Glovo se enfrenta a una denuncia penal por emplear falsos autónomos
En un giro significativo en la lucha contra el empleo de falsos autónomos, la Fiscalía de Barcelona ha interpuesto una denuncia penal contra los responsables de Glovo. La empresa, acusada de violar la legislación laboral al contratar repartidores como autónomos en lugar de empleados, podría enfrentar graves consecuencias penales y económicas.
El origen de la denuncia se encuentra en un exhaustivo informe de la Inspección de Trabajo, entregado a la Fiscalía General del Estado en octubre de 2023. Este informe documenta numerosos casos de repartidores que deberían ser reconocidos como empleados, pero que trabajan para Glovo bajo un régimen de autónomos. La Fiscalía de Barcelona ha asumido el caso, que ahora está en manos del Juzgado de Instrucción número 31 de la ciudad.
Las repercusiones legales no son menores. Desde la reforma del Código Penal en 2022, las prácticas de empleo fraudulento pueden ser castigadas con penas de prisión de seis meses a seis años. A pesar de múltiples sanciones administrativas que suman alrededor de 50 millones de euros y una deuda con la Seguridad Social cercana a los 200 millones de euros, Glovo ha persistido en su modelo de negocio, desafiando tanto las multas como la legislación vigente, incluida la sentencia del Tribunal Supremo de 2020.
Advertencias del Gobierno
La ley rider, aprobada en 2021, establece que los repartidores deben ser contratados como empleados y no como autónomos, una normativa que Glovo ha ignorado sistemáticamente. Esta legislación, respaldada por numerosas sanciones de la Inspección de Trabajo, fue reforzada con advertencias del Gobierno sobre posibles acciones penales. "Hemos requerido formalmente a estas empresas que cumplan con la ley", declaró Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo, el pasado verano, anticipando la vía penal si las empresas no corregían su comportamiento.
Desde 2014, Inspección de Trabajo ha dado de alta de oficio a 40.889 falsos autónomos que han trabajado para Glovo, mientras que actualmente la empresa emplea a unos 12.000 repartidores. Esta cifra, sin embargo, es difícil de verificar completamente debido a prácticas como el alquiler de cuentas a inmigrantes sin permiso de trabajo.
La situación legal y financiera de Glovo es cada vez más precaria, con su matriz, Delivery Hero, reconociendo que los problemas legales amenazan la viabilidad de la empresa. Ante la gravedad de las acusaciones y las posibles consecuencias, Glovo ha declinado hacer comentarios. @mundiario
