Incertidumbre y furia: las claves del nuevo plan arancelario de Trump tras el revés del Supremo
La política arancelaria de Donald Trump ha sufrido uno de sus mayores reveses judiciales. El Tribunal Supremo de EE UU anuló la mayor parte de los llamados aranceles recíprocos, al considerar que el presidente se extralimitó al utilizar una ley de emergencia de 1977 para imponerlos sin el filtro del Congreso.
La reacción fue inmediata. Trump cargó en redes sociales contra los magistrados, a quienes calificó de “perros falderos de la izquierda radical”, y anunció un nuevo arancel general del 10%, que elevó al 15% apenas 24 horas después. En su comparecencia aseguró: “Puedo embargar, puedo hacer lo que quiera...puedo destruir el país, ¿pero no puedo imponer una pequeña tarifa?”.
El fallo no elimina todos los aranceles vigentes. Solo invalida aquellos aprobados mediante la IEEPA, la ley de poderes económicos de emergencia. Siguen intactos los gravámenes sectoriales —como los aplicados al acero o aluminio— y otros impuestos bajo herramientas legales distintas.
Esto es clave para entender el llamado “plan B”. El Supremo ha cuestionado la vía utilizada, no la potestad presidencial de imponer aranceles por otros mecanismos contemplados en la legislación comercial estadounidense.
La Casa Blanca activó de inmediato la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite imponer recargos de hasta el 15% durante un máximo de 150 días para abordar los desequilibrios en la balanza de pagos. Es una herramienta inédita, temporal y jurídicamente discutible.
Un instrumento de presión en riesgo
Los aranceles no eran solo una medida recaudatoria. Se habían convertido en el principal instrumento de presión geopolítica de la Administración Trump, tanto frente a China como en la negociación con la Unión Europea y otros socios. El Gobierno estadounidense ha ingresado más de 200.000 millones de dólares en 2025 gracias a esos gravámenes. Ahora se abre la posibilidad de que parte de ese dinero —estimado en torno a 170.000 millones— deba ser reembolsado si así lo determinan tribunales inferiores.
Ese escenario complica las cuentas públicas en un momento de elevado déficit y deuda creciente. También debilita la posición negociadora de Washington si la amenaza arancelaria pierde fuerza o credibilidad.
En Bruselas ya se analiza si el acuerdo bilateral firmado el pasado verano con EE UU, que fijaba un arancel homogéneo del 15% para productos europeos, queda al margen del fallo. Aunque Trump ha dicho que “honrará” el pacto, persisten dudas sobre si ese 15% podría acumularse al arancel de Nación Más Favorecida (MFN).
El resultado es un escenario de incertidumbre creciente en el comercio internacional. Empresas, gobiernos y mercados intentan descifrar un entramado de tasas, exenciones y posibles litigios que cambia en cuestión de horas. Wall Street cerró la semana al alza tras la sentencia, interpretando el fallo como un freno a la política proteccionista. Sin embargo, el anuncio inmediato de nuevas tasas devolvió la volatilidad al sistema.
Emmanuel Macron praised the Supreme Court ruling on Donald Trump's tariffs, saying it highlighted the importance of checks and balances in democracies https://t.co/dtuFzXjF28 pic.twitter.com/LtAbU00OAA
— Reuters (@Reuters) February 21, 2026
Las claves del plan B
El plan alternativo de Trump descansa en varias opciones. Además de la Sección 122, puede recurrir a la Sección 301 —investigaciones sobre prácticas comerciales desleales— o a la Sección 232, vinculada a la seguridad nacional. También podría intentar legislar directamente con el Congreso, aunque su mayoría es frágil y el calendario electoral añade incertidumbre de cara a las elecciones de noviembre. Cada vía implica procesos más largos y mayor escrutinio judicial que la herramienta anulada.
El carácter inédito de la Sección 122 anticipa nuevos recursos ante los tribunales. Si prosperan, el ciclo de litigios podría prolongarse durante años, afectando tanto a empresas importadoras como a socios comerciales. Economistas como Josh Lipsky, del Atlantic Council, advierten que la sentencia no cierra el capítulo arancelario, sino que lo transforma. La política comercial estadounidense entra en una etapa de mayor complejidad legal y menor previsibilidad.
Los consumidores estadounidenses han soportado gran parte del coste de los aranceles a través de precios más altos, aunque los reembolsos —si se producen— corresponderían únicamente a las empresas importadoras.
La combinación de furia política, reinterpretación legal y ajustes tácticos configura un nuevo escenario. El plan B de Trump intenta preservar su principal herramienta de presión, pero lo hace en un contexto donde la seguridad jurídica y la estabilidad comercial son más frágiles que antes. @mundiario
