Vivienda en jaque: el Gobierno endurece el cerco fiscal al turismo vacacional

La nueva ofensiva del Ejecutivo contra el alquiler turístico y la compra de casas por extranjeros redefine el acceso a la vivienda en España.
Viajeros en un piso turístico. / RR. SS.
Viajeros en un piso turístico. / RR. SS.

En un momento de máxima tensión en el mercado inmobiliario, el Gobierno ha decidido atacar dos de sus frentes más polémicos: los pisos turísticos y la compra de vivienda por parte de extranjeros extracomunitarios. El movimiento, presentado en forma de proposición de ley por el Grupo Socialista, no es menor: establece un IVA del 21% para los alquileres vacacionales de menos de 30 noches y crea un nuevo impuesto estatal que, en la práctica, duplica el precio de compra de una casa para ciudadanos de fuera de la Unión Europea. Con ello, el Ejecutivo apunta a reducir los incentivos económicos que, a su juicio, están vaciando los centros urbanos y expulsando a los residentes locales.

Ahora bien, lo que está en juego no es solo una política fiscal, sino el modelo de convivencia en ciudades como Barcelona, Málaga o Valencia. La ofensiva contra el uso turístico de la vivienda tiene una raíz evidente: la crisis de acceso a un bien esencial que se ha convertido en un activo especulativo. El diagnóstico del Gobierno es claro: hay que liberar stock para uso residencial. Pero la solución propuesta es contundente, incluso disruptiva: gravar con el tipo máximo de IVA a los alojamientos turísticos de corta estancia y penalizar fiscalmente a los compradores extracomunitarios, que suelen tener más poder adquisitivo que el comprador medio español.

Este nuevo marco no llega por casualidad. Se alinea con los movimientos que se están produciendo a nivel europeo, como el proyecto de crear un registro único de alquileres de corta duración.

España, en este caso, toma la delantera al aplicar ya un tributo del 21% a cualquier arrendamiento inferior a 30 noches —una medida que excluye deliberadamente a los municipios de menos de 10.000 habitantes para evitar dañar la economía rural, donde el turismo vacacional puede ser una tabla de salvación.

¿Un impuesto para expulsar al comprador extranjero?

Pero si el IVA turístico marca un antes y un después para los pequeños propietarios, la medida más explosiva es, sin duda, el nuevo Impuesto Complementario Estatal sobre la Transmisión de Bienes Inmuebles a no Residentes en la UE. El nombre técnico oculta una realidad de calado: cualquier ciudadano extranjero sin residencia en la Unión Europea pagará un recargo equivalente al 100% del valor de la vivienda que quiera comprar en España. Dicho en otras palabras: el coste se duplica.

Este impuesto no se aplicará si el comprador es un profesional que adquiere el inmueble con fines empresariales y tributando por IVA, pero sí a quienes compran para uso personal, segunda residencia o como inversión patrimonial. Para muchos, esta barrera fiscal será insalvable, y eso parece precisamente lo que busca el Ejecutivo: cerrar el grifo a una demanda extranjera que, aunque representa un 5% del total de operaciones, domina buena parte del mercado de lujo y de zonas de alta tensión inmobiliaria.

¿Solución o cortina de humo?

El fondo del debate es legítimo: ¿cómo recuperar la vivienda para quienes la necesitan como hogar? Sin embargo, la respuesta despierta controversia. Algunos expertos advierten que estas medidas, aunque efectistas, podrían tener un impacto limitado sobre los precios generales de la vivienda y distorsionar mercados locales. Además, hay quien ve en este giro una estrategia de alto voltaje político: señalar a los turistas y a los compradores extranjeros como culpables visibles, cuando la raíz del problema sigue siendo una oferta insuficiente y una falta de vivienda pública estructural.

España lleva años permitiendo que se vendan casas como si fueran acciones, sin apenas contrapesos. Hoy, parece querer corregir ese rumbo con impuestos de choque. Pero la gran incógnita sigue siendo si esta batería de medidas se traducirá realmente en más vivienda asequible, o si simplemente desplazará el problema hacia otros mercados o colectivos.

El cerco fiscal al turismo vacacional y a los compradores foráneos es más que una reforma: es una declaración de intenciones. Habrá que ver si también es una solución efectiva. @mundiario

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