La operación en Río de Janeiro: la pugna entre Lula y el bolsonarismo por la lucha contra el crimen
Las escenas de guerra registradas esta semana en los complejos de Alemão y Penha, en la zona norte de Río de Janeiro, marcaron un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en Brasil. La llamada Operación Contención, lanzada por el gobernador de Río, Claudio Castro —aliado del expresidente Jair Bolsonaro—, dejó más de 121 muertos con más de medio centenar de cuerpos aún sin identificar, en lo que ya se considera la intervención policial más mortífera de la historia del país.
El operativo, dirigido contra el Comando Vermelho (CV), una de las facciones criminales más antiguas y poderosas de Brasil, desató el debate nacional sobre los límites del uso de la fuerza por parte del Estado. El CV, surgido en los años setenta en el seno del sistema penitenciario de la dictadura militar, ha evolucionado desde una organización con tintes ideológicos hasta convertirse en una estructura transnacional con redes de tráfico de drogas, armas y dinero ilícito que operan en países como Paraguay y Argentina.
La reacción del gobernador Castro fue inmediata: calificó al CV como un grupo “terrorista” y defendió el uso de toda la potencia estatal para neutralizarlo. Orgulloso de la operación, Castro desoyó las recomendaciones del Tribunal Supremo Federal (STF), que en abril había exigido al estado de Río un plan para reducir la letalidad policial.
Este desafío judicial se produjo en un contexto político tenso. Según analistas, la derecha brasileña busca reposicionarse tras meses de retrocesos políticos y judiciales, incluyendo la inhabilitación de Bolsonaro y el avance de las negociaciones entre Lula y Donald Trump para recomponer relaciones bilaterales. En ese marco, la masacre en Río ha servido como catalizador de una contraofensiva discursiva: la seguridad vuelve al centro del debate, un terreno en el que el bolsonarismo conserva ventaja.
El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, incluso propuso aplicar la misma política de bombardeos que EE UU usa en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico.
Lula, entre la diplomacia global y la tormenta interna
Desde el Palacio del Planalto, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva respondió con cautela, consciente del impacto político de la operación. El Ejecutivo condenó la violencia del operativo y lanzó un mensaje en redes sociales: “el crimen organizado destruye familias y comunidades, pero combatirlo no puede significar matar a 120 personas. Se necesita más inteligencia y menos sangre”.
El Ministerio de Justicia anunció la creación de una oficina de emergencia para coordinar acciones contra el Comando Vermelho y otras facciones criminales, priorizando estrategias financieras y de inteligencia sobre intervenciones letales.
El estallido de la operación sorprendió a Lula fuera del país, en plena gira por Asia, donde mantenía reuniones con líderes internacionales y celebraba anticipadamente su 80º cumpleaños. Cuando regresó a Brasilia, se encontró con un país dividido: una parte que exige orden a cualquier coste y otra que denuncia una masacre estatal.
La crisis ha servido de combustible a la derecha, que ha logrado acaparar la narrativa de la seguridad, uno de los temas más sensibles para la población. En un contexto donde la inseguridad supera incluso a la inflación entre las principales preocupaciones de los brasileños, el Gobierno de Lula se ve obligado a equilibrar su discurso entre el respeto a los derechos humanos y la necesidad de garantizar el control territorial del Estado.
El “Consorcio de la Paz”: la ofensiva política de la derecha
Lejos de tratarse de un episodio aislado, el gobernador Claudio Castro ha aprovechado el momento para crear el “Consorcio de la Paz”, una alianza de gobernadores de derecha —entre ellos los de Minas Gerais, São Paulo y Paraná— que pretende coordinar acciones conjuntas en materia de seguridad y proyectar una imagen de firmeza frente a la supuesta “pasividad” del Gobierno federal.
“Vinimos a felicitar a las autoridades de Río por actuar sin el apoyo de un Ejecutivo que se niega a considerar terroristas a quienes controlan territorios y violan la soberanía”, declaró el gobernador Romeu Zema, uno de los potenciales aspirantes a la presidencia por el bloque conservador.
Aunque Castro niega aspiraciones presidenciales, su estrategia fortalece al campo bolsonarista y reinstala la seguridad como bandera electoral. Un terreno donde el Partido de los Trabajadores (PT) arrastra una debilidad estructural: la dificultad histórica para articular un discurso convincente que combine autoridad y derechos humanos. @mundiario
