La economía española creció un 5,1% en 2021, una décima por encima de lo avanzado por el Instituto Nacional de Estadística al cierre del ejercicio. Un mayor crecimiento fruto de la revisión al alza del primer y cuarto trimestre, que compensaron la bajada del segundo. La recuperación de la economía continuó en el cuarto trimestre del año, si bien, a pesar de esta revisión al alza del crecimiento del PIB, la situación e 2022 es ahora más incierta en ciernes de  la tercera crisis del S.XXI, sin que hubiese llegado la recuperación de la anterior.

El crecimiento de 2021 permitió recuperar menos de la mitad de lo perdido en 2020 y la evolución de 2022 estará condicionada por las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra en Ucrania, la evolución de precios y los problemas de suministros de materias primas.

La incertidumbre es máxima, más aún mientras dure el conflicto y las heridas de la pandemia sigan abiertas. De lo que no hay ninguna duda es que la inflación es un lastre  para todas las personas, pero que no afecta a todas por igual. Algunas estimaciones apuntan a que por cada punto de inflación se pierden más de 2.000 millones de renta que se van a aquellos países y sectores que ahora se están lucrando con el incremento de precios –energéticos y de materias primas–.

Por cada tres puntos de inflación se deja de crecer uno de PIB y, habida cuenta que en los próximos meses no parece que el incremento generalizado de precios sitúe por debajo del 7%, no hace falta hacer muchos números para saber que la estimación de crecimiento del 7% que contemplan los Presupuestos Generales del Estado es una quimera, ni siquiera el 5,5% que ha previsto AIREF, por lo que más pronto que tarde hay que poner los pies en el suelo y recalcular.

Alimentar la demanda en momento de escasez no hace más que engordar la bola de nieve

En la medida en que la realidad ha venido a estropear las previsiones de crecimiento, hay que preguntarse si la solución a todos los problemas está en una pócima mágica consistente en  una bajada generalizada de impuestos y un aumento de gasto público con ayudas a discreción. Aunque el contexto es muy diferente de aquel otro que gobernó una situación inflacionaria en los setenta, las lecciones básicas sirven. La política expansiva que se propone para atacar un shock persistente de oferta no funciona, solo estropea la posible solución. Alimentar la demanda en momento de escasez no hace más que engordar la bola de nieve que, en algún momento, acabará estallando contra el suelo y salpicando a aquellos que se encuentren a ese nivel.

La inflación significa un empobrecimiento instantáneo de los ciudadanos y los gobernantes deben decidir cómo se reparte ese coste. Para ello, lo primero que se necesita es conocer cómo afecta la inflación a los diferentes segmentos de renta. Un botón de muestra. Hace tan solo un año, en febrero de 2021 el 15% de los componentes de la cesta básica de cálculo del IPC apenas reflejaban un incremento del 2% en su precio. Un año después, el 75% de los componentes de esa cesta básica superan el 2% y, lo que es peor, la cuarta parte restante soportan un encarecimiento superior al 5%, un porcentaje que asciende al 9% cuando se incluyen el precio de la energía y los carburantes. ¿A quién afecta más esta subida? La inflación de los productos básicos, a niveles entre un 7% y un 9%, afecta sobre todo a las familias más desfavorecidas, aquellas que se encuentran entre los quintiles 1 y 2 de renta, mucho más que a los hogares pudientes. Los primeros destinan un 13% de su renta a gasto en alimentación y un 20% a vivienda, gas, electricidad y calefacción, mientras los segundos tan solo un 5%.

Este dato es suficiente para comprobar cómo la inflación es un impuesto que se reparte de manera desigual y que afecta más a los que menos tienen, por lo que no se deben aplicar políticas uniformes ni universales. Algunos países europeos han puesto en marcha una serie de políticas para tratar de reducir este impacto de manera temporal, como transferencias directas de rentas, bajadas de impuestos o regulación de precios máximos para los productos energéticos. Unas medidas paliativas que pueden compensar una porción de estas subidas y, sobre todo, de manera temporal, más aún cuando su holgada situación financiera se lo permite. España no está en esa situación, por eso debe elegir muy bien a qué y a quién destina los recursos escasos de los que dispone, en lugar de adoptar medidas discrecionales y universales que no dirigen bien el chorro de los recursos.

La crisis energética de los años 70 se saldó con un gran pacto de rentas. Si la inflación rondaba el 27% la subida salarial se fijó cinco puntos por debajo, al tiempo que se incrementó el gasto público y se creó el IRPF, al amparo de los Pactos de la Moncloa, sin perder de vista que la inflación se embridó realmente cuando la política monetaria se tornó restrictiva. Los altos tipos de interés hicieron mucho daño a corto plazo, mientras preparaban a la economía para el crecimiento que siguió. No se debe perder de vista que ha comenzado un período de presión para el BCE, en el que la política fiscal apenas tiene margen, por lo que hay que ir pensando en una consolidación de medio plazo donde habrá que priorizar y, probablemente, organizar un plan de recortes que afecte a todos en su justa medida a través de ese pacto de rentas. Lo importante es actuar y no dejar que la inflación eche raíces. @mundiario