¿Deportado o sentenciado? Así es el limbo judicial en el que EE UU ha sometido a Kilmar Abrego García
Kilmar Abrego García, un ciudadano salvadoreño de 29 años, permanecerá detenido al menos hasta el viernes mientras la justicia de EE UU decide si puede ser liberado sin riesgo de ser deportado antes de enfrentar un juicio federal por tráfico de personas. El caso, que ha ganado notoriedad por una serie de errores administrativos y contradicciones entre agencias del gobierno, se ha convertido en un punto de tensión entre el sistema judicial, la Administración del presidente Donald Trump y los defensores de los derechos de los migrantes.
Abrego García fue deportado el pasado marzo por error y solo regresó a EE UU el 6 de junio, tras una orden judicial que exigía su retorno para enfrentar dos cargos penales: conspiración para transportar migrantes indocumentados y transporte de migrantes indocumentados. En la primera audiencia, celebrada el 13 de junio, se declaró inocente.
El domingo pasado, la jueza federal Barbara Holmes había autorizado su liberación bajo ciertas condiciones, tras determinar que no representaba riesgo de fuga ni una amenaza para la comunidad. Sin embargo, su puesta en libertad quedó en suspenso a la espera de determinar si, al salir de la custodia del Servicio de Marshals, sería inmediatamente arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y deportado, lo cual haría inviable el proceso judicial federal en su contra.
En la audiencia del miércoles, Holmes solicitó información adicional tanto del Departamento de Justicia como del Departamento de Seguridad Nacional, con el objetivo de evaluar si es posible garantizar que el acusado pueda acudir a sus audiencias judiciales, incluso estando bajo custodia migratoria. Además, pidió que, si permanece detenido, se le traslade a un centro cercano en el estado de Tennessee, su lugar de residencia, para facilitar el acceso de sus abogados.
Mientras tanto, Abrego continúa bajo custodia federal. La magistrada ha dado plazo a su defensa hasta el jueves al mediodía para presentar sus argumentos, y al Gobierno hasta el viernes para responder. Después de ello, Holmes emitirá un nuevo fallo.
La situación refleja una compleja confrontación institucional. Por un lado, la jueza Holmes y otros tribunales han reconocido que el gobierno actuó de forma irregular al deportar a Abrego García en marzo, a pesar de una orden judicial que prohibía su expulsión. Por otro lado, el Departamento de Justicia insiste en que permitir su liberación implicaría un riesgo “irreparable” si es deportado antes del juicio. Como expresó el juez Waverly Crenshaw, quien ordenó la liberación de García, al rechazar una moción gubernamental para frenar dicha liberación: “el Gobierno le pide al tribunal que lo salve de sí mismo”.
Desde la Casa Blanca, la posición ha sido firme. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró en redes sociales: “Kilmar Abrego García es un peligroso delincuente extranjero ilegal. Lo hemos dicho durante meses: nunca quedará libre en suelo estadounidense.” Esta afirmación se mantiene a pesar de que, hasta la fecha, no se han presentado pruebas concluyentes que sustenten las acusaciones de violencia o de afiliación con pandillas criminales como la MS-13, que también se han mencionado en comunicados oficiales y por el mismo Trump.
En contraste, la defensa de Abrego y organizaciones , que lo apoyan públicamente, denuncian que el caso ha sido manipulado con fines políticos.
El origen del caso se remonta a su llegada irregular a EE UU en 2011. Durante más de una década, vivió en Maryland, y fue solo este mes de junio cuando se le imputaron cargos penales relacionados con el tráfico de migrantes, basados en una presunta conspiración a largo plazo. El expediente no ha sido plenamente detallado ante el público, y sus abogados sostienen que no existen pruebas sólidas.
El núcleo del problema actual es procesal y político: si se le libera sin condiciones claras, el ICE podría deportarlo antes del juicio, lo que haría inviable que el Departamento de Justicia lleve adelante el proceso penal. Pero si se le mantiene detenido indefinidamente para evitar esa eventualidad, se estaría prolongando una detención que, según varias instancias judiciales, no está justificada por los estándares legales vigentes en EE UU. @mundiario
