¿Una cárcel más costosa? Las implicaciones del plan de Trump para reabrir Alcatraz
Ubicada en una isla rocosa frente a San Francisco, la prisión federal de Alcatraz operó entre 1934 y 1963 y se ganó la fama de ser una de las cárceles más seguras e impenetrables de Estados Unidos. Entre sus reclusos más célebres estuvieron el gánster de Chicago Al Capone y George “Machine Gun” Kelly, famoso por sus asaltos a bancos a punta de ametralladora. Sin embargo, el alto coste operativo y el deterioro estructural llevaron a su cierre hace más de seis décadas.
Desde entonces, se ha transformado en una de las atracciones turísticas más visitadas del país, administrada por el Servicio Nacional de Parques y declarada Monumento Histórico Nacional.
Pero aún así, el presidente de EE UU, Donald Trump, anunció en su plataforma Truth Social su intención de reabrir Alcatraz como prisión de máxima seguridad para "los criminales más peligrosos del país". Aunque no los menciona explícitamente, presumiblemente se refiere a los migrantes irregulares, ya que así es como el magnate se ha referido a ellos tras enviarlos a Guantánamo y a El Salvador.
Según el mandatario, esta acción devolvería a Estados Unidos a una era en la que “no se dudaba en encerrar a los más peligrosos lejos del resto de la sociedad”. Además, ha instruido al Departamento de Justicia, al FBI, al Departamento de Seguridad Nacional y a la Oficina de Prisiones para que estudien su reapertura.
Aunque su retórica apela a una visión de ley y orden tajante, la propuesta no ha tardado en generar escepticismo. Desde un punto de vista logístico y financiero, rehabilitar una infraestructura carcelaria abandonada hace más de 60 años y ubicada en una isla de difícil acceso implicaría costes astronómicos. Nancy Pelosi, representante demócrata por California y expresidenta de la Cámara Baja, lo calificó como un gesto simbólico sin fundamento práctico: “la propuesta del presidente no es seria”.
Más allá del simbolismo, el plan de Trump choca con su propia propuesta presupuestaria. Su proyecto de presupuesto federal para 2026 contempla recortes por 545 millones de dólares al FBI y a otras agencias del Departamento de Justicia. Esto incluye recortes de 468 millones de dólares a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y de 212 millones a la Agencia Antidrogas (DEA), así como reducciones en divisiones dedicadas a derechos civiles y medioambiente.
La justificación de estos recortes es eliminar lo que la Administración Trump considera la “instrumentalización” del Departamento de Justicia, acusándolo de perseguir a ciudadanos “provida, religiosos o preocupados por la educación de sus hijos”. El argumento oficial es que se buscará concentrar recursos en funciones de campo, como inteligencia y contraterrorismo, recortando actividades consideradas “ideológicas”.
¿Un símbolo del poder presidencial o un golpe al sistema judicial?
La paradoja no pasa desapercibida: mientras Trump apela al poder del Estado para endurecer la justicia penal y construir una narrativa de mano dura, simultáneamente reduce los fondos a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley. Esto plantea una pregunta clave: ¿cómo se financiará una prisión de tan alto costo como Alcatraz si las principales instituciones de seguridad están viendo sus presupuestos reducidos?
Además, la propuesta parece ignorar las prioridades prácticas del sistema judicial actual. Estados Unidos enfrenta desafíos más urgentes, como el hacinamiento carcelario, la reforma del sistema penitenciario y la creciente demanda de una justicia restaurativa, que busca reparar el daño causado a la víctima en lugar de imponer castigos ejemplares que, más que soluciones sostenibles contra el crimen, apelan a espectáculos costosos.
La reapertura de Alcatraz es, en esencia, un gesto político cargado de simbolismo. Para Trump, representa un regreso a una era de supuesta firmeza moral y control absoluto del crimen. Pero en la práctica, es una medida inviable, tanto por su coste como por su desconexión con las políticas públicas actuales.
Más allá de las intenciones declaradas, la contradicción entre la retórica de orden y los recortes al sistema judicial expone un enfoque fragmentado sobre la justicia penal. Reabrir una prisión icónica mientras se debilita estructuralmente al Departamento de Justicia no solo es inconsistente, sino que podría tener efectos contraproducentes para la seguridad, la eficiencia institucional y el Estado de derecho. @mundiario
