Just Eat acusa a Glovo de competencia desleal y reclama una compensación millonaria
Just Eat España ha presentado una demanda contra Glovo ante los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, acusándola de competencia desleal por el uso de falsos autónomos, una práctica que ha sido objeto de múltiples condenas judiciales. La denuncia, formalizada el pasado 29 de noviembre, exige una compensación de 295 millones de euros en concepto de daños y perjuicios.
Según Just Eat, la estrategia de Glovo de operar con repartidores autónomos supuestamente independientes le permitió reducir significativamente sus costes laborales, logrando un ahorro estimado de 645 millones de euros en los últimos años. Este ahorro habría dado a Glovo una ventaja competitiva frente a empresas como Just Eat, que emplea a sus repartidores mediante contratos laborales. "Mientras cumplimos con la normativa laboral, incurriendo en elevados costes, Glovo ha operado al margen de la legalidad, afectando negativamente la equidad del mercado", afirma Just Eat en un comunicado oficial.
La denuncia llega en un momento crítico para Glovo. Apenas tres días después de que se interpusiera la demanda, la plataforma de reparto ha anunciado un cambio radical en su modelo de negocio: dejará de trabajar con falsos autónomos y comenzará a contratar a sus repartidores. Este giro estratégico busca alinear la operativa de la compañía con la normativa laboral vigente, en un contexto marcado por crecientes sanciones, procesos legales y presiones regulatorias.
Glovo asegura que la transición a un modelo 100% laboral se implementará en todas las ciudades donde opera, actualmente más de 900 en España, y abarcará todas las áreas de negocio. "Nuestro compromiso es con España y con el desarrollo de una economía digital sostenible. Estamos preparados para garantizar la continuidad de nuestro servicio con repartidores contratados", declaró la empresa en un comunicado.
Un mercado en evolución
Just Eat, por su parte, destaca su historial de cumplimiento normativo. Activa en el mercado español desde 2010, la compañía emplea a más de 2.500 personas y fue la primera plataforma del sector en firmar un convenio colectivo con sindicatos en 2021. Sus repartidores operan bajo contratos laborales, ya sea de forma directa o a través de empresas de trabajo temporal.
La controversia no solo afecta a estas dos empresas. El caso de Glovo pone de manifiesto las tensiones en el sector del reparto a domicilio, que enfrenta un creciente escrutinio por parte de las autoridades. En 2021, el Gobierno español introdujo la Ley Rider, que obliga a las plataformas digitales a garantizar derechos laborales a sus repartidores, una legislación que Glovo ignoró durante un tiempo, acumulando sanciones y procesos judiciales.
La denuncia de Just Eat se suma al complejo panorama legal que enfrenta Glovo, cuyo fundador y CEO, Óscar Pierre, deberá comparecer ante la justicia en un proceso penal por presuntas violaciones a los derechos laborales. Según la Fiscalía, la empresa mantuvo a sus repartidores bajo condiciones que incumplían la normativa, incluso después de múltiples requerimientos y sanciones.
El desenlace de esta disputa legal y la implementación del nuevo modelo laboral de Glovo podrían marcar un punto de inflexión para el sector de las plataformas digitales en España, que se enfrenta al desafío de combinar innovación tecnológica con el respeto a los derechos laborales y la competencia justa. @mundiario
