Un salvavidas para Ucrania con activos rusos: la idea que convence a todos, menos Bélgica
Las resistencias de Bélgica y las dudas legales del Banco Central Europeo (BCE) complican el principal plan de la UE para sostener financieramente a Ucrania: un préstamo sin intereses de hasta 140.000 millones de euros respaldado por los activos rusos congelados en Euroclear. Bruselas activa ya un plan B ante el riesgo de que Kiev quede sin liquidez antes de 2026.
El plan tenía lógica política y apoyo amplio. Aprovechar los activos rusos congelados —194.000 millones de euros solo en Euroclear— para financiar un préstamo a Ucrania sin cargar aún más a los presupuestos nacionales. Alemania lo impulsó, los gobiernos frugales lo celebraron y la Comisión lo vio como la salida menos tóxica.
Pero el engranaje hizo ruido donde menos se esperaba: en Bélgica, el país donde están retenidos la mayoría de los activos rusos y donde cualquier movimiento arrastra riesgos legales, fiscales y geopolíticos.
El primer ministro Bart De Wever considera que liberar esos fondos para Ucrania sería, en la práctica, una “confiscación ilegal” contraria al derecho internacional. Y teme un escenario de demandas en tribunales de arbitraje, represalias económicas de Moscú y un impacto directo en las ya tensas cuentas públicas belgas.
A ese bloqueo se suma un aviso institucional que pesa aún más: el BCE cree que no existe base legal para un mecanismo de liquidez que respalde la operación. Traducido: la vía de los activos rusos encalla tanto en política como en derecho europeo.
El BCE marca un límite jurídico
La negativa del BCE es normativa. Según Fráncfort, asumir un papel activo en un préstamo vinculado a activos soberanos podría violar las reglas que impiden financiar directamente a los Estados. Para una UE que necesita una solución urgente, el mensaje es contundente: no habrá respaldo del banco central a una operación que roce el mandato monetario.
Esta postura se suma al escepticismo mostrado por la presidenta del BCE Christine Lagarde desde septiembre, cuando pidió un texto legal claro sobre el uso de los activos, documento que la Comisión todavía no ha logrado encajar.
Kiev necesita más que buenas intenciones. El cálculo europeo estima 136.000 millones de euros entre 2025 y 2026 para evitar impagos masivos y mantener el funcionamiento básico de su Estado: salarios públicos, pensiones, servicios esenciales y esfuerzo de guerra.
La UE es hoy su principal sostén financiero, especialmente tras el repliegue estadounidense del apoyo directo. Si los fondos no llegan antes de marzo de 2026, Ucrania se enfrentará a recortes inmediatos y de enorme calado.
Plan B: deuda europea con garantías de los Estados
Con la opción de Euroclear bloqueada, la Comisión explora una alternativa menos explosiva jurídicamente pero más costosa políticamente: emitir deuda europea garantizada por los Estados miembros. Este escenario genera resistencias en los países más endeudados y reabre un debate incómodo: ¿quién debe pagar la reconstrucción de Ucrania?
- Los frugales rechazan asumir más riesgos.
- Otros gobiernos temen un aumento de la deuda europea que reactive tensiones fiscales.
- Y algunos Estados —incluidos aliados de Putin dentro del G7— bloquean decisiones que requieren mayoría cualificada.
Mientras tanto, Rusia advierte de represalias y amenazas legales que podrían alargar el conflicto financiero durante décadas. La responsabilidad es enorme: confiscar activos estatales toca el corazón del derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ya dictaminó en 2012 que los bienes soberanos están protegidos incluso en casos extremos, como indemnizaciones por crímenes de guerra.
Usar el capital ruso congelado sería interpretado por Moscú como una violación de la inmunidad soberana —y no sin argumentos jurídicos—. De ahí que Bélgica mantenga su exigencia:
que la operación sea global, coordinada por el G7 y con garantías sólidas frente a litigios.
Qué está en juego
En Bruselas se asume que la decisión final será política y se tomará —si se logra— en la cumbre del 18 y 19 de diciembre. Pero la ventana de oportunidad se estrecha:
- Ucrania afronta una crisis de liquidez que debilita su posición militar y la figura del presidente Volodímir Zelenski.
- Donald Trump quiere participar del reparto, proponiendo un esquema donde EE. UU. invertiría 100.000 millones a cambio del 50 % de los beneficios.
- El Fondo Monetario Internacional (FMI) aparece como alternativa, pero implicaría compromisos financieros que muchos Estados miembros no están dispuestos a asumir.
Mientras tanto, Euroclear sigue acumulando intereses por los activos rusos —3.900 millones adicionales en el último trimestre—, pero el capital permanece intacto y atrapado. @mundiario