El Gobierno de Venezuela libera a 99 presos políticos en medio de la presión internacional
El Gobierno de Venezuela ha liberado a 99 personas detenidas tras las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales de 2024, una decisión anunciada de forma discreta en la madrugada del día de Navidad pero cargada de simbolismo político. La medida, confirmada por organizaciones de familiares y ONG de derechos humanos, llega en un momento de máxima tensión con Estados Unidos y cuando el Ejecutivo de Nicolás Maduro insiste en que en el país no existen presos políticos. Para sus críticos, sin embargo, estas excarcelaciones no son un gesto humanitario, sino una pieza más de un tablero geopolítico cada vez más asfixiante.
La liberación afecta a hombres, mujeres y adolescentes encarcelados por participar en las protestas de agosto de 2024, convocadas tras unos comicios presidenciales cuestionados por la oposición y por organismos internacionales, que denunciaron fraude y reivindicaron la victoria del candidato opositor Edmundo González. La mayoría de los excarcelados permanecían recluidos en Tocorón, uno de los penales más emblemáticos —y temidos— del país. Otros salieron del centro penitenciario femenino La Crisálida y de centros de detención en La Guaira. No se han hecho públicos sus nombres, una opacidad que refuerza la sensación de arbitrariedad que rodea todo el proceso.
Esta es la mayor liberación de presos políticos en varios meses y rompe una parálisis que, según los familiares, se arrastraba desde marzo. El último antecedente fue en agosto, cuando solo 13 activistas obtuvieron medidas judiciales sustitutivas. Desde entonces, la represión no ha aflojado: nuevas detenciones, procesos judiciales cuestionados y condenas severas, incluso contra menores de edad, han marcado el pulso interno del país.
Un gesto que no borra la represión
Las organizaciones de derechos humanos han recibido la noticia con alivio, pero sin euforia. El Comité de Madres en Defensa de la Verdad calificó la medida de “insuficiente” y reiteró su exigencia de una amnistía general para todos los detenidos por motivos políticos. La ONG Justicia Encuentro y Perdón fue más allá al subrayar que la excarcelación parcial “no corrige la ilegalidad de fondo”, recordando que más de mil personas siguen privadas de libertad de manera injustificada, según sus registros.
📢 EXCARCELADOS | Familiares confirman liberaciones de presos políticos en Tocorón, Las Crisálidas y tres adolescentes de La Guaira
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) December 25, 2025
Desde la madrugada de este jueves 25 de diciembre, madres, familiares y amigos han reportado la excarcelación de al menos 60 personas desde la… pic.twitter.com/rLN4t3FsME
El contraste entre el discurso oficial y la realidad documentada es brutal. Mientras el Ejecutivo sostiene que Venezuela está “libre de presos políticos”, la Fiscalía ha llegado a acusar de “terrorismo” a más de 2.400 personas detenidas tras las protestas. La mayoría ya ha sido excarcelada, pero cientos continúan en prisión. Foro Penal cifra actualmente en algo más de 800 los presos políticos en el país, una estadística que desmiente frontalmente la narrativa gubernamental.
La presión exterior y el cálculo interno
La decisión de liberar a 99 detenidos no puede entenderse al margen del contexto internacional. En las últimas semanas, Estados Unidos ha intensificado su presión política y militar sobre el régimen venezolano, con un mayor despliegue en el Caribe y un endurecimiento del tono diplomático. En este escenario, las excarcelaciones funcionan como un mensaje calculado: Maduro muestra una cara flexible sin ceder el control del aparato represivo.
Al mismo tiempo, dentro del país, la policía política ha endurecido sus procedimientos contra la disidencia. Detenciones recientes de figuras como el politólogo Nicmer Evans, dirigentes sindicales y activistas refuerzan la idea de una estrategia dual: liberar a unos para justificar el encarcelamiento de otros.
Historias que no salen de prisión
El caso del adolescente Gabriel Rodríguez, condenado a 10 años de cárcel por “terrorismo” por participar en las protestas, se ha convertido en símbolo de la deriva judicial del país. Su condena, dictada siendo menor de edad, provocó un fuerte impacto social y evidenció hasta qué punto la represión alcanza a sectores vulnerables. Frente a historias como la suya, la liberación de 71 personas, aunque relevante, resulta insuficiente para cerrar la herida.
Que las excarcelaciones se hayan producido en Navidad no es casual. El Gobierno busca envolver la decisión en un halo humanitario y emocional, apelando a la reconciliación y al perdón. Sin embargo, para los familiares que siguen esperando noticias de sus hijos, la fecha no suaviza la injusticia. “La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país”, recordaron las madres de los detenidos. @mundiario
