Todd Lyons, director interino del ICE, citado a declarar por un juez de Minnesota
El pulso entre el poder judicial y la política migratoria de Donald Trump ha escalado un nuevo peldaño en Minnesota. El juez federal Patrick Schiltz ha ordenado este martes al director en funciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), Todd Lyons, que comparezca personalmente ante el tribunal para explicar por qué la agencia ha ignorado de forma reiterada órdenes judiciales relacionadas con la detención de inmigrantes en Minneapolis.
“La paciencia de este tribunal se ha acabado”, escribió Schiltz en una orden concisa pero contundente, emitida el lunes por la noche. El magistrado advierte de que, si Lyons no comparece, podría enfrentarse a un proceso por desacato, tras acumularse múltiples incumplimientos de resoluciones que obligaban al ICE a permitir que personas detenidas comparecieran ante un juez para solicitar la libertad bajo fianza, un derecho garantizado por la ley federal.
Schiltz, nombrado en su día por el expresidente republicano George W. Bush, reconoce que exigir la presencia personal del jefe de una agencia federal es una medida excepcional. “Pero también lo es el nivel de violaciones de órdenes judiciales por parte del ICE”, subraya. Según el juez, el tribunal ha intentado previamente mecanismos menos severos para corregir la situación, sin éxito.
Tribunales saturados y tensión institucional
Desde que la Administración Trump desplegó a comienzos de diciembre miles de agentes del ICE en Minnesota, en el marco de su promesa de ejecutar “la mayor deportación de la historia”, los tribunales federales del Estado se han visto desbordados. Decenas de inmigrantes detenidos han presentado demandas para acceder a audiencias de fianza, mientras que la Fiscalía ha procesado a numerosos manifestantes arrestados durante protestas contra la presencia federal.
Minneapolis se ha convertido en el epicentro de una resistencia política y social que ya dura casi dos meses y que ha puesto en cuestión los límites de la autoridad federal frente a los poderes locales y judiciales. La actuación del ICE, según denuncian jueces y abogados defensores, ha erosionado garantías básicas del debido proceso.
Un operativo con víctimas mortales
La crisis no es solo institucional. El despliegue migratorio ya se ha cobrado la vida de dos ciudadanos estadounidenses, un hecho que ha intensificado la polémica. Primero fue Renée Good, poeta y madre de tres hijos, abatida a tiros por un agente del ICE mientras protestaba desde su coche contra una redada en una calle residencial. El sábado pasado murió Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos, tras recibir una decena de disparos por la espalda cuando grababa con su móvil una actuación policial e intentaba interponerse entre los agentes y una mujer detenida.
Las imágenes de ambos casos, difundidas y verificadas por varios medios, han alimentado las críticas a la actuación de una fuerza federal que opera, según sus detractores, con creciente impunidad.
Desescalada parcial desde la Casa Blanca
Dos días después de la muerte de Pretti, Trump decidió apartar del mando en Minneapolis a Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza sobre el terreno, y sustituirlo por Tom Homan, el llamado “zar migratorio” de la Casa Blanca, de perfil más político. El relevo, junto con conversaciones del presidente con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, fue interpretado como un intento de desescalada ante el deterioro de la imagen del operativo.
Aun así, el daño ya estaba hecho. Aunque una parte del electorado apoya un control más estricto de la inmigración irregular, crece el rechazo a unas prácticas que incluyen agentes enmascarados, redadas indiscriminadas y deportaciones de menores, como la del niño de cinco años Liam Conejo, cuya imagen llorando se ha convertido en símbolo del impacto humano de la ofensiva migratoria.
La citación judicial al jefe del ICE coloca ahora el foco en un terreno aún más delicado: el respeto al Estado de derecho. Y abre un escenario inédito en el que un juez federal podría sancionar personalmente al máximo responsable operativo de la política migratoria de Trump. @mundiario
