Rebelión en el Senado: los demócratas desafían a su liderazgo y avanzan hacia el fin del cierre
Después de casi seis semanas de bloqueo y 14 votaciones fallidas, una inesperada alianza bipartidista en el Senado de Estados Unidos ha comenzado a desactivar el cierre de Gobierno más prolongado de la historia del país. La medida, aprobada por 60 votos a favor y 40 en contra, fue posible gracias a la decisión de ocho senadores demócratas y un independiente de respaldar una propuesta impulsada por el líder republicano John Thune, y así romper la unidad que el partido había mantenido desde el inicio de la crisis presupuestaria.
El acuerdo alcanzado la noche del domingo en el Capitolio no pone fin de inmediato al shutdown, pero representa el primer avance concreto hacia la reapertura de la Administración federal, cerrada desde el 1 de octubre. El pacto extiende la financiación del Gobierno hasta el 30 de enero, e incluye garantías de pago retroactivo a los empleados públicos, así como la reanudación del programa de cupones de alimentos para millones de estadounidenses.
El movimiento de los senadores disidentes —entre ellos Dick Durbin (Illinois), Tim Kaine (Virginia), Angus King (Maine), Jeanne Shaheen (Nuevo Hampshire) y John Fetterman (Pensilvania)— supone una fractura política dentro de las filas demócratas. Su decisión, que contravino las instrucciones del líder de la minoría, Chuck Schumer, refleja tanto la presión del electorado ante los efectos del cierre como el cansancio dentro del propio Congreso por la falta de avances.
En una rueda de prensa posterior a la votación, Kaine justificó la decisión: “Este acuerdo es el único posible después de seis semanas en las que el pueblo estadounidense ha sufrido las consecuencias del cierre”. Por su parte, Shaheen defendió en la red social X que la prioridad debía ser “reabrir el Gobierno y asegurar el voto sobre la ampliación de los créditos fiscales del ACA [Obamacare]”.
El acuerdo, sin embargo, no incorpora el objetivo central de los demócratas: mantener vigentes los subsidios sanitarios de la ley de salud asequible (ACA) más allá de su expiración a fin de año. Los republicanos aceptaron únicamente celebrar una votación separada sobre el tema en la segunda semana de diciembre, sin garantías de aprobación.
Un Senado dividido ante la presión política y social
El liderazgo demócrata reaccionó con frustración. Schumer calificó la propuesta de “insuficiente” y responsabilizó directamente al presidente Donald Trump y al Partido Republicano del “trauma” causado al sistema sanitario. “El pueblo estadounidense sabe quién está detrás de esta crisis”, afirmó durante el debate.
Pero el desgaste político y el impacto económico del cierre empezaban a ser insostenibles. Más de 750.000 empleados federales permanecían suspendidos de empleo y sueldo, mientras otros —como los controladores aéreos y agentes de seguridad— trabajaban sin recibir salario. La saturación en los aeropuertos llevó a la Administración Federal de Aviación (FAA) a cancelar centenares de vuelos durante el fin de semana, precipitando el giro en el Senado.
El impacto social también se expandía. El programa de asistencia alimentaria SNAP, vital para 42 millones de ciudadanos, estuvo al borde de ser suspendido por la falta de fondos, lo que generó litigios judiciales y tensiones entre los estados y la Casa Blanca. Museos, parques nacionales y monumentos históricos cerraron o funcionaron con servicios mínimos, mientras los sindicatos de empleados federales advertían sobre el riesgo de una “crisis humanitaria silenciosa”.
La jugada de Trump y la presión por reabrir el Gobierno
El presidente Donald Trump celebró el avance en el Senado y declaró a los periodistas: “Parece que estamos muy cerca del fin del cierre”. Su Administración, sin embargo, sigue bajo críticas por haber provocado el conflicto en torno al presupuesto al insistir en recortes drásticos del gasto público y en una reducción del tamaño del Gobierno federal.
El proyecto aprobado en la Cámara Alta, además de reabrir la financiación temporalmente, prohíbe el despido de empleados federales hasta finales de enero, bloqueando de facto el plan de la Casa Blanca para reducir la plantilla pública. Según los registros oficiales, al comienzo del segundo mandato de Trump trabajaban 2,2 millones de civiles en el Gobierno, pero se prevé que unos 300.000 abandonen sus cargos antes de fin de año debido a los recortes.
El acuerdo bipartidista deberá ahora pasar por la Cámara de Representantes antes de ser enviado al presidente para su firma, un proceso que podría extenderse varios días. Si se confirma, el Gobierno reabriría temporalmente sus puertas, pero el riesgo de un nuevo cierre a finales de enero sigue latente.
Más allá de los efectos inmediatos, el episodio deja lecciones profundas sobre la dinámica política de Washington. El prolongado shutdown —que ya supera los 39 días— ha expuesto los límites de la estrategia de presión tanto de la Casa Blanca como del liderazgo demócrata. La búsqueda de consensos, incluso a costa de fracturas internas, parece haberse convertido en la única salida viable. @mundiario
