mandato de Áñez comenzó de manera polémica en noviembre de 2019 después de la dimisión de Evo Morales. Áñez gobernó hasta las elecciones de noviembre de 2020, cuando Luis Arce fue elegido presidente. La expresidenta enfrenta múltiples acusaciones en relación con su tiempo en el cargo, incluyendo cargos de “genocidio” y “golpe de Estado II”. Su defensa espera que instancias judiciales internacionales anulen los procesos en su contra.
Las masacres de Sacaba y Senkata involucraron la represión de protestas en las que murieron 20 personas. En agosto de 2021, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-Bolivia) calificó los eventos como masacres y señaló la existencia de “ejecuciones extrajudiciales” durante la represión. @mundiario
