El rechazo del Congreso aboca a trocear el decreto antiapagón: ¿cómo salvar las medidas clave?
La política energética en España vive un verano atípico. Mientras buena parte de la administración funciona a medio gas por el periodo estival, el Ministerio para la Transición Ecológica y la Vicepresidencia Tercera mantienen el ritmo acelerado. El objetivo es claro: rescatar, aunque sea por partes, las medidas del decreto ley antiapagón rechazado en el Congreso el 22 de julio, cuando una insólita alianza circunstancial de la oposición y parte de los socios del Gobierno tumbó la propuesta.
El rechazo parlamentario no fue menor. La normativa, diseñada para reforzar el sistema eléctrico tras el apagón del 28 de abril y para garantizar la estabilidad de la red, no logró superar los 165 votos favorables frente a 183 en contra. En aquel momento, PP, Vox, Junts, UPN, Podemos, BNG y Chunta Aragonesista sumaron fuerzas para frenar la iniciativa. La derrota fue interpretada por el Ejecutivo como un revés político, pero no como el final de la reforma.
Ante el bloqueo, el Gobierno ha optado por una estrategia pragmática: fragmentar el paquete de medidas y utilizar distintas vías normativas para ponerlas en marcha. Así, en el Consejo de Ministros del 29 de julio se aprobó un nuevo real decreto tramitado por la vía de urgencia que incluye muchas de las disposiciones del decreto ley rechazado, evitando así el paso por el Congreso para su convalidación.
Entre las medidas recuperadas destacan la mejora en la supervisión y control del sistema eléctrico, el impulso al almacenamiento energético y la definición de “repotenciación” para optimizar infraestructuras ya existentes. El Ejecutivo justifica la premura en la tramitación por la urgencia de prevenir futuros apagones y garantizar la confianza de los inversores en el sector de las energías renovables, en un momento en el que se advierte del riesgo de perder inversiones por valor de hasta 3.000 millones de euros.
Autoconsumo: el punto más polémico
Uno de los elementos más debatidos ha sido la desaparición, en el nuevo texto, de la extensión del autoconsumo compartido hasta cinco kilómetros y cinco megavatios, medida que en el decreto original abría la puerta a comunidades energéticas más amplias.
Desde el Ministerio de Transición Ecológica reconocen que la mejora no se ha incluido en este decreto, pero aseguran que se está preparando un futuro real decreto específico sobre autoconsumo que incorporará esta y otras mejoras, previsiblemente a la vuelta del verano.
El plazo para presentar alegaciones al nuevo decreto expira este lunes 11 de agosto. Tras la fase informativa, el texto deberá pasar por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Consejo de Estado y, finalmente, ser aprobado en Consejo de Ministros. El Gobierno espera que las medidas entren en vigor en el último trimestre del año, siempre que no se presenten recursos judiciales que retrasen su aplicación.
El calendario y los próximos pasos
Para las medidas que requieren rango de ley, como la creación de un gestor de autoconsumo, el Ejecutivo admite que no hay alternativa: deberán volver al Congreso, asumiendo el riesgo político y la necesidad de tejer alianzas parlamentarias más sólidas que las de julio.
La estrategia de “trocear” el decreto antiapagón refleja la tensión entre la urgencia técnica y la realidad política. Para el Gobierno, se trata de un movimiento legítimo para asegurar la seguridad del suministro y fomentar la transición energética, incapaz de convencer a sus propios socios de izquierdas, la imprevisibilidad de Junts y la oposición.
Lo cierto es que, mientras el debate continúa, la modernización y protección del sistema eléctrico español sigue siendo una prioridad inaplazable. El apagón de abril dejó claro que las vulnerabilidades existen, y que la transición energética no es solo un objetivo ecológico, sino también una cuestión de seguridad nacional. @mundiario
