La desigualdad y la violencia marcan los derechos humanos en Guatemala

Bandera de Guatemala. / RR.SS.
Bandera de Guatemala. / RR.SS.
En su último el informe, el responsable de velar por los derechos humanos en el mundo señala que la desigualdad afecta especialmente a los pueblos indígenas y afrodescendientes.
La desigualdad y la violencia marcan los derechos humanos en Guatemala

El deterioro de las desigualdades sistémicas y estructurales, así como de la discriminación en Guatemala durante el año 2023, han sido resaltados este viernes por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Según su informe, los pueblos indígenas y afrodescendientes son los más afectados, evidenciando un alto porcentaje de hogares en situaciones de privación multidimensional, alcanzando el 86,1% para el pueblo Xinka y el 82,3% para el pueblo Maya, contrastando con el 63,2% del país en general.

Además, preocupa el aumento de ataques contra la independencia judicial y el sistema de justicia, como lo señaló Volker Türk al presentar el informe al Consejo de Derechos Humanos. Se registró un incremento del 69% en ataques y represalias contra funcionarios que investigaban casos de corrupción y violaciones de derechos humanos, alcanzando un total de 71 casos en 2023.

Violencia de género

En relación con las elecciones presidenciales del año pasado, el informe destaca acciones legales que impactaron en la integridad del proceso, afectando la democracia y el Estado de derecho. Estas acciones incluyeron esfuerzos para levantar la inmunidad de altos funcionarios, lo que genera preocupación sobre la separación de poderes y la constitucionalidad de dichas acciones.

La violencia de género y contra activistas periodistas también ha sido una preocupación señalada en el informe, instando a adoptar políticas públicas más sólidas para proteger a estas personas. La continua violencia contra las mujeres, así como contra personas LGBTQ+, es considerada extremadamente preocupante.

Por último, Türk expresó su preocupación por una iniciativa de ley que pretende extinguir la responsabilidad penal de personas acusadas y condenadas por crímenes internacionales cometidos durante el conflicto armado interno. Se instó al Congreso a abstenerse de aprobar legislación contraria a los estándares internacionales de derechos humanos.

En un gesto de reconocimiento, se agradeció al Gobierno de Guatemala por la extensión del acuerdo para mantener la presencia de la Oficina del Alto Comisionado en el país hasta enero de 2027. @mundiario

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