La UE sanciona a la fiscal que intentó impedir la investidura de Arévalo
Los Veintisiete han acordado este viernes imponer sanciones contra la fiscal general de Guatemala, y otros cuatro juristas, señalados de ser responsables de los intentos de la cúpula del Ministerio Público de impedir la investidura del nuevo presidente del país centroamericano, Bernardo Arévalo, que afronta un complejo desafío judicial y ha denunciado un presunto intento de golpe de Estado para evitar que llegara al poder tras ganar las elecciones presidenciales en 2023.
La Unión Europea toma acción con una primera ronda de sanciones contra la fiscal Consuelo Porras, en el marco de restricciones aprobadas en enero, en respuesta a las múltiples y reiteradas injerencias del Poder Judicial tras la victoria de Arévalo, el líder del progresista Movimiento Semilla, cuya toma de posesión llegó a estar en tela de juicio tras la apertura de numerosas causas en tribunales contra su partido, así como la suspensión de su personería jurídica dejando a sus diputados sin grupo parlamentario en el Congreso.
La investidura de Arévalo tuvo lugar a mediados de enero, con muchas horas de retraso y que solo tuvo lugar después de que la mayoría de los líderes internacionales asistentes se marcharan, no sin antes firmar un manifiesto de apoyo al presidente electo. Ahora, Bruselas ha ordenado sancionar a Porras por liderar los intentos para invalidar los resultados de las elecciones a través de “investigaciones penales espurias dirigidas” contra el Tribunal Supremo Electoral, el Movimiento Semilla y el propio presidente.
“Bajo su dirección, el Ministerio Público ha incoado procedimientos arbitrarios contra periodistas, fiscales, jueces y activistas de la sociedad civil independientes, incluidos líderes indígenas y estudiantes”, ha señalado la Comisión Europea en el texto legal que acompaña el anuncio de las sanciones contra los cinco juristas, que pasan a integrar la lista negra para su congelación de activos y la prohibición de viajes a cualquiera de los Veintisiete.
Además de la máxima autoridad del Ministerio Público, el bloque comunitario ha incluido en su lista de sancionados a otros cuatro individuos vinculados a la Fiscalía guatemalteca, como Ángel Pineda, José Rafael Curruchiche, Leonor Morales y Fredy Orellana, a los que considera responsable de “socavar la democracia, el Estado de Derecho y el traspaso pacífico de poderes” en Guatemala.
Reunión fallida entre Arévalo y Porras
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y la fiscal general, Consuelo Porras, protagonizaron un tenso encuentro al inicio de esta semana en Casa Presidencial. La reunión, destinada al gabinete de ministros y secretarios de Gobierno, estuvo marcada por la desconfianza y los desencuentros.
Arévalo acusó a Porras de intentar fraguar un golpe de Estado contra su administración el año pasado. Esta tensión se evidenció en el breve apretón de manos entre ambos al comenzar la reunión, capturado en una fotografía oficial.
El intento de diálogo entre Arévalo y Porras ha resultado fallido en dos ocasiones. En la primera ocasión, Porras no asistió argumentando independencia del poder estatal y la imposibilidad de discutir investigaciones en curso. En la segunda cita, Arévalo convocó a Porras a una reunión del gabinete, que ella abandonó al considerarla ilegal.
Porras explicó que la reunión no cumplía con los requisitos legales, lo que provocó su retirada. Posteriormente, Arévalo advirtió posibles acciones legales contra la fiscal. Por su parte, el Ministerio Público invitó al presidente a una reunión para coordinar esfuerzos interinstitucionales en favor de las víctimas del delito.
Porras ha sido sancionada por EE UU
Analistas políticos coinciden en que Arévalo no debería insistir en reuniones con Porras, ya que esto solo generaría desgaste político. Además, se discute una iniciativa legislativa para reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público y remover a Porras de su cargo.
Porras ha sido objeto de críticas por su gestión, de la que deriva su inclusión en la lista Engel por el Departamento de Estado de EE. UU de individuos sancionados. A pesar de las presiones, Porras ha afirmado que no renunciará y permanecerá en su cargo hasta mayo de 2026.
La tensión entre Arévalo y Porras refleja una profunda división política en Guatemala, con repercusiones en el sistema judicial y la estabilidad del país. Las próximas acciones del presidente y la fiscal generarán un impacto significativo en el futuro político de Guatemala. @mundiario
